Un caso policial derivó en un estado de sitio virtual que permitió a un grupo policial someter a todo un pueblo. Allanamientos, abusos, apremios y vejaciones son ahora investigados, luego de meses de denuncias. El fiscal reconoció que los uniformados cometieron delitos de lesa humanidad. Se trata de un cuerpo de elite que se creó con la supuesta finalidad de prevenir delitos y que actúa con impunidad política.

Los vecinos de Corcovado dormían sin ponerle llave a la puerta. Sin miedo. Así de serena podía ser esa aldea de 2.000 habitantes florecida en la cordillera patagónica, que este año se transformó en el símbolo de todo un estilo de relación de las denominadas fuerzas estatales del orden con respecto a la sociedad, que incluye encapuchados volteando puertas (que estaban sin llave), vejaciones a niñas, apremios ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, destrozos de ventanas, heladeras, automóviles, guitarras, juguetes, escritorios y todo lo que encontraran en las casas, amenazas de freír gente, lesiones, culatazos y patadas, rayos láser de armas largas apuntando a los vecinos, incluyendo a niños y niñas, violencia contra detenidos (uno denunció que le hicieron beber orina policial; a un menor lo dejaron cuadripléjico), trabajos de “inteligencia” sobre la comunidad, balaceras nocturnas como forma de amedrentamiento, prohibición de circular después de las 9 de la noche, cual estado de sitio, y –como para no perder un rasgo de argentinidad policial– al menos un desaparecido.
Todo esto ocurrió mientras los uniformados buscaban a una persona que se les había escapado, no una sino dos (2) veces delante de las narices. Con la eficiencia del caso, jamás pudieron capturarla. Tal es la enumeración mínima de la actuación de la policía chubutense y su geop, Grupo Especial de Operaciones Policiales, en marzo de este 2009. La serenidad de Corcovado pasó a ser, según los funcionarios judiciales, estado de pánico.
Eso sí: el suceso que originó todo este desastre (un enfrentamiento que había dejado como saldo la muerte de un policía y de un chico sordo que estaba desarmado) tiene como único imputado a la persona equivocada. Tras la visita de mu a Corcovado, y a 9 meses del episodio, la Fiscalía de Esquel tuvo que reconocer públicamente, por primera vez, que en el pueblo se habían cometido delitos de lesa humanidad.
Queda por verse qué mundos son los que está describiendo esta aldea.
 
 
Casa Tomada
La imaginación oprimida por lo urbano no alcanza para entender tanta belleza. El Corcovado es un río divertido y potente, imán de pescadores de truchas y pejerreyes, de amantes del rafting y el canotaje de vértigo. Así como en Río de Janeiro la palabra designa al cerro con forma de joroba sobre el que construyeron al Cristo, en Chubut nombra a este flujo lleno de corcovos, vueltas y revueltas. La aldea está acurrucada entre los Andes patagónicos, en un valle que se eleva apenas 350 metros sobre el nivel del mar, y el Corcovado desemboca luego en el Pacífico. El microclima en la zona debería ser tenido en cuenta por los fabricantes de paraísos. La tierra es fértil, las producciones (frutas finas, para empezar) son de un nivel adictivo. Río, bosques fueguinos de cipreses y maitenes y, como si hiciera falta agregarle algo, el escenario de los picos nevados.
El lugar está amenazado por el proyecto de construcción de una represa (La Elena) supuestamente destinada a vender energía a las mineras, tema que ya está provocando la movilización de los vecinos para oponerse a esos apremios ilegales a los paisajes, producciones y estilos de vida. Los gobernantes y las empresas tienen la curiosa costumbre de intentar imponer estos proyectos sin consultar a los pobladores (olvidando una antigua leyenda infantil según la cual la democracia sería algo así como el “gobierno del pueblo”). Acaso buscan evitar corcovos como en la vecina Esquel, donde en 2004 un plebiscito histórico rechazó la instalación de la minera Meridian Gold con el 81 por ciento de los votos de sus habitantes.
