Testigos, médicos y mapuche desmienten la versión oficial. Caída la mentira de la RAM, el Ministerio sostiene que fue un “enfrentamiento”. Sin embargo, no hay pruebas en el expediente que avalen que la comunidad tenía armas de fuego. El muerto y los heridos son mapuche. Y la única pericia que consta en la investigación judicial hasta ahora es la autopsia, que determina que Rafal Nahuel fue mortalmente herido por la espalda por una bala de plomo compatible con las del Grupo Albatros. Los prefectos todavía no declararon su versión de los hechos ante la justicia y ya no están en Bariloche.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por el ministro de Justicia, dio una versión del operativo en Villa Mascardi que se contradice con las pruebas y testimonios que hasta ahora se aportaron en la causa.

Los prefectos señalados

El comunicado del Ministerio de Seguridad comienza señalando que el equipo que intervino en la represión fue integrado por “4 efectivos de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina”. Sin embargo, según pudo establecer lavaca, la justicia incautó las armas y los celulares de 21 prefectos que estaban en la zona ese día. De esos 21, a 8 prefectos también se les confiscó los uniformes que vestían en el momento del operativo y se les tomaron rastros de pólvora. El círculo de la investigación judicial se cierra sobre 3 de ellos: son aquellos que en sus cargadores faltaban municiones.
Todavía la justicia no recibió el informe que debe remitirle la propia Prefectura Naval sobre con cuántos cargadores salió cada prefecto para contrastar la cantidad de municiones que se usaron; también se esperan los resultados de las pericias de rastros de pólvora de los prefectos, que quedó a cargo de la Policía de Río Negro, pero ya se recibió un informe preliminar que determina que dieron negativas las pericias de rastros de pólvora de los dos mapuche detenidos ese día.

Bajo qué orden actuaron

Sigue el relato del Ministerio: el grupo Albatros cumplía “con la orden judicial del juez federal Gustavo Villanueva” y “continuó con rastrillajes en la zona de Villa Mascardi con el objeto de recabar información e identificar a las personas prófugas”. Sin embargo, no está claro todavía cuál era la orden judicial impartida por el juez Villanueva al Grupo Albatros, tras el desalojo que comenzó y terminó el jueves 23 con la detención e imputación de seis mujeres. Se estableció en cambio que el Grupo Albatros tenía orden de hacer guardia en un radio cercano al Hotel de Parques Nacionales, que se encuentra a menos de 100 metros de los terrenos en disputa, para evitar que los mapuche se asienten de nuevo en el territorio. Sin embargo, el Ministerio asegura en su comunicado que “la patrulla partió” y que hubo “un recorrido”, algo muy distinto a la realización de una guardia.
Es decir: si fue un operativo, ¿quién lo ordenó?
Resta explicar también por qué iban equipados con armas de fuego y cómo se desató el procedimiento que terminó en la muerte de Rafael Nahuel por la espalda, con una bala compatible con las del Grupo Albatros.

El juez federal Guillermo Villanueva investiga un tema clave: si él mismo ordenó el operativo que culminó con el crimen de Rafita.

Dónde ocurrieron los hechos

El comunicado del Ministerio asegura: “La patrulla partió de la base del Hotel de Parques Nacionales” y que “en el recorrido, y a unos 400 metros de la Ruta Nacional Nº 40 detectaron más de 10 barricadas de madera y tierra, que el día anterior no estaban”.
Los relatos de la comunidad y los testigos indican, en cambio, que el la represión fue a 1.500 metros de altura, o a una hora, hora y media de ascenso, es decir muy distante de donde tendría el Grupo Albatros autorización judicial para hacer la guardia, y también del lugar señalado por el Ministerio.
Para establecer esos movimientos son pruebas los impactos de bala en los árboles de la zona de la represión y el lugar donde murió Rafael Nahuel. La inspección ocular pactada para este jueves será  clave para determinar dónde ocurrieron los hechos.

