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Genocida en el barrio: qué está en peligro con la domiciliaria a Etchecolatz
Miguel Etchecolatz ya está en su casa en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata. La decisión del Tribunal Oral Federal n° 6 enciende la alarma sobre el criterio judicial sobre los genocidas desde lo alto del poder judicial, y en acuerdo con el gobierno. El análisis de la abogada Guadalupe Godoy que intercedió para evitar que se asiente a metros de sus víctimas. Qué dicen desde Abuelas de Mar del Plata y la voz del hijo de Jorge Julio López.
En la puerta de una casa del bosque Peralta Ramos, al lado de un portón de madera rodeado de árboles, hay una bandera negra que marca: “HIJOS – Mar Del Plata”. Ahí es el domicilio que el genocida Miguel Etchecolatz tiene en la ciudad, donde por obra de los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero ya cumple múltiples condenas en prisión domiciliaria.
Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, el genocida llegó a Mar del Plata a las seis de la mañana del hoy 29 de diciembre de 2017. Un día histórico, en el mal sentido de la palabra.
La bandera de hijos simboliza muchas cosas, entre ellas la reacción que generó la noticia conocida el miércoles 27. No sólo los organismos de derechos humanos repudiaron la medida judicial, sino que ya el jueves 28 el Consejo Deliberante de General Pueyrredón expresó “unánimemente y sin matices” el repudio a la decisión de la justicia Federal.
Etchecolatz ya había sido declarado “persona no grata” por el mismo Consejo el año pasado.
El Consejo recordó en su repudio que Etchecolatz tuvo a cargo buena parte de la estructura represiva montada desde el Estado durante la última dictadura militar, como director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. También es recordado como la mano derecha del ex general Ramón Camps.
Etchecolatz fue condenado en 1985 a 23 años de prisión, pena que fue interrumpida por el beneficio de la ley de Obediencia Debida y repuesta en el 2006, cuando se derogó la ley. Volvió a ser condenado a reclusión perpetua.
En esa oportunidad un testigo clave reafirmó el papel de Miguel Etchecolatz: fue Jorge Julio López, un albañil nacido en General Villegas, Buenos Aires. Durante el juicio, eL 18 de septiembre del 2006, con Etchecolatz presente, López relató:
«La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó: «por favor no me mates! llévame presa de por vida pero déjame criar a mi beba!»…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado».
Tres horas más tarde, Julio López fue desaparecido.
Rubén Lopez, su hijo, dice sobre el fallo a lavaca: “Etchecolatz es un manipulador. Sigue manejando los hilos de los títeres. Hace mucho que vienen intentando quedar libre porque está enfermito, pero sigue manejando a todos los que tiene afuera. Y eso es lo que no entiendo de los jueces: no comprenden el grado de peligrosidad que tiene este genocida”.
En peligro
Yamila Zavala Rodríguez es hija de Olga Irma Cañueto -militante de la Juventud Peronista y profesora de Ciencias de la Educación- y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, ambos desaparecidos. Contamos su historia y la de otros familiares en la MU 103, cuando el genocida Miguel Wolk, procesado por torturas y robo de bebés, también pasó a vivir a Peralta Ramos. A pocas cuadras su vecino y mano derecha: Miguel Etchecolatz.
Yamila Zabala Rodríguez es ahora abogada de la Comisión Provincial por la Memoria y participa también en la asociación Abuelas de Mar del Plata. Desde ese termómetro, marca el peligro: “Hicimos un montón de presentaciones tanto en La Plata como acá en Mar del Plata para plantear que hay víctimas que viven muy cerca de donde va a estar. Entonces que se revea esa situación, que no sea este el destino”.
Una de esas medidas tuvo como patrocinante a la abogada Guadalupe Godoy, querellante en los juicios contra Etchecolatz. Explica: “Hablamos del derecho a vivir lejos de su victimario. No lo hablamos como un tema de seguridad. Expresamente dijimos que no queríamos medidas que fueran sobre la víctima, lo que quería era que la víctima tuviera derecho a no vivir cerca del victimario”. La respuesta: “La respuesta es no, es la culpa de ustedes que no lo dijeron antes. Algo que es una responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional que es respetar los derechos de las víctimas de lesa humanidad”.
Yamila cuenta desde el otro costado: “A las víctimas no se le consultó, no se le planteó, no se les dijo nada y son las personas que declararon para que él tenga la condena perpetua. Esto es intolerable”.
Rubén: “Siento bronca, dolor, indignación. No sé cómo explicarlo. No puedo creer que en este país, faltando dos días para que termine este año duro y nefasto, terrible, le den la prisión domiciliaria. Lamento muchísimo por la gente de Mar del Plata a donde va a ir a vivir porque tiene residencia ahí declarada. Es una cosa que no se concibe”.
La máquina de impunidad
La medida puede leerse con sorpresa o en sintonía de una cadena de sucesos que Guadalupe Godoy se encarga de conectar con precisión:
-«Hay un punto de inflexión en las causas que no es en el momento de cambio de gobierno, es antes, cuando la corporación judicial logró frenar las reformas de democratización de la justicia. Cuando logran frenar eso, está claro que arranca otra línea.
