Una cooperativa agroecológica de quince familias produce alimentos sin químicos en medio de la selva misionera y muestra cómo cultivar de un modo sano y rentable. Unión Campesina, los secretos de la tierra, la casa de las semillas, y una decisión: hacer mucho y hablar menos. El método del Fukuoka misionero. ¿Cuál es la rueda que está girando?

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La tierra sin mal.
Eso significa Misiones en la cosmovisión guaraní: cuatro palabras que condensan un mundo. Un tipo de vínculo entre cultivos y humanos, una agricultura sin venenos, una alimentación saludable.
Una forma de cuidados, propios y ajenos.
Pero en el país de los transgénicos no valen las cosmovisiones.
En 2023 Misiones promulgó la Ley de Bioinsumos para fomentar productos biológicos naturales y prohibir el uso de glifosato a partir de 2025. Sin embargo la presión de grandes productores hizo que en agosto del año pasado el gobierno provincial se echara atrás: suspendió la prohibición del herbicida caracterizado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. “Acá el Roundup es de venta libre, más que la aspirina. Promueven las leyes más progresistas del país, pero ninguna se cumple”.
Dice Agustín Pane, productor, presidente de la cooperativa agroecológica Unión Campesina. Dice, y lo comprobamos entrando a una ferretería cualquiera, pidiendo Roundup: se lo puede comprar sin receta agronómica ni nada que se le parezca. Roundup: herbicida cuyo principio activo es el glifosato y cuyo dueño es el grupo alemán Bayer, que compró Monsanto en 2018.
“En vez de cortar el pasto, acá se randapea –señala, creando un verbo de época–. Todo eso amarillo que ves ahí, es Roundup”.
Lo que veo es la banquina amarilla de la Ruta Nacional 14, en el centro del Departamento de San Pedro, nordeste provincial. Veo más Roundup que iglesias evangélicas. Veo la normalización de lo tóxico entre casitas de madera y chapa –de quienes no tienen vacas– y casas de material –de quienes sí tienen–, las escuelas y, claro, las iglesias evangélicas.
A la Ruta Nacional 14 se la conoce como la Ruta de la Producción, o de la tierra colorada. De sur a norte, arranca en Entre Ríos y atraviesa Corrientes y Misiones, hasta la frontera con Brasil en Bernardo de Irigoyen. En el último tramo todo es selva y plantaciones de yerba mate, tabaco, té, y un verdor alucinante que se te viene encima.
Una hora antes de llegar a la frontera brasileña hay que meterse en las entrañas de la selva, difíciles de transitar, caminos pedregosos y barrosos donde parece no haber pasado ningún dios ni gobierno, curvas pronunciadas, lomas y pendientes, para llegar al paraje Santa Cruz del Monte, municipio de Pozo Azul, San Pedro, Misiones.
En este punto del mundo ausente de cualquier planificación estatal, del horizonte de todo dirigente y hasta inexistente en el google maps, quince familias hacen lo (im)posible. Formaron la cooperativa de producción agroecológica Unión Campesina y en una época con poca épica están creando la suya: otras formas de trabajo, producción y existencia.

Lo sano y lo rentable

La cooperativa nació hace 20 años. En 2019 sus miembros tomaron una decisión sin vuelta atrás: producir sin agrotóxicos. Volver a las fuentes, al sistema vivo.
Su nombre completo es Cooperativa Agropecuaria y Vivienda Unión Campesina. El marco legal fue la herramienta para obtener los títulos de propiedad de la tierra; y también para presentar proyectos que les facilitaran el acceso a maquinarias. Eran tiempos en los que, con luces y sombras, impulsaba el cooperativismo.
Una Argentina remota.
Las familias asociadas casi no compran alimentos. “La sal, el café, y alguna otra cosita, nada más”. El resto lo cultivan: cereales, tubérculos, todo tipo de vegetales y frutos, hierbas, miel. Casi no pisan almacenes, mercados, quioscos. Son sus propios cultivadores, abastecedores y consumidores.
Con escasa ayuda externa y sin maquinaria moderna, cada familia produce como para alimentar a otras 80 familias. “Imaginate si hubiese una planificación seria para fomentar la agroecología. Pero hay una política contraria hace años, sin importar el color partidario, que quiere terminar con la vida en el campo”, dice Agustín, que junto a su comunidad se obstina en seguir el ejemplo del salmón: nadar a contracorriente.
Tienen varios obstáculos para ampliar la producción: estar al fondo de un paraje totalmente marginado, sin caminos asfaltados; la ausencia de infraestructura (por ejemplo, no tienen luz trifásica para el funcionamiento de algunas máquinas); la falta de desarrollo en la comercialización para dar un salto en las ventas.
También hay varias fortalezas: “Tenemos la tierra, ganas de trabajar en comunidad y una certeza: la agroecología, además de no contaminar, es rentable. Producimos alimentos que ya vendemos a muchas localidades de Misiones y a otras provincias, pero seguimos siendo pobres”. Son pobres pero trabajan, producen su propio alimento, hacen lo que les gusta, les resulta rentable y están orgullosos.
Como promedio tienen 5 hectáreas por familia. Cada socio aporta 5 mil pesos mensuales, o 7 mil una pareja. La cooperativa se organiza por grupos de trabajo: semillas, alimentos, miel, abonos, yerba, dulces y conservas. Y una asamblea que nuclea a todos los integrantes, que toman las decisiones en conjunto.

¿Cuál fue el cambio?

Están por sacar su propia marca de yerba como cooperativa. Hacen dulces y conservas marca Dulceres, y mermeladas de todo lo que se cosecha: jamaica, zapallo, naranja, mandarina, jaboticaba, pera, banana.
Para alimentarse, además, la clave es que diversifican cultivos, para tener más variedad de comida y al mismo tiempo proteger las semillas. Algunos se dedican al maíz, otros al arroz, los porotos, y así. Y así. Y así.
Cuentan que en las semillas está el espíritu de la cooperativa, el empuje. Todo empieza desde ahí. Tienen su propia Casa de Semillas, sencilla, humilde, pero con más de 70 variedades como arvejas, mostaza, sorgo, trigo, maní rosado, maní bordó, melón, sésamo, vicia, anco, y muchos etcéteras.
Al hacer la transición a la agroecología encontraron que debían ir a los comercios agropecuarios a comprar semillas, pero solo había transgénicas. Ahora están logrando un cambio estructural: cada integrante de la Unión Campesina es un guardián de semillas sin veneno, la punta del hilo para extender el modelo agroecológico en la provincia.
Agustín: “Conservar la semilla le da vida digna a la gente en la chacra, porque vende y no depende de las agropecuarias, del precio dolarizado ni de que sean transgénicas. La humanidad tiene por lo menos 4.000 años haciendo agricultura. ¿De dónde salió la comida antes de 1950? Que el agronegocio vino a solucionar el hambre es una mentira más grande que una casa. Si la agroecología no mantiene al mundo es solo porque no hay políticas públicas direccionadas a eso”.
Ni políticas ni políticos.

