Darío Aranda cuenta cómo nace la Unión de Científico Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza. Un escrito de Andrés Carrasco es el origen de esta res que cuestiona el rol de la ciencia al servicio de las corporaciones con complicidad del Estado.

“El conocimiento científico y tecnológico, en particular aquel desarrollado sin el debido control social, ha contribuido a crear problemas ambientales y de salud, con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles”. El cuestionamiento proviene desde dentro mismo del sistema científico y es parte del documento fundacional de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, espacio nacido en Rosario y conformado por académicos de una decena de países. Cuestionan las políticas científicas que, desde el Estado, están al servicio del sector privado, hacen hincapié en los académicos que legitiman el extractivismo (agronegocios, minería, petróleo) y proponen una ciencia que tome como centro al pueblo: “El quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable y con un claro compromiso con la sociedad y la naturaleza, privilegiando los principios de sustentabilidad, equidad, democracia participativa, justicia socioambiental y diversidad cultural”.

Ciencia digna

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) estableció el 16 de junio de 2014 como el Día de la Ciencia Digna en homenaje al jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quién confirmó los efectos nocivos del herbicida glifosato. Carrasco, quien falleció en mayo de 2014, había sido presidente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y era un duro cuestionador de las políticas científicas que, desde el Estado, están al servicio del sector privado. Enfrentó una campaña de desprestigio impulsada por sectores mediáticos ligados al agronegocio y también de sectores de la academia, incluso del ministro de Ciencia, Lino Barañao, férreo impulsor de las empresas transgénicas.

Carrasco tejió lazos con organizaciones sociales, poblaciones fumigadas e investigadores críticos al modelo hegemónico de ciencia. Antes de morir, trabajaba en un escrito que sería el impulso de un colectivo de académicos de América. No llegó a terminar el documento. El 16 de junio de 2014 se lanzó, en base a su escrito, la Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna.

Qué alimentan

“Los cultivos transgénicos son vehículos diseñados no para alimentar al mundo, sino para la apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza; y sin duda un instrumento estratégico de control territorial, político y cultural, de una nueva etapa neocolonial”, señala el escrito de Andrés Carrasco.

En otro apartado afirma que la manipulación genética es solo una tecnología y “no tiene una base científica sólida, por lo que constituye un peligro para el equilibrio natural y la diversidad biológica” y alerta sobre la existencia de “grandes negocios y un enorme relato legitimador que los científicos honestos no podrán evitar interpelar”.

“La ciencia, su sentido del para qué, para quién y hacia dónde, están en crisis y nosotros no podemos fingir demencia si queremos sobrevivir soberanamente. Los pueblos latinoamericanos tienen el derecho irrenunciable a desarrollar una ciencia transparente, autónoma y que sirva a sus intereses”, propone el escrito de Carrasco, que soñaba con un colectivo de científicos cercanos al pueblo y alejados de los dictados de las empresas.

A los pocos días de circular el escrito, ya había más de 50 reconocidos y respetados académicos de Argentina, México, Ecuador, Costa Rica y Brasil que adherían a la declaración.

Carrasco y despúes

Junio de 2015. Rosario fue otra vez el epicentro. El escenario: la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad pública. Toda una semana de actividades y más de 70 expositores y debates, en el marco del III Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que incluyó el I Encuentro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, con participantes de una decena de países de la región. El acento estuvo puesto en las actividades extractivas, las políticas de Estado, las organizaciones territoriales y, claro, el rol de la ciencia y las universidades públicas.

Una de las ponencias estuvo a cargo de Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicas e investigadora del CONICET. Explicó que una concepción clásica y hegemónica de la ciencia es la que se presenta como neutral, objetiva y universal, que tuvo su punto de partida en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. Es aquella que vincula la ciencia al progreso y a la generación de riqueza. “Es un modelo lineal, muy parecido al vigente en la Argentina actual”.

Massarini recordó que esa concepción de ciencia comenzó a ser cuestionada en la década del 60 y que esa mirada crítica tuvo su correlato local en el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología (PLACT), que rechazaba la neutralidad del pensamiento científico y buscaba una estrecha relación con el pueblo. De Argentina, sobresalían los científico Jorge Sábato y Oscar Varsavsky. Dos preguntas podrían resumir esos cuestionamientos y, al mismo tiempo, la búsqueda de alternativas: ¿ciencia para qué y para quién?

