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Esquina Muerte: la masacre de Varela

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Cuatro adolescentes fueron acribilladas y hasta hoy quién disparó no fue identificado por la justicia. El caso se suma a la lista de crímenes impunes marcados por el narco machismo que crece en el conurbano con complicidad policial y judicial. Por Florencia Alcaraz.

Esquina Muerte: la masacre de Varela

Juntas. A Sabrina, Denise, Némesis y Magalí las balas las atravesaron juntas.

Estaban acompañándose. Querían llegar hasta la casa de Némesis, de 15 años, que vive en el barrio El Alpino, el más alejado del centro de Florencio Varela. No querían que ella se quedara sola. Como no tenían plata para un remís, caminaron y esperaron el colectivo en la esquina de Senzabello y Los Andes. Ahí mismo se desplomaron todas, entre la vereda y el asfalto, cuando un tipo con una mochila en la espalda y una gorra roja disparó once veces a la cabeza y al pecho de las cuatro.

No erró un solo tiro.

Cada una recibió, directos y de rebote, nueve, siete, cuatro y tres balazos de un arma 9 milímetros.

Sabrina y Denise, de 16 y 17 años, murieron.

Némesis y Magali sobrevivieron. Ambas seguían internadas al cierre de esta nota.

Después del fusilamento a plena luz del día, el hombre huyó a toda velocidad.

No estaban solas ni iban por una cuadra oscura de noche como se apura a explicar la prensa comercial cuando ocurre un asesinato de una mujer en la calle para vincular los femicidios con la inseguridad. Estaban juntas, yendo a la parada del colectivo para volver a sus casas después del baile. El ataque las encontró así: acompañadas.

Los cuerpos de las cuatro pibas sobre el asfalto, la sangre en la vereda y los vecinos alrededor con sus teléfonos celulares en mano en la madrugada del sábado 11 de febrero quedaron registrados en un video que circuló por Whatsapp. También en las cámaras de seguridad del municipio que filmaron el antes, durante y después del asesinato. En los medios, debajo de esa foto, la frase “la masacre de Florencio Varela”, en tono novelezco, omitió la palabra clave: femicidio.

Masacre describe la tragedia, pero no enuncia lo que dicen esos cuerpos adolescentes con shorts, plataformas, botas y remeras cortas que muestran la panza. Dos están boca abajo, ya sin la vitalidad juvenil que tenían cuando habían salido a bailar la noche anterior al boliche Santa Diabla, en Varela. Una de las sobrevivientes, tirada sobre su amiga muerta, grita que quiere irse a su casa. La otra apenas se mueve. Intenta hablar, pero no puede: un tiro le atravesó la garganta.

¿Qué dicen esos cuerpos?

Son la evidencia de una cadena que termina en la forma más extrema de la violencia machista, el femicidio. También muestra los hilos de los negocios ilegales que se tejen en esta zona del conurbano bonaerense y cómo las mujeres pobres son un territorio en disputa.

Ni una ruptura ni el acoso ni los celos, como también dijeron muchos titulares: atrás de las amigas asesinadas y gravemente heridas están las tramas de la narco violencia machista.

Narco-machismo de barrio

Más allá del pacto de silencio que rodea al barrio donde ocurrió el crimen de las chicas, algunos vecinos y referentes de la zona hablan por lo bajo en la puerta de la Fiscalía de Florencio Varela, donde recayó la investigación. Ninguno quiere contar lo que sabe con el micrófono prendido o la cámara apuntando.

En un comienzo, la causa estuvo a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas. Fue desplazado. Como evidencia de que el machismo lo atraviesa todo, salió a la luz que tenía denuncias de su ex mujer por violencia machista y por no pasarle alimentos a sus hijas. Ahora las fiscales a cargo son dos: Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 y Mariela López, de la Fiscalía de Violencia de Género de Quilmes.

Los vecinos cuchichean:

Que las pibas entraban droga a los boliches de la zona. Que les pagaban entre 500 y 1.000 pesos para gastar en la noche.

Que los tipos se aprovechaban de que eran menores.

Que ellas no eran transas, ni mulas, que eran apenas mensajeras, correos humanos.

Que no todas lo hacían.

Que hay una red que recluta nenas para el microtráfico.

Que una de ellas quiso abrirse de ese maneje y la respuesta fue el acribillamiento.

Que hubo connivencia policial de la Bonaerense.

Que las chicas murieron cerca de la comisaría tercera, que también está involucrada.

Mientras las fiscales parecen encorsetar la causa en develar quién es el hombre que apretó el gatillo, estos rumores van pasando lentamente del barrio al expediente a través de quienes se animan a hablar.

