La intervención y posible expropiación de uno de los emblemas locales del agronegocio, el grupo Vicentín, desnudó los negocios financieros más turbios de un sector que no solo contamina tierra, agua, aire y comunidades enteras, sino también la política y la ciencia, entre otras cosas. Miryam Gorban, creadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y Carlos Vicente, uno de los impulsores del Foro Agrario, cuentan sus experiencias y reacciones ante el anuncio.

La contracara de una noticia a la que el presidente Alberto Fernández enmarcó curiosamente en el concepto de Soberanía Alimentaria: el interventor designado en Vicentín, Gabriel Delgado, es un defensor a ultranza de los transgénicos, que niega además los efectos del modelo de fumigaciones y agrotóxicos, alineándose con el discurso de las corporaciones como Monsanto. Esos discursos ya desmentido por la OMS, la FAO, todo científico no cooptado por el agronegocio, los fallos judiciales en Argentina y en Estados Unidos, y por la realidad de comunidades de buena parte del país que lo sufren en forma de cáncer, malformaciones, muerte y enfermedades múltiples, además de los efectos ambientales. La teoría sobre los cheques en blanco, y el significado real del término Soberanía Alimentaria.

Lo que planteó lavaca sobre Delgado en la nota “Funcionarios Transgénicos”, al reclamo del Foro Agrario de expropiar Vicentín en febrero de este año, y el documento del economista Claudio Lozano que demuestra la entraña delictiva del funcionamiento corporativo-político.

Podría decirse que Miryam Gorban pasó un día con un doble estado de ánimo: contenta y atenta. “Que se intervenga y se expropie Vicentín es un paso adelante. No es la Soberanía Alimentaria, pero es un avance. Mientras no haya acceso a la tierra para los productores, y agroecología, o sea una transformación del modelo productivo, no tenemos Soberanía Alimentaria, desde ya. Y al funcionario que nombraron…” dice y piensa: “No le firmamos un cheque en blanco a nadie”.

El funcionario de referencia es Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura durante la administración de Cristina Kirchner, y flamante interventor de Vicentín, la empresa argentina de agronegocios que estalló misteriosamente tras años de ganancias extraordinarias y créditos insólitos de parte del Estado. Toda esa riqueza acumulada en plena pobreza de la era macrista se fugó y/o esfumó hasta que el actual gobierno decidió intervenirla y enviar un proyecto de expropiación anunciado por el presidente Alberto Fernández “como un paso hacia la soberanía alimentaria”.

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? Explica Carlos Vicente un eterno promotor de estos temas, integrante del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular nacido en 2019: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a decidir qué queremos sembrar y cómo queremos alimentarnos. En 24 años de esta idea promovida por el movimiento campesino, se la define en términos de poder sembrar de manera agroecológica, no usar transgénicos ni agrotóxicos, fomentar los mercados locales fomentar la descentralización”.

Agrega Miryam, con sus lúcidos 89 años: “Para mí lo positivo es que es un freno a la concentración monopólica y a la fuga de divisas. Cuando ves que la querían comprar las grandes corporaciones extranjeras a precio rifado, valorás la medida. Ahora todo va a depender de que haya una administración transparente, y cuál es el rumbo que ese toma. Si el funcionario o el gobierno toman un rumbo diferente al que estamos planteando, habrá que señalarlos. Insisto con eso: sin agroecología y sin cambio del modelo productivo, no hay Soberanía Alimentaria. Por eso digo que esto es un paso”.

“Los agroquímicos no son dañinos”

Roberto Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante la administración kirchnerista, entre 2013 y 2015. En 2015 justamente la Revista MU (número 86) publicó la nota “Funcionarios transgénicos”, en la que Darío Aranda revela cómo la CONABIA (Comisión Nacional de Biotecnología, la encargada de aprobar los productos agrotóxicos), estaba copada por funcionarios que respondían a grupos como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, DuPont, entre otros.

