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Mosconi: la batalla entre un pueblo y las multinacionales

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Salta es el escenario de una lucha que mezcla recursos, medio ambiente y derechos humanos, y que expulsó de la vida laboral a miles de personas en medio de una indiferencia cómplice. Diez detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados tras 52 días en un infierno cotidiano pero aún hay varios procesados, cuando el que está en falta con ellos es el gobierno. Una visita a la cárcel, el asombroso trabajo de la UTD, y los detalles de un despojo de recursos que hipoteca el futuro.

Todavía no tengo claro si viajar a Salta representa un viaje al futuro o al pasado, pero sí que la distancia recorrida es algo que puede medirse en kilómetros de indiferencia. Una palabra que no expresa tan solo el desinterés, sino la confusión que se produce al mezclar indiscriminadamente y en una misma bolsa verdades a medias, simplificaciones y mentiras intencionadas. Artimañas, en últimas instancia, con las que se pretende adornar una realidad que allí surge sin máscaras.

El significado de Salta hoy es, fundamentalmente, el que le otorga haberse convertido en un mirador privilegiado desde el cual ver la batalla entre un pueblo y las multinacionales.

Lo aquí resuena a consigna, allí es una postal animada.

Escribir sobre Salta hoy, entonces, significa derribar un muro detrás del cual se oculta algo que siempre estuvo allí.

Lo evidente.

Ese es el sentido de este viaje y esta nota.





En el mundo de las finanzas globales,


la tarea que se asigna a los gobiernos estatales


es poco más que la de grandes comisarías



Zygmunt Bauman




En Tartagal son las 6 de la mañana. La oscuridad es negra y tibia y en las calles no hay madrugadores, sino unos pocos trasnochados. Un hombre pregunta si buscamos a Pepino Fernández, el máximo referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la legendaria UTD, símbolo del movimiento piquetero argentino, cuna de la protesta social aguerrida, desafiante, multitudinaria. “Allí está”, dice señalando al pequeño grupo que duerme acurrucado en el piso, entre cartones, desde hace 50 días, frente a las puertas del juzgado. Solo hay yerba y una bolsa con pedazos de pan para el desayuno con el puñado de familiares –esposas, hijos, madres, padres- que comienzan a compartir las palabras, las lágrimas y el mate. La sucesión de relatos trazan el dolor que tienen en común.

El 2 de diciembre, entre las 6 y las 7 de la mañana, grupos de no menos de 30 uniformados irrumpieron en sus casas pateando las puertas y sacudiendo el sueño familiar. Encañonaron a las mujeres, hicieron llorar a los niños y arrastraron a los hombres a la calle, así como estaban, en calzoncillos, sin entender qué pasaba. De a poco, fueron descubriendo que los allanamientos estaban vinculados con lo que diez días antes había despertado la furia de Mosconi.

Aquel 21 de noviembre, un piquete encabezado por Pepino Fernández en una punta y Mario Rearte, en la otra, ya llevaba quince días bloqueando las entradas de los depósitos de combustibles que las petroleras tienen en Campo Durán, a varios kilómetros de Mosconi. Reclamaban el pago de la deuda de los ex empleados de la estatal YPF, que desde hace años eluden las autoridades. Aquel 21 de noviembre, entonces, unos trescientos gendarmes rodearon a los piqueteros y un cronista radial comenzó a relatar lo que allí se suponía que pasaba: habían detenido a Pepino, lo habían golpeado, lo estaban metiendo a las patadas en un patrullero, ahora mismo tenía la cara ensangrentada.

El relato no era verdadero, pero en Mosconi nadie lo sabía.


Fue suficiente para que todo el pueblo saliera a la calle a reclamar, con rabia, la liberación de su referente más querido. En medio de la protesta, sin policías ni gendarmes en todo el pueblo, las oficinas de Tecpetrol –la empresa petrolera del Grupo Techint- y Refinor –de Repsol- comenzaron a incendiarse y algunos aprovecharon el desmadre para saquearlas.

Un día después, el diario El Tribuno de Salta, detallaba: “a la cabeza de los asaltantes marcharon Juan Carlos «Hippie» Fernández (hermano de «Pepino») y Oscar «Piquete» Ruiz, de activa participación en los recurrentes cortes de ruta que se producen en la zona desde hace más de un quinquenio”. El diario iniciaba así una campaña con nombres y apellidos de quienes señalaban como responsables del incendio. En una de las notas, incluso, escribe ocho nombres que califica de “peligrosos”.

Durante los días siguientes, la policía recuperó en diferentes operativos algunos de los objetos robados, pero no precisamente en la casa de los dirigentes señalados por el diario. Curiosamente, en estos allanamientos no se realizaron detenciones.

