Derechos Humanos
Diego Borjas: comienza el juicio oral a más de 10 años de su muerte

Un chico de 17 años en un centro socioeducativo. En la foto se lo ve de pie, el más alto, en el Agote, un Día de la Madre. La desesperación por salir. El encierro en una “tumba” de castigo. La responsabilidad de los funcionarios y una muerte que podría haberse evitado. Detrás, esa madre, Liliana Basualdo, empleada doméstica, que nunca abandonó otra forma de desesperación: la búsqueda de justicia. Detalles del caso que llega a juicio desde este martes: 10 años después. El relato de Liliana que es una radiografía de muchas vidas vulnerables, y la expectativa frente a la causa.
Por Lucrecia Raimondi
El 26 de noviembre de 2014 hacía seis meses que Diego, 17 años, se encontraba con una medida de privación de su libertad ambulatoria en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”. Las últimas semanas en el Centro no estaba bien, se sentía irritable, contestaba, no acataba las normas. Estaba enojado porque el juez le había negado la libertad y el traslado. La convivencia con los otros pibes también era difícil. Quería salir. Esa mañana, por insultar a un profesor, la directora del Centro lo castigó por 48 horas en el sector de “ex ingreso”. La celda ubicada en el subsuelo era de 3 por 1,80 metros sin ventilación ni agua ni baño, entraba poca luz natural por una pequeña ventana enrejada y hermética, había una cama de hierro, un colchón de espuma.
Ese día fue de visita, a la tarde vió a su hermana y a su sobrino; a las 17:00 horas el celador lo llamaba y no se quería despedir, volvía y le daba besos a su familia, los abrazaba. Una hora y media después, la reja de su celda estaba con candado. A las 20:30 horas, el adolescente protestaba encerrado, desesperado por salir. Diego tenía un encendedor que pasó por alto dos requisas. Para intentar un traslado prendió el colchón: pasados los minutos el incendio se descontroló, a los gritos pidió auxilio entre el fuego y el humo tóxico. Los adultos que debían cuidar de su integridad se demoraron el tiempo suficiente como para que las consecuencias sobre Diego fueran irreversibles. Entrada la noche del 2 de diciembre murió solo en el Instituto del Quemado.
A la Justicia le llevó 5 años resolver el procesamiento y más de 10 años dar inicio al juicio por la muerte de Diego Iván Borjas, que vivió 17 años. El debate oral y público comenzará este martes 11 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 de Capital Federal contra cuatro funcionarios del Centro “Dr. Luis Agote” y la entonces responsable de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (DINAI) de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Está prevista la citación de 35 testigos que declararán en al menos siete audiencias que se podrían extender hasta principios de marzo.

Diego en su décimo cumpleaños, entre sus padres.
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sennaf tenía a su cargo los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, “Gral. Manuel Belgrano”, “Gral. San Martín” y “Dr. Manuel Rocca” bajo la órbita de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Tras las muertes de Diego Borjas y Lucas Simone, la DINAI fue reorganizada y los cuatro Centros se transfirieron en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires. La actual autoridad responsable es la Dirección Operativa de Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria dependiente del Consejo de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (CDNNYA) del Gobierno de la Ciudad.
“Un caso de esta trascendencia llega a juicio gracias al esfuerzo de Liliana Basualdo, la mamá de Diego, con nuestra representación, y el empuje que también trabajaron la querella de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Fiscalía de Instrucción. Este es un caso que atravesó muchas instancias, incluso varias veces se recurrió a la Casación, el máximo tribunal del país, para que finalmente se habilite la etapa de juicio. A pesar de que la enorme mayoría de las pruebas en las que se fundamenta la responsabilidad de los funcionarios acusados estaban disponibles desde un primer momento. Con lo cual, hemos atravesado una resistencia bastante fuerte, por lo menos de ciertos operadores del sistema de administración de justicia, para procesar este tipo de casos que presentaban una complejidad adicional. Nos demandó mucho esfuerzo, reiteradas presentaciones, para que esto avance y que el juicio se resuelva con la mayor celeridad posible”, manifestó en diálogo con lavaca Pablo Rovatti, abogado querellante por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos que representa a la mamá de Diego Borjas.
