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Diego Borjas: comienza el juicio oral a más de 10 años de su muerte

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Un chico de 17 años en un centro socioeducativo. En la foto se lo ve de pie, el más alto, en el Agote, un Día de la Madre. La desesperación por salir. El encierro en una “tumba” de castigo. La responsabilidad de los funcionarios y una muerte que podría haberse evitado. Detrás, esa madre, Liliana Basualdo, empleada doméstica, que nunca abandonó otra forma de desesperación: la búsqueda de justicia. Detalles del caso que llega a juicio desde este martes: 10 años después. El relato de Liliana que es una radiografía de muchas vidas vulnerables, y la expectativa frente a la causa.

Por Lucrecia Raimondi

El 26 de noviembre de 2014 hacía seis meses que Diego, 17 años, se encontraba con una medida de privación de su libertad ambulatoria en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”. Las últimas semanas en el Centro no estaba bien, se sentía irritable, contestaba, no acataba las normas. Estaba enojado porque el juez le había negado la libertad y el traslado. La convivencia con los otros pibes también era difícil. Quería salir. Esa mañana, por insultar a un profesor, la directora del Centro lo castigó por 48 horas en el sector de “ex ingreso”. La celda ubicada en el subsuelo era de 3 por 1,80 metros sin ventilación ni agua ni baño, entraba poca luz natural por una pequeña ventana enrejada y hermética, había una cama de hierro, un colchón de espuma.

Ese día fue de visita, a la tarde vió a su hermana y a su sobrino; a las 17:00 horas el celador lo llamaba y no se quería despedir, volvía y le daba besos a su familia, los abrazaba. Una hora y media después, la reja de su celda estaba con candado. A las 20:30 horas, el adolescente protestaba encerrado, desesperado por salir. Diego tenía un encendedor que pasó por alto dos requisas. Para intentar un traslado prendió el colchón: pasados los minutos el incendio se descontroló, a los gritos pidió auxilio entre el fuego y el humo tóxico. Los adultos que debían cuidar de su integridad se demoraron el tiempo suficiente como para que las consecuencias sobre Diego fueran irreversibles. Entrada la noche del 2 de diciembre murió solo en el Instituto del Quemado.

A la Justicia le llevó 5 años resolver el procesamiento y más de 10 años dar inicio al juicio por la muerte de Diego Iván Borjas, que vivió 17 años. El debate oral y público comenzará este martes 11 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 de Capital Federal contra cuatro funcionarios del Centro “Dr. Luis Agote” y la entonces responsable de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (DINAI) de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Está prevista la citación de 35 testigos que declararán en al menos siete audiencias que se podrían extender hasta principios de marzo.

Diego Borjas: comienza el juicio oral a más de 10 años de su muerte

Diego en su décimo cumpleaños, entre sus padres.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sennaf tenía a su cargo los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, “Gral. Manuel Belgrano”, “Gral. San Martín” y “Dr. Manuel Rocca” bajo la órbita de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Tras las muertes de Diego Borjas y Lucas Simone, la DINAI fue reorganizada y los cuatro Centros se transfirieron en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires. La actual autoridad responsable es la Dirección Operativa de Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria dependiente del Consejo de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (CDNNYA) del Gobierno de la Ciudad.

“Un caso de esta trascendencia llega a juicio gracias al esfuerzo de Liliana Basualdo, la mamá de Diego, con nuestra representación, y el empuje que también trabajaron la querella de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Fiscalía de Instrucción. Este es un caso que atravesó muchas instancias, incluso varias veces se recurrió a la Casación, el máximo tribunal del país, para que finalmente se habilite la etapa de juicio. A pesar de que la enorme mayoría de las pruebas en las que se fundamenta la responsabilidad de los funcionarios acusados estaban disponibles desde un primer momento. Con lo cual, hemos atravesado una resistencia bastante fuerte, por lo menos de ciertos operadores del sistema de administración de justicia, para procesar este tipo de casos que presentaban una complejidad adicional. Nos demandó mucho esfuerzo, reiteradas presentaciones, para que esto avance y que el juicio se resuelva con la mayor celeridad posible”, manifestó en diálogo con lavaca Pablo Rovatti, abogado querellante por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos que representa a la mamá de Diego Borjas.

Una muerte evitable

El Centro Agote fue protagonista de sucesivas quemas de colchones en el año 2014: una en marzo, una en octubre, dos en noviembre y tres en diciembre. Seis meses después de la muerte de Diego, en julio del 2015, Lucas Simone de 16 años murió en su habitación en el Centro Rocca por la quema de un colchón a modo de protesta. El Gobierno de la Ciudad cerró las puertas de ese Centro tras un motín ocurrido en abril del año siguiente; Pablo César Arce, director del Centro Rocca al momento de la muerte de Lucas, fue llevado a juicio y absuelto en octubre de 2024.

Durante la investigación en el Juzgado de Instrucción Nº27 de Capital Federal se demostró que la DINAI había sido informada de los incendios y su recurrencia, tanto en el Centro Agote como en otros centros. “La Dirección debió hacer una contratación directa para la una compra urgente de colchones ignífugos y reemplazar los de espuma de poliuretano. Además, en el Centro Agote se cometieron una multiplicidad de negligencias: la directora ordenó una medida de sanción en un espacio que no estaba en condiciones para su uso, las dos requisas de ese día fueron defectuosas porque Diego tenía en su poder un elemento prohibido y que era de riesgo en esa celda, el celador de guardia no estaba en su puesto y su relevo tampoco al momento del incendio, su superior no controló que estuvieran en la vigilancia de ese sector”, describió el abogado de la familia del adolescente. “Esto no tendría que haber pasado”, se lamentó su mamá Liliana, en diálogo con Lavaca.

