Derechos Humanos
Juicios de lesa humanidad: pese al negacionismo, lo que se viene

Catorce juicios orales y públicos entrarán en etapas decisivas en este 2025, y es posible que al menos otros seis inicien sus audiencias, entre las 254 causas que están en instrucción por violaciones a los derechos humanos. La imposibilidad del negacionismo frente a crímenes concretos: asesinatos, torturas, delitos de lesa humanidad contra niños y niñas, violaciones, fusilamientos individuales y grupales, robos a las víctimas, robos de bebés, personas vivas arrojadas al mar, detenidos incendiados, entre otros delitos cometidos por el terrorismo de Estado que llegarán a condena en la medida en que se encuentre a los culpables. Cada caso podría ser en sí mismo el tema de una serie, de un libro, de una película o de alguna actualización de una historia universal de la infamia.
Lo hecho hasta aquí con respecto a los juicios, y las fechas y los detalles de cada próximo caso para entender la historia no como mero pasado, sino como aprendizaje del infierno que una sociedad puede evitar impidiendo la impunidad y logrando una modesta y crucial revolución: hacer cumplir la ley.
Por Sergio Ciancaglini
En 2024, pese a los oleajes negacionistas o simplemente hostiles hacia las políticas de derechos humanos, hubo 17 juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que llegaron a sentencia con 55 condenas y 14 absoluciones.
Según los datos elaborados por el Ministerio Público Fiscal (a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad encabezada por la fiscal María Ángeles Ramos) hasta fin de 2024 se desarrollaron 668 juicios de los cuales casi la mitad (332) llegó a sentencia. Siguen instruyéndose 254 y 65 son los elevados a la espera de iniciar las sesiones orales y públicas.
Desde que se reiniciaron los juicios en 2006 hubo1.195 condenas y 196 absoluciones. Explica la Procuraduría:
De las 3.775 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, 1.450 (38%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 613 (16%) están detenidas bajo las siguientes modalidades:
• El 81% tiene arresto domiciliario.
• El 10% está alojado en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
• El 9% está detenido en su mayor parte en la Unidad Penitenciaria N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. También se registra la detención de una persona en una dependencia de una fuerza de seguridad federal.
Aquí, el detalle y fecha de reinicio de las audiencias de los juicios orales y públicos que continuarán durante este año con posibilidad de llegar prontamente a sentencia, y algunas de las nuevas causas que está previsto que se inicien. La lectura indica que cada caso podría ser el tema de una serie, de un libro, de una película o de alguna versión actualizada de la Historia Universal de la Infamia.
Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS QUE CONTINUARÁN EN 2025
Megacausa Zona V – Bahía Blanca
3 de febrero, 9 horas. Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.
Este es el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la historia de Bahía Blanca, el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia entera. Se incluyen también delitos perpetrados antes, en los meses previos al golpe. Comenzó en 2022, e investiga las violaciones a los derechos humanos contra 334 personas. Durante los alegatos, una de las querellas expresó algo que es jurisprudencia al menos desde la Causa 13 (el Juicio a las Juntas militares realizado en 1985). “Decir que lo sucedido fue una guerra, no solo es jurídicamente falso, sino también éticamente aberrante y técnicamente incorrecto”.
Los crímenes juzgados son homicidios, tormentos, privaciones ilegales de la libertad y delitos contra la integridad sexual, entre otros, ordenados y concretados desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército, con centro en Bahía Blanca, llegando al sur de la provincia de Buenos Aires –Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino y Patagones-, y toda la Patagonia: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Fallecieron 13 de los acusados desde que comenzó el juicio. Quedan 38 ex militares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército, y dos profesionales de la salud del centro clandestino La Escuelita, cuya función era prolongar las prácticas de torturas contra las víctimas.
Los jueces sonErnesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido.
La fiscalía está a cargo de Miguel Palazzani, con los auxiliares fiscales José Nebbia, Pablo Fermento y Paula Molini.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Juicio Saint Amant IV – San Nicolás
11 de febrero a las 9 horas, Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario
El cuarto tramo de este juicio se inició en marzo del año pasado, para investigar delitos contra 74 personas durante el período del terrorismo de estado en jurisdicción del Área Militar 132; gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. La causa lleva el nombre del ex coronel Manuel Saint Amant, que conducía esa área Militar y murió en 2016 en el penal de Ezeiza cumpliendo la prisión perpetua que le aplicó la justicia tras ser condenado en el primer juicio instruido por este tema. Luego otros 16 represores fueron condenados en diferentes segmentos de la causa, que entra en su cuarta etapa, con violaciones a los derechos humanos en San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino.
El tribunal está formado porRomán Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.
El fiscal es Adolfo Villatte, con al auxiliar fiscal Juan Patricio Murray.
Los imputados son ex integrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás: Antonio Federico Bossie (ex capitán, oficial de Operaciones y de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (ex capitán, oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (ex teniente primero, oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (ex teniente coronel, fue jefe del organismo); los ex cabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hugo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los ex oficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.
La causa investiga crímenes contra trabajadores, delegados y militantes gremiales –UOM, Sindicato de Comercio, CGT– de esa zona bonaerense, integrantes de partidos políticos y también militantes católicos.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Juicio Área 400 y acumuladas II – Megacausa Campo de Mayo
11 de febrero, 9.30 horas. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín
La causa investiga los crímenes de lesa humanidad contra 15 víctimas en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Hay tres imputados: el ex comisario de la seccional 2º de Villa Ballester, Carlos Daniel Caimi; el ex jefe de Personal de la plana mayor del área militar 400, Luis Pacífico Britos; y Horacio Rafael Sánchez, ex teniente primero designado como jefe de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate General Lemos.
En el primer juicio se llegó a 19 condenas en 2022: 10 miembros del Ejército, Gendarmería, Policía Bonaerense y la Armada recibieron perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 350 personas. Otros nueve tuvieron entre 4 y 22 años de prisión. Los delitos: privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, robo, abuso deshonesto, violación y homicidios.
El tribunal: Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y María Claudia Morgese Martín. La fiscalía está a cargo de Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Juicio Mansión Seré IV – San Martín
11 de febrero, 12 horas. Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín.
Este juicio unifica dos causas. Una aborda 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense, integrado por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Área de Moreno, la Subcomisaria de Francisco Álvarez y la Comisaría de Moreno, aunque no todos forman parte de estas audiencias. La otra causa incluida se refiere a las privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas por las cuales fue requerido a juicio el ex cabo de inteligencia de la Fuerza Aérea, Vázquez Sarmiento, quien además está acusado por la falsificación del DNI que utilizaba cuando fue detenido.
Tribunal:María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti.
Elfiscal es Félix Crous, con auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.
El total de víctimas: 114. Hay 5 imputados: Juan Carlos Vázquez Sarmiento, ex cabo principal de inteligencia de la Fuerza Aérea; Juan Carlos Herrera, ex teniente 1° de la I° Brigada Aérea de El Palomar; José Juan Zyska, ex cabo 1° de la misma unidad militar; Ernesto Rafael Lynch, ex capitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno de la Fuerza Aérea; y Julio César Leston, ex cabo 1° de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA) de la Fuerza Aérea.
Masacre del Pabellón Séptimo – CABA
12 de febrero, Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires
El 14 de marzo de 1978 se realizó una violenta requisa en la cárcel de Villa Devoto, y un incendio que provocó 65 muertes de reclusos tras lo que también se llamó “motín de los colchones”. Las víctimas murieron asfixiadas, baleadas o quemadas, según el caso. Los integranes del Servicio Penitenciario impidieron la entrada al lugar a los bomberos, argumentando que el fuego estaba controlada, mientras morían decenas de personas. La justicia considera que el caso como parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, tormentos que además de las víctimas fatales dejaron graves secuelas físicas a otras 88 personas allí detenidas.
Los jueces son Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.
El fiscal es Abel Córdoba, junto a las auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez.
Los imputados: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el ex jefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez; y el ex celador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda.
