CABA

Enemigos públicos: Senegaleses en Argentina

Publicada

hace 7 años

16/11/2018

Los persigue una fiscal premiada por Nike. Los encarcela la Policía de la Ciudad sin pruebas ni procesos. Entre el racismo y la prepotencia del Estado, la comunidad senegalesa se organiza para trabajar y vivir. POR ALEJANDRO VOLKIND
En el pizarrón están escritas estas palabras: Respeto, Racismo, Devaluación, Visa, Trabajo.
Anochece en Floresta y el Sitio de Memoria Automotores Orletti empieza a tomar forma de escuela. En este lugar, donde hace cuatro décadas se torturó y desapareció a más de un centenar de militantes de toda Latinoamérica, un grupo de migrantes está a punto de arrancar la clase de español.
La mayoría son senegaleses.
En pocos minutos el aula improvisada se llena. Pese al evidente cansancio, todos sonríen y chocan sus grandes mano en cada saludo. Algunos están contentos con las ventas del día. Otros repasan la tarea con cara de preocupados. Piden ayuda. Se pasan apuntes y respuestas. Vuelan lapiceras. Se escuchan risas. Es una clase de cualquier secundario lista para empezar.

Enemigos públicos: Senegaleses en Argentina

Fotos: Nacho Yuchark

Fantasía y realidad

-¿Palabras que empiezan con la letra R? – pregunta Mariana.
-Racismo – responde de inmediato Mamadu.
Mamadu tiene 37 años y la mirada firme. Llegó a Buenos Aires hace ocho meses, entusiasmado por lo que veía a través de los buscadores de Internet: la imagen era la de una ciudad parecida a las europeas, pero sin conflictos. “Un lugar ideal para juntar plata y enviársela a la familia, lo necesario”, aclara. “Pagar la luz, el agua y la escuela para mi hermano”. Sin embargo, Mamadu se encontró con una realidad menos idílica. Desde 2015, el gobierno de la Ciudad lanzó una cruzada contra la venta ambulante -la principal forma de sustento de más de 3.000 trabajadores senegaleses que llegaron en los últimos años- y desalojó violentamente a los manteros que se habían instalado en los puntos más transitados de la Ciudad. Entre ellos, a los senegaleses como Mamadu.
Todavía están frescas las imágenes de Serigne Dame Kane, el trabajador que terminó desmayado, desangrado y con un brazo quebrado tras ser arrojado contra una vidriera por efectivos de la Policía de Infantería de la Ciudad. ¿El delito? Intentar que no le secuestraran la bolsa con zapatillas que tenía para vender.
pisodios similares, aunque menos mediáticos, se repiten cotidianamente. “Todos los días me avisan de uno o dos trabajadores senegaleses detenidos”, comenta Demian Zayat, coordinador del Programa contra la violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
Para él, el discurso del “combate” contra la venta ilegal que imparte el gobierno es falaz. “No es ilegal vender en la vía pública”, asegura y explica que el Código Contravencional permite la venta ambulante cuando se trate para subsistencia, baratijas o no resulte competencia desleal con comercios, ítems en los que entran los vendedores senegaleses. “La policía va eligiendo lo que le conviene en cada momento”, asegura Zayat, que lo vio con sus propios ojos. “En un operativo realizado en abril, después de perseguir a tres trabajadores senegaleses dentro de una galería, la policía los detiene. Yo voy atrás y escucho: ‘Traigan al inspector de faltas’, porque las faltas no las puede hacer la policía sino que necesita un inspector. ‘Ah, no hay, entonces le hacemos contravención’. ‘ No, no, los tenemos que llevar detenidos’, le responde otro. ‘Bueno, entonces le hacemos resistencia a la autoridad’”. Finalmente los terminaron procesando por infrigir la Ley de marcas.