Para el juez que procesó a los funcionarios, Diego no debió permanecer en una celda de mínimas dimensiones sin ventilación, con un colchón de un material altamente inflamable que libera gases tóxicos al arder, sin ningún tratamiento retardante de la combustión. Diego no debió tener consigo un encendedor ni debió estar solo ni la puerta debió estar cerrada con candado. “En su momento el juez expuso en el auto de procesamiento que era una trampa mortal. Cómo pudieron dejar a un chico encerrado en una celda de dos metros, con un colchón inflamable y un encendedor. Además estaba sancionado, con el riesgo de reclamo que esto genera. No hacía falta ser experto. Un funcionario que se supone que está especializado en la atención de chicos en conflicto con la ley penal, debería saberlo. Ese es el eje de las imputaciones”, aseveró Rovatti.

Por su parte, Rodrigo Borda afrontará la querella institucional por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que dentro de sus funciones solicitó al Tribunal ser parte acusadora con el objetivo de que se dirima la responsabilidad del Estado en la muerte de Borjas por las irregularidades tanto en la prevención como en la actuación frente al siniestro. El Ministerio Público Fiscal presentará su acusación desde la Fiscalía Nº5 a cargo de Juan Manuel Fernandez Buzzi.

Adultos irresponsables

Los cinco imputados en el juicio por la muerte de Diego Borjas serán indagados en un juicio oral y público por el delito de “homicidio imprudente”. Las penas van de 3 a 5 años de prisión. Si la condena es menor a tres años la ejecución de la pena podría quedar en suspenso.

Cada funcionario deberá responder según la responsabilidad y rol que cumplían al momento de la muerte del adolescente:

  • Alejandra Beatriz Aguilar Pedalino, quien fuera la Directora de la DINAI, era la primera superior de los directores de los cuatro Centros de Régimen Cerrado para adolescentes en conflicto con la ley penal de CABA. Tomaba conocimiento formal de los sucesivos incendios ocurridos en el Centro Agote, que anticiparon el riesgo que finalmente se concretó en la muerte de Borjas. Por inacción incumplió con su deber de garante de la vida de los adolescentes por no tomar de inmediato todas las medidas a su alcance para la inspección, relevamiento y recambio de colchones de poliuretano por una nueva dotación de colchones ignífugos.
  • La entonces directora del Centro de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, Lidia González, ordenó una medida de sanción teniendo conocimiento de la problemática de consumo de estupefacientes y los conflictos con la ley penal que tenían Diego y otros chicos. La cercanía con ellos le permitía prever el modo de reaccionar ante, por ejemplo, una sanción. La acusada decidió separar al adolescente de sus pares y ponerlo en un lugar que no se usaba porque no estaba en condiciones, lo que incrementó el riesgo de que prendiera fuego un colchón a modo de reclamo, como había sucedido en tres oportunidades anteriores. Ante la cercanía con Diego y conocer su trayectoria de vida, más los incendios previos, la circunstancia le exigía extremar los cuidados.
  • Al momento de incendiar el colchón no había ningún adulto vigilando el sector de “ex ingreso” donde Diego estaba sancionado. Humberto Marcelo Fernández era el celador de turno pero al momento del incendio había pedido un relevo a Eduardo Alberto Morales. Fernández está imputado por no detectar en la requisa que Diego tenía consigo un encendedor. Por su parte Morales, que hacía el relevo, decidió ausentarse del sector para realizar otra tarea: dejó a Diego y la reja del sector bajo llave y se llevó el manojo; las llaves no tenían identificación.
  • Héctor Rufino Ruiz, el encargado de guardia, era el superior de ambos celadores, debía supervisar que el sector estuviera cubierto y que los adolescentes sancionados estuvieran con vigilancia permanente.

El juez de instrucción había resuelto en el año 2019 el procesamiento de seis funcionarios por considerar que la sanción y las condiciones que le habían impuesto a Borjas no habían sido correctamente supervisadas, que habían violado los derechos de detención del adolescente. A los meses, la Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó la falta de mérito para procesar o sobreseer a la vicedirectora. Entre 2021 y 2022 el ex secretario de la Sennaf, Gabriel Lerner, y el entonces Director Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal de la Sennaf, Carlos Andrés Fagalde Fernández, fueron sobreseídos por entender la Justicia que “el rol institucional que le cupo al imputado al momento del luctuoso suceso no basta para imputar la responsabilidad penal por el mismo”.

“¿Habrán sentido su muerte?”

Diego nació en diciembre de 1993 en Cuartel V, barrio Don Sancho de José C. Paz, en la Provincia de Buenos Aires. Era hincha de River, le gustaba la música y estar en la esquina con sus amigos. Diego era muy callado. El amigo más cercano era su primo Sebastian, con quien empezó a ir a Capital. Le costaba sostener la escuela y empezó a irse de la casa cuando se agravó su situación de consumo problemático. En la MU 142 contamos su historia a cinco años de su muerte.