En ese ambiente, Corcovado vivió un inquietante hecho policial. El 7 de marzo reapareció en la casa de sus padres Cristian Bustos, apodado Mai, de 27 años. Había sido acusado en 2007 por el asesinato de su bebé, Benjamín, de 9 meses. El juicio abrió alguna duda con respecto a lo que en realidad había ocurrido. Cristian nunca dejó de declararse inocente, pero fue condenado a perpetua. Estaba esperando la ratificación de la sentencia en la cárcel de Corcovado en julio de 2007 cuando logró escapar, hecho que resultó un tanto bochornoso para la fuerza.
Prófugo casi dos años, apareció con dos armas pero anunciando que estaba decidido a entregarse. En el frente de la vivienda, un letrero en madera anuncia: “Familia Bustos”. Viven ahí Omar Bustos y su esposa Marta Belén Pilcanchef, 54 y 48 años, padres de 10 hijos. Omar es albañil. En Corcovado –lugar omitido por las empresas periodísticas nacionales, salvo que tengan a algún integrante haciendo rafting– Omar explica: “El domingo 8 de marzo al mediodía la policía nos rodeó la casa. Serían unos 20 por lo menos. Salí y les dije que mi hijo se iba a entregar, pero por seguridad queríamos que esté el abogado, que venía de Trevelín (a 70 kilómetros). Que aguantaran un poquito y todo iba a salir bien”. La policía siguió acechando la casa, ingresando por patio trasero, acercándose a las ventanas. Se tensó la situación. Marta: “Mi hijo empezó a llorar, decía: ‘me van a matar’. Estaban dos de los hermanos, Wilson (19 años) y Marcos (16)”. Marta me muestra dos audífonos: “De Wilson, que era sordo. Me dijo: ‘Mamita andate porque éstos nos van a matar a todos’. Yo salí y fui a buscar a otro de mis hijos, Daniel, a su casa”. Daniel caminó hasta lo de sus padres, la policía lo dejó pasar, Marta quedó del lado de afuera, y el abogado Eduardo Marsal no llegaba desde Trevelín. Mientras Omar Bustos seguía tratando de hablar con la policía, los hermanos salieron de la casa. Wilson, Daniel y Marcos rodeando a Cristian, que según los testigos y un video, iba con una carabina. Marcos, el menor, llevaba una pistola vieja. Wilson y Daniel iban con cuchillos. La Fiscalía dice que gritaban “Si tiran, tiramos”. Según el defensor público Omar López, en ese video policial sólo se escucha: “No disparen, no disparen”. Los hermanos llegan a la esquina, y empiezan a correr. La policía estaba a menos de 50 metros, y sale detrás. Se escuchan balazos. Tiempo real hasta aquí, 23 segundos. Sigue la lluvia de balazos unos segundos más, y vuelve el silencio. Los que se acercan ven en la siguiente esquina al agente Leandro Tito Roberts, muerto de un balazo. Otro agente herido también de bala. Un poco más adelante aparece Wilson, el chico sordo, muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó, le quitaron el cuchillo, y estando de rodillas y con las manos sobre la cabeza, le dispararon en la pantorrilla. Marcos, el menor, había sido alcanzado de un balazo en el tórax, pero pudo correr unos metros más hasta que se desplomó. Herido y ensangrentado, lo subieron a una camioneta policial y lo patearon en la espalda y la cabeza. Luego dijo a su madre: “Cuando me patearon, dejé de sentir las piernas”.
Cristian Bustos corrió por una calle de tierra que a la izquierda tiene, a lo largo de 600 metros, el cerco perimetral del Polideportivo, de dos metros y medio de altura. No tuvo tiempo de trepar por ahí con los policías a poca distancia. A la derecha, descampados, pocas viviendas. Los policías con motos, camionetas y autos, no pudieron alcanzarlo. El defensor oficial López no logra explicarse la fuga. El grado de impericia policial de no poder alcanzar a alguien que va corriendo en un terreno donde no tiene casi donde esconderse es de niveles metafísicos.
El Ministerio Público Fiscal da como prófugo a Mai Bustos. Y acusa por la muerte del policía a Daniel Bustos, que no llevaba arma de fuego.