Fotos: Nacho Yuchark

El racismo en las fuerzas de seguridad no es nuevo y tiene un antecedente a favor de los vendedores. En 2009, en un fallo conocido como Bara Sakho (el nombre de un senegalés), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad reconoció que existía una persecución discriminatoria contra los vendedores ambulantes senegaleses por parte del Estado y ordenó a policías y fiscales que debían dejarlos vender baratijas, porque lo hacían para subsistir. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: los relatos más fuertes hablan de allanamientos por la madrugada, en los hoteles y a punta de armas largas. Con o sin órdenes de allanamiento, los esposan y les sacan todo: celular, ahorros, mercadería. Nada queda registrado, nada se les devuelve. “Varios decían que nunca sintieron tanto miedo en su vida como durante el allanamiento. Y son pibes que vienen de Senegal, que pasaron por muchos países antes de llegar hasta acá, no son vidas acomodadas”, comenta Zayat, en referencia a un operativo realizado el año pasado.
Detrás de los allanamientos, que solo en junio de este año fueron 27, está la fiscal Celsa Ramirez. Según ella, los senegaleses son parte de una mafia. Del mismo delito acusó al sindicato Metrodelegados en durante el último conflicto salarial. “Ramirez es una fiscal que, como Nike, quiere estar siempre de moda. Y hoy la moda es agarrársela con los más débiles, y los senegaleses están en primera fila”, describe la abogada Gabriela Carpineti, representante legal en varias de las causas contravencionales. La referencia a la marca de la pipa no es caprichosa: en 2017 la fiscal Ramírez fue ganadora del premio Nike gracias su lucha “contra la piratería”, que incluyó ocho operativos contra la venta ilegal en el barrio de Liniers y la clausura de una docena de puestos que estaban a un costado de las vías del tren Sarmiento.
Desde el punto de vista jurídico la acusación contra los senegaleses está floja de papeles. “Ellos venden como forma de subsistencia, no falsifican, con lo cual aplicar la Ley de marcas reviste de mucha irregularidad”, asegura la abogada. Los hechos le dan la razón: en la mayoría de las causas ni siquiera fueron llamados a indagatoria, y aquellas caratuladas como “resistencia a la autoridad” se archivan. “Lo que le interesa a la fiscalía es el proceso, no tanto la condena”, sostiene Zayat. “Están detenidos 24 horas, pierden la mercadería y después la causa muere”, coincide Carpineti. “El objetivo es inhibirlos a que vuelvan a la calle a trabajar”.

Fotos: Nacho Yuchark

Correr es mi destino

-¿Palabras que empiezan con la letra V?
-Visa – contesta Penda.
Penda llegó de Senegal hace un año y medio y es la única mujer del curso. Esta es su segunda clase pero por la naturalidad con que se maneja no se nota. Saluda afectuosamente a los profesores y, antes de sentarse al lado de su marido, les deja a Bamba, su hijo de 26 días, para que lo acunen.
Antes de venir, Penda sabía poco y nada de Argentina pero, cuenta, la insistencia de su hermana pudo más. “Vení a Argentina que acá se está bien”, le dijo. Así desembarcó en Buenos Aires y al poco tiempo conoció a Abdou, con quien formó pareja. Juntos se organizaron para sobrevivir vendiendo comida y mochilas en la calle y, pese a que la situación está muy difícil “porque el municipal no quiere y nosotros no tenemos otra cosa para hacer si no puede vender”, con la llegada de Bamba los planes cambiaron. “Yo tengo un hijo que es argentino ahora. Nuestra idea es quedarnos. Solamente está muy difícil ahora. Si todo está bien, queremos vivir acá”.
Sin embargo, el camino para la radicación también está lleno de impedimentos. Argentina no tiene embajada en Senegal y la más cercana está en Nigeria, que cubre 14 países de África del oeste. Si un senegalés quiere solicitar una visa para venir a Argentina tiene que trasladarse casi 4.000 kilómetros y convencer al cónsul nigeriano que viene a Argentina a hacer turismo o a asistir a una conferencia y asegurar que va a volver. Aun así, generalmente no se las conceden. De esta forma están condenados a ingresar irregularmente a través de la frontera con Brasil. Por eso, una vez en el país solicitan la condición de refugiados -único caso en que se permite este tipo de ingreso- y aunque la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) la rechaza sistemáticamente, les permite contar con un certificado de residencia precaria que deben renovar cada tres meses.