El método Valdir

Según un informe de 2025 de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), hay 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo, el 85% tiene una superficie inferior a 2 hectáreas y representa solo el 9% de las tierras productivas, mientras que las de más de 1.000 hectáreas controlan casi el 50%.
En Argentina, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desguazado por la gestión libertaria), elaboró un informe sobre el último censo agrario de 2018 con foco en los pequeños productores: tienen el 64% de las explotaciones, pero solo el 13% de las tierras en producción. Después de Jujuy, Misiones es la segunda provincia con el porcentaje más alto (80%) y la primera en superficie cultivada por el sector (39%). Entre 2002 y 2018, las tierras del pequeño agricultor se redujeron en un 27% en todo el país: se perdieron 59.922 chacras.
Ana, productora agroecológica de Oberá, me dice que en medio de la selva, en el municipio de Pozo Azul, está el “Fukuoka misionero” (por Masanobu Fukuoka: biólogo y filósofo japonés, símbolo mundial de la agricultura). Es la referencia de la cooperativa Unión Campesina. Existe el Método Fukuoka –agricultura natural, sin químicos ni venenos ni laboreo: la tierra se cultiva a sí misma–, pero Ana cuenta que también existe el Método Valdir.
Valdir de Paula tiene 65 años, nació en Anchieta, Santa Catarina, Brasil. Siempre vivió en el campo. Y siempre, cuenta él, fue pobre: “No tenía ni para comprar una bota. Caminaba y trabajaba descalzo”.
Pero algo cambió: “Tenemos tierra”.
Dice en un portuñol cerrado. Valdir llegó a este paraje hace 36 años. No había luz, ni caminos, pero estaba lo más importante: tierra. Y de la buena.
Agustín describe a Valdir como una escuela de agroecología. Todo resumen quedará inconcluso, pero su trabajo apunta sobre todo al suelo: prepararlo con cultivos que lo cubran y brinden una mayor fertilidad para la siembra. Se absorben mejor los nutrientes, se mantiene el agua, se controlan las plagas y se evita la erosión de la tierra.
El método no usa venenos sino asociaciones de cultivos y un sistema agroforestal (conjunción de árboles, cultivos y animales en un mismo terreno). Le suma la preparación de bioinsumos naturales como abono, por si hiciera falta más fertilidad, y la conservación de semillas criollas. Cuando la cobertura llega a la altura necesaria –puede ser de cincuenta centímetros, o incluso trepadora, dos, tres metros–, se abre un surco para sembrar. Ese andarivel, que en otros campos se realiza con un tractor, Valdir lo hace con sus bueyes, lo mismo que para arar la tierra, surcarla y cargar la cosecha en el carro.
Lo que se ve en esta parcela en medio de un paraíso verde es una mata de mucuna que Valdir sembró en febrero y ahora ya es un mar vegetal. “La reina de todas las coberturas”, le habla con amor. Es la responsable de recubrir al maíz. Entre anchas hojas verdes se ven algunos choclos. “Lo protege de las plagas y del frío. Y también de las malezas, pero si plantás cobertura y cubrís el suelo no te crecen los yuyos”.
Lo que en esta nota se resume en un par de párrafos podría ser un libro. O una biblioteca. Valdir sigue su clase:
“El veneno facilitó la extensión de la producción, pero generó el daño a la salud, la debilidad del suelo al perderse los nutrientes. Otro factor es el rinde en lo económico: en la agroecología, si yo planto 10 hectáreas, tengo de gastos lo que obtengo en una y me quedan 9 de ganancia. Si tiro veneno es al revés: gasto en abono, fertilizante, químico, semillas. Todo es carísimo, y de 10 hectáreas, 9 se me van para beneficio de las grandes empresas”. Un resumen del actual capitalismo, desde una chacra.

¿Por dónde entra la enfermedad?

Cuando Valdir llegó al paraje cultivaba tabaco y usaba agrotóxicos. La intoxicación de su hijo fue el quiebre. Desde hace dos décadas su campo está libre de venenos.
Junto a su compañera de vida, Ivone –que hace los dulces y las conservas cooperativos, además de una comida exquisita cien por ciento cosechada de su tierra–, arrancan el día a las 5 de la mañana. El desayuno antes del amanecer tiene un coro de cientos de intérpretes: los gallos, las gallinas, los zumbidos de las chicharras, lo que cantan los grillos, los silbidos del viento. Los cerdos y las vacas escuchan en silencio mientras el monte se despierta para una nueva jornada.
Valdir se calza su sombrero de paja, botas negras embarradas, machete colgado a la cintura y empieza a caminar la chacra. Mientras andamos entre innumerables plantas, va sembrando experiencias.
Dice que la clave es no hacer un monocultivo, sino plantar de todo, porque de la diversidad está hecha la vida. “Para quien sabe administrar una chacra, no hay tierra impropia; todo se puede ocupar, con cultivos, animales, una buena forestación”. Lo que se ve, le da la razón. La variedad es absoluta: gallinas y huevos; carne de vaca, de chancho y grasa; huerta, granos, mil verduras y mil frutas; árboles, madera, flores, miel.
Dice Valdir que nunca tuvo ni un dolor de cabeza, que jamás fue a un hospital. Que cuando se siente estresado, va al monte; ahí sana, respira, toma aire puro y repone la energía: “No hay enfermedad que la naturaleza no cure”.
Dice que no compra en el mercado porque produce casi todo y lo que se compra ahí es veneno: “Así como la salud entra por la boca, la enfermedad también. En el tiempo antiguo, no había tantos derrames, infartos, depresión, artrosis, cáncer, y ahora es una cosa impresionante”. Mientras come unos gajos de mandarina, susurra: “Este es mi mercado, vengo a trabajar, recolecto y ya ‘compré’ la mercadería. Acá lo tengo todo”.
Dice que no tiene estudios pero que se acuerda de lo que pasó hace 20 años porque casi no usa teléfono celular; dice que ese aparato nos hace esclavos y que si hoy hay un apagón, nos morimos todos. “Es el responsable de borrarnos la memoria, y eso es una debilidad muy grande como humanidad”.
La que no se ve débil es la mandioca gigante que acaba de cosechar (una de las 20 mil mandiocas que lucen su campo). Ni el naranja furioso de los ananás en plena maduración, ni el dulzor de las mandarinas. No así las naranjas y las paltas, que esta vez quedaron chiquitas.
Dice que la vida era más saludable, que un año de hoy equivale a diez de antes. Lo mismo pasa con el cambio climático: cuando era chiquito, la temperatura llegaba a 31 grados y hoy el monte es un horno, rozando los 47.
Dice también que si algo describe a su práctica no es el decir sino el hacer: aprender haciendo, enseñar haciendo.
“Hay gente que habla y habla. No sirve. Lo que vale es hacer. Algunos parecen saber mucho, pero les das la azada para carpir y no saben. El peor error de las personas es hablar”. Lo dice y calla, mirando la selva.

