La desaparición forzada y la muerte de Luciano Arruga cumplen 12 años y este domingo lo conmemorarán, por las restricciones sanitarias, con una radio abierta online desde el espacio recuperado en Lomas del Mirador. El eje estará puesto en la causa federal que a 12 años sigue en etapa de instrucción y al jury de enjuiciamiento contra un juez (Gustavo Banco) y dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) por delegar la investigación en la propia Bonaerense denunciada e investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante un año y medio mediante escuchas telefónicas. En febrero, el Jurado debe declarar la admisibilidad o el rechazo del proceso, mientras el Procurador General y la Bicameral de Enjuiciamiento de la Legislatura se negaron a acusar. La familia quedó sola y le impusieron una fianza de 250 mil pesos para seguir con el proceso de verdad y justicia: tuvieron que apelar demostrando que no podían pagarla. En esta charla, Vanesa Orieta revela dos documentos donde queda plasmado el inicio de la búsqueda, cuenta por qué ese laberinto es parte del entramado de impunidad, y qué implica lo que se viene: “Es necesario dejarlo en evidencia. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.

El papel preimpreso lleva como fecha el 19 de febrero de 2009 y lo firma una joven de 26 años llamada Vanesa Romina Orieta.

Dice:

«Vengo por la presente a solicitar se pida nuevamente un informe completo de hospitales, comisarías, morgues y demás instituciones correspondientes a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir se reporte la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Tenga en cuenta que la presentación de habeas corpus se realizó a las 48 hs de desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. Vuelvo a repetirle, por favor, pedir nuevos informes por el paradero de mi hermano. Muchas gracias».

Tres días antes, en otra hoja donde escribió que temía por la vida de su hermano de 16 años, el cruel procedimiento fue exactamente el mismo. Cada vez que Vanesa caminaba las 30 cuadras que separaban su casa en Lomas del Mirador hasta la UFI Nº7 de San Justo para preguntarle a la fiscal Roxana Castelli por el estado de la investigación, la respuesta era un papel preimpreso: allí le hacían escribir su consulta, entregarlo a un auxiliar y aguardar si la fiscal consideraba importante la escucha a una joven desesperada que estaba denunciando de puño y letra a la policía Bonaerense.

Faltaban aún cuatro años para que la causa pasara al fuero federal como desaparición forzada de persona, cinco para que su familia lo encontrara enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita (tal cual reclamaba ya entonces Vanesa), y seis para que condenaran al policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión por torturas. Vanesa, en 106 palabras, ya había dicho todo.

“Castelli nunca me atendió, y hoy esos papeles preimpresos se convierten en un material fundamental de algo que recién estaba empezando”, dice Vanesa a lavaca, a 12 años de aquellos hechos, y en la previa de un nuevo aniversario que la familia conmemorará con una radio abierta online, con el foco puesto sobre dos ejes:

• El impulso de la causa federal que a 12 años aún sigue en etapa de instrucción. La familia está sin abogados particulares.
• El avance del pedido de jury a las fiscales Castelli y Celia Cejas, y al juez Gustavo Banco, entre otras cosas, por delegar la investigación en la propia Bonaerense investigar de forma ilegal y arbitraria a la familia durante 1 año y 6 meses mediante escuchas telefónicas.

Vanesa aclara: “No son procesos que deben pensarse por separado”.

El cruel laberinto

A lo largo de 12 años, Vanesa y su mamá Monica Alegre, junto a la organización Familiares y Amigos de Luciano Arruga, convirtieron cada 31 de enero en una ceremonia que tejió de manera sostenida un proceso de condena social, con marchas y festivales multitudinarios, constituyendo un espacio para que otras familias, además de denunciar hechos de represión estatal, pudieran sanar esas heridas de forma colectiva.

Por la pandemia, este año la actividad será una radio abierta online desde el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga, el exdestacamento policial que la familia recuperó para convertirlo en un núcleo artístico y educativo para el barrio. La transmisión tendrá como eje «Un jury por la verdad» y comenzará a las 15 hs.

El pedido de enjuiciamiento a las dos fiscales y al juez comenzó en 2013, cuando la causa se federaliza: allí la familia descubrió un expediente paralelo en el que constaba que los teléfonos de Vanesa, su mamá, su abuela y su abuelo tuvieron estuvieron intervenidos 1 año y 6 meses. Vanesa advierte en no verlo como un hecho aislado del proceso de encubrimiento, sino como parte de una misma maquinaria de impunidad. Por eso, muestra los papeles preimpresos con sus denuncias de febrero de 2019.

Vanesa describe ese camino:

• “Ocurrieron amenazas, aprietes, pero a los pocos días que presento esas cartas me empiezo a dar cuenta que no nos iban a atender, que no iban a escuchar nuestra denuncia y se notó claramente cuando Castelli delegó la investigación en la propia Bonaerense que había denunciado en esos preimpresos, violando la resolución 1390 de la Procuración Bonaerense. Eso también aparece en la causa, porque está en los relatos de los propios policías que contaban en sus declaraciones cómo investigaban a pesar de que ya habían sido corridos del proceso”.
• “Cuando logramos correr a Castelli de la investigación, ya acompañados de la APDH Matanza, aparece la fiscal Celia Cejas Martín. Se había corrido a la Bonaerense, pero para la fiscal no fueron los principales sujetos investigados: nos pincharon los teléfonos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo y el mío. Las escuchas se prolongaron durante un año y medio, en un apartado secreto. Nos enteramos cuando la causa se federaliza y se pide todo el material. Esto viola, obviamente, todos nuestros derechos”.
• “Esto fue avalado por el juez Gustavo Banco durante 15 prórrogas consecutivas, confusas y desordenadas, donde se permitió seguir con esa investigación que llevó tiempo y dinero, dirigida a las familias. Por todo esto, presentamos el jury”.

