Sigamos en contacto

#NiUnaMás

3 propuestas al Estado: Familiares Víctimas de Femicidios entregaron una carta a Horacio Pietragalla

Publicada

el

El Secretario de Derechos Humanos recibió a la madre de Lucía Pérez, Marta Montero, a los padres de Cecilia Basaldúa, Daniel y Susana, al padre de Carla Soggiu, Alfredo, a los padres de Luna Ortíz, Facundo y Marisa, y al tío de Marina Inés Tripodi en la sede en la ex Esma. Allí los familiares contextualizaron la entrega de una carta que resume en 3 puntos las principales propuestas de políticas urgentes para apoyar el reclamo de búsqueda de justicia, síntesis a la que llegaron tras la asamblea pública del 3J en Plaza de Mayo. Reparación, reforma judicial y costos: los principales ejes, la carta completa, y las historias que grafican los reclamos.

“Después de escucharnos entre cada uno de los padres salió este documento”.

Con esas palabras Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, le extiende la carta al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Días atrás, el sábado 3J, viajó también desde Mar del Plata para reunirse junto a decenas de familiares en lo que resultó una asamblea pública inédita e histórica en la que padres y madres de mujeres asesinadas y desaparecidas narraron sus casos y conectaron así los reclamos más urgentes que los atraviesan: impunidad judicial, complicidad narco-policial, falta de apoyo estatal.

Alrededor de la Pirámide de Mayo, rescataron las banderas de “Nunca Más” para proponer una mirada con enfoque de derechos humanos de la violencia machista. Por eso, el siguiente paso fue visitar al ex centro clandestino de detención Esma para acercar una síntesis al Estado de aquel encuentro en el cual, además de historias, nacieron reclamos y propuestas concretas.

Las historias

Una de las familias lleva gastados más de 3 millones en el proceso judicial, entre abogados, peritos, traslados y otras yerbas.

Otra tuvo que poner todos sus ahorros y vender pertenencias para pagar un proceso que, encima, está a punto de quedar impune.

Otra, después de 4 años de la muerte de una hija, se hace cargo de sus dos nietos sin percibir la Ley Brisa, que obliga al Estado a pagar una pensión a las y los huérfanos por femicidio.

Otra de ellas – le cuenta al propio secretario Pietragalla- tiene la causa judicial dividida en cinco partes, haciendo imposible el seguimiento por parte de un abogado que le cobra por causa. “Nadie quiere agarrar la causa de mi hija, porque dicen que ponen en peligro su vida”, cuenta además, hecho que a ninguna de las familias le parece anormal.

Cada relato va urdiendo la razón de por qué este grupo de víctimas de femicidios se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos: se trata de un grupo de víctimas organizado que pelea por justicia contra las tramas narco territoriales, la complicidad policial y la impunidad judicial como parte de un mismo monstruo que los acecha y los amenaza, pero no los amedrenta.

En el medio, el Estado,  y también las propias familias que, después de las pérdidas, viven poniendo dinero de sus bolsillos para enfrentar procesos que encima, en su mayoría, terminan en la impunidad. “Estamos cansadas”, resume Marisa al sentarse en la silla. “Es repetitiva la violencia que estamos viviendo de todo el Estado, del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo”.

Facundo, su marido, suma: “Sin parte económica el Estado no existe. Todo lo que hacemos lo hacemos solos, y nos cuesta”. Y aclara que tuvo que faltar al trabajo para venir a la reunión. Marta recuerda que su marido, Guillermo, fue despedido tras más de 20 años en el mismo empleo por sus faltas sucesivas al tener que salir a pedir justicia por su hija.

“Nos sentimos solos, nos cuesta que las instituciones estén involucradas en serio. Nos sentimos desprotegidos. La única herramienta que tuvimos las familias todos estos años fue salir a las calles”, vuelve a tomar la palabra Marisa.

La carta entregada ayer a Pietragalla propone una Ley de Reparación para las víctimas de femicidios que recoge el guante del informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo”.

En su carta los familiares proponen dos variantes de aplicación. Pietragalla, especialista en materia de derechos humanos, habló sobre las dificultades de debatir una nueva normativa pero propuso solicitar un mayor presupuesto para la Ley de Víctimas, entre otras estrategias que se comprometió a consensuar con el Ministerio de Mujeres y Géneros de Nación.

“Que estén organizados es importantísimo. La ampliación de presupuesto de la ley de víctimas es fundamental. La ampliación de volumen del Ministerio de Géneros, también” dijo Pietragalla durante el encuentro.