Juicio al juez Otero Álvarez – Córdoba
12 de febrero, Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.
Una nueva audiencia indagatoria y el final de la etapa probatoria se producirán el 12 de febrero. El 18 comienzan los alegatos de la querella y el 28 se pronunciará el Ministerio Público Fiscal.
Tal la agenda próxima por el caso del juez de Córdoba Carlos Otero Álvarez, que había recibido una absolución que fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara señaló inconsistencias y parcialidad en esa absolución ya que consideró que Otero Álvarez “incumplió su deber como funcionario público que desde su cargo jerárquico podría haber intentado hacer algo por las personas que estaban siendo torturadas”. Se presume su complicidad con tormentos y fusilamientos. La acusación incluye “incumplimiento de los deberes de funcionario público –en la modalidad de abuso de autoridad– y omisión de denunciar delitos” en 92 hechos.
Entre tales hechos se incluyen 31 fusilamientos en la UP1 en 1976, por los que se condenó en 2010 a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, además de secuestros y tormentos que fueron denunciados por víctimas cuando Otero Álvarez era secretario penal del Juzgado Federal N° 1.
Los jueces son Facundo Zapiola, Mario Martínez y José Escobar Cello. Las audiencias en Córdoba han presentado escollos para víctimas y testigos, y dificultades o imposibilidad de difusión de las audiencias para la prensa, tratándose de una causa de trascendencia pública. Uno de los testigos clave y querellante, Luis Baronetto, declaró al medio local El Sur que pese a ese escenario adverso el juicio demuestra que “hasta en las peores condiciones políticas es posible resistir y llevar adelante acciones, aun con poderes institucionales como la Justicia, donde hubo complicidad con la dictadura y hay una continuidad”.
Juicio Subzona 15 III-Mar del Plata
14 de febrero, Tribunal Oral Federal de Mar del Plata
Informó el Ministerio Público Fiscal (en la página fiscales.gob.ar): “El denominado juicio ‘Subzona III’ aborda 123 casos de víctimas privadas ilegítimamente de su libertad y torturadas, y algunas de ellas abusadas sexualmente: 44 permanecen desaparecidas y 88 son casos que se tratan por primera vez en un juicio. Todos los acusados fueron condenados anteriormente en otros procesos. Se espera que declaren casi 230 testigos”.
Las víctimas resultaron estudiantes universitarios, militantes políticos, trabajadores de diferentes oficios, profesionales y un concejal.
El juicio comenzó en octubre de 2024. La fiscalía describió secuestros de madrugada protagonizados por grupos armados contra víctimas que descansaban en sus viviendas, robos, interceptaciones violentas en bares, la vía pública y el Palacio municipal, homicidios, desapariciones, aplicación de tormentos y delitos sexuales en centros clandestinos de detención, en el marco de la persecución por razones políticas.
Es el tercer tramo de la causa que investiga los crímenes ocurridos en esa subzona militar durante la dictadura, a cargo de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, con intervención de las jefaturas de las áreas 15.1 y 15.2, a cargo de los grupos de artillería de Defensa Aérea 601 y 602. Se presentan además crímenes consumados por personal de la Armada Argentina en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, el Edificio Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (E.S.I.M.) y la Prefectura Naval Argentina, que actuaron como parte de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada, con dependencia funcional de la Subzona militar 15.
Los jueces son Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Martín Poderti.
La fiscalía es encabezada por Santiago Eyherabide con María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales.
Hay 20 imputados: 20. Vírtom Modesto Mendíaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suárez, Rubén E. Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese, Raúl Alberto Marino, Roberto Mario Blanco Azcarate, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Daniel Eduardo Robelo, Julio César Fulgencio Falcke, Carlos María Robbio, Héctor Raúl Azcurra, Ernesto Davis, Carlos Arturo Mansilla, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe.
La Huerta y Subzona 12 – Provincia de Buenos Aires
14 de febrero, 8.30 horas. Tribunal Oral Federal de Mar del Plata
La Huerta fue un centro clandestino de detención, desaparición y torturas que funcionó en las afueras de Tandil durante la represión ilegal en dictadura, pero las investigaciones ampliaron esa geografía. Se juzgan delitos de lesa humanidad en el Área 121 que incluye, además de La Huerta, a las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), junto a hechos ocurridos en la ciudad de Azul: la Subzona 12.
Se investigaron 192 casos inicialmente, y hubo más de 200 testigos a lo largo de 30 meses de audiencias con 26 imputados. La fiscalía planteó al acusar: “Aquí se juzgan muchos hechos aberrantes, como torturas, homicidios, desapariciones y abusos sexuales. Pero también privaciones de libertad masivas que no tuvieron tormentos y duraron períodos inferiores a un mes, por los que sus víctimas albergan la ilusión de que se haga justicia con sus casos. Esas víctimas que hoy son casi 50 años mayores que en aquel momento, viven esta instancia con una esperanza de justicia, tanto en un sentido reparador de su caso como en uno comunicativo que ayude a que el terrorismo de Estado no se repita”.
El tribunal está integrado porFernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas.
Los fiscales federales sonSantiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, con los auxiliares fiscales María Eugenia Monterio y Julio Darmandrail.
Juicio Superintendencia de Seguridad Federal III
14 de febrero, 9.30 horas Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 – CABA
La causa juicio aborda seis operativos represivos ilegales realizados por grupos de la Superintendencia de Seguridad Federal entre 1976 y 1977 en los que fueron asesinadas o desaparecidas 11 personas, según lo detalla la página juiciosdelesahumanidad.ar. Los 17 acusados son exintegrantes de la Policía Federal, en su mayoría en los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal. Cinco de los operativos que abarca el debate fueron en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de San Martín.
Los delitos que se imputan a los ex policías: homicidio, privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal. Informa la plataforma: “Su participación en estos hechos se pudo probar a partir de documentos recuperados de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, a través de los cuales se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva”.
Los casos señalados en fiscales.gob.ar incluyen
1) Los homicidios deJorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson (madrugada del 18 de mayo de 1976 en el interior del departamento 33, piso 8 de Yatay 707.
2) El homicidio de Mario Lerner el 17 de marzo de 1977 en Don Bosco 4125, piso 1°, departamento “C”.
3) Los homicidios de Carlos Gabriel Federico Jeifetz y de Nora Beatriz Salvarezza en el operativo realizado por la Brigada de la Zona 1° de la Supertintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA en la calle San Nicolás 2220, piso 1°, departamento “18”, el 4 de enero de 1977.
4) Los homicidios de Mario Alfredo Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Patricia Griffin en la noche del 19 de abril de 1977, en Bacacay 2215, piso 6°, departamento “A”, en el marco del operativo llevado a cabo por personal del Departamento Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA.
5) El homicidio de Oscar De Cicco en un procedimiento fraguado del 14 de abril de 1977 en la estación de servicio YPF de Montes de Oca y Sáenz Peña, en Villa Maipú (San Martín).
6) La privación ilegal de la libertad de Alberto Jorge Gorrini –quien permanece desaparecido– el 2 de junio de 1977 durante un procedimiento realizado en la calle Salcedo 3564 de la ciudad de Buenos Aires.
Tribunal: Daniel Horacio Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Carlos Fornari.
A cargo de la acusación, el fiscal general Pablo Ouviña y, como fiscales auxiliares, Santiago Ghiglione y Mercedes Moguilansky.
Los17 imputados: Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Néstor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Miguel Enrique Carlos Olarte, Alberto Mattone, Horacio Alfredo Ortiz, Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.
Juicio «Comisaría 5° III» – La Plata
Febrero, fecha a determinar. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata
En la tercera parte de esta causa hay tres imputados y 112 víctimas.
- El ex teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo, José Ignacio Saravia Day, está acusado por la privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada en perjuicio de los conscriptos José David Aleksoski –desaparecido–, Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos. Aleksoski permaneció secuestrado en la comisaría 5ta de La Plata.
- El ex policía Pedro Raúl Muñoz es juzgado por crímenes contra 110 víctimas (por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años de edad) en esa dependencia policial.
- El ex médico policial Jorge Antonio Bergés será juzgado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados al desaparecido Jorge Julio López, quien permaneció secuestrado en aquél lugar.
Actúa elTribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso.
LaUnidad Fiscal Federal de La Plata es integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.
Juicio «1 y 60» y «Comisaría 8º» – La Plata
Febrero, fecha a confirmar. Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata
En este caso que alcanza a 299 víctimasse investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60”, primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar, y en la comisaría 8va, en la avenida 7 y 74. Todo ocurrió, vale recordar, cuando la represión provincial era controlada por el general Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz.
