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El crimen de Rafita: tres prefectos en la mira

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(lavaca en Bariloche) Este miércoles el juez Guillermo Villanueva realizará la inspección del lugar donde fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años. Los detalles del operativo que culminó con esa muerte: pocos efectivos y muy armados. No tenían orden judicial, ni existía la supuesta «flagrancia» alegada en el caso Maldonado. La justicia deberá determinar qué hacían ahí y por qué dispararon. Fuentes de la investigación indicaron a lavaca que son tres los prefectos que están en la mira como responsables de disparar las balas de plomo. Los antecedentes del conflicto: las ocupaciones de tierras en la zona no sólo tienen por protagonista a la comunidad mapuche.  Los mensajes en la tumba de Rafita: cartas y la camiseta de Boca.
El crimen de Rafita: tres prefectos en la mira
La comunidad de la Lof Lawken Winkul Mapu se prepara para recibir la inspección ocular del juez Guillermo Villanueva programada para este miércoles, según pactó el secretario del juzgado con las abogadas de los mapuche. La comunidad aclara que siempre estuvo dispuesta al procedimiento, pero hizo llegar condiciones: “Que sea con paz y respeto: eso primero”, dice Diego desde el otro lado de la tranquera que lleva la foto de Rafael Nahuel y el pedido de justicia. La segunda condición: “Que no vengan efectivos armados”. Según trascendió, la guardia que acompañará al juez será de alrededor 30 personas, contando su “seguridad personal”, los peritos de las partes y los testigos.
El procedimiento pretende llegar monte arriba hasta el lugar donde murió Rafael Nahuel, un área que queda a una distancia de entre una hora y hora y media, según calculan los mapuche, pero que estiman que a la delegación judicial puede llevarle bastante más. Es la parte del campamento donde la comunidad se replegó tras la balacera del grupo Albatros. Los mapuche precisan que, a una distancia de unos 10 metros, Rafael de espaldas y sobre un terreno en pendiente, recibió el disparo letal.
Ni orden judicial ni «flagrancia»
Allí y durante el trayecto que significó la avanzada, la comunidad asegura que hay cartuchos y marcas en los árboles que muestran el despliegue y la violencia del operativo. Las claves de lo que ahora investiga la justicia:

  • Habrían actuado pocos efectivos: fuentes de la investigación indicaron a lavaca que son tres los prefectos que hoy están en la mira como responsables de disparar las balas de plomo.
  • Las armas incautadas y las municiones que faltan en los cargadores coinciden con el relato mapuche: “Tiraron a mansalva”.
  • La cantidad de efectivos es un punto central: se estima que actuaron menos de diez prefectos, una cantidad que contrasta con el despliegue de efectivos del jueves pasado y que no se ajusta a un procedimiento ni de allanamiento ni de detenciones. Pocos, y muy armados.
  • Otro de los puntos centrales que debe investigar el juez Villanueva es qué hacían los prefectos del grupo Albatros en ese momento en el monte, armados con balas de plomo, si es que no respondían a ninguna orden judicial. A diferencia del operativo que terminó con la vida de Santiago Maldonado, ni siquiera se puede alegar un hecho de “flagrancia” ya que las fuerzas estaban adentro de un terreno en disputa judicial.

Es en este punto donde el esclarecimiento de los hechos vuelve como un boomerang hacia el juez: fue el mismo Villanueva quien firmó el desalojo del día jueves 23 – dos días antes de la muerte de Rafael Nahuel-, que terminó con el despropósito de niños detenidos en una comisaría, mujeres y heridos mapuche.
Si bien ese violento operativo quedó tapado por la muerte de Rafael, significó un despliegue de cientos de efectivos de distintas fuerzas federales, incluido el grupo Albatros. Se estima que tras aquella  represión, ese grupo quedó asentado en el terreno, lo cual no se ajusta a un procedimiento de allanamiento, que tiene un comienzo y un fin.
En ese sentido las defensas estudian una recusación del juez, considerando que –tal como sucedió con Guido Otranto en el caso Maldonado- Villanueva, en realidad, se está investigando a sí mismo.
Sin embargo, la vía de la mesa de diálogo y las posturas posteriores a la muerte de Rafael Nahuel del juez también muestran un cambio de clima. Las operaciones que emanaban desde el Gobierno nacional y vinculaban a la comunidad Lawken Winkul a la RAM, se fueron desarmando con los hechos. Que no se encontraran armas en la toma y que el peritaje apuntara a Prefectura sumaron factores a favor de la versión de la comunidad.
Ocultando a los Albatros

