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¿Qué es la Soberanía Alimentaria? El dilema de la expropiación de Vicentín, dirigida por un defensor de los transgénicos y los agrotóxicos

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La intervención y posible expropiación de uno de los emblemas locales del agronegocio, el grupo Vicentín, desnudó los negocios financieros más turbios de un sector que no solo contamina tierra, agua, aire y comunidades enteras, sino también la política y la ciencia, entre otras cosas. Miryam Gorban, creadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y Carlos Vicente, uno de los impulsores del Foro Agrario, cuentan sus experiencias y reacciones ante el anuncio.

La contracara de una noticia a la que el presidente Alberto Fernández enmarcó curiosamente en el concepto de Soberanía Alimentaria: el interventor designado en Vicentín, Gabriel Delgado, es un defensor a ultranza de los transgénicos, que niega además los efectos del modelo de fumigaciones y agrotóxicos, alineándose con el discurso de las corporaciones como Monsanto. Esos discursos ya desmentido por la OMS, la FAO, todo científico no cooptado por el agronegocio, los fallos judiciales en Argentina y en Estados Unidos, y por la realidad de comunidades de buena parte del país que lo sufren en forma de cáncer, malformaciones, muerte y enfermedades múltiples, además de los efectos ambientales. La teoría sobre los cheques en blanco, y el significado real del término Soberanía Alimentaria.

Lo que planteó lavaca sobre Delgado en la nota “Funcionarios Transgénicos”, al reclamo del Foro Agrario de expropiar Vicentín en febrero de este año, y el documento del economista Claudio Lozano que demuestra la entraña delictiva del funcionamiento corporativo-político.

Podría decirse que Miryam Gorban pasó un día con un doble estado de ánimo: contenta y atenta. “Que se intervenga y se expropie Vicentín es un paso adelante. No es la Soberanía Alimentaria, pero es un avance. Mientras no haya acceso a la tierra para los productores, y agroecología, o sea una transformación del modelo productivo, no tenemos Soberanía Alimentaria, desde ya. Y al funcionario que nombraron…” dice y piensa: “No le firmamos un cheque en blanco a nadie”.

El funcionario de referencia es Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura durante la administración de Cristina Kirchner, y flamante interventor de Vicentín, la empresa argentina de agronegocios que estalló misteriosamente tras años de ganancias extraordinarias y créditos insólitos de parte del Estado. Toda esa riqueza acumulada en plena pobreza de la era macrista se fugó y/o esfumó hasta que el actual gobierno decidió intervenirla y enviar un proyecto de expropiación anunciado por el presidente Alberto Fernández “como un paso hacia la soberanía alimentaria”.

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? Explica Carlos Vicente un eterno promotor de estos temas, integrante del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular nacido en 2019: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a decidir qué queremos sembrar y cómo queremos alimentarnos. En 24 años de esta idea promovida por el movimiento campesino, se la define en términos de poder sembrar de manera agroecológica, no usar transgénicos ni agrotóxicos, fomentar los mercados locales fomentar la descentralización”.

Agrega Miryam, con sus lúcidos 89 años: “Para mí lo positivo es que es un freno a la concentración monopólica y a la fuga de divisas. Cuando ves que la querían comprar las grandes corporaciones extranjeras a precio rifado, valorás la medida. Ahora todo va a depender de que haya una administración transparente, y cuál es el rumbo que ese toma. Si el funcionario o el gobierno toman un rumbo diferente al que estamos planteando, habrá que señalarlos. Insisto con eso: sin agroecología y sin cambio del modelo productivo, no hay Soberanía Alimentaria. Por eso digo que esto es un paso”.

“Los agroquímicos no son dañinos”

Roberto Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante la administración kirchnerista, entre 2013 y 2015. En 2015 justamente la Revista MU (número 86) publicó la nota “Funcionarios transgénicos”, en la que Darío Aranda revela cómo la CONABIA (Comisión Nacional de Biotecnología, la encargada de aprobar los productos agrotóxicos), estaba copada por funcionarios que respondían a grupos como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, DuPont, entre otros.