Los Imputados son 18. Por el Regimiento 7, los ex oficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los ex oficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, el exjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los ex oficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el ex oficial de Logística Enrique Armando Cicciari; el ex cabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; los ex policías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exj efe del denominado Grupo Cóndor; los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.
Se agregan los civiles Carlos Ernesto Castillo (miembro de la Concentración Nacional Universitaria), y Jaime Lamont Smart, de oficio abogado, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la época de los hechos.
Integran el tribunal Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso (subrogantes).
Los fiscales generales sonHernán Schapiro y Gonzalo Miranda y sus auxiliares fiscales Juan Martin Nogueira y Ana Oberlin.
Juicio «Pellegrini» o VIllazo (Rosario)
Fecha prevista de reinicio, marzo 2025. Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario
Una huelga y pueblada histórica en Villa Constitución, de obreros melatúrgicos frente a las empresas (principalmente Acindar, en la que se instaló un centro clandestino de detención) y frente a la propia UOM, derivó en una represión ilegal motorizada por el gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón durante 1975 y la primera parte de 1976.
El juicio involucra al ex jefe de personal de Acindar en Villa Constitución, Roberto Pellegrini, aAntonio Federico Bossie, ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132 (San Nicolás) y a 21 ex policías federales, un ex prefecto y un ex policía santafesino.
Se los acusa por la privación ilegítima de la libertad contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios entre el 20 y 26 de marzo de 1975. Las privaciones de la libertad continuaron durante meses y años, según cada situación.
Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci son los jueces. El fiscal es Adolfo Villate.
Además de Pellegrini y Bossie los acusados son los ex policías federales Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano; el ex prefecto Carlos Albareda y Amadeo Chamorro (ex oficial de la guardia rural «Los Pumas» de la policía santafesina).
Juicio Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2).
Sin fecha prevista de continuación. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza.
Más de 300 víctimas y 28 imputados. La plataforma del Ministerio Público Fiscal detalla los siguientes delitos de lesa humanidad: “Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación, cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa provincia contra más de 300 víctimas del centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), donde revistaban los imputados”.
El D-2 fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más importante de Mendoza, ubicado en el propio Palacio policial. Desde allí se realizaban los trabajos de inteligencia (espionaje) contra ciudadanos de todo tipo (trabajadores, estudiantes, docentes, profesionales, amas de casa, delegados gremiales, militantes políticos). La persecución culminaba con el secuestro, sometiendo a las víctimas a toda clase de vejámenes o incluso su desaparición y muerte.
Los acusados son: Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Gary Domínguez, Abelardo Santiago Garay Mauceri, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Mario Alfredo Laporta Chielli, Celustiano Lucero Lorca, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, José Esteban Roccato Villegas, Miguel Ángel Salinas, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Tello Amaya, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker.
El tribunal está integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi.
Fiscales: Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.
Causa Vuelos – Mar del Plata
Sin fecha todavía.
Se trata de un juicio iniciado por la justicia marplatense, derivación de los vuelos de la muerte. Se investiga el encubrimiento ante la aparición de cuerpos que habían sido arrojados al mar desde aviones por la represión clandestina, que llegaban a las costas según las corrientes en una franja que se calcula en 150 kilómetros. Eran enterrados sin siquiera averiguar su origen ni identificarlos.
Están acusados el entonces juez de Dolores Carlos Facio, el médico policial Miguel Cabral (que en cuatro casos intervino sin señalar las muertes violentas de esas personas), y el ex jefe de Catastro de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, como parte del encubrimiento. Se imputa además a siete policías bonaerenses que cumplían sus destinos en las playas: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui.
La causa está a cargo del juez Martín Bava.
CAUSAS PARA LAS QUE SE PREVEE EL INICIO DE AUDIENCIAS ORALES Y PÚBLICAS EN 2025
Laguna Paiva II (niños) – Santa Fe
Laguna Paiva II examinará una situación inédita en términos de lesa humanidad: los delitos de abandono de persona, secuestro y tortura cometidos contra 16 niñas y niños durante la dictadura. Ya tuvo una primera parte referida a la represión ilegal de trabajadores ferriviarios, metalúrgicos y de frigoríficos en la zona de Villa Constitución. Lo sustancia el Tribunal Oral de Santa Fe.
La APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) es querellante en este segundo jucio, e informó: «Gran parte de las víctimas tenían, en aquellos momentos, entre 1 y 15 años. Niñas y niños que sufrieron los secuestros, torturas, abandonos, abusos sexuales (delito que no tiene imputados) y confinamientos en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe. Hay cinco imputados. Antonio Parvellotti, subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la policía santafesina; Eduardo Riuli, oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, secretario del juzgado federal; Oscar Valdez, oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, comisario de la seccional de Laguna Paiva.
Jueces: Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Beatriz Dilario. Fiscalía: Martín Suárez Faisal y el equipo de abogados querellantes de APDH,
Crimen de Horacio Roberto Marchi – Rosario
Se estima se llevará adelante este año el crimen de Horacio Roberto Machi, arquitecto y militante político. Tras su secuestro, el cuerpo apareció destrozado por explosivos, mientras se informaba sobre un falso enfrentamiento armado. La causa apunta a la responsabilidad del Destacamento de Inteligencia 121.
Juicio Slattery y otros – Santa Fe
Tribunal Oral Federal de Santa Fe
Las víctimas son 25, integrantes mayoritariamente de la Juventud Peronista y el Partido Comunista. Los imputados son 8. Privaciones ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y violación de domicilio producidas entre noviembre de 1975 y 1977. Según cada caso, las víctimas fueron llevadas a las seccionales Primera, Segunda y Cuarta, la Alcaldía de Policía y la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe; las cárceles de Coronda, del «Buen Pastor» y la Unidad Penal 4 de Santa Fe; las cárceles bonaerenses de Sierra Chica y La Plata (Unidad 9); y la cárcel porteña de Caseros.
Los imputados son los policías provinciales retirados Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, Germán Raúl Chartier, Carmelo Leonardo Rolón, Luis Antonio Pavan, Enrique Carlos Nardi y Tomás Andrés Ramos; el policía federal retirado Miguel Luis Slattery; y el militar retirado Carlos Enrique Pavón.
Jueces: Luciano Homero Lauria, José Escobar Cello y Beatriz Dilario. Fiscal: Martín Suárez Faisal.
Ingenio La Fronterita – Tucumán
Por primera vez se juzgará en Tucumán la responsabilidad empresaria en rímenes de lesa humanidad.
Durante la dictadura 68 personas sufrieron el terrorismo de Estado dentro del ingenio La Fronterita, de Famaillá. Los acusados son ex directivos de esa empresa: Alberto Figueroa Minetti, administrador; Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos. Se les imputa complicidad en violaciones de domicilio, privaciónes ilegítimas de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio contra 68 personas, de las cuales 11 siguen desaparecidas. Se trataba en su mayoría de trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas.
Juicio hermanos Radice
El integrante de los grupos de tareas de la ESMA Jorge Rádice cumple prisión por condenas anteriores por delitos de lesa humanidad. En este caso él y su hermana Norma (ambos contadores) son acusados además de lavado de activos, a partir de los bienes robados por estos grupos de tareas a sus víctimas. Así obtuvieron y blanquearon dinero, empresas, propiedades, automóviles, embarcaciones y caballos de carrera. Tras dejar la ESMA, Rádice trabajó en estos asuntos desde las oficinas “civiles” que instaló el almirante Emilio Eduardo Massera cuando pretendía convertirse en dirigente político. Las audiencias orales y públicas podrían comenzar también en este 2025.
Causa ESMA-Rúa-Kosich y otros
El teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun, de la ESMA, condujo un grupo que secuestró a Ramón García Ulloa, a su esposa, Dolores del Pilar Iglesias Caputo, y a Mónica Liliana Goldstein, que siguen desaparecidos. Después organizó un operativo con autos y camión para desvalijarles sus hogares. En ese grupo estaban René David Rúa (hoy 68 años), Daniel Omar Kosich (64), Osvaldo Víctor Pérez (64) y Jovito Martiré Villalba (64), que estudiaban en la ESMA y hacían literalmente sus primeras armas entre los grupos de tareas. Como Colquhoun no informó debidamente a los jefes de los escuadrones de la muerte sobre los hurtos, cayó en desgracia. Colquhoun falleció antes de ser juzgado en etapas anteriores de la causa ESMA, pero quedó pendiente esta parte de su accionar, que muestra uno de los aspectos no siempre difundidos del accionar represivo: el robo a las víctimas.
Derechos Humanos
Marcha en La Plata por Julio López: el monumento a la impunidad