Una muerte evitable
El Centro Agote fue protagonista de sucesivas quemas de colchones en el año 2014: una en marzo, una en octubre, dos en noviembre y tres en diciembre. Seis meses después de la muerte de Diego, en julio del 2015, Lucas Simone de 16 años murió en su habitación en el Centro Rocca por la quema de un colchón a modo de protesta. El Gobierno de la Ciudad cerró las puertas de ese Centro tras un motín ocurrido en abril del año siguiente; Pablo César Arce, director del Centro Rocca al momento de la muerte de Lucas, fue llevado a juicio y absuelto en octubre de 2024.
Durante la investigación en el Juzgado de Instrucción Nº27 de Capital Federal se demostró que la DINAI había sido informada de los incendios y su recurrencia, tanto en el Centro Agote como en otros centros. “La Dirección debió hacer una contratación directa para la una compra urgente de colchones ignífugos y reemplazar los de espuma de poliuretano. Además, en el Centro Agote se cometieron una multiplicidad de negligencias: la directora ordenó una medida de sanción en un espacio que no estaba en condiciones para su uso, las dos requisas de ese día fueron defectuosas porque Diego tenía en su poder un elemento prohibido y que era de riesgo en esa celda, el celador de guardia no estaba en su puesto y su relevo tampoco al momento del incendio, su superior no controló que estuvieran en la vigilancia de ese sector”, describió el abogado de la familia del adolescente. “Esto no tendría que haber pasado”, se lamentó su mamá Liliana, en diálogo con Lavaca.
Para el juez que procesó a los funcionarios, Diego no debió permanecer en una celda de mínimas dimensiones sin ventilación, con un colchón de un material altamente inflamable que libera gases tóxicos al arder, sin ningún tratamiento retardante de la combustión. Diego no debió tener consigo un encendedor ni debió estar solo ni la puerta debió estar cerrada con candado. “En su momento el juez expuso en el auto de procesamiento que era una trampa mortal. Cómo pudieron dejar a un chico encerrado en una celda de dos metros, con un colchón inflamable y un encendedor. Además estaba sancionado, con el riesgo de reclamo que esto genera. No hacía falta ser experto. Un funcionario que se supone que está especializado en la atención de chicos en conflicto con la ley penal, debería saberlo. Ese es el eje de las imputaciones”, aseveró Rovatti.
Por su parte, Rodrigo Borda afrontará la querella institucional por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que dentro de sus funciones solicitó al Tribunal ser parte acusadora con el objetivo de que se dirima la responsabilidad del Estado en la muerte de Borjas por las irregularidades tanto en la prevención como en la actuación frente al siniestro. El Ministerio Público Fiscal presentará su acusación desde la Fiscalía Nº5 a cargo de Juan Manuel Fernandez Buzzi.
Adultos irresponsables
Los cinco imputados en el juicio por la muerte de Diego Borjas serán indagados en un juicio oral y público por el delito de “homicidio imprudente”. Las penas van de 3 a 5 años de prisión. Si la condena es menor a tres años la ejecución de la pena podría quedar en suspenso.
Cada funcionario deberá responder según la responsabilidad y rol que cumplían al momento de la muerte del adolescente:
- Alejandra Beatriz Aguilar Pedalino, quien fuera la Directora de la DINAI, era la primera superior de los directores de los cuatro Centros de Régimen Cerrado para adolescentes en conflicto con la ley penal de CABA. Tomaba conocimiento formal de los sucesivos incendios ocurridos en el Centro Agote, que anticiparon el riesgo que finalmente se concretó en la muerte de Borjas. Por inacción incumplió con su deber de garante de la vida de los adolescentes por no tomar de inmediato todas las medidas a su alcance para la inspección, relevamiento y recambio de colchones de poliuretano por una nueva dotación de colchones ignífugos.
- La entonces directora del Centro de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, Lidia González, ordenó una medida de sanción teniendo conocimiento de la problemática de consumo de estupefacientes y los conflictos con la ley penal que tenían Diego y otros chicos. La cercanía con ellos le permitía prever el modo de reaccionar ante, por ejemplo, una sanción. La acusada decidió separar al adolescente de sus pares y ponerlo en un lugar que no se usaba porque no estaba en condiciones, lo que incrementó el riesgo de que prendiera fuego un colchón a modo de reclamo, como había sucedido en tres oportunidades anteriores. Ante la cercanía con Diego y conocer su trayectoria de vida, más los incendios previos, la circunstancia le exigía extremar los cuidados.
