Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (87 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 87 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

Un chico de 17 años en un centro socioeducativo. En la foto se lo ve de pie, el más alto, en el Agote, un Día de la Madre. La desesperación por salir. El encierro en una “tumba” de castigo. La responsabilidad de los funcionarios y una muerte que podría haberse evitado. Detrás, esa madre, Liliana Basualdo, empleada doméstica, que nunca abandonó otra forma de desesperación: la búsqueda de justicia. Detalles del caso que llega a juicio desde este martes: 10 años después. El relato de Liliana que es una radiografía de muchas vidas vulnerables, y la expectativa frente a la causa.

Por Lucrecia Raimondi

El 26 de noviembre de 2014 hacía seis meses que Diego, 17 años, se encontraba con una medida de privación de su libertad ambulatoria en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”. Las últimas semanas en el Centro no estaba bien, se sentía irritable, contestaba, no acataba las normas. Estaba enojado porque el juez le había negado la libertad y el traslado. La convivencia con los otros pibes también era difícil. Quería salir. Esa mañana, por insultar a un profesor, la directora del Centro lo castigó por 48 horas en el sector de “ex ingreso”. La celda ubicada en el subsuelo era de 3 por 1,80 metros sin ventilación ni agua ni baño, entraba poca luz natural por una pequeña ventana enrejada y hermética, había una cama de hierro, un colchón de espuma.

Ese día fue de visita, a la tarde vió a su hermana y a su sobrino; a las 17:00 horas el celador lo llamaba y no se quería despedir, volvía y le daba besos a su familia, los abrazaba. Una hora y media después, la reja de su celda estaba con candado. A las 20:30 horas, el adolescente protestaba encerrado, desesperado por salir. Diego tenía un encendedor que pasó por alto dos requisas. Para intentar un traslado prendió el colchón: pasados los minutos el incendio se descontroló, a los gritos pidió auxilio entre el fuego y el humo tóxico. Los adultos que debían cuidar de su integridad se demoraron el tiempo suficiente como para que las consecuencias sobre Diego fueran irreversibles. Entrada la noche del 2 de diciembre murió solo en el Instituto del Quemado.

A la Justicia le llevó 5 años resolver el procesamiento y más de 10 años dar inicio al juicio por la muerte de Diego Iván Borjas, que vivió 17 años. El debate oral y público comenzará este martes 11 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 de Capital Federal contra cuatro funcionarios del Centro “Dr. Luis Agote” y la entonces responsable de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (DINAI) de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Está prevista la citación de 35 testigos que declararán en al menos siete audiencias que se podrían extender hasta principios de marzo.

Diego en su décimo cumpleaños, entre sus padres.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sennaf tenía a su cargo los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, “Gral. Manuel Belgrano”, “Gral. San Martín” y “Dr. Manuel Rocca” bajo la órbita de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Tras las muertes de Diego Borjas y Lucas Simone, la DINAI fue reorganizada y los cuatro Centros se transfirieron en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires. La actual autoridad responsable es la Dirección Operativa de Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria dependiente del Consejo de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (CDNNYA) del Gobierno de la Ciudad.

“Un caso de esta trascendencia llega a juicio gracias al esfuerzo de Liliana Basualdo, la mamá de Diego, con nuestra representación, y el empuje que también trabajaron la querella de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Fiscalía de Instrucción. Este es un caso que atravesó muchas instancias, incluso varias veces se recurrió a la Casación, el máximo tribunal del país, para que finalmente se habilite la etapa de juicio. A pesar de que la enorme mayoría de las pruebas en las que se fundamenta la responsabilidad de los funcionarios acusados estaban disponibles desde un primer momento. Con lo cual, hemos atravesado una resistencia bastante fuerte, por lo menos de ciertos operadores del sistema de administración de justicia, para procesar este tipo de casos que presentaban una complejidad adicional. Nos demandó mucho esfuerzo, reiteradas presentaciones, para que esto avance y que el juicio se resuelva con la mayor celeridad posible”, manifestó en diálogo con lavaca Pablo Rovatti, abogado querellante por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos que representa a la mamá de Diego Borjas.

Una muerte evitable

El Centro Agote fue protagonista de sucesivas quemas de colchones en el año 2014: una en marzo, una en octubre, dos en noviembre y tres en diciembre. Seis meses después de la muerte de Diego, en julio del 2015, Lucas Simone de 16 años murió en su habitación en el Centro Rocca por la quema de un colchón a modo de protesta. El Gobierno de la Ciudad cerró las puertas de ese Centro tras un motín ocurrido en abril del año siguiente; Pablo César Arce, director del Centro Rocca al momento de la muerte de Lucas, fue llevado a juicio y absuelto en octubre de 2024.