Este lunes la fiscal del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, Silvia Cynthia Little, pidió la denegación de la excarcelación a Fausto Jones Huala y Lautaro González, los mapuche detenidos el día de la muerte de Rafael Nahuel, imputados por usurpación, resistencia y agresión a la autoridad en la causa caratulada como “muerte dudosa”. Esta decisión todavía debe evaluarla la Cámara y la defensa tiene posibilidad de apelar.
La otra causa que se tramita en el juzgado del juez Guillermo Villanueva tiene que ver con el desalojo del jueves 23, y tiene imputadas a 6 mujeres de la comunidad, también por usurpación.
Una fuente de la investigación asegura que todas las pruebas sobre el crimen de Rafael Nahuel apuntan a Prefectura, en particular a tres prefectos a quienes le faltaban municiones en sus cargadores. Sin embargo, ante un pedido de la Prefectura local, la fiscal avaló que los prefectos vayan a cumplir funciones a la sede de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Es decir: los prefectos sospechosos ya no están en Bariloche. Ninguno de ellos fue llamado a indagatoria por la fiscal, medida que estudia pedir la querella esta semana.
“No hay ningún tipo de prueba en la causa que avale que los mapuche tenían armas, tan solo el informe del Ministerio de Seguridad, por lo cual no se sabe en qué pruebas se basa la fiscal”, asegura la fuente. En sus informes la fiscal Little tiene un fallido: escribe Fernando Jones Huala en vez de Fausto, en referencia al hermano del líder mapuche detenido.
La causa se retomó esta semana con declaraciones testimoniales a los que intervinieron en el procedimiento. Hoy se espera la declaración ante el juez Villanueva del médico que constató la muerte de Rafael, el playero de la YPF que presenció el procedimiento de incautación de las armas de Albatros y alguno de los responsables operativos de la represión que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel.

Parques y la disputa
El caso empezó a descubrir otros temas escondidos. Empleados de Parques Nacionales revelan ahora jugadas sucias: dicen que el director de Parques Nacionales recibe cartas con referencias a supuestos atentados, la misma modalidad con que operaron las campañas antimapuche en estos últimos años, sin que quede claro cuál es el verdadero origen de cartas, panfletos y comunicados por el estilo.
En la comunidad Lawken Winkul, mientras tanto, se viven días agitados, pero en la tranquera que separa el comienzo del terreno recuperado se respira la tranquilidad que precede a la tormenta. Desde el domingo  fueron llegado “peñis” y “lamiens”, “lonkos” e incluso “machis” de otras comunidades de la Patagonia que se solidarizan, apoyan, se quedan acampando o vuelven, y que en todos los casos conocen a la autoridad que –revelan- se está levantando en ese terreno.
Cada tanto, desde el monte profundo retumban gritos y cantos que remiten a saludos de bienvenida o de despedida.
Según calculan los lugareños el terreno en disputa es de unas 40 hectáreas y queda entre dos propiedades privadas, y frente al turístico Lago Mascardi. A unos 5 kilómetros de esta toma, un precedente: otra comunidad originaria gestiona un camping que da al río y que es un boom en temporada. Su historia: un litigio que duró años y que finalmente terminó en un convenio a favor de los mapuche. 490 hectáreas les fueron reconocidas, aunque peleaban por 5.000. La propiedad de esos territorios no pudo efectivizarse por derecho pero sí por hecho, como la mayoría de los que en estos años supieron conseguir las comunidades.
Según relata un ex directivo de Parques Nacionales, en los últimos años hubo al menos cinco tomas en la zona “que se resolvieron negociando”. Bariloche, Villa La Angostura y el lago Correntoso fueron ejes de ocupaciones menos mediatizadas, pero con igual nivel de tensión. La diferencia: “Las tomas se resuelven con paciencia”, sugiere. Y agrega: “Y con política”. El ejemplo del camping es uno. Otro: la concesión para cortar y vender leña como modo de subsistencia.
El ex directivo de Parques Nacionales -organismo que controla las tierras fiscales en disputa-  menciona ocupaciones de otro tipo: revela que en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en un área que no habilita propiedades privadas, tienen terrenos apellidos como De Nárvaez, Turner y los dueños de Fiat.
Los jóvenes mapuche que hablan hoy desde atrás de la tranquera exponen otra realidad: “No queremos morir de una cuchillada en una esquina, borrachos”, dicen para describir  la vida que entienden que el Estado argentino les depara. “No queremos estar en los barrios, donde está la droga y la propuesta es ser esclavo o vivir de los planes sociales».
El paisaje aquí es de película y el leño quemándose lentamente, delante del monte profundo y detrás de Diego -el mapuche que habla- es la escena que dibuja otro destino y que él asegura que defenderá con su vida.
La tumba de Nahuel
Buscar una tumba en el cementerio municipal de Bariloche es como la aguja en el pajar. Hace falta esperar, día domingo, a que termine una ceremonia multitudinaria de despedida a una joven de 30 años que se suicidó “porque no podía pagar las cuentas”, según explica el sepulturero. Él nos lleva hasta el lugar donde descansa Rafael Nahuel.
Es un sector en los límites del cementerio, donde las cruces de plata se van perdiendo y predominan los ramos de flores secos desparramados por el viento. Las tumbas, en esta parte, son montículos de tierra. Sobresale la de Rafael Nahuel, por reciente.
Lo primero que se ve es una camiseta de Boca, club del que Rafita era hincha. Con una birome apurada se ve una inscripción: “Te quiero mucho”. La tumba está llena de mensajes, de cartas escritas a mano y que transmiten el dolor y el cariño que puede expresarse en estas circunstancias.
«1996-2017», dice una pequeña chapita sobre la cruz de madera.
Sobresaliendo, un ramo enorme, con un mensaje: “Rafita te vamos a extrañar”.
 
 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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