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Mosconi: la batalla entre un pueblo y las multinacionales

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Salta es el escenario de una lucha que mezcla recursos, medio ambiente y derechos humanos, y que expulsó de la vida laboral a miles de personas en medio de una indiferencia cómplice. Diez detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados tras 52 días en un infierno cotidiano pero aún hay varios procesados, cuando el que está en falta con ellos es el gobierno. Una visita a la cárcel, el asombroso trabajo de la UTD, y los detalles de un despojo de recursos que hipoteca el futuro.

Todavía no tengo claro si viajar a Salta representa un viaje al futuro o al pasado, pero sí que la distancia recorrida es algo que puede medirse en kilómetros de indiferencia. Una palabra que no expresa tan solo el desinterés, sino la confusión que se produce al mezclar indiscriminadamente y en una misma bolsa verdades a medias, simplificaciones y mentiras intencionadas. Artimañas, en últimas instancia, con las que se pretende adornar una realidad que allí surge sin máscaras.

El significado de Salta hoy es, fundamentalmente, el que le otorga haberse convertido en un mirador privilegiado desde el cual ver la batalla entre un pueblo y las multinacionales.

Lo aquí resuena a consigna, allí es una postal animada.

Escribir sobre Salta hoy, entonces, significa derribar un muro detrás del cual se oculta algo que siempre estuvo allí.

Lo evidente.

Ese es el sentido de este viaje y esta nota.





En el mundo de las finanzas globales,


la tarea que se asigna a los gobiernos estatales


es poco más que la de grandes comisarías



Zygmunt Bauman




En Tartagal son las 6 de la mañana. La oscuridad es negra y tibia y en las calles no hay madrugadores, sino unos pocos trasnochados. Un hombre pregunta si buscamos a Pepino Fernández, el máximo referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, la legendaria UTD, símbolo del movimiento piquetero argentino, cuna de la protesta social aguerrida, desafiante, multitudinaria. “Allí está”, dice señalando al pequeño grupo que duerme acurrucado en el piso, entre cartones, desde hace 50 días, frente a las puertas del juzgado. Solo hay yerba y una bolsa con pedazos de pan para el desayuno con el puñado de familiares –esposas, hijos, madres, padres- que comienzan a compartir las palabras, las lágrimas y el mate. La sucesión de relatos trazan el dolor que tienen en común.

El 2 de diciembre, entre las 6 y las 7 de la mañana, grupos de no menos de 30 uniformados irrumpieron en sus casas pateando las puertas y sacudiendo el sueño familiar. Encañonaron a las mujeres, hicieron llorar a los niños y arrastraron a los hombres a la calle, así como estaban, en calzoncillos, sin entender qué pasaba. De a poco, fueron descubriendo que los allanamientos estaban vinculados con lo que diez días antes había despertado la furia de Mosconi.

Aquel 21 de noviembre, un piquete encabezado por Pepino Fernández en una punta y Mario Rearte, en la otra, ya llevaba quince días bloqueando las entradas de los depósitos de combustibles que las petroleras tienen en Campo Durán, a varios kilómetros de Mosconi. Reclamaban el pago de la deuda de los ex empleados de la estatal YPF, que desde hace años eluden las autoridades. Aquel 21 de noviembre, entonces, unos trescientos gendarmes rodearon a los piqueteros y un cronista radial comenzó a relatar lo que allí se suponía que pasaba: habían detenido a Pepino, lo habían golpeado, lo estaban metiendo a las patadas en un patrullero, ahora mismo tenía la cara ensangrentada.

El relato no era verdadero, pero en Mosconi nadie lo sabía.


Fue suficiente para que todo el pueblo saliera a la calle a reclamar, con rabia, la liberación de su referente más querido. En medio de la protesta, sin policías ni gendarmes en todo el pueblo, las oficinas de Tecpetrol –la empresa petrolera del Grupo Techint- y Refinor –de Repsol- comenzaron a incendiarse y algunos aprovecharon el desmadre para saquearlas.