Liliana encontró una carta de su hijo donde fantaseaba con unas vacaciones en Pinamar: “Debió ser un deseo que él tenía, porque Diego no conocía el mar. Jamás gané bien como empleada doméstica pero es mi trabajo, es lo que aprendí a hacer y yo no tuve oportunidad de estudiar. A mí nunca me alcanzó para decir me voy al mar. Nunca fuimos a conocer nada, eso era parte también de nuestra pobreza. Al tiempo de morir Diego, uno de mis sobrinos me dice por qué no lo cremaba y lo tiraba al mar. Yo no sé, nunca pude quemarlo”.

La única hermana con la que Liliana se entendía era la mamá de sus sobrinos que “tienen problemas con la droga”. Uno de ellos era Sebastián, que cayó detenido con Diego en 2014. Liliana contó a lavaca que su sobrino “hizo un tratamiento, se curó de las adicciones, se casó y ahora está bien”. Entre las anécdotas familiares de niños abandonados y maltratados, entre los recuerdos, deslizó que a las audiencias no pensaba ir acompañada.

Diego Borjas: comienza el juicio oral a más de 10 años de su muerte

Liliana y el papá de Diego, Francisco, con la foto de su hijo. Es ella quien impulsó la causa por la muerte de Diego.

-¿Por qué preferís afrontar sola el juicio?

Perdón la expresión pero es que yo tengo una familia de mierda, lo siento así en el sentido de que tuve muchos problemas porque trataban a mi hijo de peste, de que era un drogadicto, que era un chorro. Lo miraban mal de pies a cabeza. Venía Dieguito y me decía: “A mí no me interesa lo que hablen”. Por eso no quiero decirle a nadie, no quiero que me acompañen porque siento que no se lo merecen. Le diría a mi mejor amiga que falleció hace dos años o a mi hermana Patricia pero vive lejos. Igual no me molesta ir sola, siempre estuve muy sola en muchas situaciones.

La ausencia de Diego la lleva en solitario, la pone muy triste, evita hablar del tema. En diciembre de 2024, a 10 años de haber perdido a su hijo, recibió la notificación del juicio: “El día que me llegó el papel lloré muchísimo. Pasaron tantos años, pero no te olvidás de tu ser amado, siempre lo llorás. No puedo hablar tanto de esto porque a mí me causa mucha angustia. Me consuelo pensando que es parte de la vida, pero esto no tenía que ser parte de mi vida, no tendría que haber pasado”.

¿El juicio puede reparar algo de tu dolor?

Yo creo que depende de cómo sea la condena. No siento que vayan a la cárcel. Lo único que a lo mejor no podrán trabajar, pero si ya son personas grandes tampoco les importa. Lo que yo me pregunto de ellos es si habrán sentido su muerte de alguna manera.

¿Por qué creés que no les afectó?

En el sanatorio nadie se acercó cuando estaba internado, fuimos con mi hija, estábamos las dos solas paralizadas, yo no sabía ni por dónde empezar ni qué tenía que hacer. En ese momento no me daba cuenta de que me evitaban. Me visitó una vez un psicólogo de la Sennaf. Después nadie más, nunca más. Es como todo, si pasan cosas, del Estado nadie se acerca.

¿Cómo imaginás ver a los funcionarios acusados?

No sé, me lo imagino como en las películas. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto. Es un delirio, pero de González la verdad ni siquiera me acuerdo de la cara. Lo que nunca me olvido es de sus palabras. Cuando falleció Diego, entre tanta gente que iba, ella fue a mi casa. Lo único que recuerdo que tuvo para decirme fue: “Sí Liliana, Diego venía mal”. Eso me dio la sensación de que pensaba que merecía un castigo. Solo recuerdo esa vez, que eso fue todo.

¿Para vos es una forma de resguardo no hablar sobre qué pasó con Diego?

A mí me produce mucha angustia todavía. Si me hubieras dicho que falleció en la cama de un hospital por una enfermedad, obvio que me hubiera dolido y todo lo que significa el perder un hijo. No digo que sería menos doloroso, pero lo tomaría de otra manera. De esta forma tomé dimensión de lo terrible de lo que había pasado. A su vez, cuando me preguntan qué pasó con mi hijo digo que fue un accidente en moto. Yo siempre le pido perdón a mi hijo porque me cuesta decir la manera en que falleció, porque también me produce mucha vergüenza el lugar donde estuvo. Eso pasa, más allá de que no voy a estar explicando el caso, me resulta muy vergonzoso decir que se murió en un Instituto, porque si bien para la sociedad fue un delincuente, para mí era mi hijo.

¿Qué sensación te da cuando aparecen discursos de odio contra los pibes que están en esas situaciones difíciles?

Me pongo en el lugar del otro porque a nadie le gusta que le maten a un chico que trabaja como pasó en Moreno, hay que estar de ambos lados. Pero me provoca mucho dolor cuando escucho “una rata menos”, para mí no es así, se necesita más ayuda. Me causa culpa que nosotros como padres a veces no tenemos los medios o no tuvimos la educación porque fuimos criados sin amor. Pero me da rabia cuando hablan mal porque ven a un chico juntando cartón o consumiendo piensan “qué barbaridad, dónde están los padres”. A ver, acá estoy. Mi hijo se iba así y yo estaba. Si había algo que no le hacía falta era hacer eso.