Otro de los puntos refiere a la mentada reforma judicial, que los familiares proponen a arrancar por una urgente capacitación de fiscales, los principales impulsores de las investigaciones judiciales que, según las experiencias vividas por los familiares, son la punta del ovillo de la impunidad: comienzan mal y tarde, ocultan pruebas o no saben cómo buscarlas, enredan los procesos, no tienen perspectiva de género ni de derechos humanos. Daniel Basaldúa resume de qué están hablando: “No podemos hacer justicia porque son narcofemicifios. Por eso necesitamos apoyo, porque peleamos sola contra poderes muy grandes”.

Por eso el pedido apela a una respuesta política y urgente. “Si hay alguna chance de pelearle a lo marco es por el bagaje de derechos humanos”, sumó Claudia Acuña, periodista de lavaca que acompaña a las familias en su reclamo de justicia y construcción de derechos.

Otra de las propuestas que surgieron sobre tablas en la reunión tuvo que ver con una nueva reglamentación de la Ley Brisa, que hoy requiere tener tanto al proceso caratulado como “femicidio” – algo que por la propia desidia estatal la mayoría de las veces no sucede- así como una sentencia de tenencia familiar ya finalizada, algo que también la propia justicia suele demorar años.

Otra propuesta de último momento la sugirió Marta Montero, que hasta las 21 de la noche del día anterior no sabía si tendría pasajes para viajar, y entonces propuso agregar a los reclamos el pedido de un pase libre de transporte para familiares de víctimas, ya que usualmente deben trasladarse cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales o para mantener reuniones como ésta.

A las 20 de la noche, después de más de dos horas de charla, las madres y padres seguían conversando en medio de la ex Esma, camino a la salida sobre la calle Libertador.

“Es poquito lo que pedimos”, decía Alfredo Soggiu, padre de Carla Soggiu. “Yo hubiese agregado la idea de sacar las causas de los juzgados donde está garantizada la impunidad, que haya una fuerza especial”, suma y enseguida otro sigue.

Y así, entre las propuestas de la carta (ver abajo) y las ideas que siguen brotando los familiares proponen crear los derechos que faltan que no son otra cosa que los dolores que viven día a día.

La carta

Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc.. Todo lo cual nos llevó comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:

1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo.”

Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:

a) Desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.

b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.

2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta  chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia,  compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:

a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.

b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.

3) Que el Estado se haga cargo de:

a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa  para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias y que no representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para pagarle a su abogada.

b) Que el Estado se haga cargo de los pases libres de transporte de las familias, ya sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.

Estos son nuestros tres pedidos.

Ahora están en sus manos.

#NiUnaMás

La escena del crimen

Publicada

el

El domingo pasado Justo Fernando Barrientos incendió la habitación de un hotel de Barracas, Buenos Aires, donde vivían cuatro mujeres, vecinas suyas. Pamela Cobas, 52 años, murió el lunes. Este miércoles falleció también Mercedes Figueroa. Andrea y Sofía están internadas, la primera en grave estado. Barrientos intentó suicidarse cortándose el cuello con una sierra: también fue internado. Lavaca estuvo en el lugar tratando de reconstruir lo que ocurrió. Las voces de los vecinos y vecinas y de la dueña del hotel.

Texto Francisco Pandolfi.

Afuera no quedan rastros de lo que pasó el domingo rozando la medianoche. Ya no hay consigna policial. Ni conmoción ni medios de comunicación.

La puerta de calle –de chapa, bordó, gastada– está cerrada. De un lado, una persiana de metal amarrada entre cables. Del otro, las persianas abiertas de par en par: si no fuera por Juan, el vecino que desde su habitación trabaja arreglando ropa, daría la sensación que este hotel familiar estuviese totalmente abandonado.

Olavarría 1621, Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La escena del crimen

Así quedó parte de la habitación quemada.

Allí Justo Fernando Barrientos, uno de los inquilinos del hotel, prendió fuego la habitación donde vivían dos parejas de mujeres. La investigación judicial reside en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Edmundo Rabbione. Pamela Cobas, de 52 años, falleció por las quemaduras el lunes en el Hospital del Quemado. Mercedes Figueroa murió este miércoles 8 de mayo. Andrea está en grave estado en el mismo hospital. Sofía, internada en el Penna, está fuera de peligro. Se sabe, también, que Justo Fernando Barrientos intentó suicidarse, que fue detenido por la Policía de la Ciudad y que está internado en el Argerich.