Corazón y guara guara

A la charla se suman Víctor y Leonardo, otros integrantes de la cooperativa. Se da un diálogo que desenmascara un sistema compuesto por oenegés, fundaciones y gobiernos que, en menor o mayor medida, ponen al campesino al final de la cola.
Víctor nació en la chacra y nunca se fue. Se dedicó muchos años a plantar tabaco hasta que se empezó a enfermar– no cree en las fundaciones: “Como campesino te obligan a conseguir tres presupuestos en medio del monte para que te compren una motoguadaña, mientras los tipos viajan en avión y se hospedan en hoteles”. ¿Pedirán tres presupuestos para sus comidas y todo lo que gastan? “Ya no espero nada de ellos”.
Valdir cree que la burocracia solo pone trabas y lo ejemplifica con proyectos gubernamentales que bajan con todo armadito, sin contemplar lo que necesitan.
Leonardo –que nació en Buenos Aires y hace 17 años fue adoptado por Misiones– lo sintetiza poniendo como símbolo un cultivo: “Son zanahorias que te proponen las instituciones para distraerte”. Agustín, con una anécdota: “Hace varios años tuvimos una reunión entre distintas cooperativas con el ministro del agro. Le adelantamos en una carta quiénes éramos y qué hacíamos porque supuestamente nos iban a ayudar a crecer. No solo no leyó la carta, sino que nos dejó dos palas, un plástico y paquetes de semillas vencidas para repartirnos entre los presentes”.
Llegan a una conclusión: “Desde el discurso, están todos con la agroecología y la agricultura familiar, pero las concesiones, la guita, los créditos y las facilidades se las dan a empresas como Arauco”. Arauco es la compañía forestal chilena propietaria en Misiones de más de 240 mil hectáreas, lo que equivale al 8% de la provincia, que es la segunda del país con más tierras extranjerizadas (11.29%), apenas debajo de Salta (11.40%).
Valdir dice que la Unión Campesina no solo está a favor de la vida, de la salud, de la alimentación saludable, de la participación. También está en contra del guara guara, que en vocablo misionero significa: chamuyo.
“No existe una experiencia como la nuestra en la provincia –agrega Valdir–, que nuclee a tantas familias y de forma agroecológica”.
Agustín: “Estamos haciendo algo grande, creando una unión campesina real, un proyecto económico para que ya nadie tenga que irse a trabajar fuera del territorio”.
“Acá hay una rueda girando hace tiempo” dice Leonardo.
¿Por qué una rueda?
–Porque acá hay verdad, hay esperanza de cambio, hay una magia que ya sucede desde la producción de comida sana y, sobre todo, acá hay corazón. Un corazón colectivo que está latiendo muy fuerte.

A 50 años del golpe de Estado, el Archivo de la Memoria Trans reunió en un libro testimonios individuales, relatos colectivos y el registro del Juicio Brigadas, el primero que toma como víctimas del terrorismo de Estado a mujeres travestis trans. El libro no habla solo de violencia, sino también del humor, la amistad, la resistencia y las formas que ellas inventaron para poder seguir vivas. Pistas sobre dónde encontrar claves para el futuro.

Por Evangelina Bucari

Cuando Carola Figueredo mira una foto, no ve solamente lo que quedó fijado en el papel ya descolorido. Ve quiénes estaban alrededor, el lugar donde fue tomada, el cumpleaños de alguna amiga, una fiesta de fin de año, una casa que funcionaba como refugio. Ve una época en la que posar en un espacio público podía ser imposible y peligroso para una mujer travesti trans.
“Los pocos momentos en que nos sacábamos fotos eran en lugares cerrados”, recuerda. Podía ser el cumpleaños de una conocida o una reunión con las compañeras. “No teníamos lugares públicos, espacios públicos, porque no podíamos hacerlo. Teníamos literalmente una persecución de odio”, explica Carola.

Durante años, aquellas fotografías permanecieron guardadas en álbumes íntimos. Eran imágenes de una vida que casi nunca aparecía en los registros oficiales, salvo bajo las marcas de la persecución, los prontuarios policiales o los expedientes que las nombraban para criminalizarlas. Cuando Carola ingresó al Archivo de la Memoria Trans, en 2017, comenzó a mirarlas de otra manera. “Ahí empezamos a tomar conciencia de la historia de la fotografía”, asegura. Cada imagen podía ser una prueba de existencia, una puerta hacia un recuerdo y una pieza de un relato colectivo que había sido mantenido en silencio.

Esa historia está en el centro de Carne de cañón. Memorias travestis trans de la dictadura 1976-1983, el libro editado por la Editorial del Archivo de la Memoria Trans Argentina con prólogo de la abogada Ana Pipi Oberlin, integrante del Ministerio Público Fiscal, quien participó en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y violencia institucional.
La publicación reúne testimonios narrados en primera persona, relatos colectivos y el registro escrito del Juicio Brigadas, en el que la justicia incorporó las declaraciones de mujeres travestis y trans que fueron secuestradas y llevadas al Pozo de Banfield.

En sus páginas aparecen las voces de Ornella Teté Vega, Sonia Beatriz Torrese, Valeria del Mar Ramírez, Mónica del Valle, Julieta González, María Ivone, Brigitte Carla Gambini, la de Carola y muchas otras. Brigitte, además, reconstruye la historia de Janet Derganz, la primera persona trans que figura oficialmente como desaparecida en la Argentina. Hay recuerdos individuales, pero también narraciones construidas entre varias, porque en esta historia casi nunca el “yo” puede separarse por completo del “nosotras”.

“En un mundo donde nuestras voces siguen siendo casi invisibles, editar un libro relatando lo que vivimos tantas es un acto de resistencia necesario”, dicen desde el Archivo al presentar la publicación.

El Archivo de la Memoria Trans fue fundado en 2012. Su origen estuvo ligado al reencuentro de compañeras que habían sobrevivido a la persecución, al exilio, a la violencia policial y al abandono estatal. Primero, fue un grupo de Facebook, un espacio donde podían reconocerse, reencontrarse y saber quiénes seguían vivas.

Sofía Naara, que trabaja en el Área de Entrevistas del Archivo y estuvo a cargo de la edición de Carne de cañón, encuentra en ese nacimiento una huella directa de la lucha de organismos de derechos humanos. “Hay algo del origen del Archivo muy inspirado en la lucha de Madres y Abuelas”, explica. María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo, había visto un documental en el que le preguntaban a una de las Madres cómo habían podido construir un archivo sin tener nada. “La respuesta fue sencilla y enorme: tenían lo más importante, la memoria de las sobrevivientes”, relata Sofía.

