Jáchal vs Barrick: el expediente judicial. La causa que investiga la responsabilidad de los funcionarios nacionales en el derrame de cianuro de Barrick Gold aporta datos sobre la complicidad del Estado. Ahora, la clave es si además se violó la Ley de Glaciares. Qué está en juego. Por Franco Ciancaglini.

Si se aplica la Ley de Glaciares, Barrick Gold tiene que cerrar  Veladero. Sin embargo, el retardado inventario a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable hace que la multinacional canadiense aproveche la brecha entre la ley y su aplicación para seguir explotando la cordillera.

El descontrol es ley desde el 3 de julio de 2012, cuando la Corte Suprema revocó una medida cautelar presentada por Barrick Gold. Hasta ese día la cautelar habia logrado suspender durante un año y ocho meses la aplicación de numerosos artículos de la Ley de Glaciares, favoreciendo la supervivencia de Barrick. Sin embargo, esa medida que le sirvió para patear la pelota afuera hoy se transformó en evidencia: “Al presentar la cautelar se dan por aludidos en la Ley de Glaciares”, razona Roberto Vargas, vecino de Jáchal devenido en especialista en geología y uno de los testigos en la causa federal que se abrió para investigar el derrame de cianuro de septiembre de 2015 y que, a partir del segundo derrame de este año, ahora averigua por qué no se cumple esa ley.

Vargas está lleno de informes, mapas y en su computadora muestra un Google Earth que señala cómo el campamento Veladero está montado sobre glaciares y ambientes periglaciares. Su fuente es nada menos que la propia Barrick: “Cuando la empresa presenta su informe de impacto ambiental todavía no había ningún proyecto de ley, por eso no tienen reparos en admitir que están sobre ambientes glaciares y periglaciares”, dice.

Confesión de parte

El primer Estudio de Impacto Ambiental presentado por Barrick a las autoridades chilenas para explotar Pascua Lama registra la presencia de unos 20 glaciares. En el informe publicado en el año 2000, capítulo 5, también se hace referencia a la importancia de los glaciares como fuente de abastecimiento a las cuencas del Río Toro y Río Estrecho, ambos con glaciares en su cabecera. “En sus informes posteriores, la empresa -cuenta Vargas- pasa de decir que esos glaciares no existen; a reconocer que aportan agua; luego, a negar que tengan ‘relevancia hídrica’; para después contar una veintena y, por último, identificar sólo siete: el Estrecho, Amarillos, Los Amarillos, Esperanza, Toro 1, Toro 2 y Guanaco”.

El conflicto de Barrick en Chile terminaría una década más tarde, con la clausura total de Pascua Lama en abril del 2013. Así, la experiencia chilena dejó el claro la imporancia estratégica de cuidar los glaciares: son los fabricantes naturales del 75% del agua dulce del mundo.

En Argentina, la primera en llevar la preocupación de los glaciares a la justicia fue la Fundación de Ciudadanos Independientes de San Juan, presentando una denuncia penal a Barrick Gold en el 2005 por el riesgo que representaba la actividad en Veladero y alertando sobre Pascua Lama. El siguiente denunciante fue el jachallero Ricardo Vargas: en el 2007. Patrocinado por el abogado Diego Seguí, presentó una acción en la Corte Suprema de la Nación que denunciaba la falta de consulta pública, la ausencia de seguro ambiental, los riesgos a la Reserva de San Guillermo y el impacto de los residuos peligrosos del proyecto Veladero.

La presión sobre Barrick Gold para que asumiera el impacto en glaciares que estaba causando del lado argentino empujó a la empresa a producir estudios. Lo hizo a la criolla: contrató a glaciólogos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo estatal que debería controlar a la empresa.

Sí: Barrick contrató a quien debía controlarlo.

Dicen los glaciólogos del IANIGLA en la primera página de ese estudio: “Este informe no constituye un informe de impacto ambiental, sino un conjunto de mediciones y conclusiones relativas al estado y posible evolución de los cuerpos glaciales mencionados”. Es decir: estudiaron cómo están los glaciares, pero no porqué están como están. Este detalle es importante: el discurso de Barrick, avalado por IANIGLA, sostiene que la desaparición de los glaciares es producida por el cambio climático.

Todo cambió cuando el 22 de octubre del año 2008 se aprobó la primera ley del mundo que protege a glaciares y al ambiente periglacial. Por unanimidad y por  todos los bloques, algo que parecía inédito para los egos e intereses políticos. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner les envió  entonces el siguiente mensaje: “Los diputados y senadores que levantaron la manos livianamente sin saber lo que votaban, que se hagan cargo”. César Gioja, hermano del entonces gobernador José Luis y entonces senador, sí sabía: se levantó del recinto y se fue.