Un día después, el diario El Tribuno de Salta, detallaba: “a la cabeza de los asaltantes marcharon Juan Carlos “Hippie” Fernández (hermano de “Pepino”) y Oscar “Piquete” Ruiz, de activa participación en los recurrentes cortes de ruta que se producen en la zona desde hace más de un quinquenio”. El diario iniciaba así una campaña con nombres y apellidos de quienes señalaban como responsables del incendio. En una de las notas, incluso, escribe ocho nombres que califica de “peligrosos”.

Durante los días siguientes, la policía recuperó en diferentes operativos algunos de los objetos robados, pero no precisamente en la casa de los dirigentes señalados por el diario. Curiosamente, en estos allanamientos no se realizaron detenciones.

Tres días después de la revuelta, ya en Buenos Aires, Pepino y Rearte se entrevistaron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quienes le pidieron tiempo para dar una respuesta. “El principal reclamo de los ex trabajadores de YPF – sintetizaba el diario Clarín en su edición del día 25 de noviembre- es el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció cuando fue privatizada la petrolera. Hay una ley —la 25.471— que reconoce la deuda y un decreto del pasado 4 de mayo, que fijó las indemnizaciones en 23 mil pesos a cada trabajador. Los ex empleados consideran que ese monto debería ser de entre 70 y 80 mil pesos, y rechazan además el pago con Boden 2016. En tren de ganar tiempo, el Gobierno prometió estudiar soluciones a los reclamos”.

Tres días después, en conferencia de prensa y desde la Casa Rosada, los dos funcionarios anunciaron una nueva oferta: 39.000 pesos para cada uno de lo 8.500 ex empleados de YPF. Se cobrarían a mediados de diciembre.


En realidad, era un error.

“El ministerio de Economía sacó mal las cuentas y la liquidación será por solo 23.000 pesos, en bonos y no se sabe cuándo” reconoció veinte días después Parrilli en privado.

Pero aquel 2 de diciembre, en Mosconi nadie sabía nada.



El director del penal de Tartagal autoriza la visita a los presos en un día y un lugar excepcional. Es sábado y las visitas son los miércoles y domingos. Es una cárcel, pero la reunión se hará al aire libre, en la zona de la huerta que cultivan los detenidos que están próximos a terminar su condena.

Debajo de un robusto árbol de paltas hay una mesa, sillas y bancos de madera. Un gato duerme y un par de gallinas dan vueltas, alborotadas. La abogada de la UTD, Mara Puntano nos ha llevado hasta allí, logrando incluso lo imposible: desplegar cámaras de video, fotos y grabadores.

Por el camino sembrado de girasoles se asoman los cuatro hombres. Oscar “Piquete” Ruiz y Rubén Sedan llevan al hombro dos máquinas cortadoras con las que emprolijan el césped del penal. Son las máquinas de la UTD, que les llevaron sus compañeros para que el tiempo de detención se convierta –allí también- en eso que ellos llaman “trabajo comunitario”.

Detrás lo siguen Carlos Cabral y Hugo Carabajal, con la cabeza gacha.

Sentados en los bancos, abrazados por sus esposas, escuchan las novedades que les trae la doctora Puntano.

-Hasta el día de hoy no hay una causa legal para que ustedes estén presos.

Los cuatro hombres lloran. Sus mujeres, también.