Dictaduras militares mediante y neoliberalismo después, esa línea de pensamiento crítico se debilitó, pero en la última década resurgió.

La crítica (o autocrítica) a la ciencia actual apunta a la creciente tendencia a la privatización y mercantilización del conocimiento, e incluye al sistema de evaluación, que hace fundamental hincapié en la escritura de papers (artículos) en revistas especializadas. A más publicaciones, y según en qué revistas, mayor puntaje para ascender en la carrera. Massarini, en línea con muchos otros científicos, cuestionó la centralidad que se le da a las publicaciones. “Hay que preguntarse cuál ha sido el destino de esos artículos. La gran mayoría no ha dejado huella de interés. Y los dos tercios de ellos jamás ha sido citado por otros investigadores”.

Luego resumió los dos modelos de ciencia: el “empresacéntrico”, con el sector privado como eje o el “pueblocéntrico”, con la sociedad como sujeto de referencia.

Concluyó señalando que el actual modelo lineal de ciencia muestra que el saber está en crisis. Y propuso otro modelo: una ciencia vinculada al contexto social, cultural y a los territorios.

Los principios

Más de treinta investigadores debatieron durante todo un día el documento constitutivo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Durante casi cinco meses habían circulado distintas versiones, vía mail, pero en Rosario se hiló aún más fino. Se consensuaron seis carillas, con un comienzo que es una declaración de principios “en homenaje póstumo al doctor Andrés Carrasco, presidente honorario permanente”.

Los primeros párrafos son una crítica al extractivismo y a sus justificadores: “La generación y uso del conocimiento científico tecnológico están cada vez más comprometidos con dar respuesta a las demandas de las corporaciones que impulsan el modelo que nos ha llevado a esta crisis, y cada vez menos al servicio de los pueblos”.

Denuncia la “creciente tendencia a la privatización del conocimiento” y revaloriza el saber de las comunidades locales, los pueblos indígenas, los campesinos y los habitantes de las periferias de las ciudades quienes “con sus luchas, sus saberes ancestrales, sus ejemplos convivenciales y su concepción del buen vivir y su organización, siembran semillas emancipadoras para reconstruir los paradigmas necesarios para enfrentar estas crisis”.

Los objetivos de la Unión de Científicos son, entre otros:

Propiciar una reflexión crítica sobre la ciencia y la tecnología.

Promover la discusión sobre la responsabilidad de los estudiantes, científicos y académicos.

Generar conocimientos orientado a acompañar y fortalecer los procesos sociales y las luchas en defensa de las comunidades y la naturaleza.

“Resulta imperativo aplicar los principios de precaución y de prevención”, lo que implica que, ante la falta de certeza sobre el impacto de una tecnología o técnica se deben tomar medidas de protección para el ambiente y la salud humana. Y remarcan que es imprescindible que todo proceso de generación y aplicación de tecnologías en la sociedad “sea convalidado por la licencia social y ambiental correspondiente, fruto de legítimos procesos participativos”.

Entre los firmantes están Alejandro Calderón y Margarita Tadeo Robledo (México), Jaime García (Costa Rica), Miriam Mora y Arturo Quizhpe (Ecuador), Eduardo Espinoza (El Salvador), Rubens Nodaris (Brasil), Esperanza Holguin (Colombia), Pablo Galeano (Uruguay) y Damián Verzeñassi, Alicia Massarini y Damián Marino (Argentina), entre otros.

También forma parte de ese colectivo Elizabeth Bravo, ecuatoriana y doctora en Ecología de microorganismos. Bravo denunció en su ponencia la existencia de una “ciencia mercenaria” (dio como ejemplo la contaminación de Chevron en Ecuador y cómo un grupo de científicos acudieron al auxilio de la petrolera y no de las comunidades afectadas), pero revalorizó  lo sucedido en Rosario: “La Unión de Científicos Comprometidos es un hecho de gran trascendencia para los países de América. Nace ante la necesidad de contar con una mirada crítica al modelo tecno-científico que se está imponiendo en la región. Esta necesidad fue establecida por nuestro querido amigo Andrés Carrasco, quien nos dejó como tarea pendiente crear esta organización. A un año de su partida, la pudimos concretar y ya está dando sus primeros pasos por América Latina”.