Matar al mensajero: el INTA, con la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio como coordinadora, participó en el capítulo argentino de un proyecto europeo para detectar presencia de plaguicidas principalmente en humanos. Los resultados devastadores sobre el uso de agrotóxicos (que aquí detallamos) y las presiones pusieron al propio INTA en contra del estudio y de quienes cumplieron el rol de investigar. Intentan exonerar a la científica, aunque ya hay reclamos a nivel legislativo y de las universidades denunciando persecución y censura. Lo que cuenta Aparicio a lavaca sobre este nuevo golpe que favorece la decadencia y atraso del ámbito científico: los whatsapps de sus compañeros, y el silencio que la rodea incluso en ámbitos académicos. Publicamos el link que permite firmar para evitar la exoneración en defensa del trabajo de la ciencia.  

Por Lucas Pedulla

“Estoy en modo lucha”.

Así responde la científica Virginia Aparicio a la pregunta de cómo está. 

Tiene 53 años, es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias, investigadora del CONICET y lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de donde la quieren exonerar. No suspenderla ni cesantearla: directamente sacarla de la Administración Pública Nacional por haber coordinado en Argentina el proyecto internacional SPRINT que, en el caso argentino, detectó la presencia de plaguicidas en personas, animales, cultivos, suelos y agua.

Del total (100%) de participantes argentinos, detectaron un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y de 0 a 18 sustancias en materia fecal. A su vez, las pulseras que midieron la exposición en el aire registraron un rango de 7 a 53.

“A través de un funcionario, el gremio supo que el Consejo Directivo había tratado mi sumario y habían ratificado mi exoneración: solo estoy esperando la notificación formal, pero así está decidido”, dice a lavaca Virginia, quien en estos días reconoce estar sintiéndose como “una leprosa” dentro del Instituto.

El gremio del organismo público, APINTA, emitió un comunicado en el que exige terminar la persecución, y denuncia que Aparicio está siendo “perseguida, censurada y silenciada” por demostrar en sus estudios “resultados adversos para la salud poblacional en relación a la salud pública” y para el sector productivo. 

También se expresaron organizaciones sociales y científicas. El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja para manifestar su solidaridad “frente a las situaciones de persecución, censura y silenciamiento” que está atravesando la científica. Lo mismo hizo el diputado provincial José Ignacio Rossi (Unión por la Patria) en la Legislatura bonaerense.

Mientras el escándalo crece, Aparicio espera.

Y repite: “En modo lucha”. 

Un enfoque de salud

Aparicio investiga el impacto de los agroquímicos hace décadas (su primer paper es de 2013). En 2018 una estructura del INTA radicada en Montpellier (Francia, destinada a vincular científicos argentinos y europeos), llamada Labintex-EU, sugirió a la Dirección Nacional conectar a Aparicio con Violette Geissen, doctora especialista en suelo de la Universidad de Wageningen (Países Bajos). Así, en 2020, quedó involucrada en el Proyecto SPRINT, cuyas siglas en inglés significan: Proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal.

Su lema: “Un enfoque de salud global”. Y su objetivo: “Desarrollar una herramienta de salud global para la evaluación de riesgos considerando, además, los costos y beneficios del uso de plaguicidas”. 

Nada de esto ocurrió a espaldas del INTA, que dio luz verde para continuar el proyecto, el cual quedó registrado como el socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires: hasta el logo sigue estando en la página web. Así Argentina se convirtió en el único país no europeo en participar (por ser la principal exportadora de soja para alimentación animal) y Aparicio fue su coordinadora. 

“La primera etapa era de diagnóstico para saber cómo estábamos parados respecto de 206 moléculas en los once países intervinientes”, explica. 

La muestra fue amplia: “El esquema de invitación de los países fue igual. Teníamos un máximo de 70 individuos, que dividimos en tercios”. La composición fue así:

• “Un primer tercio lo dividimos: una mitad de productores agroecológicos u orgánicos y la otra mitad de productores que usaban productos convencionales”. La muestra abarcó municipios como Balcarce y Tres Arroyos. 
• “El otro tercio eran vecinos de esos productores. En Argentina se buscaron habitantes de pueblos pequeños de la región de estudio”. Un caso fue el pueblo rural de San Agustín.
• “El último tercio eran consumidores de alimentos, y los buscamos en ciudades un poco más grandes: Balcarce, Necochea, Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil”.