Sedan es el primero en hablar. Con la cara mojada y los mocos colgando, arranca su monólogo diciendo: “Nos pegaron mal. La policía nos gritaba que porque somos cortadores de ruta teníamos que desaparecer. Estamos peleando contra un pulpo demasiado grande, contra esas empresas multinacionales que se llevan todo y a cambio te donan un tarro de pintura. Estaba preparado para muchas cosas, pero no para esto. Porque siempre fui de frente, nunca robé nada y ahora acá veo cómo hay gente que está presa desde hace cinco o seis meses y todavía no sabe por qué. ¿Qué podemos esperar nosotros, entonces, de la justicia? ¿Cuánto tiempo nos van a tener? Yo el único antecedente que tengo es por un choque. Nosotros solo somos luchadores sociales que peleamos por trabajo y dignidad. Somos gente que no nos dejamos atropellar por las empresas y los políticos. Dejo para Dios que juzgue al que dijo que yo estaba ahí, a esa gente que me está haciendo sufrir, que mortifica a mi familia, a mis hijos.

Sedam se hunde en el silencio y la voz de Carbajal es la que resuena, húmeda y acongojada. Solo dice:

– Quiero que me dejen vivir tranquilo. Tengo 23 años. Los cumplí hace dos días, encerrado. Quiero estar con mi familia y con mi hijo. Quiero terminar mi casa. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué?

Ahora es Piquete Ruiz el que intenta pensar por todos en voz alta:

– Ese día en Campo Durán había 300 milicos y en Mosconi, ni uno. Todos nos conocen bien. Siempre hablamos a cara limpia y siempre pedimos lo mismo: trabajo. A los 10 nos están inventando cosas para ver cómo nos pueden retener. En estos días me han hecho tres estudios ambientales y en mi casa no han encontrado más que la pobreza que tengo. Ninguno de nosotros somos ángeles, todos tenemos errores, pero no somos delincuentes. Y acá estamos.

“Acá estamos”
repite en voz baja Cabral.




En la comisaría de Tartagal también hay un árbol. En el centro del patio desnudo, los mangos dulces y jugosos caen generosos para animar la espera, mientras una comisaria del departamento judicial –robusta y brutal- realiza de mala gana el trámite de autorización para visitar fuera de día y horario a los detenidos. Allí están Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia, a los que solo puede verse de a uno, en un pasillo impregnado de olor a cloaca, con la cabeza escondida entre los hombros, la mirada alerta por la presencia policial que los aterra. No es el perfume a mierda, sino a miedo lo que impresiona a quienes solo pueden arrancarles unas palabras.

-¿Qué necesitan?

-Que nos dejen ir al baño. Tenemos que hacer nuestras necesidades en bolsitas porque por más que pidamos, no nos sacan. Somos seis en una celda en donde apenas entran cuatro.

La comisaria avisa que el tiempo terminó con un grito marcial:

-Presos, a sus celdas.

En su despacho nos espera otro comisario, que abre la conversación con una frase inesperada:

-Que estos muchachos estén injustamente detenidos no depende de nuestra voluntad, sino del juez. Miren cómo está este edificio: destruido. El año pasado la gente lo quemó y apenas si se pudo acondicionarlo para seguir funcionando. Así estamos.

Así estaban, entonces, los presos de la UTD.

Llevaban 51 días encerrados por orden del juez Nelson Aramayo, que ese sábado, a las 24 horas, daba por terminada su labor: comenzaban sus vacaciones.



La UTD no es un movimiento.

Es un pueblo.

También puede decirse, sin exageraciones, que es un hombre: Pepino Fernández.

Así de inmensa y pequeña a la vez, la UTD es un símbolo de resistencia piquetera que expresa la riqueza y la pobreza, las limitaciones y las potencialidades de una protesta que en algunos casos logró congregar tras de sí cinco mil personas y en otras, siete.

Cinco mil fueron los que cortaron la ruta en el 96, el 2000 y en el 2001 también.

Siete los que cortaron las rutas de acceso a los depósitos de las petroleras, en Campo Durán, el pasado noviembre.

Entre una y otra cifra, la constante es un trabajo sostenido día a día que los ha convertido en eso que algunos llaman “una municipalidad paralela”, capaz de realizar obras, concretar proyectos y arrancar dineros a las empresas y los gobiernos para financiarlas.

En la sede de la UTD, Pepino y su hermano, el Hippie, despliegan sobre la mesa un largo plano que lleva por título “mapa conceptual de Mosconi”. Está dibujado con precisión de cartógrafo o ingeniero y pintado con colores escolares. Explica el Hippie:

– Las multinacionales están aquí solo para llevarse nuestros recursos naturales. No han instalado una sola industria ni generado puestos de trabajo. Al contrario: sus únicas inversiones importantes fueron para digitalizar el control de los pozos. De esta forma, necesitan solo dos puestos de trabajo por pozo, en turnos de 12 horas. De esta forma, también, solo ellos pueden controlar lo que sacan.

Las cifras le dan la razón.

Las regalías que retiene el Estado argentino son las más bajas de América Latina: 12 por ciento. Colombia retiene el 18, Perú el 35 y Venezuela había llegado al 51 por ciento. Ese 12 por ciento sufre, además, el descuento de los gastos de transporte y almacenamiento, algo que en general no se incluye en otros países. Y se cobra mediante un régimen de “declaración jurada”, es decir que los propios operadores declaran cuánto extraen.


En cuanto a la relación entre los beneficios que obtienen las empresas y los puestos de trabajo que generan, basta leer la información que –por ejemplo- la propia Tecpetrol, del Grupo Techint, ofrece en su página web:

“La Empresa obtuvo ganancias por más de US$ 55,4 millones (Abril 2001-Marzo 2002) y emplea a más de 520 personas”.

Algo así como diez puestos de trabajo por cada millón de dólares de ganancia neta.



La UTD tiene, también, no solo el diagnóstico, sino el remedio a los problemas que origina esta desproporción.

El diagnóstico: con fecha agosto de 2003 Pepino Fernández entregó en mano al presidente Kirchner una carpeta que detalla la situación de Mosconi. El informe comienza con la siguiente introducción:

“Ante la falta de fuentes de trabajo, consecuencia de las privatizaciones a gran escala que caracterizaba al modelo neoliberal, como en otras partes del país, se desembocó y profundizó la crisis social y política que provoca cortes de ruta y su represión excesivamente violenta. (…) Este informe tiene como objetivo detallar los problemas judiciales, sociales, políticos y económicos más urgentes desde nuestro punto de vista como desempleados, luchadores sociales y pobladores de esta zona, que en nuestro entender seriamente ahogan el derecho humano a una vida digna, a la que queremos defender sin miedo a persecución, violencia o muerte.”

A continuación, trazan el cuadro de situación:

Fallecidos:

Como consecuencia de las represiones violentas de las protestas en General Mosconi, la gendarmería nacional es responsable por las muertes de cinco habitantes de esta localidad. Los fallecidos son:

Orlando Javier Justiniano, 21 años, mayo 2000.

Alejandro Sebastián Gómez, 19 años, mayo 2000.

Aníbal Verón, 37 años, noviembre 2000.

Antonio Santillán, 27 años, junio 2001.

Oscar Barrios, 17 años, junio 2001.

Heridos:

Entre mayo y noviembre de 2000: más de 35 heridos.

En junio de 2001: 6 personas con heridas de bala (una de ellas incapacitada permanentemente por una herida de bala recibida durante la represión)

Encausados:

Desde 1999 hasta el 2003 hay 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados.

Desempleo:

El desempleo en la zona llegó a un índice del 80%.

Trabajo

Actualmente hay alrededor de 8.000 beneficiarios de planes sociales en Mosconi. Tienen la exigencia de cumplir con cuatro horas diarias laborales. Carecen de provisiones sociales, tales como cobertura médica, seguros de vida y accidentes, indumentaria apropiada, etc. Aunque la UTD negoció exitosamente con algunas de las empresas de la zona para lograr contratos de empleo que beneficien a los desempleados, tales empleos son breves, temporarios, sufren de imprevisión básica alimentaria, higiénica, etc.

Salud:

Mosconi posee un solo hospital para atender a más de 20.000 personas. Emplea solo a 10 médicos y no cuenta con la infraestructura adecuada.

Educación:

Hay cuatro escuelas, más una para alumnos con dificultades de aprendizaje y otra que cubre educación secundaria para adultos. Todas prestan sus servicios en edificios con serios inconvenientes de estructura y condiciones sanitarias insatisfactorias.

Infraestructura urbana y rural:

A pesar del PBI que genera el departamento para la provincia, Mosconi carece de una red de cloacas, plantas depuradoras y purificadoras. La mayoría de las calles no están pavimentadas.


El agua:

La red de cañerías tiene más de 60 años. Al no poder abastecer las necesidades mínimas e indispensables, los cortes de suministro domiciliario son diarios. Sin embargo, estos cortes no se descuentan de las facturas, por lo cual los habitantes pagan por un servicio que no se presta. Estos cortes afectan también los emprendimientos comunitarios de huertas y viveros, dificultando seriamente la creación de fuentes de trabajo alternativas.

Gas:

Mosconi es actualmente el segundo productor de gas del país. Sin embargo, solo un 30% de su población tiene servicio de gas natural, instalado por sus propios esfuerzos y pagando los vecinos el costo. La mayoría de la población consume gas en garrafa, a altos precios. La paradoja es que el gas que se extrae de Mosconi se envasa a miles de kilómetros de la ciudad y los vecinos deben pagar, luego, el gas envasado de su suelo encarecido por el transporte de las garrafas.



El Hippie saca de un portafolio una docena de carpetas que apoya sobre la mesa de madera. Son los proyectos de la UTD para Mosconi. Ideas pensadas, desarrolladas y presupuestadas, que van desde la erradicación de ranchos, creación de circuitos turísticos, planes de reforestación, plantas de procesamiento de los actuales desechos de combustibles o un polo petroquímico hasta la construcción de la obra pública más estratégica: un reservorio de agua, con trazado de acueducto incluido.

-Muchos de nuestros recursos naturales ya están prácticamente perdidos. La destrucción de bosques y la extracción sin control de gas y petróleo, por ejemplo. Tenemos reservas, es cierto, pero los cálculos más optimistas dicen que, a este ritmo, en 20 años en Mosconi ya no queda nada. En el futuro, el recurso natural central será el agua. Esa es nuestra riqueza del mañana. Aquí en la zona hay una reserva de agua dulce subterránea y una cuenca natural que, si la protegemos de la contaminación que están produciendo las multinacionales hoy, podrían constituirse en toda una fuente de reservas no solo para nosotros, sino para toda la región.

Una de las carpetas contiene un informe sobre la contaminación del agua en la zona. Detalla la relación entre determinados productos, las consecuencias y enfermedades que produce y –en una tercera columna- en qué los utilizan las empresas que trabajan en la región. Una segunda parte describe cuáles de estos productos fueron encontrados en los pozos de Laguna del Cielo, Las Lomitas y Tranquitas, que descargan sus desechos en los ríos de la zona. En otra carpeta, archivaron los certificados de defunción, los resúmenes médicos y las fotocopias de las dos primeras páginas del DNI de todos los muertos que dejaron Mosconi en el año 2000.

Así trabaja la UTD.

Relacionando un problema, investigándolo, soñando con su solución.

Y convirtiendo el piquete en una herramienta para exigir ser escuchados.

Muchas veces obtuvieron así los recursos necesarios para concretarlos.

Pero una vez hechos realidad, la UTD no se queda con nada.

-Nosotros no tenemos ni personería. No tocamos dinero- explica Pepino- Hace poco conseguimos 400 hectáreas para instalar proyectos productivos, pero las repartimos entre diferentes sectores: cooperativas, comunidades indígenas, organizaciones sociales. Aquí viene gente a pedirnos trabajos y nosotros nos organizamos y los hacemos. Cosas para la comunidad. Pero no pedimos nada a cambio: ni que sean parte de la UTD, ni que vengan a un corte, ni que participen de una reunión. Nada.