Durante la investigación en el Juzgado de Instrucción Nº27 de Capital Federal se demostró que la DINAI había sido informada de los incendios y su recurrencia, tanto en el Centro Agote como en otros centros. “La Dirección debió hacer una contratación directa para la una compra urgente de colchones ignífugos y reemplazar los de espuma de poliuretano. Además, en el Centro Agote se cometieron una multiplicidad de negligencias: la directora ordenó una medida de sanción en un espacio que no estaba en condiciones para su uso, las dos requisas de ese día fueron defectuosas porque Diego tenía en su poder un elemento prohibido y que era de riesgo en esa celda, el celador de guardia no estaba en su puesto y su relevo tampoco al momento del incendio, su superior no controló que estuvieran en la vigilancia de ese sector”, describió el abogado de la familia del adolescente. “Esto no tendría que haber pasado”, se lamentó su mamá Liliana, en diálogo con Lavaca.

Para el juez que procesó a los funcionarios, Diego no debió permanecer en una celda de mínimas dimensiones sin ventilación, con un colchón de un material altamente inflamable que libera gases tóxicos al arder, sin ningún tratamiento retardante de la combustión. Diego no debió tener consigo un encendedor ni debió estar solo ni la puerta debió estar cerrada con candado. “En su momento el juez expuso en el auto de procesamiento que era una trampa mortal. Cómo pudieron dejar a un chico encerrado en una celda de dos metros, con un colchón inflamable y un encendedor. Además estaba sancionado, con el riesgo de reclamo que esto genera. No hacía falta ser experto. Un funcionario que se supone que está especializado en la atención de chicos en conflicto con la ley penal, debería saberlo. Ese es el eje de las imputaciones”, aseveró Rovatti.

Por su parte, Rodrigo Borda afrontará la querella institucional por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que dentro de sus funciones solicitó al Tribunal ser parte acusadora con el objetivo de que se dirima la responsabilidad del Estado en la muerte de Borjas por las irregularidades tanto en la prevención como en la actuación frente al siniestro. El Ministerio Público Fiscal presentará su acusación desde la Fiscalía Nº5 a cargo de Juan Manuel Fernandez Buzzi.

Adultos irresponsables

Los cinco imputados en el juicio por la muerte de Diego Borjas serán indagados en un juicio oral y público por el delito de “homicidio imprudente”. Las penas van de 3 a 5 años de prisión. Si la condena es menor a tres años la ejecución de la pena podría quedar en suspenso.

Cada funcionario deberá responder según la responsabilidad y rol que cumplían al momento de la muerte del adolescente:

• Alejandra Beatriz Aguilar Pedalino, quien fuera la Directora de la DINAI, era la primera superior de los directores de los cuatro Centros de Régimen Cerrado para adolescentes en conflicto con la ley penal de CABA. Tomaba conocimiento formal de los sucesivos incendios ocurridos en el Centro Agote, que anticiparon el riesgo que finalmente se concretó en la muerte de Borjas. Por inacción incumplió con su deber de garante de la vida de los adolescentes por no tomar de inmediato todas las medidas a su alcance para la inspección, relevamiento y recambio de colchones de poliuretano por una nueva dotación de colchones ignífugos.
• La entonces directora del Centro de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, Lidia González, ordenó una medida de sanción teniendo conocimiento de la problemática de consumo de estupefacientes y los conflictos con la ley penal que tenían Diego y otros chicos. La cercanía con ellos le permitía prever el modo de reaccionar ante, por ejemplo, una sanción. La acusada decidió separar al adolescente de sus pares y ponerlo en un lugar que no se usaba porque no estaba en condiciones, lo que incrementó el riesgo de que prendiera fuego un colchón a modo de reclamo, como había sucedido en tres oportunidades anteriores. Ante la cercanía con Diego y conocer su trayectoria de vida, más los incendios previos, la circunstancia le exigía extremar los cuidados.
• Al momento de incendiar el colchón no había ningún adulto vigilando el sector de “ex ingreso” donde Diego estaba sancionado. Humberto Marcelo Fernández era el celador de turno pero al momento del incendio había pedido un relevo a Eduardo Alberto Morales. Fernández está imputado por no detectar en la requisa que Diego tenía consigo un encendedor. Por su parte Morales, que hacía el relevo, decidió ausentarse del sector para realizar otra tarea: dejó a Diego y la reja del sector bajo llave y se llevó el manojo; las llaves no tenían identificación.
• Héctor Rufino Ruiz, el encargado de guardia, era el superior de ambos celadores, debía supervisar que el sector estuviera cubierto y que los adolescentes sancionados estuvieran con vigilancia permanente.

