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La manía de Bullrich de perseguir tuiteros

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Gastón Ramos es un joven de 28 años de Neuquén que tiene que afrontar una causa federal por incitación a la violencia por compartir en Twitter una frase de una canción de Las Manos de Filippi.  “En lugar de aceptar la crítica, están buscando amedrentar al pueblo, buscar siempre una excusa y nunca hacerse cargo de los errores que cometen políticamente”, dijo. No es el único caso desde la asunción de Cambiemos, al contrario: un joven  perdió el trabajo tras ser detenido por compartir una canción de cancha; un estudiante estuvo preso 50 días en Ezeiza por realizar una broma sobre un atentado terrorista; y una mujer internada en una clínica de salud mental fue embargada por postear en contra de la hija de Macri. Las insólitas historias detrás de una política de persecución preocupante.
Cuando Gastón Ramos vio que frente a su casa en Senillosa, una localidad a 33 km de la capital de Neuquén, estacionó una camioneta de la Policía Federal y descendieron cinco efectivos armados en dirección a su hogar, no sabía qué estaba pasando. Mucho menos cuando los oficiales le entregaron un oficio por una denuncia de “incitación a la violencia”. El combo se completó cuando supo, días después, que el origen fue un supuesto tweet contra el Presidente Mauricio Macri. El caso, que se suma a una larga lista, tomó estado público por un video que compartió el diputado provincial Mariano Mansilla (Frente Neuquino) junto al joven de 28 años, que explicó la insólita situación.
“No vas a creer lo que te vamos a contar”, dice el diputado Mansilla. “El presidente de nuestra Nación, que tiene muchos problemas para resolver en el país, se ha preocupado por iniciar una causa penal contra un joven neuquino de Senillosa por un tweet que le molestó, que él consideró que lo agraviaba. Supuestamente sería un delito federal.  Gastón Ramos se llama este joven neuquino de 28 años, que hace unos meses perdió su trabajo y fue despedido también por esta política económica, y ahora afronta una causa penal en la justicia federal”.


Luego, el joven contó que todo ocurrió el sábado a la tarde. “Llega la Policía Federal a mi casa de una forma muy violenta. Cruzan la camioneta y bajan cinco federales con armas en la mano para entregarme un oficio por incitación a la violencia. Hoy me enteré, porque fui al Juzgado Federal N°2, que la denuncia era por un tweet hacia el presidente de la Nación”.
En el video, el diputado le pregunta qué tweet fue. Gastón no puede identificarlo con precisión: “Creo que fue por una canción de Las Manos de Filippi, que se llama Cutral Co, donde la canción en una parte dice: ´Hay que matar al presidente´”. Cabe recalcar que la canción hace referencia a las puebladas de esa ciudad neuquina de junio de 1996 y abril de 1997, en las que fue asesinada por las fuerzas de seguridad Teresa Rodríguez. Gastón le aporta seriedad a algo que no lo tiene: “Si fue por eso, deberían detener a medio país”.
El joven subraya que toda persona tiene derecho a expresar su opinión política. Y cierra: “En lugar de aceptar la crítica, también están buscando amedrentar al pueblo, buscar siempre una excusa y nunca hacerse cargo de los errores que cometen políticamente”.

Preso y desempleado

El caso de Gastón no fue el único desde la asunción de Cambiemos en diciembre de 2015.
En octubre del año pasado, Nicolás Lucero volvía de una entrevista laboral para empezar a trabajar en una fábrica de plástico cuando se encontró con más de diez policías de civil en su casa de José León Suárez, partido de San Martín. “Yo trabajaba en otra fábrica, pero me echaron porque me habían tomado por un contrato de seis meses”, contó a lavaca en esa ocasión. “Como solo tenía experiencia en eso, fui y hasta me tomaron el talle de la ropa para empezar a trabajar ya esta semana. Llego y veo que en mi casa había más de diez policías de la Federal de civil. Me asusté porque me buscaban a mí, no sabía por qué motivo. Me leyeron la orden de allanamiento. No entendía qué pasaba hasta que lograron explicarlo, pero no me dijeron nada de un tweet: me dijeron que era por una amenaza que había salido de mi casa, porque se fijaron en el router del WiFi. Pensé que podía ser un amigo o alguien que se colgó de mi señal hasta que, el día después, el diario Clarín levantó una nota de la ministra Patricia Bullrich que decía que no iban a permitir que nadie generara miedo o cometiera amenazas. Ahí vi que publicaron mi tweet. Empezaron a insultarme, pensando que era kirchnerista, diciendo que no iba a volver más. Ayer recién me prestaron una tablet y salí a hablar: era sólo una canción de cancha. Una simple canción”.
¿Qué decía?

  • «Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal (la 12)».

El tweet era de agosto de 2016: tenía más de un año, había tenido un solo retweet de un amigo con el que va a la cancha, pero a Nicolás lo llevaron detenido y lo tuvieron entre seis y siete horas en la comisaría federal de San Martín. Lo acusaron de intimidación pública. “Es un problema político. Me quieren usar para que nadie lo vuelva a hacer. Quieren implementar algo a través de mí, como si hubiera querido sembrar terror. Y lo que menos quise hacer es eso. Me están usando de ejemplo”.
Nicolás quería un trabajo para poder tener obra social para sus hermanas, porque su papá se había quedado sin empleo. Una historia muy similar a la que contó Gastón, en Neuquén.
El joven, finalmente, terminó perdiendo el trabajo.

