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Curar la lucha: Historia y presente de represión y ajuste en el Hospital Posadas

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Por qué los despidos en el Hospital Posadas remiten a una memoria que duele. Cómo un proyecto de hospital abierto a la comunidad se transformó en una máquina precarizadora con el 85% de sus trabajadores contratados. Publicamos esta crónica en la edición de marzo de MU, en medio de la resistencia contra los 121 despidos de profesionales de salud de uno de los hospitales más importantes del país. Desde ese entonces, dos de los trabajadores que aparecen en este reportaje fueron echados, las cesantías ya superan las 200, el represor Luis Muiña (ex integrante de la patota SWAT que operó en el hospital en dictadura y a quien la Corte Suprema intentó beneficiar con el 2×1) fue condenado a perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el nosocomio y todas las semanas se realiza un abrazo simbólico en defensa de la institución, mientras las amenazas y la persecución continúan en medio del vaciamiento del hospital. El desguace es un golpe continuo a la salud pública: la Sociedad Argentina de Pediatría expresaron su “profunda preocupación”. La semana pasada, por ejemplo, renunció el cirujano Christian Kreutzer, a cargo del área y de la Fundación Posadas, junto a todo su equipo, por la imposibilidad de mantener un servicio digno tras el desguace de médicos, auxiliares y jefes de sectores. Aquí compartimos el artículo, para leer, ubicar y entender la historia y presente de represión y ajuste en el Posadas. Por Lucas Pedulla. Fotos de Nacho Yuchark.
Después de trabajar 15 años como enfermera en terapia intensiva, Cynthia Bernabitti se enteró por un mensaje de WhatsApp con una información caótica. Le decían que debía pasar por mesa de entradas. Que tenía que buscarse en dos listados. Y que si no estaba en ninguno, se considerara despedida.
Bernabitti no estaba en ninguno.
Luego supo que no era la única: tenía 121 compañeras y compañeros en las mismas condiciones: 19 eran delegados gremiales. “Tengo tres hijos”, dice ahora, con un pin sobre su guardapolvo blanco que dice «No a los despidos en el Posadas», un cuaderno en el que figura el contacto de cada uno de los despidos y apuntes sobre el fondo de lucha para sostener las medidas de fuerza. “¿Qué van a hacer después, cuando en una cama de terapia haya que pagar para mantener un pibe que se está muriendo?”, pregunta. “¿Hasta cuándo uno tiene que abandonar la salud que está brindando y la educación bajo la que se formó?”.
La pregunta recorre el laberinto Posadas.

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Foto: Nacho Yuchark

Datos del monstruo

El Hospital Posadas tiene 22 hectáreas sobre Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar, con siete pisos que cubren un área de influencia de 6 millones de personas. Por eso le dicen el “monstruo”.
Todos los trabajadores consultados por MU coinciden en que el ajuste comenzó a mediados del 2017 cuando el Hospital quiso extender la jornada laboral de Enfermería de 10 a 12 horas. Mirta Arceri, enfermera, despedida con 18 años en el Hospital: “Primero echaron a los compañeros de limpieza y tercerizaron el servicio. Luego, aumentaron la jornada laboral a los compañeros de vigilancia: no reaccionaron. Y, después, se metieron con Enfermería: ahí dijimos no. Hacemos 10 horas noche por medio, sábado, domingo, feriado, lo que haya, de 21 a 07: querían extenderla a 12 sin ningún franco. Eso es insalubre: después de 10 horas, por más que quieras, no tenés reflejos ni lucidez para nada”.
Bernabitti cuenta el reflejo de la Dirección: “Redujo salarios hasta un 80 por ciento. De un conflicto que iniciamos 150, quedamos 70: pasamos de cobrar 23 mil pesos a 4 mil”. Presentaron un amparo ante la justicia. En noviembre, la jueza Martina Isabela Forns, del Juzgado Federal N°2 de San Martín, falló a favor de los trabajadores y ordenó el reintegro de los descuentos. Bernabitti: “No sólo no se cumplió, sino que de los 122 despidos, 70 somos enfermeros”.
Los trabajadores se convocaron en asamblea al día siguiente de los despidos en el hall del Hospital: los recibió un despliegue de Gendarmería y Policía Federal con armas y escudos por los pasillos a la vista de todos los pacientes. Cristian Vega, enfermero del turno noche, cinco años en el Posadas, cuenta que fueron a pedir una asamblea al chalet de ATE Morón para tratar la urgencia. La respuesta no fue la esperada: además de quedarse en la calle tuvo que explicarle a sus tres hijos por qué volvió con fractura de órbita. “El secretario general, Darío Silva, le tiró un manotazo a una compañera. Un compañero intenta sacarla y se la agarran con él: lo tiran al piso, le pegan patadas. Lo intento sacar y calmarlos: ahí me como una piña en la cabeza. Yo soy afiliado de ATE: sólo iba a mi gremio para pedir que me defendieran”.