Tres días después de la revuelta, ya en Buenos Aires, Pepino y Rearte se entrevistaron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quienes le pidieron tiempo para dar una respuesta. “El principal reclamo de los ex trabajadores de YPF – sintetizaba el diario Clarín en su edición del día 25 de noviembre- es el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció cuando fue privatizada la petrolera. Hay una ley —la 25.471— que reconoce la deuda y un decreto del pasado 4 de mayo, que fijó las indemnizaciones en 23 mil pesos a cada trabajador. Los ex empleados consideran que ese monto debería ser de entre 70 y 80 mil pesos, y rechazan además el pago con Boden 2016. En tren de ganar tiempo, el Gobierno prometió estudiar soluciones a los reclamos”.

Tres días después, en conferencia de prensa y desde la Casa Rosada, los dos funcionarios anunciaron una nueva oferta: 39.000 pesos para cada uno de lo 8.500 ex empleados de YPF. Se cobrarían a mediados de diciembre.


En realidad, era un error.

“El ministerio de Economía sacó mal las cuentas y la liquidación será por solo 23.000 pesos, en bonos y no se sabe cuándo” reconoció veinte días después Parrilli en privado.

Pero aquel 2 de diciembre, en Mosconi nadie sabía nada.



El director del penal de Tartagal autoriza la visita a los presos en un día y un lugar excepcional. Es sábado y las visitas son los miércoles y domingos. Es una cárcel, pero la reunión se hará al aire libre, en la zona de la huerta que cultivan los detenidos que están próximos a terminar su condena.

Debajo de un robusto árbol de paltas hay una mesa, sillas y bancos de madera. Un gato duerme y un par de gallinas dan vueltas, alborotadas. La abogada de la UTD, Mara Puntano nos ha llevado hasta allí, logrando incluso lo imposible: desplegar cámaras de video, fotos y grabadores.

Por el camino sembrado de girasoles se asoman los cuatro hombres. Oscar “Piquete” Ruiz y Rubén Sedan llevan al hombro dos máquinas cortadoras con las que emprolijan el césped del penal. Son las máquinas de la UTD, que les llevaron sus compañeros para que el tiempo de detención se convierta –allí también- en eso que ellos llaman “trabajo comunitario”.

Detrás lo siguen Carlos Cabral y Hugo Carabajal, con la cabeza gacha.

Sentados en los bancos, abrazados por sus esposas, escuchan las novedades que les trae la doctora Puntano.

-Hasta el día de hoy no hay una causa legal para que ustedes estén presos.

Los cuatro hombres lloran. Sus mujeres, también.

Sedan es el primero en hablar. Con la cara mojada y los mocos colgando, arranca su monólogo diciendo: “Nos pegaron mal. La policía nos gritaba que porque somos cortadores de ruta teníamos que desaparecer. Estamos peleando contra un pulpo demasiado grande, contra esas empresas multinacionales que se llevan todo y a cambio te donan un tarro de pintura. Estaba preparado para muchas cosas, pero no para esto. Porque siempre fui de frente, nunca robé nada y ahora acá veo cómo hay gente que está presa desde hace cinco o seis meses y todavía no sabe por qué. ¿Qué podemos esperar nosotros, entonces, de la justicia? ¿Cuánto tiempo nos van a tener? Yo el único antecedente que tengo es por un choque. Nosotros solo somos luchadores sociales que peleamos por trabajo y dignidad. Somos gente que no nos dejamos atropellar por las empresas y los políticos. Dejo para Dios que juzgue al que dijo que yo estaba ahí, a esa gente que me está haciendo sufrir, que mortifica a mi familia, a mis hijos.

Sedam se hunde en el silencio y la voz de Carbajal es la que resuena, húmeda y acongojada. Solo dice:

– Quiero que me dejen vivir tranquilo. Tengo 23 años. Los cumplí hace dos días, encerrado. Quiero estar con mi familia y con mi hijo. Quiero terminar mi casa. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué?

Ahora es Piquete Ruiz el que intenta pensar por todos en voz alta:

– Ese día en Campo Durán había 300 milicos y en Mosconi, ni uno. Todos nos conocen bien. Siempre hablamos a cara limpia y siempre pedimos lo mismo: trabajo. A los 10 nos están inventando cosas para ver cómo nos pueden retener. En estos días me han hecho tres estudios ambientales y en mi casa no han encontrado más que la pobreza que tengo. Ninguno de nosotros somos ángeles, todos tenemos errores, pero no somos delincuentes. Y acá estamos.

“Acá estamos”
repite en voz baja Cabral.




