Nota
Derechos Humanos y agrotóxicos: la CIDH avanza en la causa contra el Estado por la contaminación de Atanor en San Nicolás
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió al Estado argentino las denuncias que vecinas y vecinos del Barrio Química, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), realizaron en 2018 por la contaminación ambiental de la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos del país. El organismo fijó un plazo de tres meses para que las autoridades nacionales realicen sus observaciones sobre el caso. A través de un censo casero, la comunidad relevó 200 muertes en las seis manzanas del vecindario. El caso de Lina, la niña de seis años que murió por cáncer de pulmón y abdomen. Y la crónica de MU que fue presentada como prueba ante la CIDH.
Luego de relevar 200 muertes en tan sólo seis manzanas del vecindario, y dos años después de presentar una denuncia tras la inercia de los tribunales federales y bonaereneses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación ambiental contra la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina, presentada por vecinas y vecinos del Barrio Química, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA).
“La medida significa que la CIDH, después de hacer una primera evaluación, y donde ve que hay verosimilitud en las pruebas objetivas que presentamos en la denuncia, pide al Estado que haga sus observaciones, ejerza su defensa y tome una decisión, hasta la posibilidad de reconocer que hay una violación de derechos humanos”, explica a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y de un grupo de vecinos.
“Numerosos habitantes de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, puntualmente los vecinos del barrio Química, son severamente afectados en sus vidas e integridad física por la contaminación ambiental que genera la empresa Atanor SCA, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, que en pleno radio urbano elabora productos químicos para la agroindustria: plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros productos de síntesis química de alta toxicidad”, apuntaron los vecinos en la denuncia, difundida por lavaca en 2018, ya que pese a las numerosas demandas contra la empresa, el Estado “no garantiza el acceso a la justicia dado que ninguna acción judicial contra esta empresa de agrotóxicos tuvo resolución definitiva y eficaz en más de cuatro años de trámite”.
Los cuatro años de trámite, en realidad, deben leerse como cuatro años en los que la contaminación avanza por las calles de un barrio, que tuvo que organizarse para realizar para relevar más de 200 muertes en solo seis manzanas, además de problemas respiratorios y enfermadades ligadas al envenenamiento.
Contaminación por 1000
En marzo del año pasado, y en una nota dirigida al entonces canciller Jorge Faurie, la CIDH había solicitado al Estado argentino una serie de informes a contestar en un plazo de 15 días por el pedido de una medida cautelar presentada por este grupo de vecinos.
La CIDH requería:
- Las observaciones del Estado acerca de la presente solicitud de medidas cautelares.
- Si en Atanor y en las zonas residenciales aledañas “habría detectado rastros de agentes químicos contaminantes o peligrosos para la salud humana”. Además, de ser posible, pidió copias de estudios o valoraciones médicas y ambientales recientes.
- “De ser el caso, si se contaría con un plan de prevención, mitigación o intervención para proteger la salud de las personas supuestamente afectada”.
El abogado Maggi explica que los 15 días se transformaron en “varios meses” de demora: “Primero, hay que tener en cuenta que estábamos bajo otra administración de gobierno. Segundo, contestaron falsedades de todo tipo: decían que había un proceso en curso, que hicieron estudios y no hay contaminación, que la empresa tiene los certificados de aptitud ambiental. Un relato ficticio para generar una apariencia de legalidad, pero los jueces y profesionales tenemos que indagar un poco para ver si eso es real. La Comisión recibió ese relato y no tomó ninguna decisión sobre la cautelar”.
Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.
En noviembre de 2016 se produjo un incendio en esa planta, que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
Por si fuera poco, la petición ante la CIDH detalla que un estudio del Centro de Investigaciones Medio Ambientales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.
Maggi: “La fábrica no sólo sigue funcionando, sino que su dinámica política y empresarial siempre es redoblar la apuesta. El año pasado, la planta inauguró un nuevo sector de formulación de atrazina sólida, un herbicida prohibido en muchos países (en la Unión Europea está prohibido desde 2003). Se la denuncia por contaminación, y lejos de emprender un plan estratégico, inauguran una nueva planta dentro del predio industrial, que por disposiciones municipales no podía ser objeto de ampliaciones”.
