La carrera de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo comenzó hace años. El primer proyecto data del año 1937, pero recién ahora se abre la posibilidad de que llegue a tener trámite parlamentario por segunda vez en su historia.

En Argentina se realizan alrededor de 500.000 abortos por año y se calcula que al menos una mujer por día muere por falta de un sistema de salud que la proteja: el aborto clandestino es la primera causa de mortalidad en las mujeres gestantes. Esas condiciones de cladestinidad, además de generar negocios millonarios, garantizan la impunidad sobre las consecuencias de una mala praxis. El resultado: la salud pública recibe a las más de 70.000 mujeres al año que deben ser hospitalizadas por complicaciones posteriores a estas intervenciones cladestinas.

El 30 de junio pasado se presentó por sexta vez el proyecto con 34 firmas de diputados y diputadas pertenecientes a la mayoría de los bloques parlamentarios: PRO, Frente para la Victoria, Libres del Sur, Unión Cívica Radical, Frente de Izquierda, Partido Socialista y UNA, entre otros. Está encabezado por la diputada Victoria Donda, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, y el recorrido que deberá hacer para llegar a ser tratado en la Cámara es el siguiente:

• Comisión de Legislación General, presidida por Daniel Andres Lipovetzky, de Unión PRO, quien estuvo acompañando la conferencia de prensa el día que el proyecto fue presentado.
• Comisión de Legislación Penal, presidida por María Gabriela Burgos (UCR). No firmó el proyecto.
• Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que estaba presidida por el diputado Julián Dindart (UCR–Cambiemos). Renunció tras ser repudiado por sus declaraciones machistas. La frase del escándalo:“Las adolescentes en situación de pobreza se embarazan para cobrar planes sociales”. Hasta ahora la presidencia de esa comisión continúa vacante. La explicación: están evaluando si responden al pedido que presentó la diputada Donda de crear una comisión específica para la mujer y otra para niñez y adolescencia.
• Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Ana Carolina Gaillard (Frente para la Victoria/PJ) quien firmó el proyecto. En la conferencia de prensa del día de la presentación la legisladora sostuvo: “Diputados y senadores estamos en falta ya que hoy somos responsables por omisión de que sigan muriendo mujeres por realizarse abortos clandestinos. La clandestinidad mata, por eso creemos que el aborto es un tema de salud pública y el Estado tiene que estar presente para garantizar la seguridad de todas las mujeres”.

La enumeración de comisiones y nombres puede resultar tediosa, pero se trata de información clave: el seguimiento del tratamiento legislativo es central para garantizar que este proyecto llegue, finalmente, al debate en cámara. Basta recordar que el anterior fue el único que alcanzó a ser tratado en una comisión. Fue aprobado, pero al día siguiente el entonces presidente anunció que había un error: no habían sesionado con quorum. Y así perdió su estado legislativo.

Fue por entonces cuando se tomó la foto que está en la otra página. Fue publicada en MU con el título Queremos Abortar. Su protagonista es una madre soltera que por entonces tenía 17 años y la alegría inmensa de gestar a su primera hija. Ahora también sonríe junto a la niña y para lo mismo: para exigir que el embarazo sea una opción y no una condena. El tiempo que marca una y otra foto deja en claro la dimensión de la deuda que tiene este Parlamento con las mujeres.