- Al momento de incendiar el colchón no había ningún adulto vigilando el sector de “ex ingreso” donde Diego estaba sancionado. Humberto Marcelo Fernández era el celador de turno pero al momento del incendio había pedido un relevo a Eduardo Alberto Morales. Fernández está imputado por no detectar en la requisa que Diego tenía consigo un encendedor. Por su parte Morales, que hacía el relevo, decidió ausentarse del sector para realizar otra tarea: dejó a Diego y la reja del sector bajo llave y se llevó el manojo; las llaves no tenían identificación.
- Héctor Rufino Ruiz, el encargado de guardia, era el superior de ambos celadores, debía supervisar que el sector estuviera cubierto y que los adolescentes sancionados estuvieran con vigilancia permanente.
El juez de instrucción había resuelto en el año 2019 el procesamiento de seis funcionarios por considerar que la sanción y las condiciones que le habían impuesto a Borjas no habían sido correctamente supervisadas, que habían violado los derechos de detención del adolescente. A los meses, la Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó la falta de mérito para procesar o sobreseer a la vicedirectora. Entre 2021 y 2022 el ex secretario de la Sennaf, Gabriel Lerner, y el entonces Director Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal de la Sennaf, Carlos Andrés Fagalde Fernández, fueron sobreseídos por entender la Justicia que “el rol institucional que le cupo al imputado al momento del luctuoso suceso no basta para imputar la responsabilidad penal por el mismo”.
“¿Habrán sentido su muerte?”
Diego nació en diciembre de 1993 en Cuartel V, barrio Don Sancho de José C. Paz, en la Provincia de Buenos Aires. Era hincha de River, le gustaba la música y estar en la esquina con sus amigos. Diego era muy callado. El amigo más cercano era su primo Sebastian, con quien empezó a ir a Capital. Le costaba sostener la escuela y empezó a irse de la casa cuando se agravó su situación de consumo problemático. En la MU 142 contamos su historia a cinco años de su muerte.
Liliana encontró una carta de su hijo donde fantaseaba con unas vacaciones en Pinamar: “Debió ser un deseo que él tenía, porque Diego no conocía el mar. Jamás gané bien como empleada doméstica pero es mi trabajo, es lo que aprendí a hacer y yo no tuve oportunidad de estudiar. A mí nunca me alcanzó para decir me voy al mar. Nunca fuimos a conocer nada, eso era parte también de nuestra pobreza. Al tiempo de morir Diego, uno de mis sobrinos me dice por qué no lo cremaba y lo tiraba al mar. Yo no sé, nunca pude quemarlo”.
La única hermana con la que Liliana se entendía era la mamá de sus sobrinos que “tienen problemas con la droga”. Uno de ellos era Sebastián, que cayó detenido con Diego en 2014. Liliana contó a lavaca que su sobrino “hizo un tratamiento, se curó de las adicciones, se casó y ahora está bien”. Entre las anécdotas familiares de niños abandonados y maltratados, entre los recuerdos, deslizó que a las audiencias no pensaba ir acompañada.

Liliana y el papá de Diego, Francisco, con la foto de su hijo. Es ella quien impulsó la causa por la muerte de Diego.
-¿Por qué preferís afrontar sola el juicio?
Perdón la expresión pero es que yo tengo una familia de mierda, lo siento así en el sentido de que tuve muchos problemas porque trataban a mi hijo de peste, de que era un drogadicto, que era un chorro. Lo miraban mal de pies a cabeza. Venía Dieguito y me decía: “A mí no me interesa lo que hablen”. Por eso no quiero decirle a nadie, no quiero que me acompañen porque siento que no se lo merecen. Le diría a mi mejor amiga que falleció hace dos años o a mi hermana Patricia pero vive lejos. Igual no me molesta ir sola, siempre estuve muy sola en muchas situaciones.
La ausencia de Diego la lleva en solitario, la pone muy triste, evita hablar del tema. En diciembre de 2024, a 10 años de haber perdido a su hijo, recibió la notificación del juicio: “El día que me llegó el papel lloré muchísimo. Pasaron tantos años, pero no te olvidás de tu ser amado, siempre lo llorás. No puedo hablar tanto de esto porque a mí me causa mucha angustia. Me consuelo pensando que es parte de la vida, pero esto no tenía que ser parte de mi vida, no tendría que haber pasado”.