El juez de instrucción había resuelto en el año 2019 el procesamiento de seis funcionarios por considerar que la sanción y las condiciones que le habían impuesto a Borjas no habían sido correctamente supervisadas, que habían violado los derechos de detención del adolescente. A los meses, la Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó la falta de mérito para procesar o sobreseer a la vicedirectora. Entre 2021 y 2022 el ex secretario de la Sennaf, Gabriel Lerner, y el entonces Director Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal de la Sennaf, Carlos Andrés Fagalde Fernández, fueron sobreseídos por entender la Justicia que “el rol institucional que le cupo al imputado al momento del luctuoso suceso no basta para imputar la responsabilidad penal por el mismo”.

“¿Habrán sentido su muerte?”

Diego nació en diciembre de 1993 en Cuartel V, barrio Don Sancho de José C. Paz, en la Provincia de Buenos Aires. Era hincha de River, le gustaba la música y estar en la esquina con sus amigos. Diego era muy callado. El amigo más cercano era su primo Sebastian, con quien empezó a ir a Capital. Le costaba sostener la escuela y empezó a irse de la casa cuando se agravó su situación de consumo problemático. En la MU 142 contamos su historia a cinco años de su muerte.

Liliana encontró una carta de su hijo donde fantaseaba con unas vacaciones en Pinamar: “Debió ser un deseo que él tenía, porque Diego no conocía el mar. Jamás gané bien como empleada doméstica pero es mi trabajo, es lo que aprendí a hacer y yo no tuve oportunidad de estudiar. A mí nunca me alcanzó para decir me voy al mar. Nunca fuimos a conocer nada, eso era parte también de nuestra pobreza. Al tiempo de morir Diego, uno de mis sobrinos me dice por qué no lo cremaba y lo tiraba al mar. Yo no sé, nunca pude quemarlo”.

La única hermana con la que Liliana se entendía era la mamá de sus sobrinos que “tienen problemas con la droga”. Uno de ellos era Sebastián, que cayó detenido con Diego en 2014. Liliana contó a lavaca que su sobrino “hizo un tratamiento, se curó de las adicciones, se casó y ahora está bien”. Entre las anécdotas familiares de niños abandonados y maltratados, entre los recuerdos, deslizó que a las audiencias no pensaba ir acompañada.

Liliana y el papá de Diego, Francisco, con la foto de su hijo. Es ella quien impulsó la causa por la muerte de Diego.

-¿Por qué preferís afrontar sola el juicio?

Perdón la expresión pero es que yo tengo una familia de mierda, lo siento así en el sentido de que tuve muchos problemas porque trataban a mi hijo de peste, de que era un drogadicto, que era un chorro. Lo miraban mal de pies a cabeza. Venía Dieguito y me decía: “A mí no me interesa lo que hablen”. Por eso no quiero decirle a nadie, no quiero que me acompañen porque siento que no se lo merecen. Le diría a mi mejor amiga que falleció hace dos años o a mi hermana Patricia pero vive lejos. Igual no me molesta ir sola, siempre estuve muy sola en muchas situaciones.

La ausencia de Diego la lleva en solitario, la pone muy triste, evita hablar del tema. En diciembre de 2024, a 10 años de haber perdido a su hijo, recibió la notificación del juicio: “El día que me llegó el papel lloré muchísimo. Pasaron tantos años, pero no te olvidás de tu ser amado, siempre lo llorás. No puedo hablar tanto de esto porque a mí me causa mucha angustia. Me consuelo pensando que es parte de la vida, pero esto no tenía que ser parte de mi vida, no tendría que haber pasado”.

¿El juicio puede reparar algo de tu dolor?

Yo creo que depende de cómo sea la condena. No siento que vayan a la cárcel. Lo único que a lo mejor no podrán trabajar, pero si ya son personas grandes tampoco les importa. Lo que yo me pregunto de ellos es si habrán sentido su muerte de alguna manera.

¿Por qué creés que no les afectó?

En el sanatorio nadie se acercó cuando estaba internado, fuimos con mi hija, estábamos las dos solas paralizadas, yo no sabía ni por dónde empezar ni qué tenía que hacer. En ese momento no me daba cuenta de que me evitaban. Me visitó una vez un psicólogo de la Sennaf. Después nadie más, nunca más. Es como todo, si pasan cosas, del Estado nadie se acerca.