El proyecto de hacer un libro sobre las experiencias de la comunidad travesti trans durante la dictadura existía desde hacía años. Era, dice Sofía, una cuenta pendiente. Las entrevistas que le dieron forma se realizaron entre 2019 y 2026, y a medida que se acercaba el cincuentenario del golpe, la urgencia se volvió más clara.

Para editarlo, Sofía cuenta que trabajó con el Nunca más en la mano, porque comprendió que estaban construyendo un registro que también venía a completar una ausencia fundamental. “Lo que se armó desde el Archivo fue un Nunca más dedicado a la comunidad trans”, asegura. “Aporta conocimiento, visibilidad, existencia, testimonios. Puede parecer redundante decirlo, pero es muy importante porque no estaban al alcance”, explica la editora, y a medida que habla se le va haciendo un nudo en la garganta.

El Archivo conserva miles de fotografías, cartas, pasaportes, documentos de identidad, recortes periodísticos, diarios personales, legajos policiales y otros objetos. Pero no se limita a reunir materiales: los identifica, los conserva, reconstruye sus contextos y vuelve a ponerlos en circulación. Desde 2024, además, desarrolla un registro de entrevistas audiovisuales a adultas trans mayores. Sofía cuenta que ya realizaron 83 entrevistas a compañeras sobrevivientes. “No solo a la dictadura, sino a la policía, a la persecución, a la sociedad, a todo lo que las violentó”, aclara.

Carola trabaja en el área de conservación. Aprendió a limpiar fotografías, manipular papeles frágiles y a proteger materiales que durante décadas sobrevivieron de casa en casa, en valijas, cajones o sobres. Habla del trabajo técnico, pero enseguida aparece otra dimensión. “Cuando compartimos tantas historias, nos vuelve el corazón a la mente”, dice, y enseguida agrega, emocionada: “No es solamente a la mente y a los ojos, es al alma. A veces siento que nosotras estamos ahí adentro”.

Una resistencia luminosa

Ana Oberlin recuerda que recibió la invitación para escribir el prólogo en un momento de tristeza y preocupación. Se acercaba un nuevo 24 de marzo y circulaban discursos que relativizaban los crímenes de la dictadura y hasta la posibilidad de indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. La lectura del libro, sin embargo, le devolvió algo que creía debilitado: la esperanza.

“Si bien es un libro que cuenta un montón de violencias −describe la abogada−, me pareció muy hermoso encontrar en muchas de las historias esas historias de resistencia”. No solo las de quienes atravesaron la ferocidad de la dictadura, sino también las de quienes enfrentaron violencias posteriores que, en algunos casos, se profundizaron durante la democracia.
“Hace sentir un inmenso orgullo de lo que se puede crear en este país, incluso desde el horror”, explica. Para ella, esas historias forman parte de una tradición más amplia del movimiento argentino de derechos humanos: la creación de estrategias colectivas para sobrevivir, resistir y transformar el dolor en acción. “Ese horror −afirma− puede convertirse en un motor”.

Carne de cañón cuenta secuestros, torturas, violencias, abusos sexuales, hambre, miedo, persecución policial y expulsiones familiares. Describe vidas marcadas por un Estado (y una sociedad) que las castigó sistemáticamente por existir. Pero también habla de las amistades, las complicidades, los apodos, de quienes sostuvieron nombres, se rieron juntas y construyeron formas de seguir vivas.

Sofía recuerda que casi no hay un episodio doloroso que no esté cruzado por alguna forma de humor. “Hay escenas altamente complejas, pero atravesadas por esa forma que ellas tenían para enfrentarlas”, cuenta. Por eso, durante la edición, se buscó preservar el modo singular de narrar de cada una. En el capítulo de María Ivone, por ejemplo, las detenciones y las situaciones de extrema violencia conviven con escenas de la vida cotidiana y con la personalidad luminosa de la narradora: su uniforme de enfermera “color patito”, sus plumas y su recuerdo de haber sido “la loca de los carnavales”.

Carola también vuelve sobre la risa. “¿Cómo manteníamos esa alegría? Mezclábamos el humor con lo cotidiano”, resume. Habían naturalizado una forma de vivir bajo persecución, de ser “carne de cañón”, pero no por eso dejaron de construir momentos felices. Recordaban los cumpleaños, los festejos, el final y el comienzo de cada año. “El dolor nos hacía valientes, nos daba fuerza para pelear. Era una forma de resistir ante tanta injusticia”, asegura.
Ana encuentra allí una de las mayores potencias del libro: su capacidad de desafiar la idea de que después de una violencia extrema solo quedan personas quebradas o condenadas a ocupar para siempre el lugar de víctimas. “A pesar de la violencia que el Estado y el mundo cis imprimieron sobre los cuerpos de las personas trans y travestis, aparece esa resistencia, esa forma de pelear y esa búsqueda creativa, también de alegría”, señala. “Eso me da una sensación de futuro, de esperanza”, asegura.

Juicio Brigadas

El Juicio Brigadas comenzó en octubre de 2020 y juzgó crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense.
Durante décadas, las historias de las mujeres travestis-trans secuestradas en esos lugares habían permanecido fuera de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Algunas detenciones no habían quedado registradas, muchas sobrevivientes habían muerto jóvenes o se encontraban fuera del país. Otras habían convivido tantos años con la violencia estatal que no se reconocían a sí mismas como víctimas del terrorismo de Estado.
Ana comenzó a investigar esos hechos mucho antes de que fueran incorporados al juicio. En 2018, conoció a integrantes del Archivo y juntas comenzaron a buscar a las sobrevivientes. Hasta entonces, el testimonio de Valeria del Mar Ramírez había sido considerado de manera aislada y más vinculado con su militancia que con la persecución relacionada a su identidad de género.

“Estaba presente la idea de que casi no había sobrevivientes”, recuerda la abogada. El trabajo del Archivo resultó decisivo para encontrar a las compañeras y reconstruir sus historias. “El trabajo que hacen es impresionante e imprescindible. Lo necesitamos”, asegura.
Finalmente, un grupo aceptó declarar. En abril de 2023, Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro contaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata los secuestros, las torturas, las violaciones y los trabajos forzados que sufrieron en el Pozo de Banfield. Fue la primera vez que un juicio de lesa humanidad se enfocó en las declaraciones de cinco mujeres trans y travestis víctimas de la dictadura. Por primera vez pudieron hablar como sobrevivientes y ser escuchadas por la justicia.

Pero sus testimonios no solo permitieron reconocer los delitos cometidos contra ellas. También aportaron información sobre otras víctimas del terrorismo de Estado. Algunas escucharon nacimientos de bebés en el centro clandestino, otras pudieron identificar a represores o relatar lo que ocurría en las celdas próximas.

