Salta es el escenario de una lucha que mezcla recursos, medio ambiente y derechos humanos, y que expulsó de la vida laboral a miles de personas en medio de una indiferencia cómplice. Diez detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados tras 52 días en un infierno cotidiano pero aún hay varios procesados, cuando el que está en falta con ellos es el gobierno. Una visita a la cárcel, el asombroso trabajo de la UTD, y los detalles de un despojo de recursos que hipoteca el futuro.

Todavía no tengo claro si viajar a Salta representa un viaje al futuro o al pasado, pero sí que la distancia recorrida es algo que puede medirse en kilómetros de indiferencia. Una palabra que no expresa tan solo el desinterés, sino la confusión que se produce al mezclar indiscriminadamente y en una misma bolsa verdades a medias, simplificaciones y mentiras intencionadas. Artimañas, en últimas instancia, con las que se pretende adornar una realidad que allí surge sin máscaras.

El significado de Salta hoy es, fundamentalmente, el que le otorga haberse convertido en un mirador privilegiado desde el cual ver la batalla entre un pueblo y las multinacionales.

Lo aquí resuena a consigna, allí es una postal animada.

Escribir sobre Salta hoy, entonces, significa derribar un muro detrás del cual se oculta algo que siempre estuvo allí.

Lo evidente.

Ese es el sentido de este viaje y esta nota.





En el mundo de las finanzas globales,


la tarea que se asigna a los gobiernos estatales


es poco más que la de grandes comisarías


Zygmunt Bauman



En Tartagal son las 6 de la mañana. La oscuridad es negra y tibia y en las calles no hay madrugadores, sino unos pocos trasnochados. Un hombre pregunta si buscamos a Pepino Fernández, el máximo referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la legendaria UTD, símbolo del movimiento piquetero argentino, cuna de la protesta social aguerrida, desafiante, multitudinaria. “Allí está”, dice señalando al pequeño grupo que duerme acurrucado en el piso, entre cartones, desde hace 50 días, frente a las puertas del juzgado. Solo hay yerba y una bolsa con pedazos de pan para el desayuno con el puñado de familiares –esposas, hijos, madres, padres- que comienzan a compartir las palabras, las lágrimas y el mate. La sucesión de relatos trazan el dolor que tienen en común.

El 2 de diciembre, entre las 6 y las 7 de la mañana, grupos de no menos de 30 uniformados irrumpieron en sus casas pateando las puertas y sacudiendo el sueño familiar. Encañonaron a las mujeres, hicieron llorar a los niños y arrastraron a los hombres a la calle, así como estaban, en calzoncillos, sin entender qué pasaba. De a poco, fueron descubriendo que los allanamientos estaban vinculados con lo que diez días antes había despertado la furia de Mosconi.

Aquel 21 de noviembre, un piquete encabezado por Pepino Fernández en una punta y Mario Rearte, en la otra, ya llevaba quince días bloqueando las entradas de los depósitos de combustibles que las petroleras tienen en Campo Durán, a varios kilómetros de Mosconi. Reclamaban el pago de la deuda de los ex empleados de la estatal YPF, que desde hace años eluden las autoridades. Aquel 21 de noviembre, entonces, unos trescientos gendarmes rodearon a los piqueteros y un cronista radial comenzó a relatar lo que allí se suponía que pasaba: habían detenido a Pepino, lo habían golpeado, lo estaban metiendo a las patadas en un patrullero, ahora mismo tenía la cara ensangrentada.

El relato no era verdadero, pero en Mosconi nadie lo sabía.


Fue suficiente para que todo el pueblo saliera a la calle a reclamar, con rabia, la liberación de su referente más querido. En medio de la protesta, sin policías ni gendarmes en todo el pueblo, las oficinas de Tecpetrol –la empresa petrolera del Grupo Techint- y Refinor –de Repsol- comenzaron a incendiarse y algunos aprovecharon el desmadre para saquearlas.

Un día después, el diario El Tribuno de Salta, detallaba: “a la cabeza de los asaltantes marcharon Juan Carlos «Hippie» Fernández (hermano de «Pepino») y Oscar «Piquete» Ruiz, de activa participación en los recurrentes cortes de ruta que se producen en la zona desde hace más de un quinquenio”. El diario iniciaba así una campaña con nombres y apellidos de quienes señalaban como responsables del incendio. En una de las notas, incluso, escribe ocho nombres que califica de “peligrosos”.

Durante los días siguientes, la policía recuperó en diferentes operativos algunos de los objetos robados, pero no precisamente en la casa de los dirigentes señalados por el diario. Curiosamente, en estos allanamientos no se realizaron detenciones.