Juan acepta hablar con lavaca. Cuenta que vive en el hotel desde hace 22 años, que siempre la debió remar un montón: muestra los callos de la mano para acreditarlo. Cuenta que vivió un año en el Parque Lezama, que se la rebuscó trabajando toda la vida, que mucho tiempo fue mantero y otras muchas, también, fueron las veces que terminó en un calabozo porque la policía le quería sacar su poca mercadería. Y que cuando no había nada que vender, se tomaba el tren Roca en Constitución, hasta Glew, donde se colgaba de los árboles, cosechaba eucaliptus, laurel y romero, y con ellos hacía ramitos que ofrecía para parar la olla.

Dice que ahora la cosa está muy jodida. Que vende en la feria de la calle Patricios. Que hasta hace una semana pagaba 50 mil pesos la piecita, pero que el viernes pasado le aumentaron a 60 mil. Y está enojado, también, porque el mismísimo lunes, un puñado de horas después del incendio, el yerno de la dueña pasó a cobrar y le pidió 70. “Acá no tenemos agua caliente; me tengo que bañar calentándome una ollita. ¿A vos te parece? Tampoco tenemos luz en los baños ni en la cocina, que son compartidos”.

Juan dice que conocía sólo de vista a las chicas y a Justo Fernando Barrientos; que nunca había escuchado ningún problema, y que estaba durmiendo cuando pasó lo que pasó. Y también me aconseja, cuando lo ve venir a Eduardo: “ahí está el encargado; hablá con él”.

Mientras abre la puerta, Eduardo se presenta como un “changarín” que trabaja como pintor “y de lo que haga falta”. Tiene 59 años bien disimulados y vive en el hotel desde el 2016, a cambio de la limpieza y la mantención del lugar. “Estamos muy mal económicamente; los precios en el supermercado no bajan y hay que dejar de comer; o elegir cuándo hacerlo. ¡Andá a comprar un litro de aceite hoy! Para vivir hay que gastar diez lucas por día, ¿y quién tiene esa plata?”.

Contextualiza la trama social del hotel: “Lo habita gente trabajadora y también que está en la indigencia; que vivía en la calle y se viene acá porque no es un alquiler caro. Por esta zona hay cada vez más gente en situación de calle, porque no hay laburo”. Sigue: “Todo se está poniendo más bravo. Lo veo en mí y en el resto: para que alcance, hay que levantarse más temprano y volver más tarde de hacer changas. En el hotel somos todos pobres, y ni trabajando a full llegás a fin de mes. Está jodida la vida”.

¿Percibís una relación entre el crimen y el contexto? “Sí, claro. La violencia sucede a raíz de lo que nos pasa a nivel social. Trae un montón de problemas el cómo vivimos. Este es un barrio tranquilo, este hotel es un lugar tranquilo para dormir, aunque ahora aparecen un montón de notas diciendo mentiras sobre lo que pasaba acá adentro”.

La escena del crimen

El baño al que llevaron a las chicas quemadas: “Se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

¿Por qué Justo Fernando Barrientos hizo lo que hizo? “Yo no sé lo que pasó. Nunca había escuchado una discusión entre ellos. Con él y las chicas mi relación era hola y chau. A él siempre lo veíamos andar en bicicleta, y hace dos o tres meses me llamó la atención que no la tenía y entonces le pregunté; me dijo que estaba mal porque se la habían robado en Pompeya. Hace changas, creo que es plomero”.

Se abre la puerta y María Rosa, la dueña del hotel, está sentada en uno de los escalones por los que se entra. Grita (me grita): “¿Vos querés saber qué pasó? Yo te voy a contar lo que pasó, porque acá todo el mundo viene a preguntar, pero nadie viene a traer soluciones”. María Rosa tiene 89 años, un crucifijo enorme en el pecho y la tonada gallega. “Hasta me hicieron una denuncia ahora, ¿vos podés creer? Algunos me deben 7, 8 meses de alquiler y encima me denuncian a mí, diciendo que no andaban los matafuegos cuando tengo todo en regla. Eso me tenés que venir a preguntar, que tuve que comprar unos materiales y ni le pude pagar a la señora de la ferretería, que me conoce y me fío; que estoy esperando que me paguen un alquiler y con eso pagarle al plomero que está haciendo arreglos”.