por Lucas Pedulla
Fotos: Pedro Ramos
Cuando a Jorge Julio López lo desaparecieron por segunda vez, Camilo tenía 3, Charo estaba naciendo y Emilia nacería al año siguiente. Hoy están frente a la plaza Moreno, en la Municipalidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la previa de la marcha por los 20 años de la desaparición de ese sobreviviente y testigo cuyo rostro miles levantan por las calles de la ciudad, estencilean en las paredes o cantan a los gritos frente a los Tribunales Federales o la Gobernación bonaerense. Pasaron dos décadas y hoy Camilo y Charo estudian Historia, y Emilia cursa Periodismo.

“Nuestra generación quedó fuera de la experiencia más intensa o cercana por López porque quedó en ese lugar donde recién está empezando a ser Historia: no fue algo que vivimos como experiencia”, piensa Camilo, a sus 23. Cuenta que militó con compañeros y compañeras La Noche de los Lápices, el operativo que secuestró estudiantes secundarios de esta ciudad hace 50 años, y López llegaba por los testimonios de los sobrevivientes de la dictadura. “También nos hizo entender las idas y vueltas que tiene el ciclo de juzgamiento de los genocidas en el siglo XXI”.
A Charo, hoy con 20, le llegó cuando salió a la calle por la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en 2017 en medio de una represión a una comunidad mapuche en Chubut. “Nos hizo dar cuenta que la desaparición no termina en 1983 con el regreso de la democracia y nos hace pensar en qué cosas el Estado y nosotros estamos fallando, si no reclamos por la democracia en la que vivimos”.

Emilia, a sus 19, trae la memoria de otro desaparecido de la ciudad, Miguel Bru (1993), cuyo cuerpo tampoco apareció. “Nuestra generación necesita encontrar respuestas a preguntas que nos estamos haciendo con urgencia en estos tiempos. La más importante es qué democracia construimos desde el ‘83 hasta ahora. Que siga habiendo desaparecidos habla de un sistema que seguía operando de esa manera”.
Una nueva generación pensando López.
20 años que pasaron como si todo fuera ayer.
La marcha comienza.
¿20 años no es nada?
Jorge Julio López tenía 77 años. Había nacido en General Villegas en 1929 y por su oficio de albañil se construyó la casa en las calles 140 y 169, en Los Hornos, La Plata.
Militaba en una unidad básica cuando el 27 de octubre de 1976 lo desaparecieron por primera vez. Desde marzo gobernaba en Argentina la dictadura que había derrocado al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. A Julio lo mantuvieron cautivo en los centros clandestinos Potrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría 5° y 8° de La Plata. Permaneció desaparecido hasta el 4 de abril de 1977, cuando pasó a disposición del Poder Ejecutivo: fue preso político hasta el 25 de junio de 1979.

Su después consistió en atesorar, cuidar y sistematizar los recuerdos del horror. Todo lo que vio, escuchó y sintió, principalmente al director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, a quien señaló como su torturador: fue uno de los principales responsables del circuito represivo denominado «Camps», por el jefe de la Bonaerense –Ramón Camps–, una estructura de exterminio que operó en el conurbano, incluyó casi 30 campos de concentración y al menos 300 víctimas.
Etchecolatz no fue parte de las históricas condenas de 1985 en el Juicio a las Juntas, y fue juzgado después por las llamadas leyes de impunidad durante el gobierno de Raúl Alfonsín: la Obediencia Debida y el Punto Final. Luego, los indultos decretados por su sucesor, el presidente Carlos Menem, iniciaron una década donde los militares caminaban por la calle y López veía a Etchecolatz en los canales de televisión.
Pero en 1999 López declara. Lo hace en los Juicios por la Verdad, que simulaban un proceso, con jueces y derecho a defensa, pero sin la condena: fueron fundamentales en la construcción de condena social en el país. También formó parte de inspecciones oculares a los centros en 2001.
El 28 de junio de 2006 volvió a declarar. Era el primer juicio penal que se iniciaba en el país para juzgar los crímenes de lesa humanidad luego de que se declararan nulas las leyes de impunidad y la Corte Suprema las tachara de inconstitucionales. López declaró todo: metódico, paciente, preciso. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, donde también contó los asesinatos de sus compañeros Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco: «Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza».

El 18 de septiembre de ese año eran los alegatos.
López nunca llegó al Tribunal.
A López lo habían desaparecido por segunda vez.
Etchecolatz fue condenado pero a López nunca lo encontraron. Durante mucho tiempo lo buscaron como «averiguación de paradero», como si se hubiera perdido. La investigación la llevó la propia Bonaerense, de probados nexos vigentes con Etchecolatz. Las líneas investigativas tomaron ribetes tan ridículos que es una ofensa reproducirlos: fueron una burla. Nilda Eloy, compañera sobreviviente, fallecida en 2017, lo describió perfecto: «Un manual de impunidad». Muchos funcionarios de ese momento desestimaron la gravedad. El entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que podía estar en lo de una tía.

Recién en 2013 la Justicia requisó la celda del genocida en Marcos Paz y en su agenda figuraba el nombre de López. Durante los juicios por los crímenes en el centro La Cacha, Etchecolatz sacó un papelito que el fotógrafo Leo Vaca capturó para Infojus, que simple y tétricamente decía: «Jorge Julio López». Etchecolatz murió en 2022, a los 93 años, con nueve condenas en su espalda. Nunca dijo nada.
En octubre de 2023, el Estado argentino reconoció ante la CIDH su responsabilidad.
El Gobierno bonaerense elevó de 5 a 10 millones la recompensa a quien aporte información.
La causa tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, con el magistrado Ernestro Kreplak, que delegó la investigación en los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda.
Hoy López tendría 97 años.
Hoy López sigue desaparecido.
Graciela Daleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), piensa a López en conversación con lavaca: «Un eje es la impunidad porque todo sigue como en el primer día. La palabra inadmisible me queda corta porque todo lo que hemos logrado construir, en algunos casos hasta en coincidencia y con apoyo del poder político, no tuvo el mismo reflejo con la desaparición de Julio. Hoy Argentina, aún a los tumbos, sigue siendo única en relación a los crímenes de la dictadura, pero Julio sigue siendo una tremenda deuda. Una se sigue preguntando cómo a 20 años no ha habido ni siquiera alguna sanción a los responsables».
Teresa Laborde Calvo también lo recuerda con muchas sensaciones. Ella es hija de Adriana Calvo, primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las Juntas en 1985, que logró una condena histórica a la plana mayor de los gobiernos militares entre 1976 y 1983. Adriana fue secuestrada estando embarazada: Teresa nació en el patrullero que la estaba desapareciendo con su madre en el Pozo de Banfield, centro clandestino bonaerense, en el terreno de Etchecolatz.

Recuerda esos días de 2006 como si fuera hoy: el viernes previo a la desaparición fueron los testimonios finales, el sábado su madre habló en el acto de recuperación del Pozo como sitio de memoria, y el domingo dio a luz a su primer hijo.
El lunes, López desapareció.
Teresa: «Mi mamá estaba muy mal, sacudida. Veo las fotos del nacimiento, ella siendo abuela, angustiada. Con sus compañeras estaban felices porque iban a lograr la primera condena por genocidio después de los indultos y las leyes de impunidad: el testimonio de López había sido clave. Es muy triste, y a su vez López nos recuerda todo el camino que recorrimos para obtener justicia».
Algo no resuelto
En La Plata, durante la mañana, hubo una muestra fotográfica, un cortometraje y un conversatorio en el espacio por la memoria que funciona en lo que fue la Comisaría 5°. A la tarde, la marcha fue convocada por la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada: movilizan partidos de izquierda, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo), hermanas y familias que rondas todos los jueves con Madres de Plaza de Mayo Línea-Fundadora. No hay organizaciones del peronismo.
Hay muchas familias, o mamás o papás que vienen con infancias. Romina, docente de 52 años, trajo a Gimena, de 8: “Es importante para las nuevas juventudes. Es difícil explicarles lo que pasó, pero necesario para que no vuelva a pasar”.
También marcha la fotógrafa Helen Zout, que inmortalizó a López con sus retratos realizados en el 2000 para su serie Desapariciones. En una de ellas López mira fijo a la cámara. En la otra, tiene los ojos cerrados. Dice Helen: “No puede haber pasado tanto tiempo. Esa foto representa el dolor humano. El arte es anticipatorio, no por magia, sino por intuición: López vivía pensando que lo estaban observando. No le creímos. Hay otra foto, con Nilda, de 1998: están re jóvenes los dos, riendo. Se los ve esperanzados. Te conmueven porque tenían razón: pudieron juzgar a los asesinos”.
Por las calles de La Plata también muchos miran o filman desde los negocios. Axel, 28 años, es mozo en Green Garden y sabe de qué se trata la marcha: “Es tremendo, te deja la sensación como de algo no resuelto”. Un grupo de dos chicos y dos chicas de 23 años, de Chacabuco, toman una cerveza en Wild Hops: “No teníamos idea quién era”. Eduardo, de 86, mira desde la puerta de su centro fotográfico en la calle 74 al 1400: “A mi edad viví tantas cosas. Me duele, porque es una decepción bárbara”. Sobre una cafetería en 46 y 8, Tiago le explica a Agustina, ambos de 23: “Sabía un poco por mi abuela y mamá. Son de La Plata, y les provocó todo un movimiento”.
Sobre los Tribunales Federales, habla María Bretal, sobreviviente del centro La Cacha, que sintetiza: “La causa de Julio López es una calesita de impunidad”.
Los diálogos de la marcha, lo que se dicen por los micrófonos durante la caminata y la lectura del documento frente a la Gobernación, también ponderan el camino recorrido:
- 1.245 represores fueron condenados en 365 sentencias dictadas desde ese 2006, según el último informe trimestral de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
- Otras 250 personas fueron absueltas.
- De los 519 detenidos, 440 tienen arresto domiciliario.
- Actualmente se desarrollan 13 juicios orales y públicos.
- Otras 61 causas están elevadas a juicio.
- Hay 33 acusados prófugos.
“No puede ser que no sepamos dónde está López”, dice Lucía Velázquez, que también marcha. Su tío Pablo Velázquez está desaparecido, su abuelo estuvo secuestrado hasta 1981 y a su tío abuelo lo fusilaron. Es integrante de NIETES: “Como si no se murieran nuestros compañeros hoy mientras los genocidas siguen compartiendo su pacto de silencio. Necesitamos saber dónde está López y los 30.000 que nos faltan”.
La marcha está terminando.
Pasan los 20 años.
Mañana será un día más.
¿Qué queda?
Camilo, a sus 23, piensa: “Es el momento en que empieza a ser parte de la Historia. Y hay que elaborarlo. Hay un gris, un área borrosa para mi generación, pero la memoria es parte del presente. Con López tenemos los testimonios: los suyos, los de otros sobrevivientes y los que declararon ante los jueces. Tenemos el momento en que pasa de ser una persona en carne y hueso a ser una consigna. ¿Qué preguntas nos hacemos entonces? La dictadura, de alguna manera, es el hecho fundante de nuestra democracia, pero López también es la crítica a ese mito fundante. Hay que pensar esta democracia que votó a Milei, por ejemplo. Y, también, animarse a criticarla”.

