El proyecto de ley que establece la formación obligatoria para prevenir la violencia machista para todos los funcionarios estatales fue aprobado de forma unánime en el Senado. Llegó al recinto tras la media sanción en la Cámara de Diputados, donde el único voto en contra fue del salteño Alfredo Olmedo. La norma lleva el nombre de Micaela García, la joven militante del Movimiento Evita asesinada en 2017. Sus padres estuvieron en el debate en Diputados, junto a la mamá y el hermano de Lucía Pérez. El texto establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública deben cursar cada año una capacitación con contenidos aprobados por el Consejo Nacional de las Mujeres en articulación con la sociedad civil y sus organizaciones. Los puntos del proyecto, la cuestión del presupuesto, el efecto Thelma Fardin y las voces de las diputadas que promovieron la discusión.

La Ley Micaela obtuvo, en sesión extraordinaria, la media sanción del Senado tras la aprobación en Diputados. La Cámara Alta aprobó de forma unánime con 59 votos un proyecto que había arrancado a discutirse en la Cámara baja a las 0:29 de la madrugada del martes, donde 171 diputadxs votaron a favor contra un solo voto negativo: el del diputado salteño Alfredo Olmedo.
La ley había sido presentado a fines de mayo del año pasado en un paquete junto a otros doce proyectos destinados a prevenir la violencia machista. Por eso, durante la votación, la diputada Lucila De Ponti, del Movimiento Evita donde también militaba Micaela García, dijo: “Es un primer paso. Esta ley forma parte de un paquete de prevención de la violencia machista, trabajemos para que el resto de los proyectos también se conviertan en políticas públicas”.
La inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias llegó por la presión social. Diputados y diputadas de la oposición enviaron una carta al presidente Mauricio Macri exigiendo la incorporación el 13 de diciembre, luego de conocerse el fallo por el femicidio de Lucía Perez y de la conferencia de prensa de Actrices Argentinas. Mientras tanto, la calle, las redes sociales, los espacios de trabajo y de estudio, las casas y cada lugar que habitamos, son una olla que se destapó y nunca más volverá al silencio.
Fue el pasado lunes 17 cuando se publicó en el Boletín Oficial, mediante el decreto 1135/18, la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.
“El actual caso Thelma Fardín, es una evidencia más de la urgencia del tratamiento de este proyecto”, sostenía la carta.
Durante la votación estuvieron presentes los padres de Micaela García y la madre y hermano de Lucía Pérez.
“En ambas situaciones esta ley genera una incidencia”, dijo a lavaca la diputada De Ponti. “A Micaela la mató un femicida que había sido liberado por un juez que no tuvo en cuenta los múltiples casos por violaciones por los cuales estaba preso. Un tribunal judicial tuvo un fallo vergonzoso en el cual no considera que Lucía Perez haya sido violada y haya sido víctima de un femicidio, esas son las cuestiones que entendemos que no tienen que pasar más y tiene que haber representantes del Estado que sepan cómo mirar la política con una mirada que ponga sobre la mesa las desigualdades, la injusticia a las que las mujeres somos sometidas durante toda la vida”.
“Fuimos de los únicos que escuchamos todo”, cuenta Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, a lavaca y explica que eran pocos los diputados y diputadas que escuchaban las intervenciones de sus pares. Para Marta y Matias, la ley se inscribe en la lucha que se viene dando en la calle: “Todo lo hemos hecho las mujeres acá, y en todas partes. Que esto y todo lo que hemos hecho sea para más y que sea por todas. Acá somos todas las mujeres que salimos a luchar”.