¿El juicio puede reparar algo de tu dolor?
Yo creo que depende de cómo sea la condena. No siento que vayan a la cárcel. Lo único que a lo mejor no podrán trabajar, pero si ya son personas grandes tampoco les importa. Lo que yo me pregunto de ellos es si habrán sentido su muerte de alguna manera.
¿Por qué creés que no les afectó?
En el sanatorio nadie se acercó cuando estaba internado, fuimos con mi hija, estábamos las dos solas paralizadas, yo no sabía ni por dónde empezar ni qué tenía que hacer. En ese momento no me daba cuenta de que me evitaban. Me visitó una vez un psicólogo de la Sennaf. Después nadie más, nunca más. Es como todo, si pasan cosas, del Estado nadie se acerca.
¿Cómo imaginás ver a los funcionarios acusados?
No sé, me lo imagino como en las películas. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto. Es un delirio, pero de González la verdad ni siquiera me acuerdo de la cara. Lo que nunca me olvido es de sus palabras. Cuando falleció Diego, entre tanta gente que iba, ella fue a mi casa. Lo único que recuerdo que tuvo para decirme fue: “Sí Liliana, Diego venía mal”. Eso me dio la sensación de que pensaba que merecía un castigo. Solo recuerdo esa vez, que eso fue todo.
¿Para vos es una forma de resguardo no hablar sobre qué pasó con Diego?
A mí me produce mucha angustia todavía. Si me hubieras dicho que falleció en la cama de un hospital por una enfermedad, obvio que me hubiera dolido y todo lo que significa el perder un hijo. No digo que sería menos doloroso, pero lo tomaría de otra manera. De esta forma tomé dimensión de lo terrible de lo que había pasado. A su vez, cuando me preguntan qué pasó con mi hijo digo que fue un accidente en moto. Yo siempre le pido perdón a mi hijo porque me cuesta decir la manera en que falleció, porque también me produce mucha vergüenza el lugar donde estuvo. Eso pasa, más allá de que no voy a estar explicando el caso, me resulta muy vergonzoso decir que se murió en un Instituto, porque si bien para la sociedad fue un delincuente, para mí era mi hijo.
¿Qué sensación te da cuando aparecen discursos de odio contra los pibes que están en esas situaciones difíciles?
Me pongo en el lugar del otro porque a nadie le gusta que le maten a un chico que trabaja como pasó en Moreno, hay que estar de ambos lados. Pero me provoca mucho dolor cuando escucho “una rata menos”, para mí no es así, se necesita más ayuda. Me causa culpa que nosotros como padres a veces no tenemos los medios o no tuvimos la educación porque fuimos criados sin amor. Pero me da rabia cuando hablan mal porque ven a un chico juntando cartón o consumiendo piensan “qué barbaridad, dónde están los padres”. A ver, acá estoy. Mi hijo se iba así y yo estaba. Si había algo que no le hacía falta era hacer eso.
¿Qué debería hacer la sociedad y el Estado con los chicos que están vulnerables?
No sé, quisiera saber qué tendríamos que hacer nosotros como padres, con tanta droga en la calle cómo prevenirlos, me lo pregunto porque en realidad me siento más responsable como madre. Yo fui una niña golpeada, que vivía con mi abuela y me marcaban a palo, después tuve una madrastra que también me lastimó. Siento que es mentira que existe algo para la niñez, está todo muy abandonado, lo veo ahora con unos sobrinos que el servicio local no existe, funciona todo mal. Lloro tanto y es tan grande mi sufrimiento hacia la niñez, porque me toca mucho de cerca.
Derechos Humanos
La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

Iris Avellaneda recibió en su casa a la hija del represor Miguel Clodoveo Arévalo, implicado en el secuestro de «El Negrito», quien le pidió perdón por los crímenes cometidos por su progenitor. Aquí relata ese emocionante encuentro. Floreal Avellaneda tenía 15 años, fue secuestrado, empalado, asesinado y su cuerpo apareció flotando en Uruguay. Hoy un monumento lo recuerda en el Río de la Plata, junto a Parque de la Memoria.
por Leonardo Castillo. Fotos: Gustavo Becerra.