Sin armas mapuche

El comunicado del Ministerio afirma que los prefectos vieron “más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las refracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre”.
Ninguna de las incautaciones realizadas por la justicia pudo encontrar este tipo de armas en el terreno en disputa en Villa Mascardi, y todos los testigos del procedimiento que ya declararon en el juzgado de Bariloche (dos empleados de una YPF y médicos) fueron claros y coincidentes: respondieron “no” ante la pregunta de si habían visto a los mapuche con armas de fuego. Todas las armas incautadas (letales y no letales) corresponden al grupo Albatros.
Por su parte, la comunidad dio su versión a lavaca: “Nosotros solo nos defendemos con lo que la naturaleza nos da. Con los newenes (fuerzas, energías) que nos da. Con las piedras que nos da, con los palos que nos da”. Distintos referentes mapuche aseguran que no es parte de la lógica cultural de la comunidad usar armas de fuego.
 “Las balas vinieron de un solo lugar”, aseguró el médico Ramón Chiocconi, quien atendió a los heridos. Los hechos: ningún prefecto herido; un muerto y dos heridos mapuche.

Por qué y a dónde dispararon

El Ministerio asegura que los efectivos del Grupo Albatros, «viéndose superados en número», intentaron comunicarse con la base para pedir “autorización para hacer uso de sus armas de fuego para salir del rodeo”.
Nunca llegó tal autorización. Lo dice el propio Ministerio: “Al no recibir respuesta de la base, producto de la mala señal de la zona” (…) los prefectos se “cubrieron” con “disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes”. Sin embargo, la espalda de Rafael los dos mapuche heridos por armas de fuego señalan hacia dónde apuntó el Grupo Albatros.
El relato del Ministerio asegura que los prefectos «se defendieron» y tiraron mientras estaban «huyendo», versión que también es desmentida por la comunidad: «Veníamos bajando porque íbamos a concentrar acá, con la gente que estaba en la ruta, y cuando emprendemos el viaja para abajo, como a 50 metros de donde estábamos nosotros ya venían fuerzas de Albatros, de Prefectura. En ese entonces, sin mediar nigún «alto», nada, vienen parapetados y empiezan a tirar. Ahí emprendimos la vuelta al campamento. Al llegar arriba nos pudimos resguardar y ahí defenderos con piedras, gomeras, palos. Y ellos se parapetaron atrás de los árboles y de ahí nos disparaban», dijeron a lavaca.
Según esta versión, los que huyeron para resguardarse fueron los mapuche.

El cuento de la RAM

El relato del Ministerio de Seguridad también da por sentada la participación de la RAM: “Los terrenos tomados por el RAM”, dice sin más presiones. Miembros de la comunidad aseguraron a lavaca que ninguno de sus integrantes tiene que ver con esa organización. Algunos hasta afirmaron: “No sé qué es la RAM”.
Esto fue avalado por referentes mapuche que no se encuentran en esta recuperación y hasta marcan diferencias con la del Lof Lawken Winkul Mapu. Aseguran: “La RAM es un invento del gobierno”. Pero además, en este caso, señalan una contradicción: “La RAM siempre se adjudica sus acciones, y éste no es el caso”.

Las dos causas

Existen dos causas que se tramitan alrededor de la recuperación de los terrenos en Villa Mascardi; en ambas se encuentran imputados sólo integrantes de la comunidad mapuche.
La primera se origina el jueves 23 de noviembre, cuando luego del violento operativo de desalojo -del que participaron cientos de efectivos de, al menos, tres fuerzas federales: Gendarmería, Policía Federal, Prefectura- tuvo como saldo seis mujeres detenidas, junto a niños y niñas. Las seis mujeres se encuentran ahora imputadas por «usurpación».
La segunda causa lleva la caratula «muerte dudosa» y se divide en dos: por un lado, investiga las circunstancias que llevaron a la muerte de Rafael Nahuel; por el otro, están imputados Fausto Jones Huala y Lautaro González, los dos mapuche que bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel desde el monte. Los delitos que se les imputa: «usurpación, resistencia y agresión a la autoridad». La defensa de Jones Hulea y González reclama que se abra una investigación aparte, que los excluya de la causa originada por la «muerte dudosa» de Rafita. Por su parte, la fiscal del juzgado federal de Bariloche, Silvia Cynthia Little, recoge el relato del Ministerio de Seguridad para negar esa medida y argumentar que se anule la excarcelación de ambos. Basa su argumento en este comunicado de prensa del Ministerio que ahora empieza a desmembrarse.