Derechos Humanos
A 20 años de la desaparición de Julio Lópéz en democracia: 10 claves de la no investigación

Se cumplen 20 años de la segunda y definitiva desaparición de Julio López. La primera ocurrió en la dictadura, y pudo vivir para contarla y denunciar al terrorismo de Estado. La segunda ocurrió en plena democracia. Reproducimos aquí las principales claves que revela Los días sin López, la investigación realizada por Luciana Rosende y Werner Pertot, que desnuda la causa judicial que durante estas dos décadas se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.
Casa
Jorge Julio López fue visto por última vez la mañana del 18 de septiembre de 2006 en la calle N° 66, entre 137 y 138. “Entre la verdulería y el Edelap”, dijo un vecino que conocía a López, Abel Horacio Ponce, que lo observó parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como si estuviera buscando algo. En ese lugar vivía Susana Beatriz Gopar, un nombre que en el expediente se asociaba a uno de los 9 mil agentes de la Bonaerense activos al momento de la segunda desaparición de López, que habían ingresado antes o durante el golpe de Estado. Su nombre aparecía también en la agenda de Etchecolatz. El 19 de septiembre de 2007, un año y un día después de su desaparición, fue citada a declarar, pero no en el marco de la investigación, sino como testigo en el Juicio por la Verdad. Gopar negó conocer a Etchecolatz. Uno de los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria registró una conversación de la línea de Gopar el 30 de diciembre de 2008. En la televisión hacían referencia a la desaparición de López. Alguien le hizo un comentario de la noticia y, según anotó el policía, Gopar habría respondido:
-Está muerto.
-¿Qué pasó?
-La policía está buscando o por ahí está guardado.
La grabación era de mala calidad, por lo que se hacía difícil volver a oír la conversación. El casete –que llevaba el número 13- fue enviado a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE (conocida como la Ojota), para tratar de limpiar el audio. Pero el material nunca regresó.