En la comisaría de Tartagal también hay un árbol. En el centro del patio desnudo, los mangos dulces y jugosos caen generosos para animar la espera, mientras una comisaria del departamento judicial –robusta y brutal- realiza de mala gana el trámite de autorización para visitar fuera de día y horario a los detenidos. Allí están Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia, a los que solo puede verse de a uno, en un pasillo impregnado de olor a cloaca, con la cabeza escondida entre los hombros, la mirada alerta por la presencia policial que los aterra. No es el perfume a mierda, sino a miedo lo que impresiona a quienes solo pueden arrancarles unas palabras.

-¿Qué necesitan?

-Que nos dejen ir al baño. Tenemos que hacer nuestras necesidades en bolsitas porque por más que pidamos, no nos sacan. Somos seis en una celda en donde apenas entran cuatro.

La comisaria avisa que el tiempo terminó con un grito marcial:

-Presos, a sus celdas.

En su despacho nos espera otro comisario, que abre la conversación con una frase inesperada:

-Que estos muchachos estén injustamente detenidos no depende de nuestra voluntad, sino del juez. Miren cómo está este edificio: destruido. El año pasado la gente lo quemó y apenas si se pudo acondicionarlo para seguir funcionando. Así estamos.

Así estaban, entonces, los presos de la UTD.

Llevaban 51 días encerrados por orden del juez Nelson Aramayo, que ese sábado, a las 24 horas, daba por terminada su labor: comenzaban sus vacaciones.



La UTD no es un movimiento.

Es un pueblo.

También puede decirse, sin exageraciones, que es un hombre: Pepino Fernández.

Así de inmensa y pequeña a la vez, la UTD es un símbolo de resistencia piquetera que expresa la riqueza y la pobreza, las limitaciones y las potencialidades de una protesta que en algunos casos logró congregar tras de sí cinco mil personas y en otras, siete.

Cinco mil fueron los que cortaron la ruta en el 96, el 2000 y en el 2001 también.

Siete los que cortaron las rutas de acceso a los depósitos de las petroleras, en Campo Durán, el pasado noviembre.

Entre una y otra cifra, la constante es un trabajo sostenido día a día que los ha convertido en eso que algunos llaman “una municipalidad paralela”, capaz de realizar obras, concretar proyectos y arrancar dineros a las empresas y los gobiernos para financiarlas.

En la sede de la UTD, Pepino y su hermano, el Hippie, despliegan sobre la mesa un largo plano que lleva por título “mapa conceptual de Mosconi”. Está dibujado con precisión de cartógrafo o ingeniero y pintado con colores escolares. Explica el Hippie:

– Las multinacionales están aquí solo para llevarse nuestros recursos naturales. No han instalado una sola industria ni generado puestos de trabajo. Al contrario: sus únicas inversiones importantes fueron para digitalizar el control de los pozos. De esta forma, necesitan solo dos puestos de trabajo por pozo, en turnos de 12 horas. De esta forma, también, solo ellos pueden controlar lo que sacan.

Las cifras le dan la razón.

Las regalías que retiene el Estado argentino son las más bajas de América Latina: 12 por ciento. Colombia retiene el 18, Perú el 35 y Venezuela había llegado al 51 por ciento. Ese 12 por ciento sufre, además, el descuento de los gastos de transporte y almacenamiento, algo que en general no se incluye en otros países. Y se cobra mediante un régimen de «declaración jurada», es decir que los propios operadores declaran cuánto extraen.


En cuanto a la relación entre los beneficios que obtienen las empresas y los puestos de trabajo que generan, basta leer la información que –por ejemplo- la propia Tecpetrol, del Grupo Techint, ofrece en su página web:

“La Empresa obtuvo ganancias por más de US$ 55,4 millones (Abril 2001-Marzo 2002) y emplea a más de 520 personas”.

Algo así como diez puestos de trabajo por cada millón de dólares de ganancia neta.



La UTD tiene, también, no solo el diagnóstico, sino el remedio a los problemas que origina esta desproporción.

El diagnóstico: con fecha agosto de 2003 Pepino Fernández entregó en mano al presidente Kirchner una carpeta que detalla la situación de Mosconi. El informe comienza con la siguiente introducción:

“Ante la falta de fuentes de trabajo, consecuencia de las privatizaciones a gran escala que caracterizaba al modelo neoliberal, como en otras partes del país, se desembocó y profundizó la crisis social y política que provoca cortes de ruta y su represión excesivamente violenta. (…) Este informe tiene como objetivo detallar los problemas judiciales, sociales, políticos y económicos más urgentes desde nuestro punto de vista como desempleados, luchadores sociales y pobladores de esta zona, que en nuestro entender seriamente ahogan el derecho humano a una vida digna, a la que queremos defender sin miedo a persecución, violencia o muerte.”