El final de la nota se refiere justamente a Gabriel Delgado: “Economista agrario, impulsor de los transgénicos, y promotor de que los pequeños productores utilicen cada día más las semillas modificadas genéticamente. ‘Argentina es un ejemplo mundial en materia de biotecnología y transgénicos’, celebró en el portal de agronegocios Futuros y Opciones (FyO). En el mismo reportaje, trazó planes a futuro: ‘Creo que dentro de treinta años tenemos que estar en condiciones de decir que hay una institución (la Conabia) que se dedicó a evaluar el hecho de que efectivamente la soja transgénica y el maíz transgénico no generan cáncer, esterilidad, ni problemas en la vista’. Y, al instante, tuvo un lapsus: ‘Y si fue la transgénesis la que generó algún problema, que el Estado tenga rápidamente los elementos para tomar las medidas necesarias y solucionar los problemas que se presenten a partir de ella’.

Delgado participa asiduamente en la red social Twitter. El 14 de marzo mensajeó: “¿Sabías que antes de que un evento transgénico sea autorizado tiene rigurosos análisis de bioseguridad e inocuidad?”.

Fragmento de la nota de Darío Aranda Funcionarios transgénicos, publicada en la MU en 2015.

En diversos escritos Delgado insiste monotemáticamente con la idea: “Los agroquímicos no son dañinos para la salud, el sector ambientalista está equivocado” plantea en su artículo “Escenario desafiante” de 2018. Incurre en el argumento de tildar como “ambientalistas” a las comunidades afectadas por las fumigaciones masivas con venenos en toda la región dominada por transgénicos.

La fumigación de 500 millones de litros anuales de pesticidas es además un disparate científico, ya que cada vez se verifica la existencia de más resistencias (ya son 33 los ‘yuyos’ a los que el glifosato & afines no pueden ‘controlar’) con lo cual se fumiga en dosis cada vez mayores y con mezclas de venenos cada vez más letales, y cada vez más caras para los productores.

El proceso de concentración de tierras que acompaña naturalmente a este modelo exhibe como logro que de 333.000 explotaciones agropecuarias que había en 2002 se pasó a 250.881 en 2018. Desaparecieron 83.000 campos (uno cada dos horas en esos 16 años de apogeo transgénico) que obviamente no desaparecieron sino que fueron concentrándose en cada vez menos grupos empresarios.

Interés público

Miryam Gorban calcula que habrá que sumar esfuerzos para que la empresa intervenida y tal vez expropiada “sea realmente pública”. Mientras espera, celebra la decisión “porque si ves a quiénes se oponen, te cruzás de vereda”, y reflexiona: “No es menor que el Estado se haga cargo, como creo que tendría que ocurrir con los puertos y con el comercio exterior”.

Carlos Vicente, que además pertenece a Acción por la Biodiversidad explica: “Es importantísimo que se pueda expropiar una empresa así de manos de estafadores. La gente de Santa Fe, sobre todo, sabe que Vicentín es un monstruuo del agronegocio, de la soja, de la producción de biodiesel, de la exportación. Es un emblema y es fundamental que empiece un proceso de reconversión que tenga presente la producción de alimentos, el trabajo con cooperativas. Pero lo real es que una planta como la de Vicentín tiene muchas contradicciones con la idea de Soberanía Alimentaria. A la vez, lo real es que existe, existen sus más de 5.000 empleados y es una posibilidad la de que cumpla un rol Vicentín desde su gestación está pensada para otra cosa, para la exportación, para la maximización de ganancias. Si lo que vamos a hacer con esa empresa es alimentar con soja las exportaciones y el biodiesel, bueno, nos cruzaremos con una tremenda contradicción. La designación de Delgado no es una buena señal. Habrá que ver”.

En este punto Vicente plantea la situación de disputa dentro del propio Estado. “Claro, porque tenemos una empresa como YPF que es del Estado, pero con acuerdos multinacionales, metida en el fracking, etc. Entonces si lo trasladamos al agronegocio, lo que vemos es una disputa por el rol del Estado y el modelo agrícola. No es que se expropia y ya está. Lo que sí es real es que esto se produjo en el momento en que los movimientos campesinos están haciendo un fuerte cuestionamiento del modelo agrícola y apareció Vicentín como parte de ese modelo que además se robó mucha plata durante el gobierno de Macri2.