Tres días después de la revuelta, ya en Buenos Aires, Pepino y Rearte se entrevistaron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quienes le pidieron tiempo para dar una respuesta. “El principal reclamo de los ex trabajadores de YPF – sintetizaba el diario Clarín en su edición del día 25 de noviembre- es el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció cuando fue privatizada la petrolera. Hay una ley —la 25.471— que reconoce la deuda y un decreto del pasado 4 de mayo, que fijó las indemnizaciones en 23 mil pesos a cada trabajador. Los ex empleados consideran que ese monto debería ser de entre 70 y 80 mil pesos, y rechazan además el pago con Boden 2016. En tren de ganar tiempo, el Gobierno prometió estudiar soluciones a los reclamos”.

Tres días después, en conferencia de prensa y desde la Casa Rosada, los dos funcionarios anunciaron una nueva oferta: 39.000 pesos para cada uno de lo 8.500 ex empleados de YPF. Se cobrarían a mediados de diciembre.


En realidad, era un error.

“El ministerio de Economía sacó mal las cuentas y la liquidación será por solo 23.000 pesos, en bonos y no se sabe cuándo” reconoció veinte días después Parrilli en privado.

Pero aquel 2 de diciembre, en Mosconi nadie sabía nada.



El director del penal de Tartagal autoriza la visita a los presos en un día y un lugar excepcional. Es sábado y las visitas son los miércoles y domingos. Es una cárcel, pero la reunión se hará al aire libre, en la zona de la huerta que cultivan los detenidos que están próximos a terminar su condena.

Debajo de un robusto árbol de paltas hay una mesa, sillas y bancos de madera. Un gato duerme y un par de gallinas dan vueltas, alborotadas. La abogada de la UTD, Mara Puntano nos ha llevado hasta allí, logrando incluso lo imposible: desplegar cámaras de video, fotos y grabadores.

Por el camino sembrado de girasoles se asoman los cuatro hombres. Oscar “Piquete” Ruiz y Rubén Sedan llevan al hombro dos máquinas cortadoras con las que emprolijan el césped del penal. Son las máquinas de la UTD, que les llevaron sus compañeros para que el tiempo de detención se convierta –allí también- en eso que ellos llaman “trabajo comunitario”.

Detrás lo siguen Carlos Cabral y Hugo Carabajal, con la cabeza gacha.

Sentados en los bancos, abrazados por sus esposas, escuchan las novedades que les trae la doctora Puntano.

-Hasta el día de hoy no hay una causa legal para que ustedes estén presos.

Los cuatro hombres lloran. Sus mujeres, también.

Sedan es el primero en hablar. Con la cara mojada y los mocos colgando, arranca su monólogo diciendo: “Nos pegaron mal. La policía nos gritaba que porque somos cortadores de ruta teníamos que desaparecer. Estamos peleando contra un pulpo demasiado grande, contra esas empresas multinacionales que se llevan todo y a cambio te donan un tarro de pintura. Estaba preparado para muchas cosas, pero no para esto. Porque siempre fui de frente, nunca robé nada y ahora acá veo cómo hay gente que está presa desde hace cinco o seis meses y todavía no sabe por qué. ¿Qué podemos esperar nosotros, entonces, de la justicia? ¿Cuánto tiempo nos van a tener? Yo el único antecedente que tengo es por un choque. Nosotros solo somos luchadores sociales que peleamos por trabajo y dignidad. Somos gente que no nos dejamos atropellar por las empresas y los políticos. Dejo para Dios que juzgue al que dijo que yo estaba ahí, a esa gente que me está haciendo sufrir, que mortifica a mi familia, a mis hijos.

Sedam se hunde en el silencio y la voz de Carbajal es la que resuena, húmeda y acongojada. Solo dice:

– Quiero que me dejen vivir tranquilo. Tengo 23 años. Los cumplí hace dos días, encerrado. Quiero estar con mi familia y con mi hijo. Quiero terminar mi casa. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué?

Ahora es Piquete Ruiz el que intenta pensar por todos en voz alta:

– Ese día en Campo Durán había 300 milicos y en Mosconi, ni uno. Todos nos conocen bien. Siempre hablamos a cara limpia y siempre pedimos lo mismo: trabajo. A los 10 nos están inventando cosas para ver cómo nos pueden retener. En estos días me han hecho tres estudios ambientales y en mi casa no han encontrado más que la pobreza que tengo. Ninguno de nosotros somos ángeles, todos tenemos errores, pero no somos delincuentes. Y acá estamos.

“Acá estamos” repite en voz baja Cabral.




