La desaparición de 43 estudiantes mexicanos fue tapada por la “verdad histórica”: una mentira institucional sobre lo sucedido. El nuevo gobierno cambió ese rumbo, pero ha dejado sin apoyo práctico la investigación de 73.271 desapariciones y miles de femicidios. Por Eliana Gilet.

Tras seis años de insistir en una versión falsa del destino final de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos, el Estado mexicano dio un golpe certero para la  desarticulación de esa mentira llamada “verdad histórica”. La detención de cuatro funcionarios y la orden de captura de otros 46 fue una señal inequívoca de voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia el reclamo que realizan las familias de los jóvenes desde 2015, cuando el Grupo de Expertos Independientes de las Naciones Unidas junto al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense desmontaron con sus investigaciones la falsa versión oficial.

Las órdenes de detención son las primeras que se libran en estos seis años por la desaparición forzada de 43 jóvenes, que hasta ahora se investigaba como un “secuestro”, un delito que prescribe y que no refleja el verdadero tenor del crimen cometido. 

Los avances judiciales para el caso Ayotzinapa se afianzaron con la identificación de los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en julio de este año. Sin embargo, el compromiso político para avanzar en las investigaciones y búsquedas de los que faltan no ha replicado para el resto de las familias del país que tienen alguna persona desaparecida: más de 70.000. 

Al contrario de estos avances, la desarticulación de la Comisión Especial de Atención a Víctimas –creada en el año 2014 como un logro de la lucha de las familias en pos de la sanción de la Ley General de Víctimas– ha sido una estocada para miles de personas en el país. Cortó el apoyo económico que se brindaba desde el Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, eliminó la ayuda específica destinada al sustento de las familias víctimas de delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, y también el aporte que recibían las familias víctimas de femicidios, que estaban incluidas en la atención de esta Comisión. 

Hasta julio de 2020, se registró en México la denuncia de 73.201 personas desaparecidas. Solo 1.523 son casos ocurridos antes del año 2006 según datos oficiales, por lo que la masificación de este crimen coincide con el inicio de la estrategia formal de militarización del país que, en lugar de combatir al narcotráfico, se convirtió en una verdadera guerra contra el pueblo mexicano. 

Crimen de Estado

La misma semana que los restos óseos de Christian fueron identificados el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa en la que sostuvo que Ayotzinapa es un crimen cometido por el Estado.

Se crearon dos instancias especializadas desde la asunción de López Obrador: la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía de Gertz Manero, y una comisión para la verdad y el acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa en el ámbito de la presidencia, encargada de hacer las búsquedas territoriales, como la que logró el hallazgo de los restos de Christian en una de las jornadas en las que participan las madres y padres de los 43 estudiantes. 

Fragmentos de los restos óseos del joven fueron hallados en la última semana de noviembre del año 2019 en un sitio conocido como la Barranca de Carnicería, en la localidad de Cocula, un pueblito a 20 kilómetros de la ciudad de Iguala de la Independencia, donde los estudiantes habían sido atacados por policías municipales la noche del 26 de septiembre de 2014. Esos hallazgos fueron enviados para su cotejo e identificación genética al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Sin embargo, los familiares se enteraron de la identificación por la prensa, cuando ese fue el medio que eligió Omar Gómez Trejo, el fiscal de la causa, para dar la noticia. 

La tortura como método

La instauración de la Comisión presidencial significó recuperar la participación de los organismos internacionales que habían sido expulsados durante el sexenio anterior, en la presidencia de Enrique Peña Nieto. 

Jesús Peña Palacios es el Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que participa de la Comisión. Su oficina se encargó de la aplicación del Protocolo de Estambul (que documenta casos de tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes) a 64 personas que habían sido detenidas en los primeros meses de investigación y probó un elemento fundamental para la situación del país: que la falsa “verdad histórica” fue construida mediante la tortura sistemática de los detenidos para que firmaran confesiones alteradas, buscando cerrar el caso, “darle carpetazo”, como se dice en México. Las conclusiones de esta investigación fueron publicadas en un nutrido informe llamado “Doble Injusticia” en 2018, pero no fue hasta julio de este año que se avanzó penalmente contra los funcionarios que torturaron a los detenidos. 

“La tortura en México se ha cometido como una forma de investigación del delito.  Reconocerlo pasa por asumir que no es producto de incidentes aislados. La tortura se ha reproducido debido a los vicios del sistema de justicia penal mexicano y a la estructura institucional que por décadas lo permitieron”, dijo Peña Palacios a MU. 

Según el representante de la ONU en México, el país dio un paso importante con la sanción de la Ley General contra la Tortura en el año 2017. En ese sentido, el presidente López Obrador ha señalado públicamente que la tortura ha sido “erradicada” del país. Pero de nuevo, la realidad y las declaraciones corren por carriles separados. En un análisis reciente hecho por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), de Chiapas, se desgaja el mismo método de “fabricar culpables” que fue denunciado para el caso Ayotzinapa (ocurrido en el estado de Guerrero) pero en el estado vecino. 

Jorge Gómez Hernández, abogado del Frayba agrega que el mecanismo identificado involucra policías, agentes del ministerio público, jueces, defensores e incluso, a la política de brazos caídos de la comisión local de derechos humanos de Chiapas, dilatando las investigaciones. Gómez señaló a la propia fiscalía anti-tortura como cómplice de esta violación grave y sistemática y plantea a MU: “La distancia entre la fiscalía anti-tortura y las fiscalías que torturan es un piso en el edificio de la Fiscalía General del Estado”. 

Las familias de los 43 tienen fuerte expectativa respecto a las órdenes de detención libradas contra Tomás Zerón de Lucio por los delitos de desaparición forzada y tortura (ambos de lesa humanidad) así como por la acusación por delitos contra la administración pública. Zerón ocupaba el cargo de director de la Agencia de Investigación Criminal dentro de la ex Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) que tuvo a su cargo la investigación del caso Ayotzinapa. Zerón está ampliamente identificado como uno de los autores materiales de la falsedad histórica sostenida durante los seis años que han pasado desde la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes indígenas. Fue localizado en Canadá y, según anunciaron fuentes oficiales, tiene un pedido de captura por medio de Interpol y de extradición para ser juzgado en México. 

Peña Palacios explica: “La tortura y las violaciones al debido proceso nunca son en beneficio de la verdad, de la justicia ni de las víctimas, sino un mecanismo de ocultamiento y obstrucción de la verdad. La tortura produce una doble injusticia: por un lado, a la persona que la sufre y que es procesada a raíz de ella; pero también a la víctima del delito, quien probablemente no verá sancionadas a las personas que verdaderamente cometieron el agravio en contra suya. Eso no es justicia” dice, en un país que sigue esperando respuesta para, al menos, 73.271 desaparecidos.