Tiempo Argentino (tiempoar.com.ar)*
Iris Avellaneda, militante por la defensa de los Derechos Humanos, vivió días atrás un hecho “reparador y a la vez movilizante”, al encontrase con la hija de uno de los represores que integró el grupo de tareas que secuestró, en abril de 1976, a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, que con 15 años se convirtió en la víctima identificada más joven de los denominados vuelos de la muerte.
El pasado 14 de febrero, Mirta, hija del general Miguel Ángel Clodoveo Arévalo, visitó en su casa de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, a la actual titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y le pidió perdón por el crimen cometido por su padre en tiempos del terrorismo de Estado.
“Vino con su hijo, que se llama Santiago, y con lágrimas en sus ojos me pidió perdón en nombre de su padre. Se sacó de esa forma una pesada mochila que cargaba desde hace años. Es un encuentro que nos sirvió a las dos”, señaló Iris en diálogo con Tiempo Argentino al referirse a este encuentro, ocurrido cuando se están por cumplir 50 años del golpe genocida y del secuestro de El Negrito.
Floreal Avellaneda e Iris fueron capturados por un grupo de tareas del Ejército el 15 de abril de 1976. Los represores buscaban a Floreal padre, militante comunista y delegado sindical en la fábrica metalúrgica Tensa, que logró escaparse cuando la patota llegó a la vivienda que la familia habitaba en la localidad de Munro.
Madre e hijo fueron conducidos primero a la Comisaría de Villa Martelli, y luego al centro clandestino de detención ilegal conocido como “El Campito”, que funcionaba dentro del predio militar de Campo de Mayo, donde ambos fueron torturados.
Quince días después, Iris fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo encarcelada, primero en la cárcel de Olmos y luego en la Unidad Penal de Devoto, donde recuperó la libertad en julio de 1978.
El Negrito, como cariñosamente lo llamaban en su familia, corrió otra suerte. Su cuerpo apareció en las costas uruguayas el 14 de mayo de ese año, cuando faltaban pocos días para que cumpliera 16 años.
El cadáver de Floreal fue hallado junto a un grupo de nueve cuerpos que fueron fotografiados por la prensa uruguaya. En un principio, se especuló que las víctimas podían ser asiáticos, por la hinchazón que se verificaba en sus rostros.
El cuerpo de Floreal tenía signos de empalamiento y quedó depositado en un nicho de un cementerio de Montevideo, allí su rastro se perdió por obra de la maquinaria represiva que imperaba en ambos márgenes del Río de la Plata.
El Negrito, aquel militante de la “Fede” visto por sobrevivientes en Campo de Mayo cuando soportaba las torturas que le aplicaban sus captores, aún permanece desaparecido.
Tras un largo peregrinar por los derroteros de Memoria, Verdad y Justicia, Iris y Floreal padre lograron que en 2009 El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenara al genocida Omar Riveros, exjefe de Campo de Mayo, como principal responsable del asesinato de Floreal Avellaneda.
Además, resultaron sentenciados Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo; el entonces jefe de la Escuela de Infantería, general Osvaldo García; los capitanes César Fragni y Rául Harsich, que estaban a cargo del centro de detención ilegal El Campito; y el policía Alberto Aneto, quien oficiaba como policía en la Comisaría de Villa Martelli e integraba los grupos de tareas que operaban en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Floreal padre falleció un año después de los veredictos y las sentencias quedaron firmes en 2021 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa quedó acreditado el rol que tuvo Miguel Ángel Clodoveo Arévalo en el secuestro de El Negrito.
Pero este militar murió en 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando ostentaba el grado de teniente coronel y prestaba servicio en el sur del país. Por años, la implicación de Arévalo en el terrorismo de Estado permaneció bajo un manto de silencio.

Iris con la foto de Floreal, que tenía 14 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar. (Foto: Gustavo Becerra).
Un encuentro en tiempos de negacionismo
Hace unas semanas, una compañera de Iris llamada Marcela, que integra la Asociación Seré -un colectivo que trabaja por la recuperación de la memoria histórica del excentro de detención que funcionó en Mansión Seré, en el partido de Morón-, le contó a la dirigente de la Liga por los Derechos Humanos que la hija de un represor vinculado al asesinato de El Negrito quería contactarse con ella, conocerla y expresarle un sentimiento de solidaridad y empatía con una víctima que hace casi medio siglo que desconoce el paradero de su hijo.