Averiguación de paradero
De las dos hipótesis que manejaba el fiscal Marcelo Martini, la del secuestro o la del viejo extraviado, el funcionario judicial sólo tomó declaraciones a quienes aportaban elementos para la segunda. “Yo sólo tengo para investigar una averiguación de paradero”, se excusó ante la querella, entre las que estaban la abogada de Justicia Ya!, Guadalupe Godoy, y Nilda Eloy, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Sólo seguían detrás de llamadas anónimas? ¿Y a Etchecolatz no lo estaban investigando? En todo el primer cuerpo de la causa provincial, no había una sola medida dirigida al represor que López ayudó a condenar, ni a los policías que mencionó en su declaración y vivían en Los Hornos. La figura de averiguación de paradero duró tres meses.
Cuerpo
El 20 de septiembre de 2010, cinco amigos encontraron un cadáver en un arroyo cerca del canal de Villa Elisa. Estaba calcinado, boca abajo. No se le distinguían las facciones. Llamaron al 911. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, soltó: “Puta, acá nos tiraron un muerto en el mismo camino en que los tiraba la Triple A”. A las 19:35 iniciaron un rastrillaje con forenses, peritos, un helicóptero que sobrevolaba la zona. El cuerpo tenía un nailon adherido a la cabeza, quemado. Lo habían rociado con gasoil o querosén. No se trataba de un anciano. Medía 1,70, tenía una cicatriz de una operación entre los glúteos: ese detalle permitió descartar que fuera López. El forense determinó que la muerte había sido entre las 10 y las 22 del martes 19 de septiembre, cuando se leyó la condena a Etchecolatz. Casi un año después, cuando la abogada Godoy pudo acceder a los expedientes, se encontraron que unos guardaparques habían visto un auto bordó por la zona y habían hecho un identikit de los ocupantes que nunca se difundió. También vieron una camioneta doble cabina negra o azul oscuro que pasó a gran velocidad por Camino Negro. “Todos los integrantes de Justicia Ya! estaban convencidos de que ese asesinato tenía relación con la desaparición de López”.
Llaves
El 22 de noviembre de 2006, la nuera de Jorge Julio López encontró en el jardín de su casa el juego de llaves que López tenía el día que desapareció. El fiscal Marcelo Martini le aseguró a la prensa que la casa había sido requisada por la Bonaerense en las primeras 72 horas, pero que –como era una causa por averiguación de paradero- no correspondía rastrillar el jardín. ¿Cuándo habían aparecido las llaves ahí? ¿Las había escondido López al salir, pensando en volver sin despertar a su familia? ¿O las habían arrojado los secuestradores? El veloz peritaje de los químicos de la Bonaerense determinó que el período de exposición de las llaves a la intemperie “era bastante menor a 60 días”, pero a la prensa le dijeron que no tenían más de dos semanas, por lo que era prueba concluyente de que las habían dejado los secuestradores. Pero al juez Corazza le dijeron que no llevaban más de tres o cuatro días allí. “La policía mintió para encubrir que no investigaron y el hecho de que no revisaron el jardín”, le dijo Pastor Asuaje, ex compañero de militancia de López a su hijo Rubén.
El señor B
El primer legajo de la causa López, también conocido como Anexo SIDE, contiene una de las pistas que nunca salió en los diarios. La denuncia involucraba a B., un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. B. tenía llamadas con Elbio Cosso, ex jefe de Seguridad de la cárcel de La Plata cuando López estuvo allí detenido, en abril de 1977. Cosso vivía en Los Hornos, sobre la calle 60: tenía arresto domiciliario. Pero B. también tenía llamadas con Marciana Lescano, la suegra de Etchecolatz, y con el abogado del represor, Luis Boffi Carri. También se pudo encontrar vinculaciones con todo el grupo de penitenciarios presos en Marcos Paz: Abel Dupuy, Héctor El Oso Acuña, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Mario García y Julio Rebaynera. En febrero de 2008, Corazza ordenó tareas de inteligencia sobre B.: la SIDE remitió 14 casetes de escuchas que se apilaron en el juzgado sin ser oídas ni transcriptas.
Foto
En agosto de 2006, López se acercó al acto que se conmemoraba el cumpleaños de Clara Anahí, nieta apropiada de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue con su buzo bordó, saludó a Chicha y se sentó en una de las sillas de plástico puestas sobre la calle. Tras la desaparición, la Asociación Clara Anahí revisó las imágenes y videos de esa jornada. Una llamó la atención: un hombre, parado a metros de López, lo observaba mientras el resto del público miraba hacían el frente. Era el único que no aplaudía después de cada discurso. El 7 de diciembre de 2006, Chicha le entregó el video y las fotos al juez Arnaldo Corazza, que delegó la investigación en Oscar Farinelli, personal de inteligencia de la Bonaerense, quien desde la dictadura hizo carrera en la Dirección General de Inteligencia. El 16 de enero de 2007, Farinelli identificó al hombre de la foto: era el ex policía bonaerense Raúl Chicano, de 78 años, retirado en 1980 como oficial administrativo, y que durante la dictadura trabajó en la secretaría privada de Ramón Camps, jefe de Etchecolatz. Diez meses después de que Chicha les dejara la foto, Corazza aún no lo había citado a declarar. Chicha Mariani y su abogado consiguieron que lo citaran en el Juicio por la Verdad, pero como testigo. Fue el 31 de octubre de 2007: dijo que iba a ver a la hija de un socio cerca de donde fue el acto de Chicha y que, como vio gente, se acercó a ver qué pasaba.
Teléfonos
El 18 de diciembre de 2006, Corazza ordenó que se intervinieran los teléfonos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) había aportado y que -se suponía- usaban los represores. También dispuso que le enviaran el listado de todas las llamadas que habían hecho desde agosto y encargó a la Bonaerense tareas de inteligencia sobre los que tenían arresto domiciliario. La abogada Godoy notó que casi no había conversaciones, mientras que las que aparecían eran de presos comunes. Sin embargo, en una de ellas, la mujer de un preso comentó que había visto la noticia de la desaparición de López en la tele. “El dictador que lo boleteó está en el otro módulo”, contestó el detenido. El superintendente de Investigaciones Complejas, Hugo Matzkin, encontró cinco líneas de Marcos Paz a través de las que se comunicaban familiares y amigos de represores que no habían sido informadas por el SPF. Corazza se mostraba reticente a un allanamiento. La Secretaría de Derechos Humanos le informó del régimen de privilegio que gozaban los represores en la prisión: visitas sin requisa ni horarios, celulares, cámaras y montos de dinero que superaban los mil pesos. También advirtió que “tendrían acceso a un teléfono interno que permite comunicarse con otros internos del penal” y del que “sería factible hacer llamadas al exterior”. En resumen, contaban con todo para organizar lo que quisieran organizar.
El allanamiento no fue sorpresa: las autoridades del SPF estaban al tanto. Los represores, también: en el pabellón los actores judiciales encontraron una buena cantidad de tarjetas de celular, pero no los aparatos. Mientras, las líneas de teléfonos que correspondían al pabellón de los represores volvían a reproducir conversaciones de presos comunes. La Bonaerense informó al juez Corazza que los teléfonos fueron cambiados al menos tres veces más. Matzkin seguía sumando elementos que señalaban una cobertura del SPF a los represores: le indicó al juez que había ocho llamadas del entorno de Etchecolatz a un teléfono que, supuestamente, estaba en otra área del penal. Y que cuatro de esas comunicaciones fueron en los días previos a la desaparición de López y en horarios no permitidos para los presos (por ejemplo, a las 2:18 de la madrugada). A partir de una de las tarjetas de teléfono que le secuestraron a Etchecolatz, descubrieron que hizo dos llamados a Mar del Plata el 16 de septiembre. Eran piezas de un rompecabezas que no podían terminar de armar, porque no sabían cuáles eran los teléfonos que habían usado los represores cuando desapareció López. Durante la requisa, Etchecolatz se mostraba tranquilo. Hasta que vio que sacaban su agenda: ahí se puso como loco.
Agenda
Algunas de las anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz, tenían especial interés en Jorge Julio López. Escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”. En su agenda, Etchecolatz tenía decenas de números de teléfono de represores, ex policías, familiares y amigos de genocidas.
Cable
A los tres meses de la desaparición, la agencia alemana Deutsche Presse Agentur (DPA) sacó un cable titulado: “ONG argentina afirma: Julio López fue asesinado por ex represores”. El autor del cable fue el periodista alemán Jan Uwe Ronneburger, que vivía en Argentina desde 2000. Una fuente anónima sostenía que a López lo habían secuestrado en la mañana del 18 de septiembre, que los secuestradores “le exigieron que renunciara a su testimonio” y que él se negó. “Fue asesinado e hicieron desaparecer su cuerpo”, indicaba la fuente. El juez Corazza recién lo citó a declarar el 17 de mayo de 2007. El periodista dijo que no sabía quiénes habían intervenido en el secuestro y que tampoco podía revelar sus fuentes, aunque dijo que eran “dos mujeres y dos varones, todos civiles”. Luego, el abogado de la agencia apareció con un correo electrónico anónimo donde se leía la siguiente recomendación: “Busque a Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense, y a sus socios”. Con 45 años, Alberto Sobrado había sido el jefe más joven de la Bonaerense, tras el relevamiento de la cúpula luego de los asesinatos de los militantes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Asumió en 2002, pero fue expulsado por Solá en 2003 luego de que el periodista Andrés Kliphann revelara que tenía una cuenta en un paraíso fiscal en Bahamas de 333 mil dólares. La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó tareas de inteligencia en agosto de 2007 en una agencia de seguridad llamada Broders SRL, donde habrían hecho las tareas de inteligencia previas al secuestro. Allí Sobrado tenía entre sus socios a otro ex policía, Roberto Giusti, retirado de la Bonaerense dos días después de la desaparición de López. La abogada Godoy anotó que la antena del celular de Giusti lo ubica en Villa Elisa el 18 de septiembre de 2006. En el cruce de llamadas, también tenía comunicaciones con el abogado de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez. Mientras en esa misma causa se habían realizado allanamientos en base a videntes, Corazza rechazó el allanamiento a la empresa de Sobrado el 12 de diciembre de 2007.
Tiempos
En octubre de 2008, un informe de Justicia Ya! resume el estado de la cuestión: “Hubo que luchar tres meses para que la Justicia reconociera que fue un secuestro, un año para que la Procuración designara personal, un año y medio para apartar a la Bonaerense, y dos años para que el expediente pase a una secretaría especial para delitos de lesa humanidad, y así algún funcionario siguió las líneas que marcamos desde el principio”. En mayo de 2008, la secretaría especial encontró una denuncia que no había sido investigada. Era una llamada que había entrado el 0800 abierto para aportar información sobre López. El que llamó apuntó un nuevo nombre: Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición. “En un asado familiar –sostuvo el denunciante- Falcone se puso a alardear del poder que tenía y dijo que en un Volkwagen Gol gris metalizado lo trasladaron a Jorge Julio López. Falcone vive en el barrio San Jacino, en Mar del Plata”. Citaron al denunciante como testigo de identidad reservada, que declaró que había visto a Falcone desarmando un Gol gris metalizado. “Este auto no puede ver la luz del día”, declaró que le contestó Falcone. Falcone había sido una suerte de asistente de Etchecolatz y de su mujer durante el juicio en el que testificó López. Le había servido de chofer a la esposa del represor, los había acompañado en las pocas audiencias en las que el ex director de Investigaciones decidió dar la cara. También le hacía mandados cuando todavía gozaba de la prisión domiciliaria. Falcone visitó al genocida al menos dos veces cerca de la segunda desaparición de López: el 9 de agosto y el 15 de septiembre. Esta última fue un viernes, es decir, tres días antes del secuestro. Los allanamientos llegaron el 13 de enero de 2009. Los peritos sostuvieron que la suciedad y el tiempo a la intemperie que tenía el Gol modelo 93, sin patentes, encontrado en una de sus casas les dejaba muy poco para poder analizar. Consiguieron un producto especial para detectar manchas de sangre borradas: visualizaron pequeñas manchitas en el techo y en los asientos, pero no lograron reconstruir un perfil de ADN ni tampoco de qué época era. El tiempo se había llevado cualquier huella que pudiera haber existido. El fiscal Marcelo Molina lo citó a declarar recién el 23 de diciembre de 2009. Dijo que el auto –que era robado- estaba sin movimiento desde el 2003. De López no se dijo ni una palabra pese a que estaba siendo indagado en una causa que –se suponía –tenía como objetivo descubrir a los autores de la desaparición forzada del albañil. Falcone se fue tranquilo, sin que le hicieran preguntas como: ¿qué estaba haciendo la mañana del 18 de septiembre de 2006? ¿De qué habló ese día con la mujer de Etchecolatz?”.
Derechos Humanos
«Digan clítoris»