 
 
Ideas
Los Bustos son conocidos de todo el pueblo. Los hijos trabajan, estudian y hasta aquel 8 de marzo la marca trágica sólo había sido aportada por el golpe que asesinó al bebé Benjamín. Omar Bustos le abre crédito al hijo que declaró no haberlo hecho. El juicio dejó algunos enigmas. Los Bustos desplazan las sospechas hacia otras personas. Es difícil saber si la frase “el tiempo dirá” tiene algún sentido en este caso.
Sobre el episodio del 8 de marzo, también hay intrigas acerca de quién inició los disparos (lo cual cambia la lógica de todo). El doctor Omar López, Defensor Público de Esquel, obtuvo testimonios que aseguran que comenzó la policía. ¿Quién disparó al policía Roberts? En las audiencias, el doctor López dejó abierta la posibilidad de que hubiera sido víctima de un error de sus propios compañeros. Marta: “Pero a mí me gustaría que le hicieran una autopsia en serio al policía, porque esa misma noche lo velaron y yo creo que no está clara cuál es la verdad”. Marta lo dice para entender qué pasó, no para defender a su hijo: “Ya no lo conozco, para mi no tiene sentimientos. Vino, y me dejó un hijo muerto, otro preso y torturado, y otro parapléjico sin poder caminar en lo que le queda de vida”.
Marcos es el chico de 16 años que quedó inválido. Sólo puede movilizarse en silla de ruedas. Acepta que lo fotografiemos en su cama, bajo una colección de fotos de autos deportivos. No quiere hacer declaraciones. Cuenta Omar Bustos: “En el hospital lo tenían esposado y cuando recuperaba el conocimiento lo amenazaban diciéndole ‘negro de mierda te tendríamos que haber matado’. A mi mujer le decían india de mierda”. Marta hizo la denuncia ante el inadi (entidad oficial contra la discriminación) en uno de sus viajes a Buenos Aires.
Wilson, el muerto, estaba en pareja y esperando un bebé. No llevaba armas de fuego. Para los vecinos no es muy claro si lo mataron o lo remataron. Daniel se entregó. Tampoco llevaba armas de fuego, pero lo acusan por la muerte del policía. El doctor López: “No puede trasladarse un delito a una persona por ser familiar de otra”. Ya preso, Daniel denunció golpes, tormentos, y denunció también que quisieron obligarlo a escapar trepando una pared de la comisaría de Esquel para luego fusilarlo, situación de la que se salvó porque sus gritos fueron escuchados desde la calle. “Ahora está preso en Gualjaina que es el único lugar donde lo trataron como una persona –dice Marta– porque se deben haber dado cuenta de que es un buen chico, trabajador, que no mató a nadie”. En un momento el defensor tuvo que pedir un hábeas corpus para garantizar que Daniel no sufriera accidentes extraños, fugas insólitas, o que lo suicidaran. Cuando la jueza Anabel Martínez aceptó pasarlo a prisión domiciliaria, el gobernador Mario Das Neves salió a repudiar el fallo, a decir que la jueza no tenía vergüenza y que tenía que pedir disculpas a toda la ciudadanía. Semejante presión logró que Daniel siga preso, junto a la fábula sobre la “independencia de los poderes”.
Marta afirma: “Mi hijo es un preso político”. Los puristas dirán que eso se refiere a militantes políticos, pero Marta lo dice así, porque considera que su hijo sufre cárcel por la decisión de un político que subordina al argumento judicial. Agrega: “Si los chicos estaban saliendo y los querían detener, ¿por qué no les dispararon a las piernas? Sólo lo hicieron con Daniel cuando ya se había entregado, para herirlo. ¿Para qué son policías si no saben hacer las cosas?”. Uno preso, uno inválido, otro muerto, y el cuarto prófugo. Marta: “Para mí no está prófugo, estoy segura de que lo agarraron y lo hicieron desaparecer”.
Quedan preguntas: ¿qué pasó con el prófugo? ¿Por qué no lo atraparon? ¿Por qué no esperaron la llegada del abogado? ¿Quién disparó primero? ¿Cómo murió el policía? ¿Qué pasará con Daniel? ¿Cómo puede una fuerza pública, supuestamente entrenada, y con todo el control de la situación (armas, vehículos, personal) exhibir semejante nivel de incapacidad? Esta parte de la historia continuará, pero esa noche del 8 de marzo las cosas en Corcovado empezaron a ser aún peores.