“’¿Quién será?’, pensé. Le pregunté si era un familiar de Fragni o Harsich. Y Marcela me dijo que no, que se trataba de la hija de Arévalo. Ahí recordé un hecho que sucedió cuando estaba en la cárcel. A mi casa llegó un anónimo, en un sobre, que contenía un escrito mecanografiado, en el cual decía que el asesino de Floreal estaba en el Centro de Operaciones Tácticas de Vicente López, y daba el nombre de este militar. Mi cuñada guardó esa carta y me la mostró en 1978, cuando salí de prisión”, subrayó.
Iris aceptó recibir en su casa a Mirta Arévalo, que tenía cinco años cuando su padre murió, pero con el tiempo supo tomar contacto con la historia que unía a su progenitor con el terrorismo de Estado.
“Hablamos y lloró conmigo. Vino con su hijo y la reunión también estuvo mi amiga Marcela y uno de mis hijos, Marcos Rodrigo”, recordó.
Santiago –el hijo de Mirta- le contó a Iris que había hecho la secundaria en Escobar, en una escuela que hoy lleva el nombre de Floreal Avellaneda. “Me regaló su certificado de estudios y me dijo que gracias a los docentes tuvo pudo entrar en contacto con la historia y la lucha de los organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de Justicia. Eso lo inspiró a seguir la carrera de abogacía que está cerca de terminar”, narró la madre de Floreal.
Las mujeres quedaron en contacto, y Mirta le prometió que irían juntas a una reunión en la Liga Argentina por los Derechos Humanos con el propósito de mantener el legado de El Negrito.
“Para mí, es muy importante que pasen estas cosas en estos tiempos de un gobierno que difunde un negacionismo sobre los crímenes que cometió la última dictadura cívico militar y eclesiástica.
En esa línea, Iris, a los 86 años, considera que este encuentro con familiares de un represor que repudian los delitos de lesa humanidad cometidos por sus progenitores -una postura asumida desde hace algunos años por el colectivo Historias Desobedientes y otros- es parte de la lucha que libró para lograr Justicia por Floreal.
“En todos estos años, aporté mi granito de arena para que se sepa la verdad y los culpables paguen. Hoy existen cinco colegios que llevan el nombre de El Negrito. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, reflexionó.
A su edad, Iris Avellaneda sigue activa en la pelea por mantener vivo el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Además de encabezar la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integra el colectivo de sobrevivientes de Campo de Mayo, que impulsa la instalación de un Espacio de Memoria en ese predio.
“En el gobierno de Alberto Fernández se había declarado que se iba a crear un Espacio de Memoria, pero las obras están paralizadas. El 14 de marzo vamos a hacer un acto y vamos a tratar de entrar hasta ese lugar para rendirles homenaje a todas las víctimas que pasaron por ese centro clandestino”, sostuvo Iris.

Foto: Gutavo Becerra.
Floreal, desaparecido dos veces
Al recuperar su libertad, en 1978, Iris Avellaneda tomó conocimiento de que el cuerpo de Floreal había sido hallado en las costas uruguayas como consecuencia de los Vuelos de la Muerte. Sus familiares no quisieron darle la noticia cuando estaba detenida.
¿Cómo se logró la identificación de El Negrito? En una de las fotos que se difundieron de los cuerpos hallados en mayo de 1976, pudo apreciarse dos letras tatuadas: FA, las iniciales de Floreal Avellaneda.
Con ese dato, el abogado Julio Viaggio, quien se desempañaba como abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (la designación que entonces tenía la entidad), obtuvo los registros dactilares de Floreal que guardaba la Policía Federal y en Montevideo se pudo corroborar la identidad de El Negrito.
Sus restos se depositaron en una necrópolis de la capital uruguaya. En 1983, Floreal padre e Iris viajaron a Montevideo con la intención de recuperar el cuerpo de su hijo. Pero no pudieron, su cuerpo no estaba en el cementerio indicado ni en ningún otro. El Negrito fue secuestrado, desaparecido, identificado como la víctima más joven de los vuelos de la muerte en las costas uruguayas y vuelto a desaparecer.
En medio de las tramitaciones que llevaba a cabo Viaggio, tuvo acceso a un acta sobre el allanamiento a la casa de la familia Avellaneda, que estaba firmada por Harsich y Fragni, implicados en el secuestro de Iris y Floreal.