En la comisaría de Tartagal también hay un árbol. En el centro del patio desnudo, los mangos dulces y jugosos caen generosos para animar la espera, mientras una comisaria del departamento judicial –robusta y brutal- realiza de mala gana el trámite de autorización para visitar fuera de día y horario a los detenidos. Allí están Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia, a los que solo puede verse de a uno, en un pasillo impregnado de olor a cloaca, con la cabeza escondida entre los hombros, la mirada alerta por la presencia policial que los aterra. No es el perfume a mierda, sino a miedo lo que impresiona a quienes solo pueden arrancarles unas palabras.

-¿Qué necesitan?

-Que nos dejen ir al baño. Tenemos que hacer nuestras necesidades en bolsitas porque por más que pidamos, no nos sacan. Somos seis en una celda en donde apenas entran cuatro.

La comisaria avisa que el tiempo terminó con un grito marcial:

-Presos, a sus celdas.

En su despacho nos espera otro comisario, que abre la conversación con una frase inesperada:

-Que estos muchachos estén injustamente detenidos no depende de nuestra voluntad, sino del juez. Miren cómo está este edificio: destruido. El año pasado la gente lo quemó y apenas si se pudo acondicionarlo para seguir funcionando. Así estamos.

Así estaban, entonces, los presos de la UTD.

Llevaban 51 días encerrados por orden del juez Nelson Aramayo, que ese sábado, a las 24 horas, daba por terminada su labor: comenzaban sus vacaciones.



La UTD no es un movimiento.

Es un pueblo.

También puede decirse, sin exageraciones, que es un hombre: Pepino Fernández.

Así de inmensa y pequeña a la vez, la UTD es un símbolo de resistencia piquetera que expresa la riqueza y la pobreza, las limitaciones y las potencialidades de una protesta que en algunos casos logró congregar tras de sí cinco mil personas y en otras, siete.

Cinco mil fueron los que cortaron la ruta en el 96, el 2000 y en el 2001 también.

Siete los que cortaron las rutas de acceso a los depósitos de las petroleras, en Campo Durán, el pasado noviembre.

Entre una y otra cifra, la constante es un trabajo sostenido día a día que los ha convertido en eso que algunos llaman “una municipalidad paralela”, capaz de realizar obras, concretar proyectos y arrancar dineros a las empresas y los gobiernos para financiarlas.

En la sede de la UTD, Pepino y su hermano, el Hippie, despliegan sobre la mesa un largo plano que lleva por título “mapa conceptual de Mosconi”. Está dibujado con precisión de cartógrafo o ingeniero y pintado con colores escolares. Explica el Hippie:

– Las multinacionales están aquí solo para llevarse nuestros recursos naturales. No han instalado una sola industria ni generado puestos de trabajo. Al contrario: sus únicas inversiones importantes fueron para digitalizar el control de los pozos. De esta forma, necesitan solo dos puestos de trabajo por pozo, en turnos de 12 horas. De esta forma, también, solo ellos pueden controlar lo que sacan.

Las cifras le dan la razón.

Las regalías que retiene el Estado argentino son las más bajas de América Latina: 12 por ciento. Colombia retiene el 18, Perú el 35 y Venezuela había llegado al 51 por ciento. Ese 12 por ciento sufre, además, el descuento de los gastos de transporte y almacenamiento, algo que en general no se incluye en otros países. Y se cobra mediante un régimen de «declaración jurada», es decir que los propios operadores declaran cuánto extraen.


En cuanto a la relación entre los beneficios que obtienen las empresas y los puestos de trabajo que generan, basta leer la información que –por ejemplo- la propia Tecpetrol, del Grupo Techint, ofrece en su página web:

“La Empresa obtuvo ganancias por más de US$ 55,4 millones (Abril 2001-Marzo 2002) y emplea a más de 520 personas”.

Algo así como diez puestos de trabajo por cada millón de dólares de ganancia neta.



La UTD tiene, también, no solo el diagnóstico, sino el remedio a los problemas que origina esta desproporción.

El diagnóstico: con fecha agosto de 2003 Pepino Fernández entregó en mano al presidente Kirchner una carpeta que detalla la situación de Mosconi. El informe comienza con la siguiente introducción:

“Ante la falta de fuentes de trabajo, consecuencia de las privatizaciones a gran escala que caracterizaba al modelo neoliberal, como en otras partes del país, se desembocó y profundizó la crisis social y política que provoca cortes de ruta y su represión excesivamente violenta. (…) Este informe tiene como objetivo detallar los problemas judiciales, sociales, políticos y económicos más urgentes desde nuestro punto de vista como desempleados, luchadores sociales y pobladores de esta zona, que en nuestro entender seriamente ahogan el derecho humano a una vida digna, a la que queremos defender sin miedo a persecución, violencia o muerte.”