Para Ana, hasta el juicio Brigadas la comprensión judicial sobre el terrorismo de Estado estaba “sesgada e incompleta”. No solo faltaba reconocer a esas mujeres como víctimas sino también faltaba escuchar todo lo que ellas sabían. “Sus violencias y todo lo que habían vivido eran directamente ignorados por el sistema judicial y, al mismo tiempo, al excluirlas, la investigación también perdía información esencial sobre el funcionamiento de los centros clandestinos”, señala.

En marzo de 2024, el juicio culminó con doce condenas. La sentencia reconoció como delitos de lesa humanidad la persecución, los secuestros, las torturas, las violaciones y la reducción a servidumbre sufridas por las mujeres travestis y trans en el Pozo de Banfield. Por primera vez, esas violencias específicas fueron juzgadas como parte del terrorismo de Estado.

La democracia que no llegó

Cada uno de los relatos del libro deja algo en claro: la dictadura terminó en diciembre de 1983, pero para las personas travestis y trans la persecución no terminó. “El 83 no significó ninguna libertad ni ningún cese de la persecución”, resume Sofía. Carola lo dice todavía de forma más directa: “No tuvimos una democracia. Fue una falsa democracia para nosotras. Por eso le llamamos posdictadura militar”.

Los códigos contravencionales continuaron habilitando detenciones arbitrarias. La policía siguió hostigándolas, encerrándolas y expulsándolas del espacio público. “Teníamos una ley que nos juzgaba, que nos condenaba. Esa persecución de odio no dejó de existir”, recuerda Carola.

Ana advierte que muchas de esas prácticas conservaron los métodos aprendidos durante el terrorismo de Estado. Cambiaron las figuras legales, pero no necesariamente la violencia. Antes eran los códigos de faltas; hoy pueden ser las acusaciones por narcomenudeo u otras formas de criminalización. “Cambian el ropaje de legalidad que a veces se les da a esas violencias, pero no cambian las violencias”, afirma la abogada.

Por eso, el libro no construye una frontera rígida entre dictadura y democracia. Las protagonistas recuerdan los años 70, pero sus historias avanzan hacia las décadas siguientes y muestran cómo la persecución estatal, la expulsión familiar, la falta de trabajo, el acceso restringido a la salud y la violencia social formaron parte de una misma trama.

La segunda vida

Para Carola, el cambio decisivo llegó en 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género. “Ahí nosotras conocimos la libertad. Verdaderamente pudimos decir: hoy somos libres”, sostiene.

Carola habla de una “vida primera” y una “vida segunda”. La primera estuvo marcada por la persecución policial, los calabozos y la imposibilidad de ser reconocida por su identidad. La segunda comenzó cuando tuvo acceso a un documento, a nuevos espacios y a derechos que hasta entonces le habían sido negados.

“A partir de 2012 empezó a cambiar todo para nosotras. Tuve la oportunidad de tener una vida nueva, una vida segunda”, cuenta. Pero enseguida aclara que ese cambio no fue igual para todas. “Muchas compañeras mayores –señala Carola– continúan sin acceso a empleos formales, otras siguen en el trabajo sexual y las políticas de inclusión laboral no siempre se cumplen. No hay un cien por ciento de integración social. Para nosotras todavía falta mucho”.
A sus casi 64 años, Carola se reconoce como sobreviviente. Durante mucho tiempo se repitió que la expectativa de vida de las mujeres trans era de 30 o 35 años. Ella cuestiona que esa cifra se presente como un destino natural.

“Era por la calidad de vida que teníamos”, señala. La exclusión del sistema laboral, la expulsión familiar, el trabajo sexual como única salida y el abandono empujaron a muchas compañeras hacia contextos violentos. “Yo cumplí 64, pero muchas se quedaron en el camino por la calidad de vida que nosotras teníamos”, explica.

Sobrevivir, entonces, no es un hecho individual. Es también la consecuencia de haber construido refugios y familias allí donde el Estado y la sociedad habían dejado abandono.
Por eso, en Carne de cañón, las mujeres que hablan lo hacen por ellas mismas y también por quienes ya no pueden hacerlo. Nombran a las amigas, recuerdan a las compañeras asesinadas, reconstruyen escenas en las que alguien cuidó a otra, compartió comida, consiguió un lugar para dormir o hizo reír al grupo en medio del miedo.
Carola insiste en que la visibilidad es una forma de reparación. “Es poder visibilizar las historias. Una historia que nos mantuvieron toda una vida callada”, asegura. “Cuántas compañeras –se lamenta– se fueron con ese dolor y nunca lo pudieron contar”.
Publicar el libro permite que esas experiencias dejen de ser leídas como episodios aislados y obliga a revisar los relatos más consolidados sobre la dictadura y la democracia, todavía construidos muchas veces sin las vidas travestis y trans.

Para Ana, la incorporación de esas voces no se limita a completar un archivo del pasado. También brinda herramientas para enfrentar el presente, especialmente cuando vuelven a circular discursos de odio, expresiones que reivindican la dictadura y políticas que amenazan derechos conquistados.
“Es cuando más tenemos que hablar de lo que pasó y de lo que sigue pasando”, señala. También es el momento de aprender de “esas estrategias colectivas, esas complicidades, esas tramas de vínculos y de construcción colectiva” que las compañeras desarrollaron para enfrentarse al horror.

Carola llama resistencia a esa obstinación por seguir de pie. “Nosotras hoy somos libres gracias a haber resistido al maltrato, a la persecución policial, a los encierros, a los calabozos y a los castigos”, destaca. También pide continuar ese trabajo, “para que las nuevas generaciones tengan herramientas para defenderse y para que ninguna de las que quedaron en el camino vuelva a ser olvidada”.

El libro no disimula las violencias ni las heridas que siguen abiertas, pero tampoco deja que el horror tenga la última palabra.

Los incendios y el dragado que rompen el ecosistema. Los countries ocupándolo todo. El extractivismo de arena para el fracking. Las privatizaciones. La contaminación masiva y la indolencia estatal: el Paraná debería ser un río de todos, pero parece un río de nadie. Navegación desde Escobar hasta las Lechiguanas, pasando por Costa Pobre, barrio popular amenazado, que simboliza mucho de esta historia. Voces e imágenes de quienes siguen defendiendo la vida del aire, el suelo, el agua y la justicia.

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

El río es un organismo vivo.
Enrique Sierra no lo dice así nomás. Lo subraya, como quien habla de una parte trascendental en su vida, y en la vida del resto. Pide que se lo recuerde. Que se lo respete.
No a él. Al río.
Al río Paraná.
Kike Sierra nació, se crio y sigue viviendo en la localidad bonaerense de San Pedro. Tiene 62 años, es marino mercante, naturalista, observador de aves. Es un estudioso de todo lo que pasa en el Delta inferior: la flora, la fauna, las quemas, las islas, los mapas, las lagunas, los humedales.