A continuación, trazan el cuadro de situación:

Fallecidos:

Como consecuencia de las represiones violentas de las protestas en General Mosconi, la gendarmería nacional es responsable por las muertes de cinco habitantes de esta localidad. Los fallecidos son:

Orlando Javier Justiniano, 21 años, mayo 2000.

Alejandro Sebastián Gómez, 19 años, mayo 2000.

Aníbal Verón, 37 años, noviembre 2000.

Antonio Santillán, 27 años, junio 2001.

Oscar Barrios, 17 años, junio 2001.

Heridos:

Entre mayo y noviembre de 2000: más de 35 heridos.

En junio de 2001: 6 personas con heridas de bala (una de ellas incapacitada permanentemente por una herida de bala recibida durante la represión)

Encausados:

Desde 1999 hasta el 2003 hay 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados.

Desempleo:

El desempleo en la zona llegó a un índice del 80%.

Trabajo

Actualmente hay alrededor de 8.000 beneficiarios de planes sociales en Mosconi. Tienen la exigencia de cumplir con cuatro horas diarias laborales. Carecen de provisiones sociales, tales como cobertura médica, seguros de vida y accidentes, indumentaria apropiada, etc. Aunque la UTD negoció exitosamente con algunas de las empresas de la zona para lograr contratos de empleo que beneficien a los desempleados, tales empleos son breves, temporarios, sufren de imprevisión básica alimentaria, higiénica, etc.

Salud:

Mosconi posee un solo hospital para atender a más de 20.000 personas. Emplea solo a 10 médicos y no cuenta con la infraestructura adecuada.

Educación:

Hay cuatro escuelas, más una para alumnos con dificultades de aprendizaje y otra que cubre educación secundaria para adultos. Todas prestan sus servicios en edificios con serios inconvenientes de estructura y condiciones sanitarias insatisfactorias.

Infraestructura urbana y rural:

A pesar del PBI que genera el departamento para la provincia, Mosconi carece de una red de cloacas, plantas depuradoras y purificadoras. La mayoría de las calles no están pavimentadas.


El agua:

La red de cañerías tiene más de 60 años. Al no poder abastecer las necesidades mínimas e indispensables, los cortes de suministro domiciliario son diarios. Sin embargo, estos cortes no se descuentan de las facturas, por lo cual los habitantes pagan por un servicio que no se presta. Estos cortes afectan también los emprendimientos comunitarios de huertas y viveros, dificultando seriamente la creación de fuentes de trabajo alternativas.

Gas:

Mosconi es actualmente el segundo productor de gas del país. Sin embargo, solo un 30% de su población tiene servicio de gas natural, instalado por sus propios esfuerzos y pagando los vecinos el costo. La mayoría de la población consume gas en garrafa, a altos precios. La paradoja es que el gas que se extrae de Mosconi se envasa a miles de kilómetros de la ciudad y los vecinos deben pagar, luego, el gas envasado de su suelo encarecido por el transporte de las garrafas.



El Hippie saca de un portafolio una docena de carpetas que apoya sobre la mesa de madera. Son los proyectos de la UTD para Mosconi. Ideas pensadas, desarrolladas y presupuestadas, que van desde la erradicación de ranchos, creación de circuitos turísticos, planes de reforestación, plantas de procesamiento de los actuales desechos de combustibles o un polo petroquímico hasta la construcción de la obra pública más estratégica: un reservorio de agua, con trazado de acueducto incluido.

-Muchos de nuestros recursos naturales ya están prácticamente perdidos. La destrucción de bosques y la extracción sin control de gas y petróleo, por ejemplo. Tenemos reservas, es cierto, pero los cálculos más optimistas dicen que, a este ritmo, en 20 años en Mosconi ya no queda nada. En el futuro, el recurso natural central será el agua. Esa es nuestra riqueza del mañana. Aquí en la zona hay una reserva de agua dulce subterránea y una cuenca natural que, si la protegemos de la contaminación que están produciendo las multinacionales hoy, podrían constituirse en toda una fuente de reservas no solo para nosotros, sino para toda la región.

Una de las carpetas contiene un informe sobre la contaminación del agua en la zona. Detalla la relación entre determinados productos, las consecuencias y enfermedades que produce y –en una tercera columna- en qué los utilizan las empresas que trabajan en la región. Una segunda parte describe cuáles de estos productos fueron encontrados en los pozos de Laguna del Cielo, Las Lomitas y Tranquitas, que descargan sus desechos en los ríos de la zona. En otra carpeta, archivaron los certificados de defunción, los resúmenes médicos y las fotocopias de las dos primeras páginas del DNI de todos los muertos que dejaron Mosconi en el año 2000.