A continuación, trazan el cuadro de situación:

Fallecidos:

Como consecuencia de las represiones violentas de las protestas en General Mosconi, la gendarmería nacional es responsable por las muertes de cinco habitantes de esta localidad. Los fallecidos son:

Orlando Javier Justiniano, 21 años, mayo 2000.

Alejandro Sebastián Gómez, 19 años, mayo 2000.

Aníbal Verón, 37 años, noviembre 2000.

Antonio Santillán, 27 años, junio 2001.

Oscar Barrios, 17 años, junio 2001.

Heridos:

Entre mayo y noviembre de 2000: más de 35 heridos.

En junio de 2001: 6 personas con heridas de bala (una de ellas incapacitada permanentemente por una herida de bala recibida durante la represión)

Encausados:

Desde 1999 hasta el 2003 hay 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados.

Desempleo:

El desempleo en la zona llegó a un índice del 80%.

Trabajo

Actualmente hay alrededor de 8.000 beneficiarios de planes sociales en Mosconi. Tienen la exigencia de cumplir con cuatro horas diarias laborales. Carecen de provisiones sociales, tales como cobertura médica, seguros de vida y accidentes, indumentaria apropiada, etc. Aunque la UTD negoció exitosamente con algunas de las empresas de la zona para lograr contratos de empleo que beneficien a los desempleados, tales empleos son breves, temporarios, sufren de imprevisión básica alimentaria, higiénica, etc.

Salud:

Mosconi posee un solo hospital para atender a más de 20.000 personas. Emplea solo a 10 médicos y no cuenta con la infraestructura adecuada.

Educación:

Hay cuatro escuelas, más una para alumnos con dificultades de aprendizaje y otra que cubre educación secundaria para adultos. Todas prestan sus servicios en edificios con serios inconvenientes de estructura y condiciones sanitarias insatisfactorias.

Infraestructura urbana y rural:

A pesar del PBI que genera el departamento para la provincia, Mosconi carece de una red de cloacas, plantas depuradoras y purificadoras. La mayoría de las calles no están pavimentadas.


El agua:

La red de cañerías tiene más de 60 años. Al no poder abastecer las necesidades mínimas e indispensables, los cortes de suministro domiciliario son diarios. Sin embargo, estos cortes no se descuentan de las facturas, por lo cual los habitantes pagan por un servicio que no se presta. Estos cortes afectan también los emprendimientos comunitarios de huertas y viveros, dificultando seriamente la creación de fuentes de trabajo alternativas.

Gas:

Mosconi es actualmente el segundo productor de gas del país. Sin embargo, solo un 30% de su población tiene servicio de gas natural, instalado por sus propios esfuerzos y pagando los vecinos el costo. La mayoría de la población consume gas en garrafa, a altos precios. La paradoja es que el gas que se extrae de Mosconi se envasa a miles de kilómetros de la ciudad y los vecinos deben pagar, luego, el gas envasado de su suelo encarecido por el transporte de las garrafas.



El Hippie saca de un portafolio una docena de carpetas que apoya sobre la mesa de madera. Son los proyectos de la UTD para Mosconi. Ideas pensadas, desarrolladas y presupuestadas, que van desde la erradicación de ranchos, creación de circuitos turísticos, planes de reforestación, plantas de procesamiento de los actuales desechos de combustibles o un polo petroquímico hasta la construcción de la obra pública más estratégica: un reservorio de agua, con trazado de acueducto incluido.

-Muchos de nuestros recursos naturales ya están prácticamente perdidos. La destrucción de bosques y la extracción sin control de gas y petróleo, por ejemplo. Tenemos reservas, es cierto, pero los cálculos más optimistas dicen que, a este ritmo, en 20 años en Mosconi ya no queda nada. En el futuro, el recurso natural central será el agua. Esa es nuestra riqueza del mañana. Aquí en la zona hay una reserva de agua dulce subterránea y una cuenca natural que, si la protegemos de la contaminación que están produciendo las multinacionales hoy, podrían constituirse en toda una fuente de reservas no solo para nosotros, sino para toda la región.

Una de las carpetas contiene un informe sobre la contaminación del agua en la zona. Detalla la relación entre determinados productos, las consecuencias y enfermedades que produce y –en una tercera columna- en qué los utilizan las empresas que trabajan en la región. Una segunda parte describe cuáles de estos productos fueron encontrados en los pozos de Laguna del Cielo, Las Lomitas y Tranquitas, que descargan sus desechos en los ríos de la zona. En otra carpeta, archivaron los certificados de defunción, los resúmenes médicos y las fotocopias de las dos primeras páginas del DNI de todos los muertos que dejaron Mosconi en el año 2000.