Los ocho años que lleva el pedido de jury también implican el desgaste a la familia. “No son muchas las que llegan a la instancia de jury presentando una denuncia a tres funcionarios judiciales.

Estamos llegando a la etapa de acusación. En febrero, el Jurado tiene que declarar la admisibilidad de la denuncia, o desestimarla”.

El camino estuvo lleno de obstáculos. En agosto de 2019, el jurado concluyó el sumario y abrió lugar a la formulación de las acusaciones, pero ni la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense ni la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron acusar. El dictamen de la Procuración estuvo firmado por el procurador general Julio Conte Grand. El dictamen de la Bicameral fue firmado por los legisladores Ricardo Lissalde y Fernando Carballo (Frente de Todos), Walter Lanaro, Mauricio Viviani, Sandra Paris, Flavia Delmonte y Aldana Ahumada (Cambiemos), y Mario Giacobbe (monobloque, exCambiemos).

La familia, una vez más, quedó sola. Vanesa: “Estos actores institucionales tan importantes no sólo decidieron bajarse del proceso, sino que avalaron que se delegara la investigación en la Bonaerense y en que nos espiaran”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que acompaña a la familia en el proceso de jury, cuestionó la “actitud corporativa” de la Procuración y la Bicameral.

En ese contexto, y por si fuera poco, el Jurado le fijó a la familia una caución por 250 mil pesos para continuar el trámite de enjuiciamiento. La apelaron: “Nos hicieron presentar declaraciones juradas y atestiguar que mi mamá vivía en una villa de asentamiento, que era artesana, que por eso a veces tenía ingresos y otras veces no. Mis hermanos, lo mismo. En mi caso, lo mismo. Así llegamos a una fianza de 50 mil pesos, que la pagó el CELS, y nosotras tuvimos que firmar un documento por el cual nos comprometemos a pagar las costas del proceso en caso de que se declare inadmisible”.

La familia pidió una reunión con el expresidente de la Suprema Corte y actual presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari. “Nos trató muy mal. Sentimos su rechazo, su imparcialidad, hasta tuvimos que exigir participar porque solo iban a poder estar los abogados. Fue muy duro afrontar a esas personas que están en su campo de poder. Las violencias van desde todo este recorrido hasta ponerte un límite económico. Nosotras no manejamos esos números. Saben que es un límite, y que atenta contra nuestro derecho a exigir verdad y justicia”.

Vanesa sintetiza: “Podemos comprobar que fue un proceso cruel y violento”.

La lógica represiva

A lo largo de estos años, e incluso en los momentos más duros en el proceso de verdad y justicia, la voz de Vanesa se convirtió en una referencia a la hora de entender qué implican estos procedimientos no sólo para las familias, sino a nivel sistémico.

En ese sentido, ahora expresa: “Cuando aparecen las discusiones sobre si es violencia institucional o represión estatal, dentro de la órbita institucional no hay posibilidad de indagar sobre las responsabilidades políticas. Hay un límite rotundo. Porque lo que se argumenta es que no puede plantear una intencionalidad de ir contra pibes y pibas como pasó con la dictadura, donde había un plan orquestado”. Desde 2009, la familia siempre denunció el rol del entonces y actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

Sigue Vanesa: “Pero cuando ves estos hechos, ¿qué hay que decir? Una familia llega sola a un jury sin acompañamiento de la pata política, que es la Bicameral. Ahí es cuando se presenta el entramado que nos permite hablar de represión estatal, porque no aparecen los actores que tienen que aparecer en los momentos indicados y trascendentales. Insisto en que no son muchas las familias que llegan a esta instancias. La lógica represiva también se entiende en esas ausencias. Cuando habilitás la conformación de nuevas fuerzas policiales, cuando no ponés una palabra contundente ante una desaparición forzada como la de Facundo Castro, o en una causa como la de Santiago Maldonado, es donde se termina avalando la lógica represiva, porque esa familia judicial es parte fundamental del proceso de impunidad. Por eso decidimos encarar el proceso del jury en paralelo, pero mirando estos hechos en su conjunto”.

Mientras en el proceso de jury la familia está acompañada por el CELS, en la causa federal por desaparición forzada Mónica Alegre quedó como particular damnificada sin abogados particulares. Vanesa pregunta: “¿Cómo puede ser que llevemos 12 años de instrucción en la causa federal? ¡12! Con mi mamá nos miramos y sabemos que eso ya está, que estamos pidiendo justicia en un lugar que consagra la impunidad.

Lo que queremos es que esa impunidad quede en evidencia: la de la Justicia Federal, la del Jurado de Enjuiciamiento, sabiendo que estamos jugando en terreno de ellos, donde se camuflan y se acompañan”.

La familia espera en febrero la resolución del Jurado, luego de 12 años de probar cómo el juez y las dos fiscales obstruyeron la investigación, aun cuando desde el inicio les indicaron qué hacer y a quién investigar (como revelan los dos papeles escritos por Vanesa), en medio de una causa por desaparición forzada donde esa desidia y esa complicidad convirtieron el expediente en un monumento de impunidad.

Sin embargo, frente a todo, Vanesa deja en claro: “Si no nos hicieron tener miedo en su momento con amenazas concretas, menos lo van a lograr imponiendo medidas económicas. Nos embargarán la vida, pero no tenemos miedo”.