La idea: detectar la graduación de esas moléculas (el gradiente) desde la persona que más contacto tiene con el producto hasta aquella a la que solo le llega a través de lo que come o bebe. Las muestras se realizaron durante 2021: fueron 73 los voluntarios que aportaron muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales para detectar si había plaguicidas en sus cuerpos.

La intención no era demonizar una práctica que en Argentina es cuestionada hace décadas por distintas comunidades de todo el país, sino todo lo contrario: “Primero, era diagnóstico. Luego venía una segunda etapa de trabajar con el productor en prácticas que lo llevaran a reducir la dependencia con el químico. Ningún productor accede a que mires en detalle hasta su materia fecal si no lo ayudás a resolver”.

Sin embargo, esa segunda etapa nunca pudo desarrollarse.

Presión y lobby

El 21 de junio de 2023 era la reunión virtual agendada para difundir los resultados del relevamiento, pero una semana antes el encuentro fue suspendido por orden del director nacional del INTA de ese entonces, Carlos Parera. También le prohibieron a Virginia Aparicio participar de cualquier instancia del proyecto y a hablar con la prensa. 

El 27 de septiembre de ese año, parte de los resultados se presentaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78), a través de una conferencia virtual desde Nueva York. Los resultados: 

• Encontraron glifosato en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos. 
• Glifosato en el 100% de las heces de los bonaerenses y en el 70,5% de los europeos. Clorpirifos (había sido prohibido, pero aún se conseguía en las góndolas) en el 37,7% de los argentinos y el 3,7% de los europeos.
• En alimentos: de 6 a 22 plaguicidas.
• En el polvo del hogar: un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar.
• Granos de cultivos: 0 a 8 plaguicidas.
• En animales: 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal.
• En alimento para animales: de 5 a 25 plaguicidas.
• En suelos: de 0 a 12 plaguicidas.
• Agua superficial: de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial.

Estos resultados, dentro de un proyecto internacional al cual el propio INTA había aprobado, cayeron como una bomba dentro del lobby del campo. Tres días antes de la asunción de Javier Milei, el 7 de diciembre de 2023, el entonces presidente del Instituto, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 poniendo fin a la participación argentina en el SPRINT.

El periodista Gastón Rodríguez cita en su investigación para el medio cooperativo Tiempo Argentino un testimonio del Consejo Directivo con reserva de fuente: “Fue por presión de la Mesa de Enlace. Las entidades ruralistas le dijeron a la conducción política del INTA que con esos datos no iban a poder sembrar nada, que les iban a poner prohibiciones y las autoridades, en vez de resistir, cedieron a esa presión. Responde a la lógica de no confrontar porque está instalado que los dólares que necesita la economía están en el campo”.

Hoy el INTA está presidido por el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich.

Entre reclamos y silencios

Dice Aparicio a lavaca sobre la persecución interna: “Después de diciembre de 2023, el INTA pide a la coordinación del proyecto abandonar ese consorcio. A fines de 2024, desde el INTA central empiezan a averiguar en la Dirección Experimental Balcarce cuáles eran mis funciones, qué tenía que hacer, qué no, cómo trabajaba. Se estaba haciendo el sumario, lo cual todavía no sabía. En febrero de 2025, me llaman a declarar: viene una sumariante y nos toma declaración al equipo entero. No solo a mí, sino a las 13 o 14 personas que trabajábamos en el SPRINT. Ahí me notificaron que estaba sumariada. Con lo que declaramos, la sumariante elaboró un informe preliminar donde pidió la suspensión para el equipo y, para mí, la exoneración”. 

¿Qué argumentan? Su abogado Mario Bolla explicó a Tiempo Argentino: “Se la acusa de, por ejemplo, ocultamiento de información a jerarquías superiores, lo que es mentira porque Virginia le comunicó cada acción del proyecto al jefe directo de la Estación Experimental; otra cosa que se le imputa es que causó perjuicio económico y material al Estado nacional, lo que también es totalmente falso. El INTA no puso un solo peso en SPRINT, todas las partidas llegaron desde Europa y fueron debidamente rendidas”.

¿Qué significa la exoneración? Aparicio a lavaca: “Significa quitarme la identidad científica. Con 53 años, significa no volver a la Administración Pública Nacional por un período no menor a 5 años, donde ya casi me estoy jubilando. Es decir, pierdo la jubilación y toda una serie de cuestiones que hacen a mi subsistencia. Es algo que no ocurre en el INTA. Tampoco conozco científicos exonerados: puede ser que te cesanteen, pero no te inhabilitan a seguir trabajando. En este caso, me inhabilita”.