Soluciones y paradigmas
Maggi apunta que los procesos burocráticos de la justicia internacional deben analizarse según las “tendencias” de los tribunales y los Estados, las dos partes dentro del proceso. “Las organizaciones no somos parte, sólo nutrimos a la Comisión de información para que la causa siga su camino hasta la Corte IDH. Hay un fallo, en febrero último, sobre el caso Spoltore, donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reconoció, en nombre del Estado argentino, que se había violado la garantía del plazo razonable del proceso. Fue un caso de un trabajador de la empresa Cacique, que acusó al empleador por una enfermedad ligada a su trabajo, y que estuvo más de 20 años litigando. El trabajador falleció, sin haber llegado a una resolución válida dento del sistema judicial argentino, pero su familia continuó el proceso. El reconocimiento de la Secretaría nos genera una expectativa más: acá no solo denunciamos la violación al derecho de un ambiente sano, sino también a la resolución razonable de las causas judiciales”.
En 2014, los vecinos presentaron un amparo en la justicia provincial: por allí ya pasaron seis jueces. Sin embargo, en medio del trámite judicial, los vecinos se seguían enfermando: en julio de 2016, Lina Vallejos murió de cáncer de pulmón y abdomen. Tenía seis años. Unos días después murió Eduarda Vallejos, su vecina: misma enfermedad. Ambas vivían al frente de la planta.
Todo está documentado en la denuncia. “Presentamos testimonios, documentación oficial, expedientes, análisis de laboratorios de gente con agrotóxico en sangre, listado de las personas fallecidas en domicilios uno al lado de otro, información científica”.
Ahora la CIDH le fijó al Estado un plazo de tres meses, posible de ser prorrogado hasta un máximo de cuatro, advirtiendo la imposibilidad de estirar un mayor tiempo. “Es una innovación porque ha ocurrido, como práctica negativa, que los juicios duran plazos muy largos, y se da entonces la paradoja de que la Corte está violando el plazo razonable mientras condena al Estado por violación de plazos razonables”.
En la carta enviada a los peticionarios, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta del organismo, Marisol Blanchard, la Comisión detalla que podrá ponerse a disposición entre los denunciantes y el Estado en vías de llegar a una posible “solución amistosa” fundada en los pactos internacionales de derechos humanos.
Maggi: “Es prácticamente imposible porque no creo que el Estado reconozca que esa industria no promueve un desarrollo sostenible ni que vulnera la garantía a un ambiente sano. Pero sí guardo expectativa en que reconozca que hay una violación a la garantía de plazo razonable. Nuestro primer paso sería que, al menos, se reconozca que se violó el derecho humano a una resolución judicial apropiada”.
Otro de los pedidos de las organizaciones en San Nicolás es que el Estado realice un estudio epidemiológico para brindar alguna respuesta clara a los vecinos y vecinas. “El barrio ya no puede más, es gente que viene de años y años de aplastamiento. Hay un grupo que siempre llama, pregunta y mantiene la expectativa. Otros ya lo dan por perdido. Nosotros no lo damos por perdido de ninguna manera. Creemos que lleva tiempo, pero poco a poco vamos logrando pasos que son significativos. Creemos que va a llegar el momento en el que, al menos, se va a advertir que es una empresa que no puede estar ahí, radicada en un sitio con contacto con la población y donde los desechos desembocan en el río. Todo esto sin discutir el verdadero problema de fondo, que siempre lo marcamos en cada denuncia: el paradigma de producción agrícola”.
Compartimos la crónica de MU que reflejó las denuncias del barrio, con testimonios de vecinos y vecinas, de ex trabajadores de Atanor que confirman la contaminación desde adentro, y de la familia de Lina, la niña de seis años. Ese artículo fue enviado como prueba, entre otros, a los expertos de la CIDH.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
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Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito
Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.
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