¿Qué debería hacer la sociedad y el Estado con los chicos que están vulnerables?

No sé, quisiera saber qué tendríamos que hacer nosotros como padres, con tanta droga en la calle cómo prevenirlos, me lo pregunto porque en realidad me siento más responsable como madre. Yo fui una niña golpeada, que vivía con mi abuela y me marcaban a palo, después tuve una madrastra que también me lastimó. Siento que es mentira que existe algo para la niñez, está todo muy abandonado, lo veo ahora con unos sobrinos que el servicio local no existe, funciona todo mal. Lloro tanto y es tan grande mi sufrimiento hacia la niñez, porque me toca mucho de cerca.

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Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

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Nueve relatores especiales de Naciones Unidas expresaron en una carta remitida al gobierno argentino su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”. La carta fue enviada el 12 de mayo, pero los representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la difundieron recién el viernes 11 de julio, tras dos meses de indiferencia por parte del Gobierno nacional. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.

Los expertos han requerido al gobierno argentino información sobre once puntos, entre ellos:

Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

El foto reportero Pablo Grillo, tras el ataque policial sufrido el 12 de marzo.

  • “Explicar la racionalidad de los operativos policiales” y “especialmente en relación a la proporcionalidad”, es decir, la relación entre la fuerza policial desplegada y la cantidad de participantes de la manifestación.
  • También solicitan “el detalle de la cantidad del armamento usado” y el número de personas afectadas por su uso, discriminando número de mujeres, niños y niñas afectadas”.
  • Otro requerimiento: “información detallada sobre las acciones implementadas para prevenir y sancionar los actos de intimidación y estigmatización contra manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo: a) las investigaciones iniciadas sobre estos actos; b) las medidas de protección ofrecidas a las víctimas y, c) las sanciones impuestas a los responsables, si las hubiera.”
Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina
  • Piden, además, información sobre “ la situación de los jueces que han sido objeto de agresiones verbales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo” y” las medidas adoptadas para garantizar que todos los jueces de Argentina puedan ejercer sus funciones profesionales sin temor a represalias, intimidación o interferencias indebidas, de conformidad con los estándares internacionales y regionales”. Este punto está especialmente motivado por las situaciones denunciadas ante la CIDH en relación a los agravios y persecuciones que sufrieron los jueces que no convalidaron las detenciones arbitrarias ni los operativos policiales, como el caso de la jueza Karina Andrade y el juez Roberto Gallardo.
Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

La carta suscritpa por los nueve relatores especiales tiene 25 carillas. Las primeras 16 resumen los informes recibidos sobre criminalización de manifestaciones pacíficas, ataques a la prensa, uso desmedido y desproporcional de la fuerza policial, ataques a jueces y denuncias sobre personas heridas –como el caso del fotógrafo Pablo Grillo- o detenidas arbitrariamente. Luego de puntualizar la información requerida en once puntos, le adjunta al gobierno argentino el marco legal que está obligado a cumplir, entre ellos el derecho a libertad de reunión, de opinión y expresión, a la libertad y seguridad personal y a la independencia del Poder Judicial. Ese marco legal desarrollado en extenso tiene la siguiente frase introductoria: “En relación con las alegaciones anteriormente expuestas y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables”.

Aquí el texto completo de la carta.

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Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

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La comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada aplicando un apagón eléctrico en la zona, al estilo de lo ocurrido en 1976 en el Ingenio Ledesma. La policía local destruyó las casas que están en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad y agredió a los pobladores, que decidieron volver a sus tierras para recuperarlas. El trasfondo de los negocios inmobiliarios y mineros, el rol del poder judicial y la reflexión de la gente de Cueva del Inca.  

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Uma Nielsen

Los desalojos de las comunidades originarias se volvieron una característica más en esta gestión del gobierno nacional. El terreno para esto lo allanó el decreto que puso fin a la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras, que mantenía la suspensión de los despojos. Ese decreto fue firmado por Javier Milei a un año de asumir su mandato, el 10 de diciembre de 2024. La fecha no fue elegida por casualidad: se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Con esa dinámica, la comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada en medio de violencia y varias irregularidades este lunes 7 de julio: 

1) No fue notificada del desalojo. 

2) El despojo ocurrió a la madrugada, incumpliendo toda legalidad.

3) La policía encargada del operativo ejerció violencia física y cortó la luz eléctrica en la zona.

4) La comunidad cuenta con personería jurídica.

5) Cueva del Inca es parte de la Quebrada de Humahuaca, territorio considerado Patrimonio de la Humanidad desde 2003 por la UNESCO, por lo que está prohibido cualquier desalojo.

Este lunes a la madrugada, todo eso no importó.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

La reconstrucción en Tilcara, después del desalojo.

La jueza, el hotelero y la violencia

Miriam Alfaro tiene 39 años, hace artesanías y es la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, emplazada en la Quebrada de Sarahuaico, a pocos metros del acceso por ruta nacional 9 a Tilcara. Con el viento de fondo, algunas whipalas flameando y su casa destruida, habla con lavaca: “Sin ser notificados, la jueza Liz Valdecantos Bernal ordenó al juez de paz de Tilcara, Pedro Apaza desalojarnos de nuestro territorio comunitario, que ya habían intentado desalojar en abril. Alrededor de 50 efectivos de la Policía de Jujuy, sin identificación, entraron a nuestra comunidad antes de las 6.30, todavía de noche, al grito de ‘váyanse usurpadores’ y nos desalojaron de forma muy violenta”.