¿Cómo imaginás ver a los funcionarios acusados?

No sé, me lo imagino como en las películas. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto. Es un delirio, pero de González la verdad ni siquiera me acuerdo de la cara. Lo que nunca me olvido es de sus palabras. Cuando falleció Diego, entre tanta gente que iba, ella fue a mi casa. Lo único que recuerdo que tuvo para decirme fue: “Sí Liliana, Diego venía mal”. Eso me dio la sensación de que pensaba que merecía un castigo. Solo recuerdo esa vez, que eso fue todo.

¿Para vos es una forma de resguardo no hablar sobre qué pasó con Diego?

A mí me produce mucha angustia todavía. Si me hubieras dicho que falleció en la cama de un hospital por una enfermedad, obvio que me hubiera dolido y todo lo que significa el perder un hijo. No digo que sería menos doloroso, pero lo tomaría de otra manera. De esta forma tomé dimensión de lo terrible de lo que había pasado. A su vez, cuando me preguntan qué pasó con mi hijo digo que fue un accidente en moto. Yo siempre le pido perdón a mi hijo porque me cuesta decir la manera en que falleció, porque también me produce mucha vergüenza el lugar donde estuvo. Eso pasa, más allá de que no voy a estar explicando el caso, me resulta muy vergonzoso decir que se murió en un Instituto, porque si bien para la sociedad fue un delincuente, para mí era mi hijo.

¿Qué sensación te da cuando aparecen discursos de odio contra los pibes que están en esas situaciones difíciles?

Me pongo en el lugar del otro porque a nadie le gusta que le maten a un chico que trabaja como pasó en Moreno, hay que estar de ambos lados. Pero me provoca mucho dolor cuando escucho “una rata menos”, para mí no es así, se necesita más ayuda. Me causa culpa que nosotros como padres a veces no tenemos los medios o no tuvimos la educación porque fuimos criados sin amor. Pero me da rabia cuando hablan mal porque ven a un chico juntando cartón o consumiendo piensan “qué barbaridad, dónde están los padres”. A ver, acá estoy. Mi hijo se iba así y yo estaba. Si había algo que no le hacía falta era hacer eso.

¿Qué debería hacer la sociedad y el Estado con los chicos que están vulnerables?

No sé, quisiera saber qué tendríamos que hacer nosotros como padres, con tanta droga en la calle cómo prevenirlos, me lo pregunto porque en realidad me siento más responsable como madre. Yo fui una niña golpeada, que vivía con mi abuela y me marcaban a palo, después tuve una madrastra que también me lastimó. Siento que es mentira que existe algo para la niñez, está todo muy abandonado, lo veo ahora con unos sobrinos que el servicio local no existe, funciona todo mal. Lloro tanto y es tan grande mi sufrimiento hacia la niñez, porque me toca mucho de cerca.

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse tituló así este artículo realizado especialmente para lavaca a partir del DNU 62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, aclarando al enviarla lo siguiente: “Con este DNU todos los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden decidir como adultos sobre sus cuerpos, menos los adolescentes trans, lo que violenta el principio de no discriminación”. Los que se busca anular, la violación de la Convención de los Derechos del Niño, lo discriminatorio, lo ideológico, la clemencia y los perros, los peligros y una mirada hacia adelante, con el foco puesto en el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.  

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Lo que hay no es lo que había

El Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 viene a modificar un artículo de la Ley de Identidad de Género (LIG) 26.743, prohibiendo a las personas menores de 18 años acceder a las intervenciones y tratamientos para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.

Hasta ahora, a partir de la reforma del año 2015 del Código Civil y Comercial (CCyC), se daban tres situaciones:

1. Las personas entre 16 y 18 años podían acceder como si fueran adultos, en virtud de lo dispuesto para personas trans y no trans, de esas edades, por el art. 26 del CCyC.
2. Las personas menores de 16 años para tratamientos no quirúrgicos: debían solicitar la práctica a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y contar con asistencia de abogado del niño.
3. Las personas menores de 16 años para intervenciones quirúrgicas, además de las exigencias para las prácticas no quirúrgicas, debían contar con la conformidad de la autoridad judicial.

De esta manera, ya sea ante el abogado del niño, o ante éste y ante el juez, se cumplía con el mandato del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño de que niños, niñas y adolescentes sean escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado.

Imagen tomada en la Marcha Antifascista y Antirracista realizada el 1º de febrero.