Preso por un tuit

El terrorista

En julio de 2016, un despliegue coordinado por los Departamentos Unidad de Investigación Antiterrorista y Seguridad de Estado de la Policía Federal, las Brigadas Explosivos y Canes Detectores de la Superintendencia Federal de Bomberos, con participación del Grupo Especial (BRI) de la Policía Metropolitana, invadió la casa de Miguel Di Paola, 21 años, en Villa Bosch, localidad de Tres de Febrero.  Junto a su sobrino Walter Ovejero habían lanzado una serie de tweets desde la cuenta @HassanAbuJaaf, donde a través del hashtag  #PrayForArgentina mostraron fotos de posibles objetivos terroristas como el Shopping del Abasto, el subte y la Casa Rosada. También tuitearon al presidente Mauricio Macri la foto de varios cartuchos de dinamita y una frase: “Nos vemos pronto”. Los metieron presos.
Miguel, asustado, reconoció su “total responsabilidad” por los dichos en Twitter, afirmando que sólo lo había hecho para “divertirse” y conseguir más seguidores, mientras su madre, Nora Donda, dijo que eran sólo “dos boludos” aburridos. Mientras tanto, y en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich amenazó: “A quienes usan las redes sociales para amedrentar, los iremos a buscar uno por uno”.
En tanto, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la doctora Servini de Cubría, encuadró los tweets bajo el agravante 41 de la denunciada Ley Antiterrorista, que duplica la pena, por lo que a Miguel lo acusaron de un delito que va de 6 a 14 años de prisión. La jueza argumentó: “En ese marco, la jueza argumentó: “Estamos ante un joven universitario, de inteligente vivaz, muy conocedor de las redes sociales y de la conflictiva situación mundial (“….) que juega mucho a juegos de armas y de guerra tales como Call of Duty, Battlefield y GTA 5 y está muy informado con lo que sucede en el mucho con guerras y los conflictos del estado islámico y con lo que se puede ver en la televisión y en páginas de diarios o por Facebook”.
El Juzgado entendió que si a Di Paola le otorgaban la libertad, intentaría “burlar la acción de la Justicia y entorpecer la investigación”. La Cámara Federal también rechazó la excarcelación para buscar una “posible conexión internacional del evento atribuido”. De esta forma, Miguel estuvo preso 53 días, 50 de ellos en la cárcel de Ezeiza. En una entrevista con Clarín, contó que aún estaba esperando que la jueza resolviera su pedido de probation.

Un estado de salud mental

“La tuitera que amenazó a Antonia Macri quedó al borde del juicio”, tituló Diario Popular el 19 de agosto de 2016. Hablaba de Maribel Anahí Durand, 27 años, que había publicado: “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia”. La mujer era una extrabajadora del Ministerio de Desarrollo Social que, luego de ser detenida, dijo que se trató de una “tontería” por su bronca de haber sido despedida. De todos modos, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah y Martín Izurzun, consideró que “hay indicios que muestran previsibilidad, conocimiento e intención de concretar de forma anónima los mensajes intimidantes”. La amenaza era una imagen de la hija del Presidente con una tachadura en el cuello. Los camaristas subrayaron que luego de ese mensaje “se activaron mecanismos para reforzar la seguridad de la familia presidencial”.
A Néstor Ariel Rivera, de 37 años, lo detuvieron a fines de 2016 por varios tweets y posteos en Facebook contra la familia Macri. “Que te caiga la Federal a tu casa no es nada gracioso”, dijo la esposa del detenido a RED 92Ella también quedó imputada: “Y no tengo Twitter”. A Rivera lo procesaron por “intimidación pública”. Dijo su esposa: “Mi marido en su momento puso algo sobre el presidente que es de la boca para afuera, no que va a ir y lo va a hacer. Nadie va a salir a matar gente porque te cae mal. No sabemos qué más va a pasar pero sentimos que nos arruinaron la vida por tweet estúpido. Ahora mi marido está en la lista de terroristas: semejante movida como si fuéramos delincuentes”.
Otro de los casos ocurrió en 2017, en medio de la desaparición de Santiago Maldonado. El 31 de agosto apareció en Facebook un posteo, también, contra la hija del Presidente, que decía: “Macri estás avisado!! Tu hija no va a ´desaparecer´, no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO”. El perfil: “Caro Krúpskaya“. El portal Infobae informó que la detención fue confirmada dos días después por la propia ministra Bullrich. “María Carolina Pavlosky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a dispocición del Juez Lijo”, indicó la funcionaria vía Twitter. Según el portal, Lijo la procesó y embargó sus bienes por 150 mil pesos para cubrir “los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas, es decir, los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial que tuvo que reforzar todos los aspectos (materiales, humanos, logísticos, etc.) de la seguridad del presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado”.
El detalle: María Carolina estaba internada en la clínica de salud mental Solar Colonial.

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Cien

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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

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“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

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Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

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Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

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Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

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En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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