En la edición anterior de MU arrancamos el Proyecto Paraná para investigar las consecuencias de su privatización. Lo empezamos en el bajo delta, primera (Tigre) y segunda sección (San Fernando). Aquí continuamos río arriba unos kilómetros: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Vuelta de Obligado, Ramallo, San Nicolás –Buenos Aires– y las Islas Lechiguanas de Entre Ríos.
Con Kike navegamos este segundo viaje. Con Kike y con José Torres, islero desde que nació hace 40 años en Obligado. Ambos guías turísticos y de naturaleza.
No hay como estar y ver desde acá, dentro del río, en sus vísceras, para entender la gravedad del asunto. Lo que significa en términos prácticos, concretos, territoriales, insulares que el gobierno nacional haya firmado su privatización por un cuarto de siglo con opción a otros cinco años al consorcio belga conformado por las empresas Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus.

Solo inmerso en el Paraná, en su núcleo y corazón, se dimensiona lo que es imposible incluso leyendo las 1.189 páginas del pliego de licitación, donde se avala profundizar su dragado para que pasen barcos más y más grandes que hoy exige el comercio internacional. Lo comprendo ahora, en el instante en que esta lancha empieza a tambalearse dos minutos después de haber pasado por al lado ese buque gigante; lo entiendo cuando veo al oleaje romper en la costa y erosionarla; cuando asimilo que hay algo natural de esta zona plástica –donde van naciendo y desapareciendo islas–, pero hay otro tanto que de natural no tiene nada.
La privatización del dragado, señalización, modernización y mantenimiento de la ruta fluvial incluye profundizar al Paraná de 34 pies (10.3 metros) a 40 (12.1 metros) en el Tramo Timbúes (Ciudad de Santa Fe) hasta el Paraná de Las Palmas (el bajo delta). Y en una segunda etapa llevar a la Vía Troncal Navegable a 12,81 metros (42 pies) y 13,41 metros (44 pies), para que pasen embarcaciones más y más grandes todavía.
José señala lo que ahora es la barranca. Dice que hasta hace dos meses la tierra llegaba 50 metros más adentro.

“Se desprendió un bloque de tierra; como un glaciar, pero marrón”.
Kike agrega que si a la erosión natural se suma el oleaje de los barcos cada vez más grandes, se acelerará la caída de las barrancas y la pérdida de humedales.
“Hará pedazos todo, pero esto no lo ven en los centros de poder donde sólo piensan en la canaleta y no en lo que está al lado, en cómo afecta a los peces, a los pescadores, a todas las vidas que habitamos el Paraná. No, hay que pensar como la Bolsa de Comercio de Rosario: hacer como sea una canaleta para sacar 60 millones de toneladas de grano; total, ¿a quién le importa si se caen las costas?”.

Neo problemas

A veces pareciera imperceptible, pero el paisaje está cambiando siempre. El albardón se sedimenta. El río socava bajo tierra y cambia los perfiles de las costas, donde se emplazan –demasiado cerca– algunos pescadores con carpas humildes o coberturas improvisadas, con un par de lonas y piolines. Sauces ya caídos empezando a formar nuevos islotes; árboles empinados con las raíces desnudas, a punto de ser arrancados por una oleada fulminante que –no hay dudas– vendrá pronto.

El agua corre rápido, barrosa, como si jugara una competencia contra el tiempo. Rápido y con fuerza. José explica que es por la mayor canalización, que a más dragado, más zanja, más caudal de agua: “Cada vez más barcos, más grandes y a más velocidad, hacen que el agua vaya más rápido y rompa con más potencia en los laterales”.

Pero la geografía no es matemática: en el río, “más”, “más”, “más”, da un resultado negativo.
Kike cuenta que los buques deben ir aproximadamente a 10 nudos (18.5km), pero van al doble, porque nadie ve, nadie controla. Enumera durante varios minutos muchísimos choques de barcos. El último: a fines de mayo en el puerto de Rosario. El anterior, a principios de mayo en Campana. Unos días antes, un carguero chocó contra la costa, en zona Zárate.
“El problema principal –dice Kike– es el aumento del tránsito. En el futuro será peor, lo que hace que estemos más expuestos a los derrames, porque los buques llevan productos peligrosos, químicos, ácido sulfúrico, amoníaco, además de que funcionan con diésel oil o fuel oil y todo eso va al río, aunque no se vea”.

“Más tránsito transforma al territorio –dice José– porque además de alterar las costas y el flujo de sedimento, cambian las corrientes donde hay meandros o curvas. Cambia hasta el agua, cada día con mayor salinidad y más ácida por el combustible que absorbe”.
Existen diferentes tipos de embarcaciones de mercancías según su tamaño. Los más grandes que hoy navegan el Paraná se llaman Panamax: 294 metros de eslora (largo) por 32.3 de manga (ancho), 12 de calado y carga de 60 a 90 mil toneladas. El nombre deriva del tamaño máximo para transitar el Canal de Panamá antes de 2016, cuando se amplió en pos de albergar navíos más grandes: los Neo Panamax –366 metros de largo, 49 de ancho, calado de 15.2 y carga hasta 120 mil toneladas.

La profundización del Paraná permitirá que naveguen los Neo Panamax. Y para esto, también deberán ampliar el ancho de solera, ni más ni menos que el ancho de la vía navegable.
“Eso significa dragar más y más” dice Kike.

“Hacer la zanjita más ancha. Nos van a dejar sin costa” agrega José.

El oro del delta

l dragado se le suma otro factor: la extracción de arena. Sólo Vaca Muerta procesa más de dos millones de toneladas anuales (5 mil por día): la minería de arena silícea es un insumo clave para el circuito del fracking porque mantiene la fractura hidráulica para que fluyan los combustibles fósiles y sea posible la extracción de gas y petróleo: en el proceso de fracturación, kilos de arena son inyectadas junto a millones de litros de agua y químicos.
Pero la arena no es un recurso renovable ni nace de un repollo: se extrae de canteras y lechos de los ríos.

En 2023, desde EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) se presentó el informe Sed de arena. Denunciaron: “La principal fuente de arenas para fracking es el río Paraná, a través de canteras entrerrianas –en los departamentos de Islas del Ibicuy, Diamante, Gualeguaychú, Uruguay y Colón–, bonaerenses –Campana y San Pedro– y santafesinas –Villa Constitución–”. Kike explica que las empresas vienen “a pescar arena” del talud que hay por debajo de las costas, antes de que empiece el canal navegable y que hace caer a las riberas.

“Este es el problema cuando se fusiona el dragado con la extracción de arena, que es el oro del delta. Y hay otro: las arenas se usan como napas que filtran los contaminantes que tiene el Paraná, como metales y agrotóxicos. Un metro cúbico de arena equivale a 1.20 toneladas. Los barcos más grandes llevan hasta 3.400 metros cúbicos por viaje, con varias cargas por día. Algunas areneras trabajan las 24 horas”.

