Andrés Carrasco, bajo la lupa del CONICET. Las consecuencias de investigar sin obedecer a las corporaciones son reveladas en esta nota por Darío Aranda.

Una especialista en filosofía budista, un científico ligado a las empresas de agronegocios y un académico denunciado por su rol durante la dictadura. El doctor Andrés Carrasco, que marcó un punto de inflexión en la discusión sobre el modelo agrario argentino, ha visto negada su promoción en el ámbito científico tras un dictamen del CONICET realizado por esos tres evaluadores insólitos. El trasfondo es un modelo de ciencia al servicio de las corporaciones. Carrasco ha denunciado por persecución ideológica al presidente del CONICET, Roberto Salvarezza y al ministro de Ciencia, Lino Barañao.

El estallido

Descubrimientos genéticos relacionados con el desarrollo de los vertebrados (genes Hox), la presidencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la jefatura del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, la subsecretaría de Investigación Científica en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré, el reconocimiento en el mundo científico. Ese era un ínfimo pantallazo que podía brindarse de Andrés Carrasco en 2009, cuando conoció la situación de las Madres de Ituzaingó Anexo de Córdoba, que denunciaban los casos de cáncer, malformaciones y enfermedades por los campos de soja y las fumigaciones que rodeaban al barrio.

Carrasco experimentó con glifosato en embriones anfibios: demostró trastornos en la formación del cráneo y cerebro, intestinales y cardíacos. Fue tapa del diario Página 12, y despertó una campaña de desprestigio que incluyó amenazas anónimas y presiones políticas.

“Sólo confirmé lo que otros científicos ya habían descubierto”, dijo, y respondió a quienes lo difamaban: “Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay evidencias científicas, y centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.

El ministro Barañao descalificó la investigación desde el programa televisivo de Héctor Huergo (editor de Clarín Rural). Cuestionó que el trabajo no hubiese sido publicado en una revista científica (supuesta forma de validar si un trabajo tiene rigor o no), cosa que ocurriría poco después, en la revista Chemical Research in Toxicology. El ministro ordenó además que el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (CECTE) evaluara a Carrasco: reconoció ante este periodista que había pedido esa evaluación ética, asumió que había aportado bibliografía de empresas del agro y defendió su participación en usinas mediáticas del agronegocio. Otilia Vainstok, del CECTE, también entrevistada, se enojó ante los temas propuestos, se negó a responder preguntas y avisó: “Esta nota no saldrá. Soy amiga de las autoridades del diario”, en referencia a Página 12. Paradójico: la autoridad de un comité de ética amenazó con censura previa. La nota nunca salió.

Wikisoja

Los ataques se multiplicaron, mientras Carrasco era invitado a pueblos argentinos y universidades del mundo para exponer. Renunció a su cargo en Defensa para “evitar las presiones de Barañao sobre la ministra”. En 2010, el CONICET le prohibió participar de una charla en la Feria del Libro. Meses después, en Chaco, una patota golpeó a los asistentes a una charla de Carrasco, quien fue amenazado y retenido dentro de un auto (rodeado por la patota) durante dos horas.

En marzo de 2011, se conoció un cable filtrado por Wikileaks: la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires había ejercido lobby para defender el glifosato y a la empresa Monsanto. Carrasco: “Sabemos que operan junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado frente a los casos de cáncer y malformaciones que se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.

En septiembre de 2013 sucedió lo inesperado. La negativa de su promoción de Investigador Principal a Superior, el último escalón de la carrera, un reconocimiento por sus contribuciones, formación de recursos humanos, prestigio, gestión. “Dudé en hacerlo público, pero creo que es importante mostrar que se puede discutir con el CONICET”.

En tres carillas, el dictamen plantea que Carrasco no elaboró gran cantidad de publicaciones importantes. “En lo cuantitativo, esconden datos, y en lo cualitativo, ignoran el peso de las contribuciones, su importancia e impacto”.

Budismo y desapariciones

La Comisión tuvo tres “miembros informantes”. Carmen Dragonetti, especialista en filosofía budista; Néstor Carrillo, científico ligado al agronegocio, y  Demetrio Boltoskoy, licenciado en zoología y doctor en ciencias biológicas, secretario académico durante la dictadura militar de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Carrasco: “No se entiende cómo Dragonetti puede evaluar mi trayectoria en embriología molecular. Y Carrillo tiene conflicto de intereses, debió excluirse porque él y las empresas con las que él tiene relación defienden la tecnología transgénica en cultivo de alimentos. Mi investigación cuestionó ese modelo”.

Sobre Boltoskoy, el Consejo Directivo de Exactas no reunió los votos para promoverlo en 2004. Se explicó que “perdió los votos necesarios por no reunir los méritos éticos suficientes, habiendo ejercido durante la última dictadura un cargo ejecutivo en la Facultad”, en la que hubo 65 desaparecidos.

Descargo

Carrasco envió una carta al presidente del Conicet, Roberto Salvarezza, solicitando la reconsideración del dictamen y recusando a los evaluadores. “Utilizan una retórica que apunta a minimizar mi rol en el descubrimiento de los genes Hox en vertebrados en 1984” ninguneo utilizado para “descalificar mi participación en uno de los descubrimientos más importantes de las últimas tres décadas para la Biología del Desarrollo”.

Señala que el dictamen no considera la relevancia de la investigación sobre glifosato y su impacto en salud animal y humana, ni cómo “el estudio ayudó a poner en evidencia que al menos una parte de la información suministrada por las empresas en sus reportes técnicos había sido ocultada durante el proceso de aprobación y clasificación de la  toxicidad del glifosato”. Destaca que el trabajo fue una contribución gratuita (no patentada) desde una “concepción de ciencia independiente, al servicio de la sociedad, sin relaciones condicionantes de intereses privados o informes confidenciales que bloquean la información sobre los riesgos manufacturados que produce la tecnología”.

Recuerda además que los resultados de su investigación “hoy son aceptados y reafirmados en la comunidad científica del mundo no ligada a los intereses de las transnacionales de agronegocios”. Y apunta de lleno al CONICET, al que adjudica “acciones punitorias en sinergia con los ataques de multinacionales, funcionarios, productores” que buscan “silenciar las evidencias que iban en sentido inverso de la conveniencia política”.

Consideró insólito al elenco encargado de la evaluación, aclarando que Néstor Carrillo está vinculado científicamente a empresas como Monsanto a través de Bioceres, y a los grupos defensores del modelo de agronegocios. “Su defensa de la tecnología, además de sustentarse en simplificaciones científicas” resulta “sospechada de estar sesgada por los intereses a los que adhiere”. Postula Carrasco que este tipo de evaluaciones son “hechos de violencia institucional para ‘desaparecer’ la voz del otro diferente” frente a la libertad académica, que se encuentra amenazada en tanto refute las bondades de los transgénicos o denuncie complicidades con multinacionales”.

Considera que el CONICET “puede construir prestigios funcionales a las políticas hegemónicas, mientras destruye otros –de los disidentes-  por obediencia debida al poder de turno” mientras “defiende intereses corporativos (empresarios)”.

El escrito de Carrasco exige la reconsideración del dictamen y propone un jurado internacional, ajeno a las disputas políticas y presiones locales, para evaluarlo.

No tuvo respuesta.