 
 
El GEOP en palabras
Con la familia Bustos diezmada y Cristian prófugo, las autoridades policiales comandadas por el comisario retirado Juan Ale tomaron una decisión: convocaron al Grupo Especial de Operaciones Policiales, geop, para intervenir en el caso. Es interesante leer lo que se dice del geop en la página web del gobierno chubutense. Textualmente:
 
“Es una Unidad Especial de Combate Policial, cuya actividad se encuentra sujeta a condiciones especiales de operatibilidad y su intervención será para cuando la capacidad de fuego de una Unidad de Orden Público, hubiere sido superada”.
“El cuerpo está conformado por funcionarios policiales con un perfil profesional sustentado en un alto grado de disciplina, un acendrado control psicofísico y un buen manejo de la inteligencia emocional. A esto le debemos sumar la aceptación consciente del entrenamiento, riguroso y permanente en pro de la eficiencia del servicio y la disposición sin límites al mismo”.
“Tiene como misión básica y primordial, aquellas actividades que giren bajo la consigna de rescate y salvamento de las personas”.
 
Puede verse que el geop, entre otros enemigos, ha logrado vencer al idioma y al sentido común. Con buen manejo de la inteligencia emocional.
 
 
Los hechos
El mismo 8 de marzo empezaron los allanamientos y el control del pueblo por parte de los grupos de policías con la cara cubierta por pasamontañas, que duró al menos dos semanas. El doctor López, en su despacho de Esquel, describe: “Eran unos 40 integrantes, siempre encapuchados, que andaban de aquí para allá en camionetas, exhibiendo armas largas, haciendo allanamientos, instalando un estado de sitio de hecho en un pueblo absolutamente pacífico y tranquilo”. Blanca Torres, vecina de Corcovado y secretaria del Juzgado de Paz: “El pueblo estaba atemorizado. Nunca se había visto algo así. Golpeaban a la gente, rompían las puertas a las patadas, no les importaba nada. Y no se podía andar después de las 9 de la noche, lo avisaban por la radio. Yo era chica en la época militar, pero acá se sintió el mismo miedo”. López: “La actitud del geop fue la de llegar a cada allanamiento y liberar la zona como si hubiera un conflicto o una guerra. Por eso hizo recordar la época del proceso militar”.
Detalle: en ningún caso nadie ofreció la menor resistencia. Sin embargo, una vez forzada la entrada arrojaban al piso a los vecinos enfocándolos con el punto rojo del rayo láser de sus armas, y los maniataban por la espalda pero no con esposas, sino con precintos plásticos, como si fuesen un equipaje o un paquete. Es posible que hayan sido más de 30 allanamientos aunque las querellas iniciales son 16 (y habrá que ver a cuánto llegan en la medida en que la gente pierda el miedo de hacer la denuncia).
López relata que una señora de casi 75 años, Concepción Jaramillo, fue golpeada por el geop. La señora declaró: “Llegaron cuatro encapuchados, con armas largas, la puerta estaba abierta porque yo estaba limpiando, nos apuntaron a mí y a mi hija. Me agarraron del cuello y me dijeron que me tire al piso, como no me tiré, vino otro y me empujó. Me secuestraron el celular. Entró mi nieta que tiene 5 años, la apuntaron –los encapuchados– directo a la cabeza. No exhibieron ninguna orden del juez. Fue muy violento, como si hubiera una guerra”.
¿Cuál es la excusa para actuar de ese modo? El jefe policial chubutense Juan Ale sostuvo ante la prensa, hablando sobre Corcovado: “Son procedimientos de alto riesgo, los efectivos del geop tienen que hacer una irrupción rápida con mucha dinámica, despejan el lugar, dejan a la gente a resguardo, contenidas y detenidas para no moverse y luego comienza la búsqueda. Tienen que tirar a las personas al piso para evitar que queden en la línea de fuego si la persona buscada está escondida en ese lugar”. La declaración refleja el concepto policial según el cual la sociedad es imbécil.