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Miriam cuenta que la Policía cortó la luz y que la comunidad se quedó sin señal de comunicación. Y que luego entró a su casa derribando la puerta, insultándolos, diciéndoles narcotraficantes. “Ni bien entraron tiraron un gas lacrimógeno que cayó en mi cabeza. A un hermano lo tiraron al piso y lo golpearon, a otra hermana lo mismo. Yo tengo una discapacidad motora y cuando estaba intentando salir por voluntad propia de mi casa, un policía me jaló, me tiró al piso y se tiró encima mío. Todo fue brutal y violento, más que un desalojo parecía un allanamiento por la magnitud que ha tenido. De hecho, detuvieron a doce integrantes de la comunidad, que ya fueron liberados”. Agrega: “Fue totalmente ilegal, no solo por ser en plena oscuridad y sin notificación, sino porque tenemos todo en regla”.

La técnica utilizada para concretar el desalojo retrotrae al histórico Apagón de 1976, en plena dictadura, en el ingenio Ledesma de Libertador General San Martín, cuando se utilizó el corte masivo de luz para perseguir a trabajadores, con un saldo total de tal metodología represiva de 400 personas secuestradas, 55 de las cuales siguen desaparecidas.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

Miriam: ¿qué intereses hay detrás de este desalojo?

En 2017, el empresario hotelero Carlos Vázquez denunció por usurpación a uno de los integrantes de la comunidad, Javier Mamani. O sea, individualizaron el proceso. Javier siempre fue uno de los miembros más luchadores y ya no vive en nuestro territorio, pero igual vinieron a desalojarnos, en otra irregularidad del proceso. Vázquez, dueño del hotel El Canto del Viento, quiere quedarse con nuestras tierras en complicidad con el gobierno de turno, que busca hacer acá un negocio inmobiliario. Nosotros como comunidad tenemos personería jurídica, la carpeta técnica que nos exigen así como el relevamiento territorial indígena (ReTeCI, Registro Territorial de Comunidades Indígenas). Cumplimos con todos los requisitos. Y además tenemos una sentencia judicial de 2006 a nuestro favor para que el gobierno jujeño nos entregue el título comunitario. Si aun así debemos enfrentar estas situaciones es porque detrás no sólo hay intereses inmobiliarios y turísticos, sino también mineros. En los cerros de la Quebrada de Humahuaca hay muchos minerales, que no nos pertenecen a nosotros, sino a la Pachamama.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

¿Cómo entender la orden de la justicia?

Porque hay una mafia judicial. Es de la única manera en que se explica que un hotelero mueva tantos policías para sacarnos del foco a nosotros. Los emprendimientos privados siempre llegan a un acuerdo con el sistema judicial y con todo el gobierno provincial para quedarse con los territorios comunitarios. Acá está todo confabulado, son todos cómplices. Un ejemplo: para demoler mi casa el lunes, trajeron a los bomberos de la provincia.

La pueblada y 100 familias

El 20 de junio pasado se cumplieron dos años de que el entonces gobierno de Gerardo Morales aprobó una reforma constitucional viciada de todo tipo de irregularidades (sin consulta previa a las comunidades; debatida y votada de manera express, sin licencia de la sociedad), que derivó en el levantamiento popular más grande de la historia de la provincia, con 100 mil personas en las calles. Y en una feroz represión policial (disparos a la cabeza –4 personas perdieron la vista en uno de sus ojos–; persecución a periodistas y fotógrafos; hostigamiento a dirigentes sociales; amenazas de despidos a manifestantes; allanamientos ilegales, entre varios etcéteras).

“Esto es una consecuencia de haber estado en contra de la reforma. Quisieron avasallarnos en ese momento y siguen ahora en el gobierno de Carlos Sadir, maltratándonos, porque este no es el primer desalojo. Ya hubo otro en la localidad de Guerrero, hace unas horas quisieron desalojar una comunidad en la finca El Pongo y así muchos otros”.

En la comunidad Cuenca del Inca viven alrededor de 100 familias y hay un sitio arqueológico y cultural donde descansan los ancestros. Hay animales: llamas, cabras, ovejas, chivos. Hay plantas: cardones, churquis, sumalaguas, molles. La mayor parte de la comunidad vive de la artesanía, ganadería, albañilería y de administrar un circuito turístico que está dentro del territorio. Este miércoles, 48 horas después del desalojo, la comunidad organizada resolvió en asamblea retornar al territorio y comenzar la reconstrucción de lo destruido y en vigilia permanente. Por ahora, la Policía no volvió. 

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

Al lado de los escombros, y junto a las paredes que poco a poco vuelven a levantarse, concluye Miriam: “Volvimos porque este es nuestro lugar y de acá no nos iremos. Vivimos dentro de una zona declarada Patrimonio de Humanidad, pero la otra cara de la moneda es la realidad que vivimos: un constante hostigamiento y persecución. La codicia del empresario Vázquez, la complicidad del poder judicial y todo un gobierno. Destruyeron mi casa y todas mis pertenencias. Ahora mismo, mientras estamos hablando, están en un depósito judicial que está dentro del hotel de este empresario. Ese hotel, hoy es un búnker donde salen y entran policías. Es una incoherencia total, que ya no nos sorprende, pero que no nos hará dejar de resistir. No vamos a permitir que nos vengan a sacar, ni nos vengan a atropellar, ni nos vengan a maltratar, ya fue suficiente todo lo que hemos pasado. Es hora de decir basta”.