La violación del derecho a la libre expresión del niño y su derecho a ser escuchado

El DNU 62/2025, más allá de determinar si reúne los requisitos de “necesidad” y de “urgencia” a la luz de la doctrina jurisprudencial, viene a cercenar este derecho del niño, e incumplir esta obligación asumida por la República, al fulminar el derecho a la libre expresión del niño y su derecho a ser escuchado. Sin escuchar a ningún niño, el Presidente prohíbe por sí solo, a todos los niños, niñas y adolescentes por igual, su derecho a la salud trans, sin las distinciones que podría hacer en cada caso un juez, el derecho a acceder a la salud trans.

El carácter discriminatorio del DNU 62/2025

Resulta más que evidente que la finalidad no es la alegada defensa del interés superior del niño, sino el primer paso, traspasando ahora el discurso transfóbico y adentrándose por primera vez en el terreno jurídico, que efectiviza la ideología discriminatoria del gobierno de Milei, tributaria de ideologías foráneas como las de Trump, Vox, Orban, etc. que colisionan con el contenido de nuestro sistema jurídico.

En efecto, con esta sorpresiva y no debatida reforma, introducida en evidente represalia a la masiva Marcha Antifascista del 1° de febrero pasado,  resulta que los adolescentes de entre 16 y 18 años, pueden acceder a cualquier tratamiento, inclusive quirúrgico, sin necesidad de autorización judicial, a excepción de las personas trans.

Si una adolescente de 16 años nacida mujer, decide practicarse una cirugía de mamas para afirmar su femineidad, puede hacerlo según el art. 26 del CCyC, pero no podría ejercer el mismo derecho una adolescente trans para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, porque se lo prohíbe la nueva redacción del art. 11 de la LIG, redacción introducida por el aquí comentado DNU de Milei. De la misma manera, podría tratarse con hormonización masculina un adolescente nacido varón que quiere afirmar su masculinidad, mas no una adolescente mujer que quiere adecuar los caracteres secundarios de su cuerpo a su identidad de género. De manera tal que, lo que pueden hacer los adolescentes cisgéneros, no lo pueden hacer los adolescentes transgéneros.

Resulta evidente que no se protege las niñeces y adolescencias, sino que se persigue, desde temprana edad, a las identidades trans. Y eso en derecho tiene un nombre: DISCRIMINACIÓN.

El DNU filicida

Se ha afirmado que «…las vulnerabilidades generales de lxs adolescentes pueden verse agravadas por el estrés de la minorización específico del colectivo LGBTI e interactuar con otros motivos de discriminación y/o estigma como la clase, la etnia o la religión. Esta combinación entre variables individuales y sociales lleva a que el riesgo de suicidio sea mucho mayor entre adolescentes y jóvenes LGBTI (Saewyc, 2011; Muraco y Russell, 2011)…” STÉFANO BARBERO, Matías y BOY, Martin: «Salud y Adolescencias LGBTI. Herramientas de abordaje integral para equipos de salud», Ministerio de Salud de la Nación, 2017, pág. 37, ISBN 978-950-38-0256-4.

Obligar a una persona de la edad que sea, a vivir en un cuerpo que es ajeno a su íntimo sentir, evidentemente afecta la salud psíquica de adolescentes, amén que la ausencia de adecuación incrementa la vulnerabilidad al bullying por razones de género.

El presidente Milei está poniendo en grave riesgo la salud de las infancias trans, por lo que sería deseable que revisara sus odios y, parafraseando a la Obispa Mariann Edgar Budde, qué agradable sería este país si Milei, por estas infancias, tuviera un poco de CLEMENCIA.

Por lo menos que tenga por nuestras niñeces trans, la clemencia que tiene por sus perros.

Conclusión

En síntesis, el DNU 62/2025 resulta inconstitucional y anticonvencional por no reunir los extremos de necesidad, ni de urgencia, cercenar el derecho a la libre expresión y el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, incumplir la obligación de la República de garantizar ese derecho a ser oídos, resultar discriminatorio, desconoce el derecho humano a la identidad de género que la misma LIG en su art. 13 reconoce, vulnera el carácter progresivo y no regresivo de dicho derecho humano, y, finalmente y más grave, afecta el derecho humano a la salud y a la vida de las infancias trans.

Es de NECESIDAD Y URGENCIA, que el gobierno lo revoque, o que el Congreso lo rechace, o que los jueces lo declaren inconstitucional.

Pero hagan, hagan algo, porque detrás de los discursos, y atrás de las ideologías del odio, hay niñes.

Cristina Montserrat HENDRICKSE