José suma que a veces hay extrayendo hasta cuatro barcos areneros juntos.
“Sacan, sacan, sacan. Con todos los kilos de arena que sacan, en cualquier momento se da vuelta el mundo”.

Todos los fuegos

En plena navegación Kike prende la alarma cuando ve humo en las Islas Lechiguanas. Desde hace años tiene un radar interno. Y también un registro de incendios en todo el territorio PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná), que abarca la región de humedales e islas desde la zona de Santa Fe y Paraná hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Por ejemplo, en los primeros seis meses de 2026 se registraron 1.135 focos de calor y 15.961 hectáreas afectadas.
“Seguimos como hace casi 20 años, no aprendimos nada de la gran quema del Delta en 2008. Volvemos a repetir la ineficiencia todos los años, no hay controles. Las cinco torres de conservación que podrían ayudar y costaron 250 millones de dólares no se utilizan, no está la información de acceso al público y hoy ni funciona porque el Plan Nacional del Fuego está completamente desfinanciado”.

¿Por qué los incendios?
José: “Este campo de al lado tiene 5.000 hectáreas, pero tiene muchas lagunas, por lo que para el ganado deben servir 3.000. Si vos drenás el agua usás la totalidad del terreno. En 2.000 hectáreas podés tener 4.000 animales más, es mucha la diferencia”.
Kike: “Por la pampeanización de las islas. Como la zona pampeana se llenó de soja y transgénicos, las vacas se traen al delta. En los lugares donde hay mucha carga de ganado cambia la vegetación por las pasturas que comen; los suelos se aplastan; las lagunas se sobrecargan de bosta y de orín, que es donde se reproduce la mayor parte de los peces. La consecuencia: desaparecen los humedales”.

El amparo desamparado

Los litros de agua que ahora están en el río, por mayor dragado y extracción de arena, antes estaban fuera; en los humedales, dentro de los campos, conformando lagunas.
Nadia Boscarol es bióloga y coordinadora de la Fundación Humedales. Dice que el agua debe inundar a los humedales, que son esponjas que la retienen y realizan un proceso de depuración y fijación de nutrientes, como si fuese un filtro natural: sin eso, se aumentan los valores de contaminación que afectan a las comunidades bentónicas que viven allí: invertebrados de los que se alimenta el sábalo, base de la cadena alimentaria de los peces. “Esas especies, además, sustentan a miles de familias que viven de la pesca artesanal. Un mayor dragado sólo sirve para disminuir los costos de flete. O sea, los que ganan son un puñado de empresas exportadoras, nadie más. El resto perdemos todos.

Nadia cuenta que hay alternativas a seguir dragando: por ejemplo, Paraguay tiene al portacontenedores más grande de la hidrovía Paraguay-Paraná. Se llama Don Toyo, transporta 906 contenedores. Es un barco enorme pero de bajísimo calado (10 pies, 3.2 metros).

Este y otros argumentos sobre la falta de estudios ambientales fueron planteados por la Fundación Humedales y muchas otras entidades en la audiencia pública virtual del 3 de noviembre de 2025 sobre la privatización y la gestión ambiental de la Vía Navegable Troncal, pero no fueron tenidos en cuenta.

“Nos mostraron más de 5.000 páginas de estudios de impacto ambiental desactualizados, de 2006, 2011, en vez de estudios integrados y acumulativos para mitigar los daños. Lo único que pedimos es que cumplan la ley, ni más ni menos”.

Varias instituciones de la sociedad civil presentaron un amparo colectivo, pero fue desestimado por el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, por considerar al amparo “como una vía excepcional que exige demostrar una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y no un desacuerdo técnico o una divergencia científica sobre la suficiencia de los procedimientos ambientales implementados”.

La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió que la licitación se llevó adelante sin los estudios de impacto necesarios: “No incluyeron modelos calibrados de flujo ni simulaciones de transporte de sedimentos, indispensables para comprender los efectos del dragado sobre la dinámica del río, la erosión, los pulsos de inundación y la estabilidad de los humedales”.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, emitió un dictamen describiendo una serie de irregularidades en el proceso licitatorio, como en la “distorsión en la forma de evaluación de las ofertas”. Sobre el tema ambiental, fue contundente: “Se omitió la Evaluación de Impacto Ambiental”.

El reino del country

Desde la Fundación Humedales hacen un seguimiento de los endicamientos –bloqueo del cauce del río– y terraplenes –murallones de tierra– en el delta del Paraná: barrios privados, ampliación de la frontera agropecuaria y pérdida de humedales. Lo actualizan cada cinco años, el último fue presentado en 2025. El área relevada corresponde al Bajo Río Paraná y a cuencas del Sistema de Paisajes de Humedales que involucra a tres provincias (Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe) y más de 30 municipios.

Algunos datos :
En la Región del Delta se relevaron 8.944,6 kilómetros de terraplenes y 2.582,2 km2 que corresponden a 694 endicamientos.
El 14,04% de la superficie de la región delta está endicada, y el número asciende a 28,7% en el sector bonaerense de la Región Delta.
Se relevaron 596 urbanizaciones cerradas, 47 más que las registradas en el último relevamiento de 2018.
La mayor parte de las nuevas urbanizaciones mapeadas (70%) están principalmente en la Cuenca del Río Luján.
20,9% de humedales que fueron inventariados en los partidos de Luján, Pilar y Escobar han sido ocupados por urbanizaciones cerradas.
El 26,8% de la superficie de humedales de la planicie de inundación del río Luján fue transformado en countries.

Adriana Anzolín integra la Asamblea Socioambiental de Campana, que a su vez forma parte de la red de organizaciones del Río Luján en defensa de los humedales. Es licenciada en Ciencias Químicas, especializada en ambiente.
“Las márgenes del Paraná se han convertido en un botín muy jugoso”.
Dice, y pone un ejemplo de una lucha actual: la construcción del primer barrio náutico en Campana con salida al río. Ya tiene nombre: Bahías del Paraná.

“Estos barrios venden naturaleza, cuando en realidad la destruyen. Es sólo una muestra del avance permanente. Ya se destruyeron 15 mil hectáreas de los humedales que están entre el Paraná y el río Luján.
Dice, y que toda la zona está interferida por tanto barrio privado, que hace que al rellenarse de un lado (los countries) se inunde el resto. “Es un desorden territorial terrible lo que vivimos, que se suma a las consecuencias de la privatización del Paraná, columna vertebral de la Argentina y de la que depende la salud de muchísimos ecosistemas y gente”.
Adriana habla y piensa en el río. hace una semana y media fue con su nieto Bautista. “Vení, vamos a verlo un cachito a la costanera”.
La costanera de Campana tiene sólo tres cuadras. Una ciudad frente al río, pero casi sin acceso para su comunidad. Una costanera cercada, encerrada, entre los puertos de la siderúrgica Siderca Tenaris y la petrolera Axion.
Los puertos son otro problema que atraviesa de punta a punta al Río Paraná.