En un informe sobre el caso realizado por el abogado Gustavo Macayo y Miriam Grimaldi, en Esquel, se transcriben las declaraciones de los pobladores al defensor público (el informe omite algunos nombres como protección a los testigos). Un albañil, por ejemplo, estaba en su casa con su hija de 5 años. Rompieron la puerta, lo tiraron al piso, le pisaron el cuello con los borceguíes, lo patearon mientras la nena gritaba, y el geop le apuntaba (a la nena) con armas largas. Le decían al albañil: “A ese hijo de puta lo vamos a matar, y a vos te vamos a freír”. El hombre declaró: “Me pateaban de gusto, jamás pondría resistencia ni poner en riesgo a mi hija”.
Un ama de casa: “Nunca tuvimos tanto miedo. Yo estaba acostada, me apuntaban. A mi hijo le pegaron. Yo vendo productos y abrieron todos los envases. Mi nena ahora duerme con nosotros, del miedo que le quedó”. Otra vecina: “Yo estaba con el bebé en brazos, entraron, me empujaron, no sabía dónde poner al bebé porque todavía no camina, mi hijo de 7 años quedó sentadito y le apuntaban con luz láser, le hacía arder los ojos. Se fueron, pero a la noche no se podía andar por los tiros que se escuchaban. El nene quedó muy asustado, no quiere dormir solo y empezó a tener problemas en la escuela. Pensé en irme a vivir a otro lado, porque quedamos todos con temor de que se repita esto, que fue de terror”.
Otro caso fue el de un gasista que estaba trabajando en uno de los domicilios “allanados”. El geop tomó a la familia, pero también al gasista, lo amenazaron, le pegaron, lo maniataron con los precintos y, de paso, le secuestraron el celular. Y otro, narrado por el defensor público López: “Obligaron a desalojar la escuela primaria, la gente tuvo que ir a sacar a los hijos. A una señora la llamaron para que fuera a buscar al suyo pero no podía porque a ella misma la estaban allanando en ese momento, rompiéndole toda la casa”.
Una situación que queda por investigar es la de otra vecina que fue atacada por el geop, y reducida mientras los encapuchados entraban al cuarto donde dormía su nena de 8 años. López: “Quiero ser cuidadoso con esto, porque se dijeron demasiadas cosas. La nena estaba durmiendo, la mamá estaba reducida y amenazada en el piso. Entraron a la habitación de la nena, pasó un tiempo que la mujer no puede determinar y ella estaba desesperada, a los gritos. Llevaron a la hija desnuda, en bombachita. En sí mismo esto es una terrible vejación para la niña. Pero todavía estamos esperando una cámara gesell y un ámbito apropiado para que la chiquita pueda contar qué pasó, cosa que hasta ahora no ha podido hacer. Pero que quede claro que estamos, aquí también, ante una vejación promovida por el Estado”.
Marta de Bustos lo dice en cinco palabras: “Esto fue terrorismo de Estado”.
 
Ojos inyectados
Blanca Torres, la vecina de Corcovado, relata: “A uno de mis hijos, 14 años, lo agarraron en una plaza, lo revisaron y como no abría las piernas como le pedían, lo patearon. No hice la denuncia. Resulta que a fines de marzo, mi otro hijo de 16 años estaba en la casa de un amigo de la misma edad, tocando la guitarra. Eran las 6 de la tarde. Era la casa de los Salinas. Entraron los del geop rompiendo la puerta, agarraron a los chicos de los pelos. A mi hijo le dieron una patada en la cara que lo dejó hinchado mucho tiempo. Si era un poco más arriba podían matarlo. El otro chico quiso defenderlo, y lo atacaron a culatazos con sus armas. Les ataron las manos atrás, les quitaron los celulares y los filmaban. Les pisotearon y rompieron la guitarra eléctrica”. López agrega que en ese caso no había ningún mayor en la casa. “Y la orden de allanamiento mencionaba un apellido cualquiera y no tenía domicilio alguno. Hicieron la inteligencia esperando que los chicos quedaran solos para entrar recién ahí. O sea, inteligencia para hacer daño. Investigando, descubrí que los chicos eran compañeros de Marcos Bustos, el joven que quedó parapléjico y lo habían ido a visitar a Esquel”. El geop además rompió con una barreta el baúl del auto del dueño de casa, sacudió de los pelos a una nena de 12 años que llegaba para visitar a la familia. Los chicos terminaron recibiendo asistencia médica en el hospital local.