La que se hizo cargo fue la propia Cristina Fernández, quien vetó la ley con los argumentos mineros. La medida fue llamada “Veto Barrick”.

Tras dos años de debates en ambas cámaras del Congreso, se logró consensuar dos proyectos de ley: uno firmado por Miguel Bonasso -que respetaba el presentado por Diana Maffei y vetado por Cristina- y otro liderado por el senador Daniel Filmus, que eliminaba ciertas prohibiciones y ponía mayor control en mano de las provincias mineras. Después de idas y venidas, en septiembre del 2010 se aprobó un proyecto conjunto.

Así, las zonas que figuraban en los propios estudios de impacto ambiental de Barrick como glaciares, peligalciares o cubiertas de hielo, pasaron a ser zonas legalmente protegidas.

Las zonas sensibles

El paso definitivo para la aplicación de la ley se concreta con un inventario de glaciares, es decir, un ordenamiento territorial para localizar las zonas sensibles: “Como si en Capital Federal se tuviera que determinar dónde puede estar un shopping y dónde no”, grafica Ricardo Vargas. En este caso, el organismo encargado de inventariar es el IANIGLA, dependiente del CONICET, con sede en Mendoza y cuyas autoridades se encontraban de viaje al momento de contactalas MU, al igual que las autoridades de Ambiente: en este caso, en el retiro espiritual que el gabinete hizo a Chapadmalal.

En junio de 2016, el IANIGLIA fue parte de una audiencia pública en la que la Asamblea Jáchal No Se Toca pidió que se concretara al inventario de la cuenca del Río Jáchal, que venía postergado hacía más de 5 años. El pedido no es caprichoso: la letra de la ley indica que el inventario debe arrancar por las zonas sensibles donde se encuentran proyectos funcionando. En cambio, el Estado arrancó por Mendoza.

“En esa audiencia ellos dicen que era inminente la entrega del inventario de Jáchal al Ministerio de Ambiente”, recuerda Vargas sobre la promesa que nunca se concretó. Otras confesiones: “También admiten que habían sido objeto de presión tanto por el sector minero como de parte de la gobernación”. Ahora, el video de esa audiencia es uno de los materiales de prueba de la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello, abierta tras el derrame en septiembre de 2015.

El juez Casanello tuvo en sus manos la investigación completa del derrame que produjo Barrick en la cuenca del río Jáchal, ya que el desastre que produjo afectó a varias provincias. Pero la Corte Suprema determinó qué competencia debía investigar qué delito: así la provincial se quedó con la investigación del derrame, y la justicia federal con las responsabilidades estatales que permitieron el desastre. Partida la causa en dos, obligó a delegar todas las investigaciones que venía haciendo el juez Casanello en manos del juez provincial Pablo Oritja, entre ellas, los resultados de una inspección a Barrick Gold que nunca llegó a Comodoro Py.

Actualmente, el juzgado federal N° 7 se encuentra investigando no las causas del derrame, sino la responsabilidad de los funcionarios nacionales. En ese marco, el juez Casanello hizo un allanamiento a la sede del IANIGLIA y otro al Ministerio de Ambiente. El objetivo: recolectar información que permita entender el nivel de control del Estado a la empresa canadiense. El resultado: “Se secuestra documentación en la que se ve que están haciendo un inventario de glaciares que sean de más de una hectárea, y que no están incluyendo los ambientes periglaciares”, relata Gonzalo Strano, de Greenpeace, que tuvo acceso a los documentos secuestrados.

En criollo:

La documentación allanada demuestra que el IANIGLIA tomó una serie de criterios a la hora de efectuar el inventario, que no están acordes a la ley.

El primero y más llamativo: la decisión de no incluir en el inventario a los glaciares de menos de un kilómetro. La decisión viola la ley, que dice: “Todo hielo perenne, sin importar su forma o tamaño, es un glaciar”.

Dato: Barrick Gold pretende rebajar la categoría de glaciar a Toro 1, por cuya contaminación fue frenado el proyecto binacional Pascua Lama.

La segunda decisión polémica: no toma en cuenta los ambientes periglaciares. Así, elude las escombreras de Veladero, lo cual ubica a la mina explotada por Barrick en plena zona protegida por ley, tal cual se muestra en la ilustración de la nota.