El final de la nota se refiere justamente a Gabriel Delgado: “Economista agrario, impulsor de los transgénicos, y promotor de que los pequeños productores utilicen cada día más las semillas modificadas genéticamente. ‘Argentina es un ejemplo mundial en materia de biotecnología y transgénicos’, celebró en el portal de agronegocios Futuros y Opciones (FyO). En el mismo reportaje, trazó planes a futuro: ‘Creo que dentro de treinta años tenemos que estar en condiciones de decir que hay una institución (la Conabia) que se dedicó a evaluar el hecho de que efectivamente la soja transgénica y el maíz transgénico no generan cáncer, esterilidad, ni problemas en la vista’. Y, al instante, tuvo un lapsus: ‘Y si fue la transgénesis la que generó algún problema, que el Estado tenga rápidamente los elementos para tomar las medidas necesarias y solucionar los problemas que se presenten a partir de ella’.

Delgado participa asiduamente en la red social Twitter. El 14 de marzo mensajeó: “¿Sabías que antes de que un evento transgénico sea autorizado tiene rigurosos análisis de bioseguridad e inocuidad?”.

Fragmento de la nota de Darío Aranda Funcionarios transgénicos, publicada en la MU en 2015.

En diversos escritos Delgado insiste monotemáticamente con la idea: “Los agroquímicos no son dañinos para la salud, el sector ambientalista está equivocado” plantea en su artículo “Escenario desafiante” de 2018. Incurre en el argumento de tildar como “ambientalistas” a las comunidades afectadas por las fumigaciones masivas con venenos en toda la región dominada por transgénicos.

La fumigación de 500 millones de litros anuales de pesticidas es además un disparate científico, ya que cada vez se verifica la existencia de más resistencias (ya son 33 los ‘yuyos’ a los que el glifosato & afines no pueden ‘controlar’) con lo cual se fumiga en dosis cada vez mayores y con mezclas de venenos cada vez más letales, y cada vez más caras para los productores.

El proceso de concentración de tierras que acompaña naturalmente a este modelo exhibe como logro que de 333.000 explotaciones agropecuarias que había en 2002 se pasó a 250.881 en 2018. Desaparecieron 83.000 campos (uno cada dos horas en esos 16 años de apogeo transgénico) que obviamente no desaparecieron sino que fueron concentrándose en cada vez menos grupos empresarios.

Delgado con una diapositiva que resume su postura, festejada por la transgénica Aapresid durante el #SiliconValleyForum en noviembre de 2018.

Interés público

Miryam Gorban calcula que habrá que sumar esfuerzos para que la empresa intervenida y tal vez expropiada “sea realmente pública”. Mientras espera, celebra la decisión “porque si ves a quiénes se oponen, te cruzás de vereda”, y reflexiona: “No es menor que el Estado se haga cargo, como creo que tendría que ocurrir con los puertos y con el comercio exterior”.

Carlos Vicente, que además pertenece a Acción por la Biodiversidad explica: “Es importantísimo que se pueda expropiar una empresa así de manos de estafadores. La gente de Santa Fe, sobre todo, sabe que Vicentín es un monstruuo del agronegocio, de la soja, de la producción de biodiesel, de la exportación. Es un emblema y es fundamental que empiece un proceso de reconversión que tenga presente la producción de alimentos, el trabajo con cooperativas. Pero lo real es que una planta como la de Vicentín tiene muchas contradicciones con la idea de Soberanía Alimentaria. A la vez, lo real es que existe, existen sus más de 5.000 empleados y es una posibilidad la de que cumpla un rol Vicentín desde su gestación está pensada para otra cosa, para la exportación, para la maximización de ganancias. Si lo que vamos a hacer con esa empresa es alimentar con soja las exportaciones y el biodiesel, bueno, nos cruzaremos con una tremenda contradicción. La designación de Delgado no es una buena señal. Habrá que ver”.