Semblanza de una mujer que eligió la libertad, el pensamiento, el sentimiento, la resistencia cotidiana y la alegría. Nora Cortiñas, alias Norita, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, hizo el último de sus viajes hace dos años. Publicamos entonces este retrato como homenaje a un ejemplo que no tiene fecha de vencimiento: Memoria, Verdad, Justicia, y Norita.
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Nora como copilota de auto, y su agenda infinita. Nora y su número de DNI, la pelopincho y la justicia. Nora y la inteligencia, el feminismo, el cannabis, la sensibilidad. Su doctrina sobre las endorfinas. Su propuesta sobre qué hacer frente a la crisis actual. Y su respuesta a una consulta: ¿qué pasará con Madres el día que no haya más Madres?
Los relojes sostienen con una precisión insoportable que todo ocurrió –o dejó de ocurrir– a las 18.41 del jueves 30 de mayo de 2024, un rato después de la ronda de Madres de cada jueves a la que esta vez obviamente ella no había podido ir, internada. Tenía 94 años, cumplidos el 22 de marzo.
Es una de las figuras más importantes en la historia argentina, una mujer gigante que nunca quiso revelar cuánto medía, partidaria de los abrazos y de todas las luchas, y abanderada de la sonrisa y la cordialidad, oficios que se ejercen con el corazón. Se despidió para instalarse en el infinito. Estos son algunos retazos, algunas semblanzas, algunas palabras, para intentar desobedecer a la muerte.
Para recordar a una persona maravillosa, y para no decirle adiós.
Por Sergio Ciancaglini
Hace unos meses, ante acontecimientos electorales (a)narco capitalistas que son de público conocimiento, alguien le comentó a Nora Cortiñas: “Qué desastre lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer frente a todo esto?”.
En lugar de hablar de lucha, resistencia, desobediencia civil, coraje y otras cosas que podían esperarse que salieran de sus labios ante semejante desafío, ella contestó, desde su silla de ruedas: “Una fiesta”.
Dio detalles: “En un barco, bailando y cantándole al río”.
Y se rio. Todo lo demás estaba sobreentendido. Ella sabía, tal vez desde siempre, que las cosas hay que concretarlas más que anunciarlas, y que la rebeldía debe aprender a alimentarse también de la celebración, el encuentro. La fiesta.
Es lo primero que se me ocurre recordar sobre Nora. Ante la muerte la memoria fragmenta las imágenes, como cuando se mira a través de unas ventanas o de unos ojos empapados. Perdón entonces por el estado de mis ventanas: estos son algunos fragmentos de lo que alcanzo a ver en la memoria, y que quisiera contar desordenadamente antes de olvidarlo.
El DNI
Una tarde en la sede de Madres Línea Fundadora. Nora revisa su cartera en la que lleva el pañuelo blanco, el verde por el aborto, crema de cannabis medicinal para su rodilla, una lata de sardinas y la agenda en la que anota sus hiperactividades cotidianas, entre otros secretos. Su agenda fue siempre el mejor mapa para comprender la conflictividad social argentina. Las luchas por la vida.
En la cartera está también su DNI: 0.019.538. “Fui de las primeras en la cola para sacarlo. El otro día, por un trámite, los empleados de un banco me dijeron que la máquina no podía interpretar un número tan bajo”.
La ayudé a cerrar la sede de Madres ese día mientras me apuraba: “Dale, dale, que tengo mucho que hacer”. Se puso el ponchito de barracán, agarró la cartera, el bastón, apagó la luz y cerró con llave. Al cerrar esa puerta, da media vuelta y abre un mundo. Nora se transforma en Norita, que en lugar de ser un diminutivo resulta un aumentativo, una clave, un código de acción.
Sale Nora de Madres y entra Norita a la calle, las plazas, las ciudades, los pueblos, las rutas, las fábricas, la naturaleza, los conflictos.
Entra a sus verdaderos lugares de acción: lo público, los espacios donde ocurren las cosas, o donde las cosas se manifiestan escapando de los encierros y del silencio.