Pero el hallazgo más impresionante de los allanamientos ordenados por el juez Casanello es el inventario de los glaciares que sí fueron censados. Según interpreta Greenpeace, con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros que deberían estar prohibidos. Dice Gonzalo Strano: “Si uno superpone el mapa de emprendimientos mineros de Argentina sobre ese 10%, se identifican que hay 77 proyectos en esas cuencas. De los cuales, 44 estarían afectando glaciares o ambientes periglaciares. Son proyectos en distintas fases de desarrollo: en exploración, en proceso. Pero el número solo puede incrementarse en la medida que se siga avanzando con el inventario”.

Según un inventario realizado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, que toma de partida y línea de base el período 2005/2006, se contabilizan al menos 247 cuerpos de hielo, entre glaciares descubiertos y glaciares de escombros en zonas de influencia de la actividad de Pascua Lama y Veladero. El caso más grave está registrado sobre el glaciar Almirante Brown. En una imagen tomada el febrero 27 del 2006 el glaciar medía casi 2.5km de largo. En otra imagen se lo ve luego de que Barrick Gold lo partiera literalmente al medio: hizo un camino para llegar a Veladero.

Otras imágenes satelitales que forman parte del informe del Centro de Derechos Humanos y Ambiente evidencian la reducción de muchos glaciares desde que comenzaron actividades mineras, a mediados del año 2000. “Las voladuras en el proceso de extracción y preparación impactan en glaciares, elevando enormes nubes de polvo que se depositan en su superficie”. La foto en la tapa de este informe es del Toro 1, que según Barrick Gold tiene oro bajo su hielo.

El derrame

Ricardo Vargas, junto al abogado Diego Seguí y Gonzalo Strano de Greenpeace están de paso por Buenos Aires: deben visitar al juez federal Sebastián Casanello. Los tres son parte de una serie de indagatorias que apuntan a recolectar información sobre la aplicación de la Ley de Glaciares en la zona de Barrick.

Significa, también, que la causa tomó un giro: el juez Casanello empezó investigando el derrame de 2015, luego la responsabilidad de los funcionarios y ahora el cumplimiento de la Ley de Glaciares. Y ese giro fue originado por una presentación que hizo la Asamblea Jáchal No Se Toca. Cuenta su abogado Diego Seguí: “Cuando fue el segundo derrame –públicamente conocido el 8 de septiembre- nos presentamos ante el juez Casanello pidiendo que asociara el incumplimiento de la Ley de Glaciares al acontecimiento sucesivo de derrames que se producen en Veladero. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se producen los derrames, que es en el valle de lixiviación, está localizado en un ambiente periglaciar. Y la ley  señala que no debe haber actividad en ambientes de esa naturaleza”.

En síntesis, el planteo de la asamblea fue: de haberse aplicado la Ley deGlaciares los derrames no hubieran ocurrido.

Y eso investiga ahora el juez Casanello.

Tanto el derrame de un millón de litros en 2015 como el sucedido este septiembre, si bien se desconocen las causas exactas, tuvieron como protagonistas a las extremas condiciones de producción, pero también geográficas en las que se desarrolla el campamento Veladero. Según concuerdan todas las teorías -asamblea, empresa, Estado- el primer derrame ocurrió en el marco de un desborde de la pileta de lixiviación producto, entre otras cosas, del deshielo. El protagonista del segundo derrame fue directamente un bloque de hielo que habría roto un caño.

Dice Seguí: “Lo que demuestran estos derrames es la sensatez de la ley. Realizar una obra de envergadura en un ambiente periglaciar, en donde 9 meses al año nieva de modo constante, es un despropósito”. Ricardo Vargas suma: “Los glaciares son reservas de agua dulce, por eso la fragilidad de la zona. Es muy peligroso que justo ahí esté funcionando el valle de lixiviación, que trabaja con cianuro, pero en este caso se suma que también el campamento y la escombrera están en ambiente periglacial. La zona es delicada, y por eso no es que sólo la minería a gran escala no puede estar: una fábrica de alfajores, tampoco. No es una ley antiminera: es una ley que protege el agua”.

Si bien la causa está caratulada en cumplimiento de la ley de residuos peligrosos, que no implica prohibiciones sino sanciones ante una contaminación, este viraje hacia la Ley de Glaciares puede derivar en una prohibición.

Dice Seguí sobre la expectativa de la Asamblea: “La causa puede determinar que Barrick no puede estar donde está; y después, quién paga por todo esto”.