Así trabaja la UTD.

Relacionando un problema, investigándolo, soñando con su solución.

Y convirtiendo el piquete en una herramienta para exigir ser escuchados.

Muchas veces obtuvieron así los recursos necesarios para concretarlos.

Pero una vez hechos realidad, la UTD no se queda con nada.

-Nosotros no tenemos ni personería. No tocamos dinero- explica Pepino- Hace poco conseguimos 400 hectáreas para instalar proyectos productivos, pero las repartimos entre diferentes sectores: cooperativas, comunidades indígenas, organizaciones sociales. Aquí viene gente a pedirnos trabajos y nosotros nos organizamos y los hacemos. Cosas para la comunidad. Pero no pedimos nada a cambio: ni que sean parte de la UTD, ni que vengan a un corte, ni que participen de una reunión. Nada.


Un ejemplo: la universidad.

Una de las carpetas alberga el proyecto que imaginaron: una universidad destinada a carreras relacionadas con las necesidades de la zona. Hay fotos de los tres lugares que propusieron para establecerlas, aunque no figura allí la batalla que tuvieron que dar para arrancarle a las empresas los 800 mil pesos necesarios para concretarla. Ya lleva un año de funcionamiento, gracias a un convenio firmado con la Universidad Católica de Salta y a las becas para los alumnos que pagan las petroleras.

La UTD hizo todo.

Pensó, escribió, luchó, negoció.

Pero la Universidad no está en sus manos. Es propiedad de la comunidad de Mosconi y la administra su municipalidad. El único signo de participación de la UTD en su creación es su nombre: JUVEGOSABA.

Una sigla que se arma con las dos primeras letras de los apellidos de los cinco muertos por la represión en Mosconi: Justiniano, Verón, Gómez, Santillán y Barrios.



Es lunes y desde hace 24 horas la jueza que tiene en sus manos el destino de los 10 presos de la UTD es Ana María Fendi de Lusia. Una mujer pequeña, escuálida, con trayectoria en los juzgados de familia. Tiene sobre su escritorio un Código Penal señalado en estratégicas páginas con papelitos amarillos. En su despacho hay una sola silla, una computadora nueva, un escritorio de fórmica y un piso repleto de expedientes. Son las dos de la tarde y acaba de hablar con los familiares de los detenidos por primera vez, durante diez minutos, para explicarles que todavía no vio el expediente. Lo repite otra vez, delante nuestro, con una risa nerviosa, tratando de evitar definiciones. No dice nada, en cambio, cuando se le pregunta si no existe un conflicto de intereses en esta causa, al ser su marido gerente de una de las empresas petroleras demandantes.

La relación entre la justicia local y las empresas es así: familiar y estrecha. El abogado de Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American, por ejemplo, es Antonio Restom. Ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Salta, fue también candidato a diputado en las últimas elecciones. Perdió y el gobernador Romero lo convirtió ahora en su delegado personal en los actos oficiales que se realizan en Tartagal.



Las últimas palabras de la jueza, antes de enmudecer, fueron didácticas. Explica que se investigan hechos graves, algunos de ellos no excarcelables; que la secretaria es quien está redactando el dictamen y que, según las reglamentaciones provinciales, tiene un plazo de tres meses para expedirse sobre la situación de los detenidos.

-Entiendan que recién es lunes, el primer día hábil desde que tomé la causa.

Es lunes, sí, y no faltan meses sino horas para que los 10 detenidos de la UTD sean liberados.

Es lunes, sí, y en Buenos Aires, una movilización de más de 3.000 personas se planta frente a las oficinas de Tecpetrol para gritar “libertad a los presos de la UTD”.

Es lunes, sí, y en Tartagal, una movilización de casi 500 personas recorre las calles para gritar “libertad a los presos de la UTD”.

Es lunes, sí, y cuando la columna arranca, Pepino Fernández mira alrededor y por primera vez en 52 días sonríe:

-Mirá. Los comerciantes no cierran. Los vecinos nos miran a la cara. Ahí hay unos que nos están aplaudiendo.

Pepino dice entonces:

-Se rompió. Algo se rompió.



El martes 20 de enero, a las diez de la noche, los 10 detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados.

Tres fueron sobreseídos y siete, procesados.

Todos, dos días después, regresaron al penal a terminar el trabajo que habían comenzado.

Y así fue.

Ahora, detrás del muro de la cárcel puede verse el césped prolijamente cortado.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes, resaltó.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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