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Foto: Nacho Yuchark

85 por ciento

Jimena Lettieri, trabajadora administrativa en el área de Higiene y Seguridad, describe un problema central: “El 85 por ciento de los 5000 trabajadores estamos contratados”. Mirta Arceri agrega: “Esta precariedad dio el pie para echarnos sin explicación ni indemnización. Y muchos están en una incertidumbre total. Cuando en 2016 echaron a 641 personas, algunos decían que eran ñoquis de la gestión anterior; hoy dicen lo mismo, pero mientras echan están tomando monotributistas sin experiencia y en condiciones laborales aún peores”.
Vega subraya otro de los focos de los despidos: “Son todos los que se negaron a perder algo”. Entre ellos, hay 17 delegados de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) y dos del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS). Arceri recuerda: “El 13 de agosto de 2001 tomamos el Hospital y armamos un comité porque había una dirección que vino a vaciarnos. De La Rúa mandó a la Infantería y nos reprimieron con balas de goma. Quiero decir: todos los compañeros que echaron participaron en cada una de las reivindicaciones de todos estos años. Tenemos en claro por qué nos echan a nosotros: este Hospital tiene historia, tiene memoria y pelea desde esa memoria”.
Eso nos lleva a la otra puerta del laberinto.

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Foto: Nacho Yuchark

Posadas abierto

Carlos Apezteguía tenía 27 años cuando entró en el Posadas en 1972. El monstruo había surgido como iniciativa de la Fundación Eva Perón con proyecciones del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud en la historia Argentina, durante el peronismo. La planificación edilicia con espacios abiertos, bella arboleda y balcones de cara al sol estuvo orientada para la idea original del proyecto: atención de enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y, en especial, víctimas de tuberculosis.
El golpe militar de 1955 fusiló el sueño. Las nuevas autoridades lo reorientaron al desarrollo de “tareas de investigación” y, tres años después, el dictador Pedro Aramburu lo inauguró como Instituto Nacional de Salud (INS). En 1972, en presencia de otro dictador, Alejandro Lanusse, se inauguró como Policlínico Profesor Alejandro Posadas, en función de reorganizar las instalaciones como centro asistencial. Como en toda represión, hubo lucha: el 14 de junio de 1973, el personal médico y no médico declaró al Hospital en estado de asamblea permanente. Las exigencias: desplazar a la conducción heredada de la última dictadura militar, democratizar la toma de decisiones y abrir el Hospital a la comunidad.
“Las asambleas eran masivas”, recuerda Apezteguía, en aquel entonces coordinador del sector de Terapia Intensiva de adultos, hoy integrante del Comité de Bioética. “Se generó un ‘gobierno provisional’, una junta de seis personas que pertenecían a distintas áreas y a distintas orientaciones políticas, desde peronistas a comunistas. Duró unas semanas, hasta que el Gobierno designó al doctor Julio César Rodríguez Otero como director, elegido en la asamblea. Fue un momento de crecimiento y de apertura a la comunidad”.
María Fernanda Sabio, trabajadora del Comité de Bioética, recuerda que su padre y su madre, Julio Sabio y Alicia García Otero, eran parte de los profesionales del Hospital que salían al barrio. “Mis padres iban a la villa Gardel a buscar a los pacientes porque no se animaban a cruzar. Entonces decían: ‘Si ellos no vienen al Hospital, que el Hospital vaya a la comunidad’. Atendían pacientes, abrían consultorios. Y no era sólo una cuestión hospitalocéntrica: iban a hablar, a hacer campañas de salud, preventivas pero también de empoderamiento para que sepan cuáles eran sus derechos. Esto marcó la historia del Hospital: fue la causa de los hechos que sufrimos posteriormente en dictadura”.