En este punto Vicente plantea la situación de disputa dentro del propio Estado. “Claro, porque tenemos una empresa como YPF que es del Estado, pero con acuerdos multinacionales, metida en el fracking, etc. Entonces si lo trasladamos al agronegocio, lo que vemos es una disputa por el rol del Estado y el modelo agrícola. No es que se expropia y ya está. Lo que sí es real es que esto se produjo en el momento en que los movimientos campesinos están haciendo un fuerte cuestionamiento del modelo agrícola y apareció Vicentín como parte de ese modelo que además se robó mucha plata durante el gobierno de Macri2.

Hoy el gobierno precisa dólares por lo tanto puede deducirse que irá a lo seguro, en términos productivos: mantener el modelo transgénico y de exportación. “Sí, es cierto, es un riesgo, una amenaza. Pero ¿cuál es la solución en este caso? Lo primero es tomar el control, y lo segundo será pelear para que la empresa vaya hacia otro modelo. Ahí está la disputa. Lo real es que más allá del bastardeo que pueda haber hoy sobre la cuestión de la Soberanía Alimentaria, algo se movió. Eso es por todo lo que viene haciendo el movimiento campesino, y lo que hizo el Foro Agrario, planteando estas cuestiones”.

El Foro Agrario se anticipó

En febrero de este año el Foro Agrario que reúne a los principales movimientos campesinos y de agricultores del país, elaboró un documento llamado “Propuesta política para que Vicentín sea YPF”.

El texto:

La empresa agroexportadora Vicentín ha incumplido con la deuda contraída con el Banco Nación por 18.000 millones de pesos, a la vez que tiene millonarias deudas con otros bancos, productores e instituciones cooperativas que proveen cereales, oleaginosas y carnes a la mencionada empresa. En esta situación es imprescindible que se investigue hasta las últimas consecuencias las causas por las cuales, una mega empresa de los agronegocios, puede endeudarse con un Banco Público incumplimiento las elementales normativas del Banco y generando importantes perjuicios económicos al Estado nacional.

La empresa viene creciendo sostenidamente en los últimos años. En el año 2015 ocupaba el puesto 19 entre las compañías de mayor facturación en Argentina. A fines del 2019, asciende al 6to lugar, y exporta alrededor 10% de los cereales, oleaginosa y subproductos de nuestro país. Sin embargo, en agosto plantea “estrés financiero” y deja de pagar la cuantiosa deuda que tiene con el Banco Nación. La falta/cesación de pagos, no se comprende, sobre todo porque sus balances son superavitarios y la empresa no deja de crecer y posicionarse entre las primeras del sector.

En este marco, planteamos la presente propuesta política que tiene como objetivo lograr el control del capital accionario, en forma total o parcial, de la Empresa por parte del Estado Nacional con la participación de lxs trabajadorxs en la gestión, interviniendo en el comercio exterior de granos y oleaginosas, y a la vez posibilite generar un instrumento para el desarrollo de un modelo de producción agraria inclusivo y sustentable, conservando los puestos de trabajo de la empresa.

El Banco Nación hoy es una herramienta para el agronegocio, necesitamos que se transforme en un poderoso instrumento de las pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas, generando líneas de financiamiento que se adapten a sus necesidades.

Por todo esto, los abajo firmantes proponemos:

· Constitución de una comisión investigadora de la deuda contraída en el Congreso Nacional.

· Fortalecimiento y desarrollo de líneas de financiamiento para pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas desde el Banco Nación.

· Control del capital accionario de la Empresa Vicentín por parte del Estado Nacional.

· Participación de Cooperativas y de Organizaciones en la gestión de la empresa, para transformarla en un instrumento de regulación de precios y apuntar al desarrollo con impacto local, con agregado de valor en origen que necesitan los productores familiares.

· Avanzar hacia la regulación del Comercio Exterior, que impacte positivamente en los precios que perciben lxs productorxs y los precios que pagan por los alimentos lxs consumidorxs.

· En definitiva, qué Vicentín se transforme en un Empresa Nacional con participación del Estado, que intervenga en el Comercio Exterior, bregando por un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan a nuestro país, y que mejore la inserción de Pymes, Agricultores Familiares, Campesinxs y Comunidades Indígenas en el Comercio Exterior.

Otro trabajo crucial para comprender la situación de Vicentín es este elaborado por Claudio Lozano, actual director del Banco Central.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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