Después del inicio catártico, pregunta qué medio de comunicación es el que ahora está sentado a su lado. Y asegura: “Yo le digo toda la verdad. Hay que ver más allá del incendio; lo que pasó fue una desgracia. Porque yo le voy a decir una cosa, las dos chicas…”. La charla se interrumpe. Y María Rosa empieza a darle explicaciones, sin que se las pida, a la señora rubia que acaba de pararse frente a ella. “Ya estoy arreglándolo doñita, ¿le cayó agua?”. La mujer, de cuarentilargos o cincuentipocos, le responde con respeto, como si acabara de tomarse un sedante, o de apretar el freno de mano, para no mandarla a la mierda:

–No, no. Hace más de un mes que cae agua, pero cada vez más. Había una grieta, y después se hizo otra.

–Ahí está el plomero, ¿quiere ir a ver? Suba, suba pa’ que vea.

–No, no, yo quiero que lo resuelva, porque ya se me arruinó la cocina y me está arruinando todo.

–Lo que pasa es que la gente no me paga. Estoy cobrando 50 mil pesos y la gente no me paga. Me deben 7, 8, 9 meses, no puedo hacer milagros porque tengo que pagar la luz, el gas y el agua, porque si no me cortan y hay gente que sí paga.

–Yo sé que esta semana es complicada por lo que pasó, que por ahí no es momento, pero yo quiero que entienda una cosa: usted tiene sus problemas y yo tengo los míos, y a mí se me está viniendo la casa abajo en aspectos que no son de mi injerencia, que no los puedo arreglar porque están dentro de su casa.

–Sí doña, lo sé; ya lo están arreglando. Entiéndame, doña; no hay plata, la gente no me paga.

La “doña” se va y María Rosa continúa su relato: “Decía que las chicas nunca tuvieron ningún problema, que ellas me pagaban siempre; y el hombre lo mismo, cumplía todos los meses”.

La escena del crimen

Así quedó la habitación tras el incendio.

¿Qué pasó la madrugada del lunes? “Yo muy bien no sé; conmigo se comportaban siempre de manera normal, el señor y las chicas. Nunca tuve un problema, nunca. Ni un sí ni un no. Lo que sé es que las chicas dormían de día y de noche estaban levantadas; entonces si usted trabaja de día y quiere dormir de noche, hasta los pasos se sienten, y eso es lo que pasó. En los hoteles pasa esto, se habla fuerte y el hombre se habrá cansado de eso. Se ve que tiró algo inflamable y ahí prendió fuego”.

María Rosa llegó al país a sus 19 años de las Islas Canarias, tiene 4 hijos y hace cuatro décadas compró este hotel “con sangre”, porque el crédito que sacó “tenía unos intereses impagables”. Asocia: “Como los créditos UVA de hoy”. También comenta que las últimas horas estuvo yendo de hospital a hospital para ver a las chicas y al hombre. Cuando le menciono que Pamela falleció, que Justo Barrientos la asesinó, me dice que no. Que no puede ser. Pero fue.

En el libro de actas del hotel estaban registradas dos de las cuatro chicas: Pamela y Mercedes. La dueña sabía que se habían sumado otras dos mujeres hacía algunos meses, pero como vivían lejos les daba “lástima” decirles que se fueran. En el registro interno del hotel figura que Justo Fernando Barrientos tiene 72 años.

María Rosa retoma la catarsis: “Acá hay 20 piezas divididas en tres pisos y hasta hace una semana cobraba 50 mil pesos cada una; están todas llenas, algunos me pagan por mes, otros por día. ¿Qué hago yo con esa plata? Este mes lo tuve que aumentar a 60 mil. O sea, 2 mil por día. ¿A usted le parece? Un litro de vino vale eso; un sachet de leche vale eso. ¿Estoy cobrando mucho? Y subí porque este mes vino muy cara la luz, el agua, el gas. ¡Más de 200 mil tengo que pagar de cada impuesto! Si antes pagaba un peso, ahora pago 6; es una barbaridad”.

Se explaya sobre el crimen: “Fue un momento de calentura. ¿No vio lo que pasa en los matrimonios? ¿Y cómo matan a los chicos? Es un momento donde la gente se aparta de Dios y el diablo la toma. Yo creo que pasó eso”. ¿Alguna vez Justo Fernando Barrientos le hizo algún comentario en contra de las chicas? “No, y eso que yo hablaba con él. Él vive en el hotel desde hace seis años; las chicas hace dos. Este lugar es tranquilo; fíjese, escuche; no se siente nada; pero bueno, se ve que de noche había ruido, aunque él nunca me dijo nada”.