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Foto: Nacho Yuchark

La historia armada

El 28 de marzo de 1976, cuatro días después del Golpe de Estado, el general Reynaldo Bignone ocupó el Hospital con tanques, helicópteros y personal militar. “Parecía que venían a tomar un fortín”, recuerda Apezteguía.
Era domingo. “Se presentó una autoridad que después supe que era Bignone. No se identificó en ese momento. Nos dijo que tenían información de que era un hospital donde se realizaban actividades de atención a los subversivos. A la salida, a algunos nos detuvieron. Nos trasladaron en un patrullero a Coordinación Federal, lo que después fue la Superintendencia de Seguridad Federal, en Capital. Nos pusieron frente a un paredón, como de mármol, que tenía signos de balazos. Hicieron una ‘broma’ como que nos iban a fusilar”.
Los ubicaron en celdas individuales pero los cambiaron a una común a medida que fueron llegando más detenidos. Había obreros de otras empresas. ¿Y del Hospital? “Ese día habremos sido unos 4 ó 5. Pero luego continuaron las detenciones. A mi mujer, por ejemplo, la detienen al día siguiente. A medida que la gente fue ingresando el lunes, los detenían de acuerdo a listas que iban engordando cada día: había compañeros que no figuraban el lunes pero sí el martes. En esa celda, donde nos pusieron seis camastros, llegamos a ser más de 30 personas. Escuchábamos a los guardias que decían: ‘¿Más gente del Posadas? ¡No! ¡No hay más lugar!’”.
A muchos los fueron llevando a Olmos y a Devoto. Según Semblanzas, un libro editado por la Comisión de Derechos Humanos del Hospital, más de 50 profesionales fueron detenidxs entre el 28 y el 31 de marzo y trasladados a destinos desconocidos por tiempos variables: algunos estuvieron 5 días, otros 9 meses.
A Apezteguía lo liberaron casi una semana después. Se exilió con su familia en España. “La historia que ellos armaron, y de la que se hicieron eco algunos medios nacionales entonces, era que esto era un centro de atención de la guerrilla, que había quirófanos clandestinos y túneles secretos que conectaban el Hospital con la Gardel. Historias sin ningún fundamento”.

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Foto: Nacho Yuchark

Crimen y castigo

Luego de la ocupación, el coronel médico Agatino Di Benedetto quedó a cargo del Hospital. En abril, lo sucede su par Julio Esteves, que organizó un sistema de vigilancia paramilitar coordinado por el subcomisario de la Policía Federal Ricardo Nicastro al mando de un grupo de policías exonerados de diversas fuerzas, conocido como SWAT. Uno de ellos fue Luis Muiña (el represor beneficiado por la Corte Suprema por el 2×1 en 2017). En noviembre del 76 comenzó una serie de secuestros que duró hasta comienzos de 1977. Algunos de ellos se produjeron dentro del hospital, como el caso de Gladis Cuervo, enfermera, una de las sobrevivientes: el 25 de noviembre del 76 la detienen en la dirección, la golpean, le tapan la boca, la tiran arriba de una mesa, la picanean. La imagen del horror se completa con que el grupo de tareas convirtió la casa del exdirector elegido en asamblea, Rodríguez Otero -desplazado, detenido y torturado-, en un centro clandestino de detención, conocido como “El Chalet”. Allí llevan a Cuervo.
Hay 11 profesionales del Posadas que continúan desaparecidos. Uno de ellos era Jorge Roitman, médico de terapia intensiva, cuyos restos fueron encontrados en noviembre del año pasado enterrados detrás de El Chalet, hoy convertido en casa de la memoria. Lo encontró un obrero mientras cavaba en medio de una obra.
Otro es Jacobo Chester, técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia los fines de semana. Su hija, Zulema, es parte de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Tenía 12 años cuando personal del Primer Cuerpo del Ejército entró en su casa en Haedo, se llevó a su papá y le dijeron que tenía que buscarlo en los zanjones. “Él entró en 1973, pocos después de que ingresara mi mamá. Vivíamos a 15 cuadras: el Hospital estaba en pleno apogeo convocando gente. Había una sensación de orgullo muy grande por trabajar en el Estado”. A su mamá le entregaron un certificado de defunción de un cuerpo NN encontrado en el Río de la Plata el 2 de diciembre de 1976, cinco días después del secuestro. “Un juez certificó con autopsia que era mi papá, pero nunca nos dieron ni vimos su cuerpo”.
Los crímenes del Posadas fueron parte de la histórica sentencia del Juicio a las Juntas en 1985. Allí declararon, entre otros, Chester y Apezteguía. En 2011, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Bignone, Muiña y al brigadier mayor Hipólito Mariani (jefe del área militar a cargo del Hospital) por los crímenes en El Chalet. La mayor parte de la cadena de mandos murió sin condena, como el caso de Esteves o Juan Máximo Coptelesa, integrante de la patota SWAT.
En este marzo de 2018 comienza una nueva causa, que juzgará sólo los crímenes de Roitman y Chester.

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Foto: Nacho Yuchark

El sentido de las palabras

El regreso al Posadas de Apezteguía post exilio fue un día después del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. No perdió tiempo: creó la Comisión de Derechos Humanos, buscó a los sobrevivientes, contactó a los familiares y aportó pruebas a la CONADEP. ¿Qué significó entonces que la posibilidad de un 2×1 masivo a genocidas tuviera a Muiña, un exponente del terror dentro de su Hospital, como ícono de impunidad? Responde: “Una bronca terrible. Una sensación de frustración. No se puede tolerar. Pero la respuesta y la expresión popular masiva en contra de ese fallo fueron maravillosas. Claro que también repercutió aquí, a pesar de que mucha gente es nueva y no vivió esos hechos. En ese sentido, el hallazgo de los restos de Roitman fue conmocionante: es la evidencia más clara de que el horror ocurrió aquí y que él estaba aquí”.
Zulema Chester: “El compromiso que existió en aquella época en el Hospital era muy claro, y eso se mamaba desde el primer momento en que entrabas. Y si vos ves lo que está pasando con los despidos que ya fueron, con los que están por venir o con las personas que están jubilando, ves que lo que quieren cambiar es la esencia del Hospital”.
¿Cómo se responde a ese vaciamiento?
Mirta Arceri piensa. Y dice: “Cuando ves la historia, los compañeros que desaparecieron y pasaron por el centro clandestino eran compañeros que estaban peleando por lo mismo que nosotros. Había un proyecto que empujaba a construir una institución de salud gratuita y de calidad. Hay una memoria y un hilo conductor. Cuando en el 2001 entró la Infantería, en cinco minutos estaban todos, estaba el barrio, y decían: ‘Este es el Hospital Posadas’. Había un sentido en esas palabras. Lo hay. No es cualquier hospital. Para borrar eso tenés que sacar a toda esta gente de acá. No es casual que echaran a todos quienes, de alguna manera, hemos resistido. Estamos pagando un costo que nos honra pagar. No nos va a quebrar nadie porque sabemos por lo que estamos peleando. Y sabemos, también, que nada es eterno: esta gente en algún momento se va a ir de la gestión. Y los problemas van a continuar. La gente tiene que reaccionar y empezar a cambiar enserio. Bien, entonces: construyamos ya algo distinto”.

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Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

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El jurado popular y el Tribunal Técnico de la Cámara 3ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenaron este martes por la tarde a Diego Gustavo Concha, ex titular de Defensa Civil de la provincia (en la foto, durante la audiencia). La pena: prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera voluntaria que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después del ataque. En el fallo se consideró que el hecho fue un caso de violencia institucional ya que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba”. Tanto él como la provincia de Córdoba deberán indemnizar solidariamente a los padres de Luana por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Desde Córdoba por Bernardina Rosini

Finalmente hubo justicia.

El ex titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Luana era bombera voluntaria y se suicidó en enero de 2022, como efecto del ataque que había sufrido.

El Tribunal rechazó el pedido del fiscal Fernando López Villagra, quien había solicitado que se declarara inconstitucional la pena máxima en este caso y que Concha fuera sancionado con 20 años de cárcel.

En su fallo, el Tribunal reconoció el caso como un hecho de violencia institucional, señalando que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba” para perpetrar el abuso contra la joven. Además de la pena de prisión, Concha fue inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos. El Tribunal ordenó que Concha, en forma solidaria con la provincia de Córdoba, pague una indemnización a los padres de Luana, Cristina Caminos y Sergio Ludueña, por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

Luana y su perro Ciro.

Hallado culpable en todos los cargos en su contra, el ex funcionario también fue sentenciado por los hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de septiembre.

Un arma en la cabeza

Diego Concha, de 53 años, llegó a juicio acusado de homicidio por abuso sexual contra Luana Ludueña, de 25 años. Ludueña, tras ser atacada por quien era entonces el Director de Defensa Civil de la provincia, intentó suicidarse en tres ocasiones. Durante su internación en una clínica de la ciudad capital, se enteró de que Concha había renunciado a su cargo y había sido detenido por otro caso en su contra. El funcionario fue arrestado el 27 de noviembre de 2021, luego de que su ex esposa, también bombera, lo denunciara por agresiones y amenazas. Según su testimonio, Concha la habría amenazado de muerte apuntándole con un arma en la cabeza, además de perseguirla en la carretera y cruzarle la camioneta, sumando estos incidentes a una serie de agresiones sufridas desde su separación.

El homo sapiens y la tarjeta de crédito

La jornada comenzó en el Palacio de Tribunales II con las palabras de Sergio Ludueña, padre de la joven bombera, quien se dirigió al jurado popular: “Tienen en sus manos la posibilidad de hacer una diferencia y que la muerte de Luana no quede impune, y que Diego Concha sea condenado para que esto sirva y no haya ninguna víctima más de abuso de poder”. Visiblemente conmovido, recordó los esfuerzos de su hija por superarse profesionalmente: “La vi nacer y me tocó verla morir. Pido justicia por Luana y por quienes no se animaron a hablar”.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña

Diego Concha, en el centro, durante una de las audiencias. Foto: Natalia Roca para lavaca.org.

Inmediatamente después, fue el turno del ex funcionario. Llamó la atención la omisión de la palabra “inocencia” durante los 17 minutos de su exposición. Al dirigirse al tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Jaime, y al jurado popular, Concha declaró: “En el encuentro con Luana no pasó nada malo ni nada bueno, sencillamente no pasó absolutamente nada”.

Luego, hizo una referencia a tiempos prehistóricos: “El homo sapiens no conocía la palabra, entonces se comunicaban por señas o dibujos. Luego el hombre evolucionó y logró conseguir la palabra, y con la palabra se puede hacer el bien o el mal”, afirmó.

Continuó: “Muchas veces el hombre usa la palabra para hacer mucho daño, para tergiversar y sacarlas de contexto, y en muchos casos, mentir”. Posteriormente, mencionó su labor como Director de Defensa Civil, destacando sus años de servicio como bombero y apoyando su defensa en su ejercicio profesional. En cuanto a las denuncias de su ex pareja, mencionó que “tenía un adicional de mi tarjeta de crédito y gastaba libremente, así también con mi tarjeta de débito”.

Después de tal argumento bancario pidió perdón a sus hijos por “tal vez no estar en momentos importantes como eventos escolares” y prosiguió: “Disculpas también a mi ex pareja. Ningún hombre, bajo ningún concepto, debe discutir con su pareja, fuese el motivo que fuese. Lo tengo re claro, lo he hablado muchísimo con las psicólogas que me han ayudado en el penal de Bouwer”. Y para concluir, afirmó: “Quiero que quede bien en claro que quien les está hablando sabe perfectamente qué es la violencia de género”.

Un día de justicia: prisión perpetua a Diego Concha por el femicidio de Luana Ludueña
El colectivo Fuegas, brigadistas forestales, sostuvo el reclamo de justicia.

El poder en el banquillo

Después de las palabras de Concha hubo un cuarto intermedio de varias horas hasta conocerse la sentencia. Profundamente conmovida al saber que finalmente fue hallado culpable, la madre de Luana expresó:Ninguna condena es suficiente porque Luana no nos la devuelven. No puedo decir que estoy feliz pero Luana puede descansar en paz y nosotros como familia cumplimos con su pedido de justicia”.

Agradeció a los presentes, sobre todo a las Fuegas, brigadistas forestales de Sierras Chicas que acompañaron fuertemente a la familia a lo largo del proceso. Sobre Concha dijo: “No me interesa él. No escuché en el recinto lo que dijo. Yo solo rezaba. A lo largo del juicio y de las audiencias llevadas a cabo, no hubo ocasión en la que él mostrara arrepentimiento, empatía, ni reflexión alguna sobre lo que significó su conducta”.

El abogado de la familia Ludueña, Dr Carlos Nayi dijo sentirse “ampliamente conforme” con la condena. Se le ha devuelto la paz a una familia, y el honor a una joven que supo decir que prefería dar la vida que claudicar. Valió la pena”. Y dijo que este caso marca un precedente: “Se trata del poder sentado en el banquillo de acusados”.

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Daniela Calarco, presa desde hace 2 meses por manifestarse contra la Ley Bases: la criminalización de la protesta, y de la organización

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La acababan de despedir. Se fue a manifestar. Y la metieron presa. La historia corta de Daniela Calarco, hace 2 meses detenida en la cárcel desde la votación de la Ley Bases, suena a una cadena de injusticias y trampas en las que el Estado, desde el Poder Ejecutivo al Judicial, es victimario y cómplice. En esta entrevista con lavaca repasa su historia de organización, y dice que su militancia es señalada como “agravante” en la causa judicial, en otro de los peligros de su caso. El clima previo a su detención, con el Congreso militarizado mientras se sesionaba. La encerrona que hizo la policía para cazar manifestantes arbitrariamente, relato que coincide con el de Roberto y el resto de los detenidos ese día. Las torturas que siguieron: 12 horas esposadas, aislada, sin comida ni agua, luego obligada a desnudarse. La criminalización mediática, la rutina del encierro, las lecturas para pasar el rato a la espera de verdadera justicia, y su mensaje: “Nuestros reclamos son justos. Son necesarios y posibles. Entonces hay que tomar la fuerza y el ejemplo de las mejores generaciones de lucha de nuestro país, y no abandonar la calle”.