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#140: otro nieto recuperado

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El hijo de Graciela Romero y Raúl Metz –pareja desaparecida desde fines de 1976– fue hallado y se convirtió en el nieto recuperado 140. Estela de Carlotto encabezó el anuncio que derivó en un brindis de Abuelas al que lavaca tuvo acceso. Las palabras de Estela, lo que contó Adriana Metz, el blog “Poncho de lana” y la historia de otra hazaña abuelística que vence al negacionismo, la resignación y la muerte. Un proyecto: “Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo ese país que iluminó al mundo en el camino de la Memoria. Luchemos para que la verdad no se apague”. 

Por Sergio Ciancaglini

Fotos Sebastián Smok

La señora apareció con su bastón sobre el escenario y frente a la lluvia conmovedora de aplausos largó el bastón, se puso a aplaudir también ella, abrió los brazos como para abrazar a cientos de personas que había allí, y movió su cabeza de un lado al otro como en un baile, sacudiendo su cabello canoso con una sonrisa que casi no entraba en ese salón.

#140: otro nieto recuperado

Fotos: Sebastián Smok para lavaca

El hecho ocurrió en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en la Ex Esma, cuyo auditorio estuvo colmado de gente y de varias otras cosas.

Estela de Carlotto dio comienzo así al anuncio formal de la aparición del nieto número 140, número redondo que es a la vez un símbolo redondo de un milagro terrenal y humano: el que ocurre cada vez que se repite esa especie de hazaña abuelística de vencer al negacionismo, a la resignación y a la muerte.

A su lado estaba Adriana Metz con remera verde, jeans gastados, zapatillas rosas y unos cartelitos como de diálogo de historieta: “El 140 es mío” y “Vivan las Abuelas”. Adriana es la hermana de ese nieto recuperado y desde hace años forma parte de la nueva camada de la organización, como referente marplatense. Este lunes contagiaba una alegría que hacía brillar todo alrededor. Y guardaba otro globito de diálogo que mostró después: «Soy la que encontró a su hermano».

#140: otro nieto recuperado

Fotos: Sebastián Smok para lavaca.

Adriana describió así el primer encuentro: “Mi hermano me contó que había sido criado como hijo único y que no tenía familia. Entonces, cuando me dice eso, yo le respondo: «Ey, acá estoy yo. Y él me contesta: Sí, ya sé, boluda». Eso me parece que resume bastante bien cómo fue nuestro primer encuentro”, dijo, entre las risas del público y el inevitable grado de emoción que inundaba tantas miradas.

Contó también: “Nos comunicamos con él para decirle que estaba la posibilidad de que fuera hijo de desaparecidos. Ante la información que le fue dando CONADI, se le preguntó si accedía a hacerse la extracción y comparación de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Él aceptó. Desde que la muestra entró hasta hoy, tuvo su tiempo para pensarlo. Esto lo llevó a entrar en la página de Abuelas, fijarse los grupos familiares y hubo un dato que lo hizo pensar que podía ser nuestro. Se imaginó que podía dar positivo, pero no dijo nada porque no quería ilusionar… y menos ilusionarse él”.

#140: otro nieto recuperado

Fotos: Sebastián Smok para lavaca.

Sobre el Estado y la desnudez

El documento de Abuelas, que por su interés y su valor reproducimos y sugerimos leer de modo completo, fue leído por la propia Estela y por uno de los nietos recuperados, Manuel Gonçalves, Allí se plantea:

  • “Para que estas búsquedas se sostengan es imprescindible que el Estado siga existiendo. Por eso exigimos que se derogue el decreto N°351/2025, que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)”. 

El otro elemento crucial es que cada uno de estos hallazgos desbarata todos los intentos negacionistas, empezando por los que le brotan al actual gobierno. Dice el documento:

  • “Cada restitución revela de manera irrefutable que la dictadura ejecutó un plan de exterminio, que cometió un genocidio. Cada nieto viene a confirmar que el Estado terrorista secuestró personas, las mantuvo ocultas en Centros Clandestinos de Detención bajo torturas, las asesinó y desapareció sus cuerpos. Que en esos campos de concentración existieron maternidades clandestinas, donde las detenidas, como Graciela Romero, dieron a luz a sus hijos en condiciones infrahumanas. Que hubo un plan sistemático de apropiación de menores, condenando a esos niños a vivir en la mentira y a sus familias biológicas a buscarlos indefinidamente”. 

La conferencia de prensa en la Ex Esma derivó en un brindis más privado. Allí estaba Estela, copa de Champán en mano, rodeada por los nietos y nietas que colaboran en Abuelas. Dijo a lavaca: “Me enteré ayer. A mi edad, te imaginás la felicidad de seguir encontrando nietos. Cada vez es como si fuese la primera vez. ¿Y sabés qué pasa? Que eso nos ayuda a seguir por algo muy sencillo: sabemos que están”.

#140: otro nieto recuperado

Fotos: Sebastián Smok para lavaca.