Fotos: Nacho Yuchark

“¿Es compatible tener un sistema de visas para el 60% de los países cuando vos reconocés en tu Ley de Migraciones el derecho humano a migrar?” La pregunta la dispara Marcos Filardi y su palabra tiene respaldo. Entre 2008 y 2013, Marcos trabajó como Tutor Público Oficial de los niños, niñas y adolescentes refugiados solicitantes de asilo y desde allí fue parte de una mesa de regularización migratoria que logró en 2013 normalizar la situación de 1800 senegaleses. Sin embargo, equel mecnismo fue una excepción y desde hace cinco años no hay ninguna posibilidad que los senegaleses que ingresaron al país obtengan la residencia permanente, salvo por matrimonio o teniendo un hijo nacido en Argentina.
El panorama no augura mejor futuro para el 2019. Subidos al efecto Bolsonaro, representantes del gobierno y de la oposición ya adelantaron que pretenden modificar esta Ley -considerada de avanzada en todo el mundo- bajo el pretexto de que nuestro país “es demasiado generoso y abierto”. La estrategia es marcar un vínculo directo entre migración y delito (desmitificado por los propios datos públicos), y así justificar mecanismos de expulsión.
“Muchos de nosotros estamos pensando en migrar para otro lado”, asegura Mamadu. “No podemos continuar esta lucha porque está muy difícil”. Sin embargo, el regreso es todavía más complejo que la ida. “Hay muchos chicos que quieren volver pero ahora el pasaje a África está 70 mil pesos: imagínate como conseguir eso, imposible”, explica Alpha, que hace 3 años llegó de Senegal, donde era guía de turismo y chofer de un camión, que vendió para venir a nuestro país. Acá nadie quiso contratarlo en esos oficios y terminó ofreciendo bijouterie en Constitución. “Al comienzo estaba mejor, pero después la cosa empeoró y no hay laburo. Ahora estoy peor que en Senegal. En días de buen trabajo saco 200 ó 300 pesos. Con eso tenemos que comer y pagar alquiler y el alquiler sale caro: por una habitación chiquita te cobran 5 mil pesos”. La idea de ahorrar para enviar dinero a sus familias también quedó pulverizada en los últimos meses. “Con el aumento del dólar, uh, re complicado”, comenta Alpha. “No nos sirve para mandar nada”.
Alpha habla en plural y tiene lógica: acá la vida es comunitaria. Todos comparten la habitación en algún hotel familiar y se turnan para cocinar. La hermandad se forjó en la calle y en comisarías como la 18 de Constitución, donde en septiembre permanecieron detenidos vendedores ambulantes y dirigentes de la CTEP que intentaron frenar un operativo. “Cuando salimos y vimos que había mucha gente –cuenta- sentimos que nos acompañaron en serio, resistiendo a la represión hasta que todos nuestros compañeros fueron liberados. Acá hay muchos sectores: peruanos, bolivianos, senegaleses, argentinos. Todos venimos para tener más fuerzas para pelear contra las injusticias”, comenta Alpha. “Tenemos que unirnos para ser un montón de gente y poder hacer una contestación”.
Ya empezaron: a fines de octubre realizaron un escrache a la sede de Nike del Abasto, denunciando la persecución y también la explotación en talleres clandestinos de la marca que protegen los fiscales porteños.

Fotos: Nacho Yuchark

Temas:

Olla a presión: Cómo se organizan los barrios para resistir al Presupuesto

Con remedio: Farmacoop, laboratorio recuperado

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 8 minutos

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas de cada miércoles llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro.

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de un empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro.

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo…”.

Victoria tiene 64 años y es de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreir cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir, “hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro.

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro.

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El dispositivo incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería» de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en las últimas semanas el dispositivo deja abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro.

En la marcha también se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y que continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero, 76 años, tiene cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: ¡Y que se vayan!”.

Foto: Juan Valeiro.

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 2 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.