“Si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia es porque puede hacerlo. Es decir: porque ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace para mostrar que puede”, escribe la antropóloga Rita Segato cuando analiza los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez, en México. Las imágenes y vídeos de las pibas agonizando que circularon, además de mostrar esa apropiación, dejan un mensaje. ¿Qué mensaje quedó escrito en los cuerpos masacrados de las chicas de Varela? “Si salís del juego te pasa esto, queda en la nada y a nadie le importa”, describe la abogada María Florencia Casamiquela que representa a la familia de Sabrina y Némenis. Para ella no hay dudas de que fue una ejecución mafiosa.“Es una trama oscura, difícil de desenmarañar. Hay femicidio, pero también hay un condimento más, que tiene que ver con cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres y el desprecio que hay sobre ellos. Eran chicas lindas, jóvenes y pobres. Estos tipos se valían de su situación de vulnerabilidad”, dice.

En su trayectoria como penalista en la provincia de Buenos Aires nunca había visto un caso de estas características. Enumera una serie de delitos que precedieron a las muertes de las chicas: corrupción de menores, venta de estupefacientes. Delitos que de haberse investigado hubieran evitado estas muertes.

Hasta ahora la causa está caratulada como doble homicidio consumado y agravado por ensañamiento y alevosía, además de doble tentativas de homicidio. Todos los casos agravados por el hecho de que se trataba de mujeres.

¿Quién disparó?

El primer detenido por el crimen fue Luis Esteban Weiman, un hombre de 36 años que figura como trabajador de guardia de seguridad de la empresa RedGuard. Había tenido un vínculo con Sabrina y, según se desprende de la investigación, también acosaba a Denise. Hasta el cierre de esta nota, se había negado a declarar. La abogada Casamiquela asegura que él sabe mucho. Quienes vieron el vídeo de la cámara municipal que registró el ataque sostienen que no fue quien gatilló.

Otro de los hombres sospechados hasta el momento es Adrián Abraham, de 31 años. Ambos casi duplican en edad a las adolescentes. Después de que sus caras salieran en la televisión, se hizo una rueda de reconocimiento con vecinos del lugar donde ocurrió el doble asesinato que dio como resultado negativo.

Otro de los detenidos es Maximiliano Mansilla, de 35 años. Quedó preso por otro delito: le secuestraron una pistola 9 milímetros Bersa -que tenía un pedido de secuestro porque había sido robada el año pasado en La Plata- 23 municiones, un handy, un cargador, una gorra y un correaje de policía.

Cuando las sobrevivientes se recuperen y puedan poner en palabras los recuerdos de esa noche y los vínculos de estos varones con sus amigas, es probable que haya más piezas para entender lo que pasó. La abogada Casamiquela no descarta que haya sido un “crimen tercerizado”. De algo está segura: “Esto no fue obra de un loquito como quieren instalar las defensas de los acusados”.

La abogada es crítica de la actuación judicial. Varios de los allanamientos que se hicieron en lugares donde habrían estado las chicas con este grupo de varones dieron negativos: se efectuaron cinco días después del crimen.

Julio Torrada, abogado e integrante de la Fundación Wanda Taddei, representa a la familia de Magalí. Coincide con Casamiquela en que hubo un aprovechamiento por parte de un grupo de adultos. “Esta gente les proveía droga y alcohol a las nenas. Se juntaban en un lavadero de autos donde las sometían a fiestas”, cuenta. También relata que hubo amenazas previas que quedaron registradas en el teléfono de Magalí. Lo mismo dijeron familiares de Sabrina y Denise.

Torrada, sin embargo, relativiza el entramado narco detrás del doble femicidio. “Si buscara espectacularidad, diría que en esta causa hay plata y drogas. Pero de eso, hasta ahora, no hay nada”, dice.

Por su parte, Adrián Sabaris, abogado de la familia de Denise no afirma ni descarta que detrás de las muertes de las pibas hay una red mafiosa vinculada a la venta de drogas.

La impunidad asegurada

La masacre femicida de Florencio Varela también pone en evidencia un patrón de impunidad: las investigaciones judiciales quedan estancadas cuando se trata de narco violencia machista. Algunos ejemplos recientes:

La muerte de Candela Rodriguez, 11 años, vinculada a la opacidad de los negocios de venta de drogas en la zona de San Martín, está siendo juzgada seis años después. El juicio comenzó el 6 de febrero. Hugo Bermúdez (56), Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45) son los tres acusados. “Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tiene que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios de la justicia y del Gobierno que no hicieron nada por buscar a mi hija”, sostuvo la mamá de la víctima el primer día del juicio oral.