Adriana agregó: “Mi hermano se enteró el viernes a la tarde, yo el sábado. Cuando Manuel Gonçalves me pasó la carpeta me empecé a sentir rara, como una bolsita, el cuerpo me iba de aá para allá, no estaba mareada, pero me movía sin entender. Me dijo: “Lo encontramos” y me abrazó. Ese fue el desahogo. Lloré y me reí. Todos saben que soy muy llorona, pero la verdad es que fue más risa que llanto. Hablé con mi hermano por videollamada primero. Fue increíble. Yo siempre busqué para encontrar, pero a la vez sabés que a lo mejor esa búsqueda no llega a concretarse. Estoy recontraorgullosa y recontracontenta de haber encontrado a mi hermano. Si yo no lo lograba, mis hijos iban a tener que continuar. En cambio ahora mis hijos tendrán sus propias búsquedas, ésta ya está resuelta. Es una gran noticia, y las buenas noticias me ponen en este estado, me siento muy inspirada”.

Estuvieron también en el encuentro Horacio Pietragalla (ex secretario de Derechos Humanos, y también nieto recuperado), Teresa Laborde (nacida en un patrullero cuando su madre, Adriana Calvo, era secuestrada durante la dictadura) y el diputado Eduardo Valdés. Dijo Teresa: “Tenemos las herramientas legales para hacer las cosas, el problema son los que ejecutan, que están queriendo romper los organismos de investigación, como lo están haciendo con la ciencia, la salud pública, la educación o las jubilaciones para después subsidiar iglesias evangélicas. Pero aquí apareció una persona. No es un milagro sino el producto de una lucha. Así que tenemos que seguir adelante. Están muy en off side, y todo es muy visible. Está muy desnudo el rey”. Dijo Valdés: “Esto demuestra cómo la esperanza continúa y como hay que insistir en la importancia de no cerrar los ámbitos de investigación como el Banco de Datos Genéticos”.  

En la edición de marzo de MU, en la nota Mundo Abuelas, Adriana había explicado: “En 2012 dije: quiero tener una participación activa en la búsqueda de mi hermano. ¿Qué implicaba tener una participación activa? Bueno, aprender. De la búsqueda, del amor. Ese trabajo que las Abuelas empezaron a hacer sin saber cómo se hacía se fue sistematizando. Ellas sembraron esto y son muchos los que estamos para continuar. De hecho, soy hermana, nunca voy a ser una Abuela, y por una cuestión biológica soy la referente de la filial. La búsqueda continúa más allá de quién esté. Es lo que nos enseñaron”.

#140: otro nieto recuperado

Fotos: Sebastián Smok para lavaca.

El comunicado de Abuelas

Bienvenido nieto 140

Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico militar. Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz: ¡Bienvenido nieto 140!

El nieto 140 nació el 17 de abril de 1977, en el centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, como se supo a través de testimonios de compañeros de cautiverio de Graciela, y hoy podemos confirmar a partir de su restitución. Su hermana Adriana lo buscó desde siempre junto a sus abuelos Oscar Metz y Elisa Kaiser, con quienes se crió y, desde que ellos partieron,continuó esa búsqueda. Siempre sensible, inquieta y risueña, con su habilidad de tejedora Adriana fue construyendo una red que la cobija y hoy también abraza a su hermano, en este encuentro tan esperado.

Con la restitución del nieto 140 confirmamos, una vez más, que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que, gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo. El acompañamiento de la sociedad que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas y acompañando a quienes dudan de su origen demuestra que la búsqueda no puede ser en soledad.

Este encuentro ratifica, además, lo imprescindibles que son las herramientas construidas por el Estado y la labor silenciosa de decenas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional por el Derecho a la identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que aún hoy, en condiciones precarias y con enormes dificultades, continúan trabajando con la convicción de que este delito debe ser resuelto. También la importancia del trabajo de todos y cada uno de los compañeros de Abuelas y de la gran familia que se extiende en la República Argentina y el exterior difundiendo esta búsqueda, que sigue tan vigente como lo demuestra esta restitución. 

Los nietos y nietas que faltan están entre nosotros, viven en nuestros barrios, trabajan y comparten actividades, transitan nuestras calles, están cerca. Necesitan ser acompañados para animarse a conocer su verdadero origen. Hay que insistir en que su consulta no molesta y cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a las Abuelas. Por eso, si alguien tiene algún dato, también le pedimos que lo acerque, son esas informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas. 

La historia familiar

 La mamá del nieto 140, Graciela Romero, nació el 21 de agosto de 1952 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Su familia la llamaba «Peti» y tenía tres hermanos. Su hermana menor, María Elena, también fue asesinada por la dictadura en 1977. Graciela era estudiosa, emprendedora y aguerrida. Tenía buen humor, cocinaba bien y también cosía. Estudió economía, hasta que se casó y se abocó a la militancia.

 El papá, Raúl Metz, nació en Bahía Blanca el 24 de agosto de 1953. Sus amigos lo apodaban «El Melli», porque tenía un hermano gemelo. Los Metz eran diez hermanos. Se criaron en un hogar politizado, ya que el abuelo Metz era militante del Partido Comunista y trabajador ferroviario. Raúl tenía sentido del humor, aunque era un poco calentón. Comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista, junto a su gemelo Néstor. Eran compinches, militaban, iban juntos al colegio, compartían salidas y amigos. Desde los 13 años trabajaban como cadetes en una tintorería. Luego ingresaron al Ferrocarril, como su padre. 