Por Lucas Pedulla

El teléfono del módulo 3 sector A de la cárcel de Ezeiza suena cuatro veces. 

-¿Hola?

Hola, buenas tardes, ¿se encuentra Daniela Calarco?

-Sí, soy yo.

Daniela Calarco Arredondo -39 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez “Votemos luchar”, trabajadora desocupada, lesbiana- atiende ella misma el teléfono del pabellón. El lunes cumplió dos meses de estar presa en Ezeiza luego de movilizarse el 12 de junio en protesta contra la sanción de la Ley Bases, cuando la detuvieron y la acusaron de terrorista.

Junto con Roberto de la Cruz Gómez , son las dos personas que siguen presas.
La única mujer de las diez detenidas en esa cacería.
Daniela habla con lavaca por primera vez tras su detención.

Trabajadora despedida

Daniela es de Mar del Plata. Empezó a militar en el MTR-Votemos Luchar contra las fumigaciones con agrotóxicos en su barrio. Su inquietud por lo ambiental la llevó a colaborar con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Luego, su vinculación pasó al movimiento de trabajadorxs desocupadxs. 

Hace cuatro años Daniela se mudó al sur del conurbano bonaerense, en Lanús, y dedicó su militancia en Lomas de Zamora en comedores populares, en la mejora de viviendas, en cursos de capacitación. Empezó a trabajar en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: “Hacíamos el vínculo del Estado y organizaciones sociales que recibían convenios de construcción o capacitación” cuenta ahora, presa. Y conecta: “Hoy veo la persecución que se hace a organizaciones y puedo acreditar que los compañeros rendían cada peso que recibían. También se creó un show para justificar los despidos, pero puedo dar fe de cómo esa política cambiaba la calidad de vida de la gente”. 

Ella lo vivió en carne propia: “Fui una más dentro de la tanda de despidos de marzo”.

El 12 de junio, día de la Ley Bases, Daniela llegó a la Plaza ya desocupada. 

La cacería inhumana

Dice sobre ese día: “Todo empezó mucho más temprano que el momento de la represión. Había un clima: quienes somos militantes o conocemos la térmica de la movilización, sabíamos que no iba a ser una jornada tranquila. La zona del Congreso estaba absolutamente militarizada. Ese escenario dantesco nos daba la razón por la que estábamos reclamando: si necesitás militarizar así para votar una ley, claramente no es bueno para los que estamos afuera”.

Recuerda que al momento de desatarse la represión, las columnas empezaron a desconcentrar por Avenida de Mayo en dirección a 9 de Julio. “Hubo muchísimos gases, corridas, empujones. La represión en la Plaza hasta la 9 de Julio la hace la Federal. Nos desvían a todas las columnas grandes por Avenida de Mayo y la única posibilidad de doblar que teníamos era en 9 de Julio para el lado de Constitución, porque hacia el lado norte no teníamos forma porque había un cordón de motos de la Ciudad. Procesando después, empezamos a ver que estaba todo armado para salir a cazarnos en la 9 de Julio”. 

A Daniela la detienen en Chile y Lima, a la salida de un McDonalds: “Todas las motos que estaban esperándonos en Lima y Avenida de Mayo empezaron a tirar balas de goma. Había gente asustada y con una compañera empezamos a meter gente al McDonalds. Estuvimos unos minutos y después salimos. Una persona me intenta detener y la gente me ayuda, imaginate el temor de que una persona que no está uniformada ni identificada chupe a alguien de una movilización. Muchas chicas me ayudaron a zafar. Pero cuando estoy tratando de irme, se me tira en la espalda. Me mantiene ahí 2 o 3 minutos, cuando llegó más Policía de la Ciudad en moto. Recién a la media hora aparece personal femenino”. 