Hoy el gobierno precisa dólares por lo tanto puede deducirse que irá a lo seguro, en términos productivos: mantener el modelo transgénico y de exportación. “Sí, es cierto, es un riesgo, una amenaza. Pero ¿cuál es la solución en este caso? Lo primero es tomar el control, y lo segundo será pelear para que la empresa vaya hacia otro modelo. Ahí está la disputa. Lo real es que más allá del bastardeo que pueda haber hoy sobre la cuestión de la Soberanía Alimentaria, algo se movió. Eso es por todo lo que viene haciendo el movimiento campesino, y lo que hizo el Foro Agrario, planteando estas cuestiones”.

El Foro Agrario se anticipó

En febrero de este año el Foro Agrario que reúne a los principales movimientos campesinos y de agricultores del país, elaboró un documento llamado “Propuesta política para que Vicentín sea YPF”.

El texto:

La empresa agroexportadora Vicentín ha incumplido con la deuda contraída con el Banco Nación por 18.000 millones de pesos, a la vez que tiene millonarias deudas con otros bancos, productores e instituciones cooperativas que proveen cereales, oleaginosas y carnes a la mencionada empresa. En esta situación es imprescindible que se investigue hasta las últimas consecuencias las causas por las cuales, una mega empresa de los agronegocios, puede endeudarse con un Banco Público incumplimiento las elementales normativas del Banco y generando importantes perjuicios económicos al Estado nacional.

La empresa viene creciendo sostenidamente en los últimos años. En el año 2015 ocupaba el puesto 19 entre las compañías de mayor facturación en Argentina. A fines del 2019, asciende al 6to lugar, y exporta alrededor 10% de los cereales, oleaginosa y subproductos de nuestro país. Sin embargo, en agosto plantea “estrés financiero” y deja de pagar la cuantiosa deuda que tiene con el Banco Nación. La falta/cesación de pagos, no se comprende, sobre todo porque sus balances son superavitarios y la empresa no deja de crecer y posicionarse entre las primeras del sector.

En este marco, planteamos la presente propuesta política que tiene como objetivo lograr el control del capital accionario, en forma total o parcial, de la Empresa por parte del Estado Nacional con la participación de lxs trabajadorxs en la gestión, interviniendo en el comercio exterior de granos y oleaginosas, y a la vez posibilite generar un instrumento para el desarrollo de un modelo de producción agraria inclusivo y sustentable, conservando los puestos de trabajo de la empresa.

El Banco Nación hoy es una herramienta para el agronegocio, necesitamos que se transforme en un poderoso instrumento de las pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas, generando líneas de financiamiento que se adapten a sus necesidades.

Por todo esto, los abajo firmantes proponemos:

· Constitución de una comisión investigadora de la deuda contraída en el Congreso Nacional.

· Fortalecimiento y desarrollo de líneas de financiamiento para pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas desde el Banco Nación.

· Control del capital accionario de la Empresa Vicentín por parte del Estado Nacional.

· Participación de Cooperativas y de Organizaciones en la gestión de la empresa, para transformarla en un instrumento de regulación de precios y apuntar al desarrollo con impacto local, con agregado de valor en origen que necesitan los productores familiares.

· Avanzar hacia la regulación del Comercio Exterior, que impacte positivamente en los precios que perciben lxs productorxs y los precios que pagan por los alimentos lxs consumidorxs.

· En definitiva, qué Vicentín se transforme en un Empresa Nacional con participación del Estado, que intervenga en el Comercio Exterior, bregando por un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan a nuestro país, y que mejore la inserción de Pymes, Agricultores Familiares, Campesinxs y Comunidades Indígenas en el Comercio Exterior.

Otro trabajo crucial para comprender la situación de Vicentín es este elaborado por Claudio Lozano, actual director del Banco Central.