“Lo único que nos quedó de él son esas fotos que están en los expedientes judiciales”, apuntó Iris.
El caso de Floreal, arrojado desde un vuelo que partió de Campo de Mayo y hallado con signos de empalamiento tuvo alguna trascendencia, en medio de la censura oficial impuesta bajo el del plan sistemático que aplicaba la dictadura.
El escritor y periodista Rodolfo Walsh dio cuenta del hecho en su Carta Abierta a la Junta Militar escrita y difundida al cumplirse un año del golpe de Estado. “Atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas expuestas”, describió en un párrafo de su histórica misiva el autor de Operación Masacre.

Foto: Gustavo Becerra.
El represor que algunos quisieron convertir en héroe
El teniente coronel del Ejército Miguel Ángel Clodoveo nunca respondió por su implicación en la represión ilegal. Murió en 1982, en un accidente de helicópteros ocurrido en el sur del país durante la Guerra de Malvinas. La dictadura le concedió un ascenso póstumo al grado de general de Brigada.
En algunos registros vinculados a Malvinas se menciona como el oficial de más alta graduación caído en la conflagración con el Reino Unido.
El detalle que se omite mencionar cuando se exalta su figura es que este uniformado no pereció en combates librados en las islas del Atlántico Sur.
En 2012, cuando ya se disponía información sobre la actuación de Arévalo en los grupos de tareas de Campo de Mayo, una entidad vinculada a exsoldados que durante el conflicto con Gran Bretaña estuvieron movilizados en la costa patagónica le realizaron una misa en su homenaje.
Ante esta conmemoración, la Liga por los Derechos Humanos recordó el pasado del represor durante la dictadura al remarcar que Arévalo “era un asesino que secuestró a Floreal Avellaneda y lo entregó a quienes le dieron muerte en Campo de Mayo», y que su figura nada tenía que ver con la de un héroe de guerra.
En ese sentido, la entidad defensora de los Derechos Humanos recordó entonces que la participación de Arévalo en el crimen de El Negrito había quedado probaba en el juicio de lesa humanidad que concluyó en 2009 en los Tribunales Federales de San Martín.
*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Agencia Lavaca y revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).
Derechos Humanos
Réquiem para un hombre pobre

Memoria de Víctor Vargas, el hombre asesinado por el policía Santiago Barrientos, en Constitución el domingo 28 de diciembre pasado. La dinámica barrial, violenta, contexto del asesinato; el tiro por la nuca, que revela que Barrientos disparó cuando Vargas estaba de espalda; el recuerdo de las y los vecinos de este hombre tranquilo y los mensajes de watsap que pintan su vida y su muerte, símbolo de una época.
Por Claudia Acuña
El día en que Víctor Vargas fue fusilado por la espalda por el policía Santiago Emanuel Barrientos, el asfalto hervía . Era domingo y a esa hora -diez minutos antes de las tres de la tarde- la esquina de Salta y Constitución estaba desolada por el sopor y la barra de hombres “escabiando”. Esa fue la palabra que usó Franco Olave Cornejo -a quien todos en ese no-barrio conocen como El Chileno- cuando declaró ante la fiscalía Penal Nª 12 para describir la escena del crimen. Es también lo que muestran las cámaras de seguridad: en una ochava, la barra liderada por El Chileno; enfrente el policía Barrientos saliendo del local de Ugis junto a la oficial Carolina Elizabeth Vázquez, encargada de sostener la caja de pizza. Hasta ahí, lo habitual.
Lo extraordinario fue Víctor Vargas.


La mamá y la hermana de Víctor, con una foto que enmarcaron para recordarlo.
Ninguno de los que lo conoció -muchos, pero poco- pueden explicar qué lo llevó a abandonar su principal característica: tranquilo, educado, respetuoso, un buen pibe, son las palabras que brotan para recordarlo del dueño de la pensión, las putas y travas de la zona, los pibes de la calle, las dominicanas de la esquina. Saben, sí, que El Chileno atacó con una botella a Víctor. Algunos especulan con el robo del celular y el motivo de su reacción posterior podría explicarlo el audio que Víctor le envió a su hermana Vanina un día antes, el sábado 27:
“Buenos días Vane. Voy a ver un laburito nuevo y ver si capaz puedo quedar ahí. Que tengas un lindo día”.