Hay algo que a Blanca la indigna todavía más: “Cuando se dieron cuenta de que yo soy funcionaria, vinieron a pedir disculpas. ¿Se entiende? ¿Y al resto no le piden disculpas?”. Blanca empieza a comprender la ecuación de los que se hacen prepotentes con los débiles, y sumisos ante quienes creen que tienen más poder. “Yo con disculpas no hago nada. El daño está hecho. Una brutalidad. Los chicos tuvieron ayuda psicológica, se despertaban con miedo todas las noches. A uno le tocan un hijo y duele hasta el alma. Es como si quisieran volver a militarizar todo”. Agrega: “Lo que es evidente es que si uno no se mueve y hace algo, te pasan por encima”.
López: “Nosotros hicimos la denuncia también contra la policía, porque atrás del geop entraban oficiales que veían todo esto y no actuaron para detenerlo, ni hicieron denuncia alguna”. En términos legales, el descontrol del geop tendría que haber sido detenido por la propia policía, pero todavía falta para el Día de los Santos Inocentes.
López destaca la intención de asustar y dañar, con actitudes como revolver alacenas y heladeras, romperlas, y romper también paquetes de comida. (la posibilidad de esconder carabinas en paquetes de polenta o yerba deberá formar parte de algún futuro curso para fuerzas de elite). López: “En ningún caso encontraron arma alguna, ni rastros de que el prófugo hubiera estado allí”. No se ha escuchado a los habituales defensores de la propiedad privada denunciando estas humillaciones a los vecinos de Corcovado. El doctor López agrega: “Otra cosa unánime en todos los testimonios es que esta gente encapuchada con pasamontañas tenía los ojos inyectados y un grado de excitación y agresividad enormes”. Como son preparados como para una guerra, no es muy claro con qué tipo de elementos se estimulan esos estados de euforia.
Después del allanamiento en lo de Salinas, el geop desapareció de Corcovado. Un día pateaban chicos, los filmaban y los dejaban de hospital, pero al día siguiente tanta desesperación por “encontrar al prófugo” se evaporó. En ninguno de los allanamientos, además, encontraron armas salvo en la casa de los Salinas donde había un viejo rifle 22, aunque en ese caso al grupo de tareas pareció interesarle más la guitarra eléctrica y humillar y amenazar a los chicos filmándolos con celulares.
El doctor López, ante la inacción inicial de la Fiscalía frente al hecho, se presentó como querellante de las familias que denunciaron los delitos cometidos por el geop. .
 
 
Luciano González, otro desaparecido
El 12 de marzo, en plena fiesta del geop en Corcovado, dos personas fueron capturadas en Cerro Centinela (vecino a Corcovado) por contravenir las imposiciones policiales. Tomaban cerveza y parece que tuvieron un entredicho con una señora. Luego, Alejandro Jaramillo y Luciano González cayeron en manos policiales. Jaramillo denunció que ambos fueron brutalmente golpeados en el estacionamiento de la subcomisaría de Cerro Centinela: “A mí me tenían esposado, boca abajo, y por debajo de una camioneta de la policía, veía cómo también a él lo golpeaban”. Jaramillo fue llevado hasta Trevelín, a unos 70 kilómetros, donde lo soltaron después de la paliza. Los policías dijeron que algo similar harían con González. Sin embargo, ese peón rural de 42 años sigue desaparecido. Arturo González, hermano de Luciano, hizo la denuncia ante la policía, que recién comenzó la búsqueda doce (12) días después.
 
 
Policía de lesa humanidad
El copamiento del pueblo, la metodología policial, el agregado de la desaparición de Luciano González y todo lo ya narrado, tuvieron opaca repercusión en la prensa comercial y estatal, pero fue denunciado por agencias, radios y páginas de Internet que forman parte del universo de los medios sociales de comunicación. Otros elementos que empujaron el caso fueron la actividad de la Defensoría Pública de Esquel y acciones como la de la mapuche Moira Millán, que en mayo viajó a Buenos Aires con el matrimonio Bustos y se encadenó en el Ministerio de Justicia, lo que provocó que el entonces ministro Aníbal Fernández recibiese al grupo para escuchar lo sucedido. También fueron recibidos por Nora Cortiñas, de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Recién entonces la Fiscalía, en Esquel, empezó a tomar declaraciones a los vecinos. Mientras la Defensoría y los vecinos menos asustados se presentaban como querellantes, el Ministerio de Justicia envió a Corcovado a una comisión encabezada por Leandro Jarsun, coordinador del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad.