Así trabaja la UTD.

Relacionando un problema, investigándolo, soñando con su solución.

Y convirtiendo el piquete en una herramienta para exigir ser escuchados.

Muchas veces obtuvieron así los recursos necesarios para concretarlos.

Pero una vez hechos realidad, la UTD no se queda con nada.

-Nosotros no tenemos ni personería. No tocamos dinero- explica Pepino- Hace poco conseguimos 400 hectáreas para instalar proyectos productivos, pero las repartimos entre diferentes sectores: cooperativas, comunidades indígenas, organizaciones sociales. Aquí viene gente a pedirnos trabajos y nosotros nos organizamos y los hacemos. Cosas para la comunidad. Pero no pedimos nada a cambio: ni que sean parte de la UTD, ni que vengan a un corte, ni que participen de una reunión. Nada.


Un ejemplo: la universidad.

Una de las carpetas alberga el proyecto que imaginaron: una universidad destinada a carreras relacionadas con las necesidades de la zona. Hay fotos de los tres lugares que propusieron para establecerlas, aunque no figura allí la batalla que tuvieron que dar para arrancarle a las empresas los 800 mil pesos necesarios para concretarla. Ya lleva un año de funcionamiento, gracias a un convenio firmado con la Universidad Católica de Salta y a las becas para los alumnos que pagan las petroleras.

La UTD hizo todo.

Pensó, escribió, luchó, negoció.

Pero la Universidad no está en sus manos. Es propiedad de la comunidad de Mosconi y la administra su municipalidad. El único signo de participación de la UTD en su creación es su nombre: JUVEGOSABA.

Una sigla que se arma con las dos primeras letras de los apellidos de los cinco muertos por la represión en Mosconi: Justiniano, Verón, Gómez, Santillán y Barrios.



Es lunes y desde hace 24 horas la jueza que tiene en sus manos el destino de los 10 presos de la UTD es Ana María Fendi de Lusia. Una mujer pequeña, escuálida, con trayectoria en los juzgados de familia. Tiene sobre su escritorio un Código Penal señalado en estratégicas páginas con papelitos amarillos. En su despacho hay una sola silla, una computadora nueva, un escritorio de fórmica y un piso repleto de expedientes. Son las dos de la tarde y acaba de hablar con los familiares de los detenidos por primera vez, durante diez minutos, para explicarles que todavía no vio el expediente. Lo repite otra vez, delante nuestro, con una risa nerviosa, tratando de evitar definiciones. No dice nada, en cambio, cuando se le pregunta si no existe un conflicto de intereses en esta causa, al ser su marido gerente de una de las empresas petroleras demandantes.

La relación entre la justicia local y las empresas es así: familiar y estrecha. El abogado de Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American, por ejemplo, es Antonio Restom. Ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Salta, fue también candidato a diputado en las últimas elecciones. Perdió y el gobernador Romero lo convirtió ahora en su delegado personal en los actos oficiales que se realizan en Tartagal.



Las últimas palabras de la jueza, antes de enmudecer, fueron didácticas. Explica que se investigan hechos graves, algunos de ellos no excarcelables; que la secretaria es quien está redactando el dictamen y que, según las reglamentaciones provinciales, tiene un plazo de tres meses para expedirse sobre la situación de los detenidos.

-Entiendan que recién es lunes, el primer día hábil desde que tomé la causa.

Es lunes, sí, y no faltan meses sino horas para que los 10 detenidos de la UTD sean liberados.

Es lunes, sí, y en Buenos Aires, una movilización de más de 3.000 personas se planta frente a las oficinas de Tecpetrol para gritar “libertad a los presos de la UTD”.

Es lunes, sí, y en Tartagal, una movilización de casi 500 personas recorre las calles para gritar “libertad a los presos de la UTD”.

Es lunes, sí, y cuando la columna arranca, Pepino Fernández mira alrededor y por primera vez en 52 días sonríe:

-Mirá. Los comerciantes no cierran. Los vecinos nos miran a la cara. Ahí hay unos que nos están aplaudiendo.

Pepino dice entonces:

-Se rompió. Algo se rompió.



El martes 20 de enero, a las diez de la noche, los 10 detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados.

Tres fueron sobreseídos y siete, procesados.

Todos, dos días después, regresaron al penal a terminar el trabajo que habían comenzado.

Y así fue.

Ahora, detrás del muro de la cárcel puede verse el césped prolijamente cortado.