Víctor vivía pagando la pensión diariamente -cada día, cada día, cada día- juntando el dinero en trabajos temporarios -en un lavadero de autos, como repositor en un supermercado, descargando bultos en el Paseo de Compras lindero a la estación de tren: changas-, y la posibilidad de un empleo con continuidad le había dado la esperanza de un cambio en su vida. Quizá esperaba ese llamado de confirmación y perder esa ilusión significó también perder la paciencia.
Las dominicanas de la esquina prefieren proyectar la realidad: El Chileno domina esa esquina con violencia, insultos y ceguera policial. Quizá fue eso lo que cansó a Víctor y decidió responder, lo cual desencadenó el trágico después.
Lo que es dato es que un Víctor mareado –“algo raro en él porque nunca tomaba”, declaró el dueño de la pensión- entró a la cocina, tomó un cuchillo y regresó a la esquina a enfrentar a El Chileno. Fue entonces cuando el policía Barrientos y la oficial Vázquez, con la pizza en la mano, intervinieron. Lo que siguió fue rápido:
- El policía Barrientos le dio a Víctor la orden de tirar el cuchillo.
- El Chileno se escondió detrás del policía Barrientos.
- El policía Barrientos disparó tres tiros.
- La autopsia determinó que una de las balas ingresó en la nuca y salió por la ceja. Es decir: cuando el policía Barrientos le disparó, Víctor le daba la espalda.
Víctor quedó tirado en un asfalto que le dejó marcas de quemaduras. “Todavía estaba desangrándose cuando El Chileno ya tenía abogado”, dirá su hermana y, evidentemente, ese detalle también llamó la atención de la fiscalía, ya que le preguntó específicamente eso: quién llamó a su abogado. “Un amigo con el que se comunica a través de las redes sociales”, dice la transcripción que respondió.
La investigación judicial se abrió por los delitos de “atentado a la autoridad y lesiones”, pero la muerte de Víctor -agonizó tres días- obligó a apartar a la policía de la Ciudad de la investigación y, ahora, al Poder Judicial a decidir la competencia, es decir, quien investiga: la familia de Víctor -representada por la abogada María del Carmen Verdú, titular de CORREPI- exige que sea en el ámbito de Nación. En tanto, la defensa del policía Barrientos la ejerce el Ministerio de (In)Seguridad de la Ciudad, esa misma ciudad que en las calles de Constitución hierve de impunidad.



Víctor Vargas, en fotos que comparte a lavaca su familia.
Para despedir a Víctor, las personas más pobres y olvidadas de aquel no-barrio en el que Borges halló El Aleph -ese punto que contiene el universo entero y en el que hoy puede verse con absoluta claridad putas y travas golpeadas, hambreadas y humilladas cotidianamente por esa misma violencia policial que fusiló a Víctor – hicieron una colecta. El sepelio fue en Casa Roja, la sede de Ammar. Allí lo lloraron su madre y su hermana; sus vecinas sobrevivientes de las calles y sus compañeros de changas. Allí también escucho el audio que el Día de Navidad, apenas cuatro días antes de su fusilamiento, le envió a su mamá:
“¿Sabés qué, mamita? Te quería contar algo lindo. Hoy fui al Paseo de Compras de Constitución y como conozco a mucha gente de ahí que son dueños de los negocios, uno me regaló un pantalón y una remera. O sea que en Navidad estreno ropa nueva. Después otro me dio ensalada rusa con pollo y en la heladera tengo osobuco. Nada: todo eso vino de parte de Dios. Así que con lo que tenía me compré un perfume, en cajita, nuevo. ¿Qué más te puedo contar mamita? Que estoy solo y soy feliz.”
Hay un ramo de flores en el pecho de Víctor y una mesa con sándwiches, empanadas, galletitas y bebidas porque saben que quienes lo vendrán a despedir tendrán hambre. Hay anécdotas sobre esa vida que ya no es, la mayoría muy simples -sus tiempos con trabajos “buenos”, su derrape en la adicción, su estoico esfuerzo por estar “limpio”, sin drogas ni alcohol, cada día, cada día, cada día, desde hace varios años- y solo una muy compleja: en los últimos tiempos Víctor se definía como un eufórico libertario.
Derechos Humanos
El protocolo de Bullrich es nulo

Por Claudia Acuña
El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.
El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.
También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.
El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.
Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.
El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.
Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

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