En la causa figura que el nombre del policía que la detuvo es Marcos Rodríguez, jefe de servicio externo de la Comisaría Vecinal 1B, en el móvil 601. ¿Le informaron por qué la detienen? “En ningún momento me dicen por qué. Solo cuando me suben al patrullero me leen mis derechos. De ahí me pasan a una camioneta en la que me hacen acta con las cosas que me secuestraron con un testigo dudosísimo, que llegó antes de los refuerzos de la policía y ya venía con el policía que me detiene. En un momento ese efectivo le explicó a las policías cómo tenía que hacer el acta. Nunca me hacen firmar nada, y el acta que figura en la causa no es la misma que hacen delante mío”.

Primero quisieron subir a Daniela a una camioneta donde había todos policías varones. El oficial a cargo se negó. La llevaron a otra, donde había dos mujeres y dos hombres detenidos. “Bajan a los chicos y usan esa para subir a todas las mujeres. Desde el primer momento tratamos de bancarnos con las pibas. Se armaron lazos muy buenos que fueron los que nos sostuvieron en esos días tan terribles”. 

¿Por ejemplo? “Pasamos más de 12 horas esposadas en una camioneta sin que nos bajen en la comisaría. Creo que nos bajaron una o dos veces al baño en toda la noche. Después, cuando finalmente nos bajan, nos dejan en un pasillo porque la comisaría no tenía ni una celda para nosotras. Fueron momentos muy angustiantes; cómo nos sostuvimos entre nosotras la bancamos mucho mejor”. Tampoco les llegaron la comida ni los bidones de agua que las familias les compraron. Y en Comodoro Py las hicieron desnudar y las mantuvieron esposadas con pesadas cadenas en pies y manos hasta declarar. 

Daniela observa: “De estos dos meses, los peores momentos fueron mientras estuvimos en Capital. Obvio que es una situación horrible estar en un penal de máxima seguridad, pero acá el trato cambió: por lo menos fue humano”. 

El agravante militante

Al momento de la detención, y por recomendación de sus abogados, Daniela se negó a declarar. Fue una de las detenidas más criminalizadas mediáticamente, acusada de supuestamente incendiar bicicletas del Gobierno porteño. “La criminalización se sostuvo en lo mediático, donde los medios hegemónicos jugaron un papel horrible, pero nada pudieron sostener cuando nos trataron de terroristas y golpistas. Hasta hoy solo queda una imputación de incendio agravado por ser un bien de uso público, que es lo único que pueden seguir para agarrarse y que sea federal; si no, se les caería. Sobre lo que figura en la causa, toman fotos de las cámaras de seguridad de la calle y de la plaza, y hablan de videos que no presentaron en la causa, con lo cual no tienen ningún valor”.

El lunes, al cumplirse los dos meses, organismos de derechos humanos se presentaron ante el juzgado de María Servini para presentarse como amicus curiae en la causa. A su vez, la defensa informa a lavaca que la jueza cerró la etapa de instrucción para que la causa vaya a juicio. En los próximos días presentarán un nuevo pedido de excarcelación para que Daniela espere el proceso en libertad.

Los pedidos de excarcelación de Daniela fueron rechazados porque los jueces entendían que podía entorpecer la causa: “Un supuesto delincuente puede entorpecer una causa plantando pruebas o haciendo desaparecer otras, pero las únicas pruebas que toman en mi contra son las cámaras de seguridad. No hay forma de entorpecer eso porque no hay forma de que yo pueda entrar a algún lugar a borrar esas imágenes. Incluso en la última negativa de excarcelación, la jueza le da a la fiscalía la oportunidad de presentar más pruebas, pero no presenta nada. En el fallo que sostiene mi prisión no dicen cómo yo haría eso: lo que es sumamente preocupante es que hablan que por ‘mi condición’ podría entorpecer la causa”. 

¿Cuál es su condición? “Me hace pensar que mi condición es estar organizada políticamente. Es preocupante que hoy, en Argentina, estar organizado se esté tomando como agravante en una causa. Y eso no me va a caer solo a mí sino a todas las personas que decidimos organizarnos. Es un precedente”. 

El mensaje de Daniela

Acostumbrada a la hiperactividad de la militancia en los barrios y que cada día sea ir de acá para allá, Daniela admite que la rutina del encierro le pesa. Se la escucha firme, clara, y cuenta que aprovecha el tiempo para hacer ejercicio en el patio. También para leer, mucho. Estos días está leyendo un libro sobre el abordaje de los medios de comunicación durante el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, como antesala a la invasión a Irak. Agradece los libros que le acercan. Y agradece, sobre todo, la solidaridad de ese afuera que lo siente en el alma: “Es lo que me hace seguir bancando. Una, al estar organizada, sabe que su familia y su organización va a estar, pero la verdad es que todo lo que se armó excedió esa concepción. Son cientas las organizaciones que están bancando, además de los organismos de derechos humanos que visitan, que llaman. Me emociona muchísimo”.