La foto de portada: Nora en la inauguración de MU Trinchera Boutique, sede de la Cooperativa de Trabajo Lavaca. Sobre estas líneas, la imagen de Alejandro Carmona, parte de la cobertura colaborativa de las rondas, organizada por la revista MU.
Los sí y los no
Vi su DNI por primera vez en 2012, en Tribunales, cuando presentó un hábeas corpus por su hijo Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977 a las 8.45 en la estación Castelar, cuando iba hacia su trabajo en el INDEC.
Aquel 10 de diciembre de 2012 fue también la primera y única vez, en décadas, que la vi llorar. Como cronista de lavaca, me tocó ser el único periodista presente en ese momento. Acompañaba a Nora Ana Careaga, desaparecida durante la dictadura, embarazada, a los 16 años, hija de Esther Careaga, una de las tres madres desaparecidas en diciembre de 1977. También estaba con Nora Adolfo Mango, del equipo de Derechos Humanos de la Iglesia de la Santa Cruz, epicentro de la desaparición de la propia Esther, Mary Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Devincenti, además de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, tras la infiltración realizada por el marino genocida Alfredo Astiz.
Nora me explicó que su idea con el hábeas corpus era lograr que se abran los archivos sobre qué pasó con cada persona desaparecida, incluso su hijo: “Claro: nosotros no torturamos a los militares para que hablen. Depende de ellos. Y no hablan porque es parte de su culpabilidad y la demostración del crimen que cometieron. Lo mío es una pregunta sencilla y de madre. No tiene ninguna otra intención que saber dónde está mi hijo”. Como siempre, tenía la foto de Gustavo colgada del cuello, junto al corazón.
Durante la espera repasaba algunos no y algunos sí que plantearía ese mismo día al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA: “No a la Ley Antiterrorista. No a Clarín ni a ningún tipo de monopolio. No a la megaminería a cielo abierto. No al glifosato, no a Monsanto. No a la discriminación a los pueblos indígenas. No al pago de la deuda externa inmoral, impagable y odiosa. Sí a la Justicia. Sí a la verdad. Sí a la memoria. Sí al apoyo a los juicios hasta que se condene al último genocida. Sí a la recuperación de la identidad para todos los jóvenes que fueron niños apropiados por el terrorismo de Estado. Sí a la reivindicación de la lucha de nuestras hijas, hijos, y del pueblo”.
La llamaron del despacho del juez Ricardo Warley y la secretaria Miriam Halata. Me pidió que fuese con ella. Le preguntaron la causa del hábeas corpus: “Es que sigo sin saber qué le pasó a mi hijo. Y yo quisiera que él, de algún modo…” La emoción la hizo callar. Me miró con los ojos inundados haciendo un gesto con su mano, tipo “no puedo”. Hubo unos segundos de silencio. Se repuso: “Quisiera que él sepa que siempre lo buscamos”.
El cine, la onda verde y los pelotudos
Una de nuestras salidas en los últimos años fue al cine, en 2022, para ver Argentina 1985. La pasé a buscar por el Congreso, el mismo en el que hoy se decide –o no– el posible remate del país, sobre el que ella tanto advirtió. Bajó con una persona que la acompañaba, plegamos en el baúl del auto la silla de ruedas que ya le resultaba inevitable y allí fuimos hacia el infierno de Puerto Madero. En el cine no pidió nada en especial, ubicaron su silla un pasillo, y vio conmovida la película. Saludó al director Santiago Mitre y a Dolores Fonzi con afecto y me dijo: “Vamos a comer algo”. Salió del cine, impermeable a los flashes y las celebridades. No sabía qué pensar de la película, que la había sacudido. La emocionaron muchas cosas, le pareció que faltaban otras: esta historia es tan infinita que siempre falta algo o mucho por contar.
Comimos con Marisa, su asistente, y con Claudia Acuña. Nora saludaba y conversaba con la gente de las mesas cercanas en ese restaurante de Avenida de Mayo. La llevamos a su casa de Castelar. Iba como mi copilota, era la una de la madrugada: “Mirá, ya lo tengo estudiado. Si agarramos la onda verde, no nos para nadie hasta la General Paz. ¿Sabés cuál puede ser el único problema?”.
La miré de reojo y replicó: “Los pelotudos”.
Arrancamos. Cuando algún auto o colectivo hacía una maniobra indescifrable, Nora saltaba: “¿Ves lo que te digo? Lo que hay que hacer es esquivar a los pelotudos, y así se llega bien a donde uno quiere”.
Empezar a romper
La primera vez de las Madres en Plaza de Mayo fue el sábado 30 de abril de 1977. El 15 había desaparecido Gustavo. Militaba en la Juventud Peronista. Flaco, sonriente, bigote setentista, pelo largo.
En la casa de Nora hay una foto en la que se lo ve mirando a los chicos de la Villa 31, en la que militó con el padre Carlos Mugica. “Tiene un gesto que me parece dolorido y comprometido con lo que está viendo. Pero fijate los chiquitos: son iguales a los que ves hoy en las villas”. Se queda pensando: “Nuestros hijos luchaban por la justicia social. Pero hoy la brecha entre ricos y pobres es todavía mayor que cuando se tomó esta foto”. Para esa mujer que había tenido que amoldarse al rol de ama de casa y profesora de alta costura, la desaparición del hijo representó el fin de muchas cosas. “Fue dejar la casa y salir a buscarlo. Y fue para todas igual. Mujeres comunes que no éramos de la academia, ni de los grupos de pensamiento. Pero hoy entiendo que ahí ya fuimos feministas. Ahí empezamos a romper”.
Relata Nora que los varones y esposos no intervenían en las rondas porque el horario de las 15.30 era de trabajo. “Pasaba otra cosa. Al ver a los milicos algunos padres decían ‘yo le dije a mi hijo que no se metiera’ y cosas así. Entonces eso no servía. Las madres no hacíamos esas cosas”. Confrontaban. El lugar común indica que el dolor enceguece, pero Nora piensa distinto: “El dolor nos hizo ver. Nos fortaleció, y nos ayudó a ser claras”.
Empezó a entender algunas charlas que había tenido con su hijo: “Una vez me dijo: ‘¿Sabés que te pasa, mamá? Te falta calle’. Aprendí. Ahora me pasé de calle. Más que en los libros, la concientización está en la calle. Esto significa moverse siempre. Y no pensar dos veces ”.
Mínima, vital y móvil
Más fragmentos.
Desde que cumplió 82 años se definió como mínima, vital y móvil.Mínima: Nunca escondió la edad, pero ocultaba su estatura.
“Ni a mis nietos se los digo”. En el jardín de su casa hay una pequeña piscina
de dos metros de largo y uno de profundidad. Me la mostró y me guiñó un ojo: “Me
meto con salvavidas”.
Vital: Parece inagotable, aunque no lo es. Hace años sufrió
un ínfimo ACV. “Hablé dos horas después de eso en un acto, y parada. Ni yo lo
puedo creer. Pero es un compromiso con nuestros hijos y nuestras hijas. No es
un sacrificio para nada. Cada día es estar donde hay una injusticia”.
Móvil: Sus idas y vueltas a Castelar en micros, trenes
y subtes fueron durante décadas una especie de gesta cotidiana en medio de la
multitud. Un día me contó: “El otro día bajaba del tren. En el medio del gentío,
un chico que iba a subir me vio, tenía un chocolate, me dijo ‘gracias por todo
lo que hacés’, me lo dio y subió. Me quedé en el andén con el chocolate
llorando de emoción. Ni sé el nombre. Solo sé que era un chico del oeste”.
Nora estuvo en la inauguración de la anterior y de la actual sede de lavaca: nuestra madrina. Siempre llegaba con flores. Allí, y en todas partes, la gente siempre le pidió fotos. Cuando le reclamaban sonrisas con el clásico “digan whisky”, Nora replicaba: “Digan clítoris”.
Un día me dijo: “La magia no nace porque sí. La tenés que crear con tu espíritu. El espíritu de ver el lado bueno de la vida. Si no hacés magia con lo que te pasa, es imposible sentir que lo que hacés está bien, que te genere alegría porque no estás entre los mafiosos”.
Me contó también que su biznieta Camila, a los 9 años, le dijo que los besos y los abrazos contagian gérmenes. “Pero el abrazo y las caricias estimulan las endorfinas que son lo que dan ganas de vivir. Cuando alguien está enfermo, lo acariciás, le das la mano y eso es terapéutico por las endorfinas. Así que en eso sí que tengo partido: soy partidaria de los besos y los abrazos”.Defendió siempre la democracia, por eso desconfiaba de los políticos. Varias veces votó metiendo un papel en el sobre, con estas palabras: “30.000 detenidos desaparecidos. No al extractivismo. No a la persecución a las comunidades indígenas. No a la deuda externa impagable, inmoral y odiosa. Me lo habrán anulado. No importa, saben que estuve ahí”.
En la Plaza, antes y hoy
Plaza de Mayo, jueves, 15.30.
Las Madres están partidas desde 1986, pero allí están. Girando siempre en sentido inverso al de las agujas del reloj, como para recuperar el tiempo detenido por el terror. Cada uno de los dos grupos (Asociación y Línea Fundadora) en el extremo opuesto de ese círculo alrededor de la Pirámide de Mayo que culmina con una estatua que representa a la Libertad. La libertad está inmóvil, mientras la memoria, la verdad y la justicia rondan alrededor. Esa vez ocurre en tiempos de Mauricio Macri. Al final de la marcha circular Nora toma un micrófono, presenta a gremialistas, a asambleístas anti mineros, a maestras de escuela, a familiares víctimas de femicidios, denuncia la deuda externa y eterna, y anticipa lo que vino desde entonces hasta hoy, “porque hay gente que se queja en la verdulería, pero no entiende que lo que le pasa es consecuencia de que se están llevando los dólares y las riquezas, y cada dólar se paga con hambre en nuestro país”.
Repaso lo que dijo aquel día, como si lo estuviese diciendo hoy. Dice que el gobierno (¿aquel gobierno?) es “negacionista, inmoral y ladrón”, y cuenta lo que está sintiendo. “Hoy no hay buenas noticias para dar, la buena noticia fueron esos chiquitos que vinieron de Lugano”.
Agrega: “No nos volvamos locos. Cada día me acuesto pensando ¿qué mal van a hacernos mañana? Es como que con cada acción, con cada decisión, quieren humillar. No lo logran, porque nos tienen que resbalar las cosas que dicen y hacen”.
Mira a la gente: “Siento que esta Plaza es mágica. Me siento feliz aquí. Me da pudor decirlo, con tantos desastres que pasan, pero es lo que siento viendo que tantas personas vienen, se encuentran, se abrazan, se reconocen”.
Salto a este 2024, en el que mis compañeras y compañeros de lavaca resolvieron reforzar el acompañamiento a cada marcha, cada vez con menos Madres, que sienten que lo que está en juego es seguir. Les debemos eso: acompañarlas en un momento así. Nora fue varias veces este año. Otros jueves empezó a no poder. Se organizó una cobertura fotográfica colaborativa de cada una de esas rondas. En esos giros vimos el nacimiento de Hermanxs (hermanos y hermanas de personas desaparecidas) y lo más nuevo: Nietes. Norita alcanzó a fotografiarse con esos grupos que fermentan el futuro.

Nora puño en alto, Elia Espén, y Nietes. Foto: Lucía Prieto para la cobertura colaborativa. Abril 2024.
Me llegan mensajes de hoy. Lina y Francisco están en Misiones, cubriendo el conflicto provincial. «Le dimos la noticia a la asamblea y acampe docente, le brindaron un aplauso. Fue muy emotivo». Claudia: «Fue muy fuerte estar en la ronda hoy, y verla a Elia Espén, y que transmitía tan claro y con el cuerpo que sabía, y nos miraba a los pocos que éramos, y decía ‘griten más fuerte’, y temblaba. Pedía que no dejemos de ir. Le agarré las manos y le dije que se quede tranquila, que íbamos a seguir». Lucas: «Por cada lágrima se me vienen mil sonrisas porque así iluminabas todo. No sólo por tu Gustavo, que llevabas siempre a la altura de tu corazón, sino en una calle conurbana que pedía a gritos la aparición de un pibe desaparecido por la Bonaerense, en una asamblea de algún pueblo fumigado, en cualquier marcha feminista, en cada fábrica recuperada. Decías: todo daño que nos hacen transformémoslo en amor». Franco: «Norita era magia subidora, sonrisa y puño en alto, se fue para no aguantar más a este gobierno, y estará más que viva que nunca».
Se me ocurrió hace tiempo preguntarle a Nora: ¿Cómo imaginar esa ronda cuando ya no queden Madres?
“Yo no me imagino nada. Nunca digo que esto va a ser así o asá. Lo que creo es que siempre hubo etapas con determinadas personas que vivieron y luego murieron. Es la ley de la historia, y de la vida. Ojalá nunca más tenga que haber Madres porque hay genocidios y represiones. Pero en nuestro caso, de algún modo estaremos en la Plaza. Y entonces habrá que ver qué es lo que nace”.
Me lo dijo sin miedo y sin nostalgia, haciendo bailar esa sonrisa alimentada en la calle con abrazos y resistencia, besos y valentía, magia y endorfinas.
Su última salida pública fue para ver el show de Susy Shock: una noche de alegría.
Hay tanto para contar, y tan poco para decir en esta noche triste, que tal vez solo alcance con repetir la palabra que le dijo aquel chico del Oeste que le regaló un chocolate en un andén, y que la emocionó: gracias. Mientras la imagino ahora mismo en un barco, bailando y cantándole al río.

Imagen de Martín Acosta en 2024, parte de la cobertura colaborativa de fotos organizada por la revista MU durante ese año. Siempre girando en sentido inverso a las agujas del reloj, pero marcando la hora de la sociedad argentina desde la primera ronda de 1977.
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