La ley
En su primer artículo el proyecto establece: “La formación y capacitación permanente en gestión con perspectiva de género es requisito obligatorio para desempeñarse en la función pública”.
Quedan así incluidos en la ley “todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de los tres poderes del Estado nacional”. Cada año deberán cursar y aprobar la capacitación con contenidos establecidos por el Consejo Nacional de las Mujeres en articulación con la sociedad civil y sus organizaciones.
El proyecto también establece que la capacitación “es de carácter obligatorio y requisito necesario para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión” y que el incumplimiento “es considerado falta grave, da lugar a sanción disciplinaria de las personas responsables y obsta a la efectivización del ascenso en su caso”.
Los fundamentos del proyecto de ley comienzan así: “El 7 de abril fue encontrada muerta Micaela García, joven, estudiante, hija, militante, a quien la comunidad de Gualeguay y Concepción del Uruguay en Entre Ríos buscó denodadamente una semana entera. Micaela fue víctima de femicidio”.
Además, sostiene: “La muerte de Micaela es responsabilidad de un Estado que deja en indefensión a las mujeres y todas aquellas personas vulneradas por un sistema patriarcal, que no responden a las jerarquías sociales hegemónicas, las cuáles se encuentran arraigadas en la cultura machista, amplificadas por instituciones públicas y privadas”.
Micaela tenía 21 años, fue a bailar el primero de abril de 2017, una semana después se halló su cuerpo. Sebastián Wagner, que ya había sido condenado a 9 años por delitos de violación y gozaba del beneficio de libertad condicional, fue condenado a cadena perpetua por «abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género».
Militaba en el Movimiento Evita, por eso Del Ponti la recuerda también como compañera: “Esta ley junto a todas las otras que presentamos luego del femicidio de Micaela, más allá de nuestro rol de diputadas, también como compañeras, representan el compromiso de no quedarnos solo con el dolor que generó la perdida sino poder transformarlo en organización, en propuestas, para seguir construyendo ese sueño que tenía ella de una sociedad más igualitaria. Siempre nos pareció que la mejor forma de honrar lo que ella fue en vida era seguir trabajando para que estas transformaciones pudieran tener un efecto en la realidad, en la vida cotidiana de millones de mujeres como ella lo hubiera querido”.
Lo que falta
La diputada Analía Rach Quiroga (FpV), vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, fue quien presentó el proyecto hace más de un año. “Tuvimos mucho tiempo en la necesidad del tratamiento de este proyecto donde queda plasmada la urgencia de un tema como este, la capacitación para organismos del Estado. Se tarda muchísimo tiempo en que estos proyectos sean tratados, que son clave para la agenda de género, siempre son demorados”. Y explica el proceso que se trabajó en dictamen unificado en comisiones pero “aun así tampoco fue posible que lo incluyeran en el temario antes de que termine el periodo legislativo”. La diputada explica que, una vez finalizado el periodo, el Ejecutivo llamó a extraordinarias y fijó una agenda de temas: “Prioridades del gobierno y no de la sociedad”. Luego se logró que se incluya.
El Instituto Nacional de la Mujer será quien se encargue de las capacitaciones, pero el proyecto tiene en cuenta que el Instituto está sin presupuesto. Explica Rach Quiroga: «Las partidas presupuestarias se van a sacar de lo que cada organismo tenga, porque tenemos muy presente que está prácticamente sin presupuesto el INAM». Y apunta a la capacitación: «Si tuviéramos capacitación no habría recorte en los organismos que se necesitan».
La diputada, en su discurso, nombró la necesidad de que la dinámica dentro de la Cámara también sea revisada. «El mecanismo debe ser revisado a la luz de la perspectiva de género. Nunca una mujer presidió una Cámara de Diputados. Nunca en la historia. Fijémonos cómo se componen las comisiones, cuál es el rol que nos asignan a las mujeres. Por ejemplo las comisiones de presupuesto y finanzas son casi todos hombres, pero las de familia y discapacidad son mayoría de mujeres: el rol que nos asignan es fundamentalmente de cuidado. Eso es el orden patriarcal».

La mamá y el hermano de Lucía Pérez junto a la mamá y el papá de Micaela García. Fuente: Prensa Diputados.