Problemas de tránsito

Todavía es la tarde, pero ya parece de noche en Ramallo. No hay rasgos del ocaso y el silencio ilumina la costa. El silencio y un puntito rojo y otro verde que emanan de un buque, que no se cansa de ir y volver. Nicolás mira. Mira con nostalgia.
“Es la draga, estuvo todo el día, está trabajando por el cambio del calado. Está agujereando el lecho del río, sacando arena del fondo para ampliarlo. El canal antes pasaba por atrás de la isla Las Hermanas, allá en frente, pero ahora lo mandaron más cerca de la costa, porque es más derecho para ellos, pero no hicieron ningún tipo de estudio ambiental, ni hubo participación ciudadana”.

Nicolás Cerretani integra Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA), organización en defensa de los bienes naturales y los espacios públicos locales frente a proyectos industriales o daños ecológicos, y que –dice Nicolás– nació fundamentalmente contra la instalación de los puertos, que los tiene en vilo en un conflicto actual: la ampliación de un puerto de combustible pasando por encima del barrio popular Costa Pobre (como en el sketch de TV del rosarino Alberto Olmedo en los 80, parodiando a un dictador de ese país vecino a Guatepeor, con una banda presidencial birlada de un velorio en la que se leía: “Tus amigos”).

En Argentina hay 100 puertos. En la Vía Navegable Troncal del Paraná hay 79 y 62 son privados. Es impactante mirar el mapa y ver cómo desde Escobar hasta Timbúes hay uno tras otro. Está minado.
“Que afloren puertos privados –dice Nicolás– es parte de la mercantilización del río, concebirlo como un canal de drenaje de las riquezas nacionales donde el Estado tiene el mínimo control para no inspeccionar el tráfico. Es la apropiación de las orillas por un puñado de empresarios asociados al poder político, para adueñarse del comercio”.
Por el Paraná pasan el 75% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones.
Nicolás es profesor de Historia. Dice que lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en un puerto es el pintor Benito Quinquela Martín, también el barrio porteño de La Boca en la época “un poco adornada” de gloria agroexportadora de principios de siglo pasado.
Deja la historia y vuelve al presente: “Ese tipo de puerto ya no existe. Los de hoy son especulativos, instalaciones para almacenar grandes cantidades de granos y venderlos cuando consideran oportunos. Se elige superpoblar de puertos privados en sintonía con la privatización del río, en vez de generar una estrategia menos agresiva al ambiente, de adecuación de los caminos y ferrocarriles, que nos devuelva lo público y nuestra soberanía”.

El abogado que representa a las familias del barrio Costa Pobre es Fabián Maggi. También es quien lleva la causa Atanor (otro tema de esta edición) y muchas más sobre la contaminación de otras empresas. Vive en San Nicolás. Explica: “La política de minar de puertos la ribera del Paraná es impresionante. Acabamos de impedir en Ramallo la construcción de un nuevo puerto de capitales muy fuertes mediante una medida cautelar, pero al mismo tiempo hay proyectados otros dos puertos multipropósito en Escobar, otro más en Timbúes. O sea, más daño ambiental, más privatización y menos Estado”. Pone el ejemplo de San Nicolás. Lo llama un “puerto sucio” por recibir cargas a granel: plomo en polvo, precursores químicos, toneladas de fertilizantes que en la operatoria de descarga van a parar al río.

Este segundo tramo de viaje por el Paraná abarca 54 puertos entre Escobar y San Nicolás. En el extremo sur está el puerto de Gas Natural Licuado (GNL) de Escobar. Se trata de un buque que funciona como planta regasificadora, clasificado por el organismo ambiental provincial como una industria de alto riesgo. Sin embargo, en una zona de bosques nativos, humedales y reservas naturales, desde hace años se denuncia la ausencia de la evaluación del impacto ambiental.

Kike Sierra cuenta que cuando entra un barco de GNL a Escobar se corta el tráfico en todo el tramo Buenos Aires-Campana. Y que es peligrosísimo si suceden colisiones, por lo que genera el gas en contacto con el aire y los cambios de temperatura.
“Estalla todo 10 kilómetros a la redonda, no queda nada. Es increíble que hayan aprobado esto en un lugar con poblaciones urbanas cercanas y sin estudios de impacto”.

Fe en el río

Kike no le dice aves ni pájaros, les dice pajaritos. Les habla, les silba, los mira con un amor notable.
Mirá, ahí está el chajá.
Mirá, cómo se para esa garza mora.
Mirá, ahí canta la ipacaá.
Mirá, ahí vuela la tacuarita azul.
Dice que su única virtud es observar. Es un compartidor nato de lo que sabe, por tanto mirar. Lleva censadas 272 especies de “pajaritos” en la zona: “Ocho desaparecieron”. Y se sabe los silbidos de veinte, para llamarlos y compartir más cerca la vida. Lleva siempre una carpeta con diversos materiales separados en folios: mariposas, serpientes, aves, mapas históricos y actuales del Paraná. Uno de esos papeles muestra su registro de los desmontes desde el 2002: tiene marcados 23. Hace una década, cuenta, había 16 algarrobos blancos, un árbol nativo. Solo quedan 5.
“Soy el observador de las pérdidas” dice, y ríe.
José le aconseja: “Entonces no vayas al bingo”.
Mientras, toman mate en las Islas Lechiguanas entrerrianas, tierra de carpinchos, lobitos de río, ciervos y hasta algún aguará guazú.
Se quedan mirando al Paraná.

¿Qué les está diciendo el río?
-Que lo dejemos un poco tranquilo –dice José–. Que no lo alteremos tanto. Que necesita más respaldo. Los isleros decimos que las crecientes que vienen cada 10 años, son el abogado de los pobres, porque se llevan puesto el mal que hacen quienes tienen plata, metiendo ganado, sembrando, haciendo terraplenes, desapareciendo humedales. En la creciente se van y ahí los isleros volvemos a empezar, con 5, 10 vacas, hasta que aparecen de nuevo los ricos a querer sacarnos. Es un ciclo.
–El río nos habla permanentemente –narra Kike–. Y lo que habla es claro: ya aguantó mucho al hombre. Y lo sigue soportando, pero tiene un límite. Yo no creo que tenga mucha más paciencia. Lo que pasa que los humanos no aprendemos de él, aunque viva mostrándonos un montón de cosas. Si lo observáramos mejor podríamos convivir con él, pero no, le damos la espalda. Pero aun con todo lo que le hacen, con el dragado, la arena, los puertos, los incendios, la pampeanización del delta, lo que le tiran las industrias, siempre equilibra. Yo le tengo mucha fe; el río siempre hace justicia.

Esta historia continuará;
un poquito más al norte
del Río Paraná.