¿Alguna vez escuchó que en el hotel discriminaran a las chicas porque eran pareja?

“No, no. Cada una hace de su cuerpo lo que quiere. Mire usted que hasta el Papa lo acepta”. Luego sugiere: “Tenés que hablar con Don Miguel, él fue quien las ayudó a las chicas, que las llevó al baño cuando se incendió la pieza”.

Miguel está en su habitación del primer piso, donde también vivían las chicas y Justo Fernando Barrientos. Miguel lleva puesta una camiseta de fútbol de la Juventus, de Italia. Pide no grabar la conversación y luego va a requerir, acentuando la voz, que esta nota refleje las palabras tal cual las dice. “Yo hablé en una nota televisiva y dije que ellas eran conflictivas y me empezaron a criticar, pero me sacaron de contexto; quise decir que discutían entre ellas. Yo sé que al decir esto van a decir que soy un machirulo. Fernando (lo llama por su segundo nombre) era un tipo que no hablaba con nadie, era educado. Ellas tenían una vida diferente; hacían ruido de noche y llegó un momento que el hombre explotó. No es justificable todo lo que hizo, no tiene perdón de Dios, pero explotó; le agarró un brote psicótico”.

Reitera: “Te pido que lo pongas como yo te lo digo”.

Y arranca su relato: “Eran como las doce y pico de la noche, estaba acostado y sentí como si hubiera explotado una pyrex. Empezamos a escuchar gritos. Para ese momento, Fernando ya había tirado lo que aparentemente fue una especie de bomba; tiró alcohol y salieron las dos chicas quemadas, gritando; con dos vecinos de arriba intentamos apagar el fuego, ayudarlas; las chicas fueron al baño, se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

Sigue: “Este hombre subió arriba, con una sierra y se cortó el cuello. Después vinieron los bomberos, la policía y el SAME. Eso es lo que ocurrió, nada más”.

Para usted ¿fue un crimen de odio por la orientación sexual de las chicas?

–No sé el pensamiento de Fernando al respecto.

–¿Alguna vez había tenido un brote similar al que describe?

–No. Que quede claro que no lo justifico: es atroz lo que hizo. Jamás… creo, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la cabeza de uno, me podría pasar a mí. Es una locura lo que ha pasado.

Miguel, que vive en el hotel desde hace 12 años, dice: “acá vive gente trabajadora” y señala con las manos a distintas piezas: “Jubilado; jubilado; jubilado (se señala); ese muchacho hace delivery; jubilado; ese es vendedor ambulante; jubilado; ese muchacho no sé a qué se dedica; el que entró recién acaba de volver de trabajar y se fue a las 6 de la mañana. Yo soy jubilado, pero tengo que seguir laburando: me levanto a las 4 de la madrugada porque a las 6 empiezo a preparar los paquetes que entrego en el correo”.

Afuera, en la puerta de entrada, no quedan rastros de lo que pasó, pero adentro hay un montón. No sólo en la pieza de las chicas, donde la ropa está apilada en el piso; mojada; quemada. También hay rastros en el estado general de este hotel de paredes descascaradas, de olor a humedad, de servicios básicos que escasean, de márgenes en el centro de un barrio que desde hace años es imán para inversores de proyectos inmobiliarios.

A las certezas de que Pamela y Mercedes fueron asesinadas y de que Justo Fernando Barrientos fue quien las mató, le sigue una catarata de dudas: ¿Cuántas capas tiene esta historia? ¿Cuántas complejidades atraviesan al crimen de Pamela y Mercedes, y el atentado a las otras dos chicas? ¿Qué nos dice esta mansión deteriorada de Barracas, además de decirnos que Pamela ya no nos podrá decir? Miguel cree que para entender lo que pasó no alcanza con mirar el horror de hoy, de esta pieza. Después de aclarar por enésima vez que ponga todo tal cual lo dijo, cierra: “Somos un país sin esperanza, somos una sociedad enferma”.

Seguir leyendo

#NiUnaMás

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

el

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 102 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes fueron 13 femicidios y un travesticidio: el de Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, 38 años. El asesinato de Damaris generó movilizaciones: fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año; practicamente una por día.

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.

Además, en lo que va del 2024, se registraron 75 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1174 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

No son cifras:es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

Seguir leyendo

Nota

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

el

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

Seguir leyendo

LA NUEVA MU. Generación Nietes

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido