El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org