A más de dos años del crimen de Melina Romero, el mes pasado la causa volvió a foja cero cuando la fiscal María Fernanda Billone, entonces a cargo de la UFI 5 de San Martín, desistió de la acusación contra los tres varones acusados del femicidio. El lugar donde apareció el cuerpo de la chica que el día de su muerte cumplía 17 años es un terreno donde los transas de José León Suárez pasan de las villas de Indepedencia a la Cárcova. A pesar de que la pista de venta de drogas detrás del crimen apareció en los relatos de muchos, nunca fue profundizada. Al cierre de esta nota la causa fue elevado a juicio oral con un solo acusado. Dos fueron absueltos por falta de pruebas. Dijo a MU la mamá de Melina el día de la audiencia clave para que el caso no fuera archivado: “Mi hija tuvo hemorragia intracraneal, marca de ataduras en las manos y le faltaban piezas dentales entre otras cosas, ¿se lo hizo sola? ¿Se tiró sola? ¿Se violó sola? ¿Se mató sola? Es como que pretenden que Melina quede en el olvido, pero mientras yo tenga un aliento de vida, esto no va a pasar. Es una situación que me parece completamente repulsiva. En cada piba hay un poco de Melina y en Melina hay un poco de cada piba. Entonces: que hagan algo de verdad y que se dejen de derramar sangre de nuestras pibas. Va a haber juicio. Tengo un poco de esperanza: voy a pelear por esa llamita para que no se apague del todo”.

Frente a la fiscalía de Florencio Varela, a pocas cuadras de la estación de trenes de la línea General Roca, los familiares de víctimas de distintos casos se agrupan con las fotos de sus seres queridos en el pecho o en la mano. Cuando el crimen de las chicas saltó a los medios, el primer caso con el que se lo vinculó fue con el asesinato de Caíto Alegre, un pibe de 21 años asesinado el domingo 5 de febrero a la madrugada cuando salía del boliche D One, muy cerca de Santa Diabla, donde fueron baleadas las amigas.

“Hay bandas de pibes que trabajan para la policía. Esa es la realidad de estos barrios”, selaña una fuente local que prefirió el anonimato.

Diez días después del acribillamiento de las chicas, un grupo de familiares presentó un petitorio ante el Poder Judicial local para que se agilicen las investigaciones. Estuvieron la madre y los hermanos de Cristian Lemes, asesinado en el barrio Los Tronquitos, en octubre del año pasado. También la madre de los hermanos Javier David Vallejo y Benito Ricardo: dos muertes impunes más. Se sumaron las compañeras de La Jose, su única hermana y su sobrina. La Jose es Jose Zalazar Maturano, una crossdreser que apareció con el cráneo quebrado, la columna torcida y tajos en la cara después de salir una noche del 22 de febrero de 2016 en un bar de Florencio Varela. La investigación de la fiscal Gisela Olzanieki de la Unidad Funcional Nº 3 de Florencio Varela apuntó a una “pandilla de varones homofóbicos” que viene amenazando a las mujeres transgénero de la zona. “Lo más grave es que la policía tenía conocimiento de un grupo de varones que estaban hostigando a las gays y travestis de la zona. Llegaron tarde”, dijo Martín Ianfranco del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación al medio online Cosecha Roja. Vinculó el crimen a un marco de “recrudecimiento del machismo” y discriminación a las personas de diversidad sexual. Su causa judicial hoy sigue estancada

Después de presentar un petitorio conjunto y esperar toda la mañana, recién ahí los funcionarios judiciales los recibieron. No estaban solos. Los acompañaron el secretario de CTA Varela, Ignacio Concetti y Eugenia Vázquez, secretaria de derechos humanos de ese espacio. Eugenia empujó su propia búsqueda de justicia y desde entonces acompaña con tenacidad a otros familiares de víctimas en ese camino. Su hermana fue torturada y asesinada en una comisaría de Varela en 2002. “Los familiares reciben mucho maltrato. Los funcionarios están atrás de un escritorio y no se preocupan por los demás”, dice.

Mientras los policías, al ver la cantidad de personas reuniéndose frente a la oficina pública, salen a su encuentro, en las paredes de fiscalía alguien escribe con aerosol: “Ni Una Menos. Justicia x las chicas”.

Nénesis y Magali todavía están hospitalizadas. Se habían conocido en fútbol femenino y era la primera vez que Némesis salía con ellas.

Némesis, la chica con nombre de tragedia: su madre la bautizó como la diosa de la venganza divina.

Su venganza fue sobrevivir.

Este 8 de marzo el reclamo de Justicia por las dos amigas asesinadas y sus amigas heridas con saña y crueldad será, entonces, otro de los motivos para que las mujeres paremos el mundo.

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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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