-También hay que pensar otra cosa: tampoco podés hacer del proceso de justicia una mirada lineal a lo largo y ancho del país. La Plata fue privilegiada en cierta forma; las justicias federales son más feudales, las dificultades fueron mucho mayores a lo largo de todo el tiempo.
-Y después con el nuevo gobierno tenés ese proceso de deslegitimación del derechos humanos, “el curro”, el número armado para conseguir subsidios, el intento de detención de Hebe.
-Eso en lo simbólico, pero en lo concreto las estructuras que había armado el Estado para el apoyo de justicia fueron las primeras víctimas del ataque de despidos, en programas de justicia y varias áreas de derechos humanos.
-Después tenés lo que significó la renuncia a la querella en Papel Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos. La señal es clara: el no juzgamiento sobre todo de las responsabilidades civiles y empresariales.
-A eso se sumaron los intentos de Avruj para que se recibiera ahí los que se autodenominan familiares de genocidas para discutir en la mesa de justicia en pie de igualdad con los organismos.
-Es un secreto a voces que Garavano tiene un par de operadores que eran defensores de genocidas; miembros del poder político pusieron en varias áreas que son de las familias de los imputados, sobre todo de las responsabilidades civiles: Blaquier, Martinez de Hoz.
-Eso se plasmó judicialmente sobre todo en Casación, donde hubo cambios bruscos de cambios judiciales, que van planteando líneas que los tribunales inferiores receptan.
-Después los fallos de la Corte, el Fallo Alespeiti, que introduce las razones humanitarias para otorgar prisiones domiciliarias, lo cual le da un margen mucho más amplio a los tribunales inferiores y nos restringe muchísimo la defensa. Ahí hubo una salida masiva de genocidas.
-Empieza a haber en Casación cambios de criterio mucho más estrictos de nivel de prueba, que se animan a decir que no alcanza con los testimonios. Justamente como fueron delitos cometidos en clandestinidad la prueba testimonial toma una relevancia mucho mayor.
-Y el otro fallo es el del 2×1 que, si bien no se está aplicando en forma masiva por el repudio popular que obtuvo, hay que tener en cuenta dos cosas: que sigue vigente, y que fue una suerte de indulto.
-Lo otro que hay es la falta de designación de jueces que hace que la mayoría de jueces que están en estas causas son subrogantes, tienen la excusa para poner audiencias muy pausadas, juicios que tendrían que durar 2 meses llevan casi 1 año. Imaginate una causa con 500 testigos como tenemos en La Plata.
-Esos retrasos conllevan los ejes de la prisión preventiva, que tiene un plazo pero se puede extender. Hay muchos ceses de prisión preventiva a cientos de genocidas».
Rubén Lopez también hace su lectura en contexto: “Se enmarca en el contexto político y jurídico que estamos viviendo: encarcelan a dirigentes políticos sin pruebas, presos. Está Milagro Sala detenida cuando la CIDH dice que tiene que estar en libertad, y a los genocidas los dejan libres. Tiene 5 condenas a cadena perpetua. No tiene una: tiene 5. ¿Y lo dejan libre? No entiendo el pensamiento o cómo leen los jueces la ley para interpretarlo de esta manera”.
Yamila: “La lectura es que sectores del poder judicial se acomodan rápidamente a esta circunstancia porque es impensable que un genocida como Etchecolatz esté en su casa, en el Bosque, disfrutando de lo que se llama la ciudad feliz. Ya tenemos viviendo a Wolk también en la zona del sur, cercano del Bosque, hay otros represores con arrestos domiciliarios. Wolk está en un proceso, todavía no tiene la sentencia, el caso Etchecolatz es emblemático porque tiene muchas condenas perpetuas, no un juicio, son muchos, y es responsable de la desaparición de centenares de desaparecidos. Él sabe dónde está los nietos y nietas de muchos. Se tocó un límite importante de lo que es el sistema de justicia”.
El límite
Yamila dice que el sur marplatense “está conmocionado” y confía en que la respuesta de los vecinos va a ser contundente. “Va a haber acciones de repudio masivas”, adelanta y pone el espejo del 2×1. “El umbral de tolerancia de la democracia tiene que ser los delitos de lesa humanidad, si cruzamos esa línea, estamos complicados.
¿Hay chances de que la justicia tome nota de esta reacción?
Godoy: “Es difícil, porque justamente son los tribunales superiores, tanto Casación como la Corte que están llevando adelante esta política, en acuerdo con el gobierno. Si hemos tardado dos años está claro que hay resistencia en los tribunales inferiores, que rechazan las domiciliarias y hay que apelar, pero cuando llegan a la Corte se revierte esta situación. Y la otra pata fundamental del ataque a los juicios es lograr que se vaya Gils Carbó, el efecto que puede tener en el Ministerio Público esta línea. Hay cosas que las qeuerellas podemos hacer y otras que dependen de los fiscales”.
La única salida: “Las mejores virtudes del movimiento de derechos humanos surgen de las etapas resistencia. En eso confío plenamente”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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