“Los Mellis”, como los conocía todo el barrio, sufrieron su primera detención bajo la dictadura de Onganía. Con 19 años, fueron llevados a la cárcel de Bahía Blanca y luego como “presos de máxima seguridad” a Devoto. Mientras estaban detenidos en Bahía se realizó una campaña pidiendo su liberación. Entre las organizadoras estaba Graciela. Cuando Raúl y Néstor salieron de la cárcel se alejaron del PC, pero siguieron militando en comedores barriales. Allí Raúl conoció a Graciela y se enamoró. Juntos ingresaron al PRT-ERP. Al tiempo se casaron y llegó Adriana, su primera hija. Vivieron en Bahía Blanca, hasta que la persecución los acorraló y decidieron mudarse a Cutral-Có, provincia de Neuquén. 

Graciela y Raúl fueron secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutral-Có, ella embarazada de cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permanecieron detenidos en el centro clandestino «La Escuelita» de Neuquén, donde fueron torturados física y psicológicamente. Luego fueron llevados al centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, donde también sufrieron brutales tormentos.

Raúl Metz fue sacado de ese centro clandestino a fines de enero y desde entonces se encuentra desaparecido. Graciela, con 24 años, durante su cautiverio dio a luz un varón en abril de 1977. Ese bebé, hoy adulto, hasta el viernes último desconocía su verdadera identidad y que una familia entera lo estaba buscando. Graciela continúa desaparecida.

Adriana tenía un año cuando las fuerzas represivas se llevaron a sus padres, unos vecinos -Edelvina Guiñez y Miguel Panijan- la cuidaron hasta que sus abuelos paternos Oscar y Elisa fueron a su encuentro. 

Las búsquedas

Las familias Metz Romero buscaron a Graciela, Raúl y el bebé que estaba en camino desde el instante que supieron de su secuestro. Oscar y Elisa llevaron la iniciativa de esta búsqueda: hábeas corpus, denuncias internacionales, presentaciones, hasta el final de sus días. Con la mayoría de edad, Adriana hizo suya la búsqueda, siempre cercana a la institución, a donde acompañaba a su Abuela Elisa desde pequeña. Su tía, Elisa Metz, muchas veces visitaba a la filial de Abuelas La Plata buscando alguna novedad sobre su sobrino. 

En 2009, como una botella tirada al mar, Adriana abrió un blog, “Poncho de Lana”, en el que le contaba a su hermano quién era, cómo lo buscaba y lo esperaba. Allí le escribió una carta para su cumpleaños. Desde entonces cada 17 de abril lo saludaba, con la ilusión de ser leída. Adriana participó de cada producción y actividad institucional, con la certeza de que sólo encontraría a su hermano buscando a todos. Y al final, hay recompensa. 

A partir de información que Abuelas recibió de manera anónima, se inició una investigación que luego se trabajó de manera conjunta con la CoNaDI y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). Este trabajo conjunto permitió reforzar la hipótesis de una posible apropiación, reunir la documentación necesaria y profundizar en el caso. En este marco, y una vez finalizada esta etapa, en abril de este año, la CoNaDI tomó contacto con el posible nieto para brindarle toda la información recabada. Así, él accedió a concurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y dejar su muestra de ADN, para ser cotejada con las familias que buscan.

Finalmente, el viernes último el BNDG comunicó a la CoNaDI el resultado de ADN y la Comisión le informó al hombre que efectivamente se trataba de un caso de apropiación y que su perfil coincidía con el de la familia Metz Romero. Durante el fin de semana ambas familias fueron notificadas, lo que hoy nos permite comunicar a la opinión pública que hemos encontrado al nieto 140.

La prueba irrefutable

Cada restitución revela de manera irrefutable que la dictadura ejecutó un plan de exterminio, que cometió un genocidio. Cada nieto viene a confirmar que el Estado terrorista secuestró personas, las mantuvo ocultas en Centros Clandestinos de Detención bajo torturas, las asesinó y desapareció sus cuerpos. Que en esos campos de concentración existieron maternidades clandestinas, donde las detenidas, como Graciela Romero, dieron a luz a sus hijos en condiciones infrahumanas. Que hubo un plan sistemático de apropiación de menores, condenando a esos niños a vivir en la mentira y a sus familias biológicas a buscarlos indefinidamente. 

Cada restitución de un nieto es también la confirmación de que el trabajo sostenido y colectivo nos permitirá seguir encontrándolos. Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas y ratificar que el rol del Estado, las políticas públicas, la solidaridad, el acompañamiento, el amor y la perseverancia, son la garantía del Nunca Más. Pero para que estas búsquedas se sostengan es imprescindible que el Estado siga existiendo. Por eso exigimos que se derogue el decreto N°351/2025, que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). 

Hoy el Estado restituye un derecho fundamental para cualquier persona: el derecho a la identidad. Las Abuelas hacen justicia por los abuelos que no están y por toda la familia Metz Romero que buscó sin descanso. Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo ese país que iluminó al mundo en el camino de la Memoria. Luchemos para que la verdad no se apague. 

¡Bienvenido nieto 140! 

Ciudad de Buenos Aires, lunes 7 de julio de 2025.

#140: otro nieto recuperado

Fotos: Sebastián Smok para lavaca.

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