El miércoles 2 de diciembre el fiscal Martín Zacchino se presentó ante los periodistas para reconocer oficialmente que hay una incompetencia en la investigación, y que la Fscalía propone pasar las actuaciones a la justicia federal: “Los delitos cometidos son de lesa humanidad. Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación”.
El defensor oficial López ya había adelantado a mu que la responsabilidad debe recaer en principio sobre el jefe del geop, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y de Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: “No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut”, la entidad conducida por Juan Ale, quien también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces lo hecho y deshecho por el geop.
 
Datos contra la resignación
En Trelew durante este año la policía y el geop tuvieron otras intervenciones notables.
En julio el geop entró al barrio Tiro Federal atacando en una esquina a chicos de entre 13 y 20 años que jugaban al fútbol. El grupo de elite parece que andaba buscando un lugar que allanar, pero se toparon con los chicos que habrían tenido –dejaron trascender fuentes policiales– alguna actitud irreverente frente a los encapuchados, que hicieron justicia a su modo: dispararon contra cuatro de ellos, les pegaron a todos, le fracturaron una costilla a otro y, de paso, reprimieron a chicas (una de 14 años) y mujeres que trataron de frenar las palizas, una de ellas embarazada: recibieron balazos de goma en el pecho y diversos traumatismos. También le pegaron a la embarazada en la panza, por lo que la joven terminó en el hospital Materno Infantil para ser atendida, mientras las ambulancias no daban abasto para llevar a los heridos desde el barrio hasta otros hospitales.
En agosto, también en Trelew, el geop, la policía montada, la infantería, la brigada canina, y patotas civiles oficialistas protagonizaron el violento desalojo del Asentamiento Dignidad, sin orden judicial sino por indicación del juez de faltas municipal Marcelo Gávez, provocando decenas de heridos, algunos graves. Las fuerzas policiales tiraron abajo las viviendas, redujeron a los vecinos –con los métodos que los lectores ya imaginan– y las patotas luego incendiaron las viviendas.
El defensor Omar López plantea la genética común de todos estos atropellos: “Se usa a este grupo para reprimir conflictos sociales en los que lo que tendría que primar es la capacidad de calmar y moderar la situación. Imagínese: tiraban abajo las casas en Trelew con los chicos adentro. La realidad supera a la ficción. Parecería que el debate sobre seguridad pasa por otro lado, pero hay que discutir qué tipo de policía se quiere, qué tipo de ley permite la existencia de estos grupos y su accionar, y si esa ley no será inconstitucional”.
Un tema inquietante: en Chubut algunos sectores parecen minimizar lo ocurrido en Corcovado, acaso desinformados y/o atontados por la omisión en los medios, bajo lemas clásicos como “no fue para tanto”. Es quizá la culminación del dilema sobre la utilización de grupos como el geop para intervenir en situaciones sociales, que la historia argentina recomienda no olvidar: experimentos de represión y crimen institucionalizado, o de control social e instalación del miedo, en el marco de cierta indiferencia alimentada por las empresas periodísticas. Chubut tiene zonas petroleras calientes, en Comodoro y Caleta. Hay decenas de asambleas ciudadanas, que nacieron a partir de Esquel, dispuestas a resistir los proyectos mineros y de represas (proyectos que deslumbran a los funcionarios nacionales y provinciales). Los mapuche siguen resistiendo como pueden el desplazamiento de sus tierras.
Corcovado no deja un cierre, sino una apertura: la persistencia de ciertas personas en no dejarse atropellar, en reclamar que las dejen vivir, termina logrando que se entienda mejor el juego. Los proyectos de muerte y contaminación de la vida andan ahí, con los pasamontañas puestos y carnet de impunidad. No son errores ni excesos. Nunca lo fueron. Pero todavía se topan con personas con la cabeza lúcida y el corazón sano como para saber decir no.