El gremio APINTA levantó la voz y también muchas organizaciones sociales y científicas. Además de los proyectos legislativos presentados, también lo están discutiendo en los Consejos Académicos de las universidades nacional del Comahue (UNComa), del Litoral (UNL), de Río Cuarto (UNRC). Aparicio: “Pero en la que yo trabajo, que es la de Mar del Plata (UNMdP) hay silenciamiento: nadie se acercó. Y en el INTA, si un compañero se sensibiliza, me manda un whatsapp aunque esté a tres oficinas de la mía. El tema es que no nos vean juntos: se instala una ola de miedo que es preocupante: ¿quién va a seguir investigando temas sensibles para las comunidades si en vez de discutir algo científicamente se te silencia y exonera? ¿Cómo convenzo a mis becarios de que tienen que seguir trabajando?”.

Un detalle es que las investigaciones del equipo siguen figurando dentro del repositorio institucional del organismo. ¿Por qué la censura?

–Hay temas que son tensos de trabajar. Si bien el tema de los plaguicidas ha sido difícil en Argentina y en Latinoamérica, trabajarlo desde el INTA es un problemón. La misma institución que te enseña cómo aplicar y tiene contactos con las agroquímicas, también está diciendo que lo tenés en la sangre y en la orina. Eso plantea una contradicción importante. La red CALISA (Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria) interpeló en 2023 a Garmendia y en el apuro dijo que había sido un error desde el principio dejarme trabajar en el proyecto. Ellos no se dieron cuenta de la dimensión. Hoy fantasean que se nos pueden cerrar los mercados, pero es parte de la ignorancia que tenemos encima: en Europa también hay plaguicidas en los cuerpos de las personas, porque es un problema global de la forma de producir que tenemos, pero ellos toman el dato, lo trabajan y tratan de solucionarlo.

La segunda etapa implicaba buscar soluciones.

–Por eso era importante el gradiente para que no se confundiera el efecto agudo con el crónico que buscábamos estudiar. Era pensar cómo ir migrando a productos menos tóxicos. Argentina usa muchos plaguicidas, pero manejar las malezas es más sencillo de forma agrónoma. Tenemos incidencia de mucho plaguicida porque hacemos un calendario de aplicación sin saber siquiera si tenemos un umbral de daño de la maleza o del insecto. A veces son dos pulgones y se aplica, y no corresponde. 

¿Qué reflexión te genera toda esta situación?

–Si hubiesen querido retirarme o silenciar esto sin pena ni gloria, nos habrían suspendido directamente. Lo cual es grave igual, porque no hicimos nada malo. Pero yo soy una mujer científica que trabaja y me van a exonerar por trabajar. A mis dos colegas varones los van a suspender por trabajar. Hoy esto se mediatiza, obviamente por lo injusto que es, pero no para Virginia Aparicio: lo injusto es para todos nosotros que seguimos tomando y comiendo lo que nos ponen arriba de la mesa. Es una cuestión de salud pública: ¿ninguna institución, secretaría, facultad, academia de Medicina o Toxicología va a decir nada? No digo desde la población general, ¿pero desde el ámbito académico y científico? Están silenciando a la ciencia y la información está toda disponible. La página del SPRINT tiene colgados todos los papers y va a estar activa. Si googleás mi nombre, aparece. Que vos no te enteres como académico es porque no tenés ganas o porque tenés otros intereses.

¿Cómo entender tu situación en el actual ajuste a la ciencia?

–Hay una sensación en algunos ámbitos de que es mejor irse, otra vez: es la fuga de cerebros que habíamos repatriado. ¿Qué significa esta exoneración para mi grupo de becarias? Son mayoritariamente mujeres y plantean: “Nos tenemos que ir”. Queda el que no puede hacer otra cosa que quedarse y masticar la bronca. El Estado tiene que estar para cuidarte y la academia es parte del Estado.

¿Qué esperás de aquí en más?

–A nivel personal, poder seguir siendo una científica de este país. Y como ciudadana, que esto implique aproximaciones a correr la vara, que la tenemos muy baja. 

A través de este link, que podés firmar, diversas organizaciones ya juntaron más de 7.500 adhesiones para evitar que el INTA avance con la exoneración: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bbjUCAf4TwNa78_9qdQdzJFi57wct4hRvDcPRePb3qoxoQ/viewform?usp=send_form.