Un ejemplo: la universidad.

Una de las carpetas alberga el proyecto que imaginaron: una universidad destinada a carreras relacionadas con las necesidades de la zona. Hay fotos de los tres lugares que propusieron para establecerlas, aunque no figura allí la batalla que tuvieron que dar para arrancarle a las empresas los 800 mil pesos necesarios para concretarla. Ya lleva un año de funcionamiento, gracias a un convenio firmado con la Universidad Católica de Salta y a las becas para los alumnos que pagan las petroleras.

La UTD hizo todo.

Pensó, escribió, luchó, negoció.

Pero la Universidad no está en sus manos. Es propiedad de la comunidad de Mosconi y la administra su municipalidad. El único signo de participación de la UTD en su creación es su nombre: JUVEGOSABA.

Una sigla que se arma con las dos primeras letras de los apellidos de los cinco muertos por la represión en Mosconi: Justiniano, Verón, Gómez, Santillán y Barrios.



Es lunes y desde hace 24 horas la jueza que tiene en sus manos el destino de los 10 presos de la UTD es Ana María Fendi de Lusia. Una mujer pequeña, escuálida, con trayectoria en los juzgados de familia. Tiene sobre su escritorio un Código Penal señalado en estratégicas páginas con papelitos amarillos. En su despacho hay una sola silla, una computadora nueva, un escritorio de fórmica y un piso repleto de expedientes. Son las dos de la tarde y acaba de hablar con los familiares de los detenidos por primera vez, durante diez minutos, para explicarles que todavía no vio el expediente. Lo repite otra vez, delante nuestro, con una risa nerviosa, tratando de evitar definiciones. No dice nada, en cambio, cuando se le pregunta si no existe un conflicto de intereses en esta causa, al ser su marido gerente de una de las empresas petroleras demandantes.

La relación entre la justicia local y las empresas es así: familiar y estrecha. El abogado de Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American, por ejemplo, es Antonio Restom. Ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Salta, fue también candidato a diputado en las últimas elecciones. Perdió y el gobernador Romero lo convirtió ahora en su delegado personal en los actos oficiales que se realizan en Tartagal.



Las últimas palabras de la jueza, antes de enmudecer, fueron didácticas. Explica que se investigan hechos graves, algunos de ellos no excarcelables; que la secretaria es quien está redactando el dictamen y que, según las reglamentaciones provinciales, tiene un plazo de tres meses para expedirse sobre la situación de los detenidos.

-Entiendan que recién es lunes, el primer día hábil desde que tomé la causa.

Es lunes, sí, y no faltan meses sino horas para que los 10 detenidos de la UTD sean liberados.

Es lunes, sí, y en Buenos Aires, una movilización de más de 3.000 personas se planta frente a las oficinas de Tecpetrol para gritar “libertad a los presos de la UTD”.

Es lunes, sí, y en Tartagal, una movilización de casi 500 personas recorre las calles para gritar “libertad a los presos de la UTD”.

Es lunes, sí, y cuando la columna arranca, Pepino Fernández mira alrededor y por primera vez en 52 días sonríe:

-Mirá. Los comerciantes no cierran. Los vecinos nos miran a la cara. Ahí hay unos que nos están aplaudiendo.

Pepino dice entonces:

-Se rompió. Algo se rompió.



El martes 20 de enero, a las diez de la noche, los 10 detenidos de la UTD de Mosconi fueron liberados.

Tres fueron sobreseídos y siete, procesados.

Todos, dos días después, regresaron al penal a terminar el trabajo que habían comenzado.

Y así fue.

Ahora, detrás del muro de la cárcel puede verse el césped prolijamente cortado.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
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