La lectura de la sentencia fue interrumpida por una lluvia de pintura roja que llegó al represor, que seguirá detenido en la cárcel de Marcos Paz. Es la segunda condena por crímenes de la última dictadura después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Etchecolatz, que se presentó como un «detenido político», ya tiene otra cita en tribunales.

(Por Werner Pertot) De traje y chaleco antibalas, con el rostro pálido y duro como una calavera, el ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, se sentó en el banquillo. El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rozanski, le pidió al público que le permitieran leer la sentencia hasta el final. Pero no pudo. «Condenando a la pena de reclusión perpetua…», alcanzó a decir, antes que toda la sala se uniera en un único grito, liberando la tensión acumulada. El cordón de policías y penitenciarios que rodeaba al represor levantó los escudos, pero no pudo evitar la lluvia de bombas de pintura roja. Etchecolatz se retiró entre los gritos de «asesino». Ya no volvería sino su abogado, para escuchar el resto de la condena por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, que lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, lo envió a una cárcel común y señaló, por primera vez, que todos sus crímenes fueron «delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio».
El fallo de los jueces Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo es el segundo que condena a un represor tras la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que dictaminó la Corte Suprema. La primera fue la de Julio Simón, alias «El Turco Julián». El 4 de agosto de 1976 fue sentenciado a 25 años por el secuestro y asesinato de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. En el caso de Etchecolatz, es su tercera condena por delitos en la dictadura: la primera vez se amparó en la ley de obediencia debida y por la segunda gozaba de prisión domiciliaria. El beneficio le fue revocado por el Tribunal Oral 3 cuando se comprobó que guardaba una 9 milímetros de Fabricaciones Militares en su casa. Tras la nueva condena -esta vez, de cumplimiento efectivo- el periplo del represor en los tribunales no concluyó: fue citado a declarar hoy por la Cámara de Apelaciones en el caso del actual embajador de España, Carlos Bettini, que tiene cuatro familiares desaparecidos.

Bombas de fósforo
Bajo un cielo soleado y con Bob Marley de fondo, la jornada empezó con una vigilia de organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales y estudiantiles que se instalaron entre las flores del jardín de la Municipalidad de La Plata, donde transcurrió el juicio. Entre la gran mayoría de jóvenes, estaban los familiares de las víctimas por las que fue juzgado Etchecolatz. Con su bastón blanco, estaba María Isabel Chorobik de Mariani -a quien todos conocen como «Chicha»- suegra de Diana Teruggi, que fue asesinada el 24 de noviembre de 1976. Ese día la casa que compartía con Daniel Mariani fue bombardeada por un operativo conjunto de la Armada, el Ejército y la Policía bonaerense, que tuvo al frente a Etchecolatz. Terrugi cayó junto al limonero del patio, protegiendo con el cuerpo a su bebé, Clara Anahí, a quien todavía busca su abuela.
También estaba Nilda Eloy, que en el juicio relató su paso por seis centros clandestinos de detención. Etchecolatz encabezó el grupo de tareas que la secuestró y se entrevistó con ella mientras estaba desaparecida. Años más tarde, lo reconoció por televisión. Aunque se mantuvieron en reserva, esperaban la sentencia los familiares de Patricia Dell’Orto, que fue asesinada en el pozo de Arana. «No me maten, quiero criar a mi nenita», gritó mientras la arrastraban. Un disparo silenció cada uno de sus gritos. En el juicio, la escena fue revivida por un sobreviviente que la presenció: el albañil de 76 años, Julio López, por quien todos preguntaban en el juicio (ver aparte). Patricia y Ambrosio habían desaparecido en el circuito Camps al igual que las tres enfermeras, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado.

«Después de muertos»
Por la tarde, las nubes se cerraron como una condena, mientras en el Salón Dorado transcurrían los alegatos de la defensa, que pidió la absolución del represor. «No hay una sola prueba que vincule al ex comisario», aseguró el abogado Luis Boffi Carri Pérez, mientras que su colega Adolfo Casabal Elía consideró que «otros países han terminado con las guerras intestinas y en Argentina seguimos con resentimiento». A su lado, Etchecolatz estaba sentado torcido. Al mediodía, había pedido retirarse alegando «razones de salud», como hizo durante todo el juicio.
El ex policía de 77 años se transfiguró a la hora de decir sus últimas palabras. «Debo exponer en mi doble condición de prisionero de guerra y detenido político», dijo con una voz cascada y sepulcral que fue subiendo el volumen. «Este juicio ha sido instalado como un rompecabezas para niños bobos o grandes avivados. Ustedes van a condenar a un enfermo. Como dijo Borges, ustedes no son el juez supremo, que nos espera después de muerto», les señaló a los magistrados. «No sé rendirme y después de muertos tendremos mucho que hablar», les advirtió. «No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan», concluyó Etchecolatz. Y los jueces pasaron a un cuarto intermedio.

Pintado de rojo
El espacioso y barroco Salón Dorado se colmó de militantes de organismos de derechos humanos. Entre el público, se pudo ver al secretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y su par en la provincia, Edgardo Binstock. También estaban las dirigentes de izquierda Patricia Walsh y Vilma Ripoll. La tensión apretaba cada garganta, cuando Etchecolatz volvió a entrar, rodeado de siete penitenciarios e innumerables policías. Le quitaron las esposas, pero no el chaleco antibalas, que finalmente no lo protegió de las bombas de pintura.
El jefe del operativo quedó con la cabeza pintada de rojo, mientras seguía dando instrucciones por su walkie talkie. «¡Bastaaaa!», gritaron varias Madres de Plaza de Mayo, mientras agitaban sus brazos para que se volvieran a sentar. Rozanski los sermoneó: «Les pedí que me dejaran terminar. Es evidente que si son agredidos, el juicio no es como debe ser. Nosotros le dimos garantías a la defensa…».
¿¡Y qué garantía tuvieron nuestros viejos!? -le respondió un militante de H.I.J.O.S. subido a una silla, mientras sus compañeros levantaban un bosque de fotos de desaparecidos.
Finalmente, el juez pudo terminar de leer la sentencia -cuyos fundamentos se conocerán el martes 26- ante un abogado hundido en una marea policial. Los militantes de H.I.J.O.S. estallaron en gritos, cantos, lágrimas, abrazos. Algunos se acordaban de Julio López. Otros llamaban a sus abuelos. Y todos coreaban:

«Vas a la cárcel, Etchecolatz, no es el Estadoooo es la lucha populaaaaar».