Al mes de su detención, sus compañeras leyeron en Plaza de Mayo una carta que había escrito de puño y letra. Decía: “Somos hijes de un pueblo que sobradamente sabe de ganar y defender sus derechos con lucha. Somos hijes y nietes de la plaza, y si las madres y las abuelas siguen en ella, lo mínimo que tenemos que hacer es honrar su lucha luchando”. 

Le pregunto, entonces, si tiene miedo.

 Piensa unos segundos en la respuesta.

Y dice, del otro del teléfono del módulo 3 sector A de la cárcel de Ezeiza: 

“No sé si es miedo la palabra que usaría. Sí mucha preocupación. Para quienes nos tomamos en serio, desde el primer día, un proyecto de cambio social real, y cuando el capitalismo no tiene nada más para ofrecer al pueblo trabajador, entendemos que el adversario es grande y terminar preso o herido es una posibilidad obvia, que no tomamos a la ligera, pero sí sabemos conscientemente que los derechos se ganan en las calles. Hoy hay un nivel de ataque y de violencia mucho más explícito y profundo que lamentablemente ha encontrado asidero en una parte de la sociedad. Que muchos diputados hayan venido a visitar a genocidas donde yo estoy, en otro momento se hubiese generado un repudio como fue el 2×1, masivo. Lo preocupante, cuando hablamos de discursos de odio, es entender que no queda solo en el discurso, porque hay gente que pasa a la violencia explícita. Tenemos que entender eso como un cambio de época para poder combatirlo. Vamos a tener que ser creativos, ingeniosos, pero no dejar de luchar, porque todo lugarcito que cedamos lo van a ocupar con la porquería que militan. Nuestros reclamos son justos. Son necesarios y posibles. Entonces hay que tomar la fuerza y el ejemplo de las mejores generaciones de lucha de nuestro país, y no abandonar la calle”.

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Chaco: continúa la Marcha Multisectorial desde el Impenetrable hasta Resistencia

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Una larga marcha que va del Impenetrable chaqueño a la Capital -casi 300 kilómetros- reclama la entrega urgente de comida para merenderos, comedores y programas sociales al gobierno provincial. Además, señala al nacional bajo la consigna “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”. Hoy dos columnas que provenían de distintas comunidades se unieron y dormirán en Castelli; mañana siguen, mientras arman los petitorios y conforman una Multisectorial de campesinos, comunidades originarias, sindicatos, productores y hasta la Iglesia.

Informe: Luchas del Chaco

https://twitter.com/lavacatuitera/status/1823479023533539607?s=48

El hambre y la falta de respuestas impulsan la larga marcha de las comunidades del Impenetrable chaqueño. Hoy y luego de recorrer a pie 50 kilómetros las dos columnas en que se organizó esta marcha acamparon en Castelli, a casi 300 kilómetros de Resistencia, a donde se dirige esta protesta para exigir que el gobierno provincial entregue comida para los merenderos, para los comedores escolares y para los programas de asistencia alimentaria.

Este jueves 8 de agosto una columna partió desde Miraflores y otra desde Bermejito. Cada una se nutrió de comunidades del Impenetrable. Hoy y en un emotivo encuentro, las dos columnas se abrazaron en la entrada de Juan José Castelli, luego de caminar durante casi dos días. Denuncian así la dura situación que se vive en el Chaco: el hambre y la falta de comedores escolares y comunitarios. La multitud, que provenía de diversas comunidades, marchó por la ciudad bajo la consigna: “Milei: basta de hambre, ajuste, entrega y represión”.

La columna de Miraflores estuvo compuesta por personas de Fortín Belgrano, Sauzalito, Sauzal, Vizcacheral, Misión Nueva Pompeya, Wichí, entre otras, mientras que la columna de Villa Río Bermejito reunió a habitantes de El Espinillo, La Leonesa, Las Palmas, Pampa del Indio, parajes rurales y localidades aledañas.

Ahora se encuentran acampando en el acceso de Castelli y se preparan para armar los petitorios y convocar a la Mesa Intersectorial, que estará integrada por campesinos, originarios, asociaciones comunitarias, asociaciones sociales, iglesias, pequeños productores, intendentes, etc..

El objetivo es claro: que se abran las negociaciones con el gobierno de la provincia y se de respuesta urgente a las demandas alimentarias.

Continuará…

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