La situación de los migrantes en Argentina. ¿Aumentaron los controles o las deportaciones? ¿Están en peligro las personas que no tienen regularizada su situación o hay un brote de xenofobia que alienta que los expulsen? Los datos, las historias y las respuestas de abogados, organizaciones y especialistas. También, de funcionarios. Así estamos. Por María Florencia Alcaraz.

Rigoberto Bernal entró el 28 de julio a una farmacia cerca de Retiro y terminó en Ciudad del Este, Paraguay, su país natal, expulsado por el Estado argentino. En el medio: Gendarmería, un operativo de rutina, un pedido de documentos, una orden de expulsión de Migraciones errónea, una noche en una celda sin la posibilidad de hacer un llamado a su mujer embarazada de mellizos, un viaje de más de mil kilómetros en una camioneta blanca con otros diez hombres. En el camino, también: una hija de cuatro años, un hogar que se quedaba sin el principal ingreso económico que llevaba este obrero de la construcción de 27 años.

Ante su inesperada ausencia, su pareja, Mercedes Penayo, denunció la desaparición en la comisaría 46ª y se presentó en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal que funciona en su barrio, la Villa 31. Ella no supo nada de su marido hasta que él la llamó por teléfono desde la frontera y le contó que había sido deportado. Tenía una orden de expulsión que había sido recurrida y, por lo tanto, no estaba firme. Su expulsión fue irregular desde el comienzo. Rigoberto no pudo ver nacer a sus hijos. Recién cuatro meses después, tras una serie de reveses judiciales y el acompañamiento de ATAJO, pudo regresar a la Argentina.

La ley de Migraciones N° 25.781 establece la libertad como regla y la retención como excepción, pero la nueva gestión estatal parece interpretarla de una manera diametralmente opuesta. No se trata de una sensación, sino de casos concretos que se enfilan detrás del anuncio de la Dirección Nacional de Migraciones sobre la creación de un centro de detención para migrantes y un volantazo en las políticas públicas para estas comunidades.

“Es un cambio muy significativo en la relación del migrante y el Estado. Siempre hubo casos de detención, pero ahora son más masivos. Y no escuchábamos casos como el de Rigoberto desde el año 2001, con la antigua ‘ley Videla´, cuando las personas eran detenidas y expulsadas en el mismo momento”, explica a MU Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Hay un desplazamiento: de una autoridad migratoria que diseña programas de regularización a una autoridad migratoria que se presenta para controlar la situación irregular. Es muy distinta la aproximación al migrante”.

El caso de Rigoberto no es aislado. Este año las expulsiones de migrantes crecieron en un 70% en relación al año anterior:

En 2014 se ordenaron 1760 expulsiones.

En 2015 ese número aumentó a 1908.

Hasta septiembre de 2016 los y las migrantes expulsados fueron 3258.

Los números los informó la Dirección  Nacional de Migraciones en respuesta a un pedido de informes presentado por la Universidad Nacional de Lanús.

A fines de noviembre, once organismos de derechos humanos -entre ellos el CELS- presentaron el informe Situación de los derechos humanos de las personas migrantes ante el Comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de los países de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). “Un modelo de control que incluye mecanismos de detención y expulsión está desplazando a las políticas que tenían como eje central la regularización migratoria”, advirtieron en el escrito de 31 páginas. Y trazaron, además, las limitaciones que observan en la aplicación de la Ley de Migraciones.

Tras recibir el documento, los expertos del CERD se reunieron con representantes del Estado argentino y les hicieron preguntas. “El Comité no entendía cómo en el marco de una ley como la de Argentina era necesario un centro de detención para Migrantes y el Estado no lo pudo explicar. Tampoco había información sobre si Argentina quería cambiar su política migratoria”, cuenta Morales. El 9 de diciembre se conocerán las observaciones finales del CERD.

Un cuento chino

Jinliang, Chen y Qi viajaban en un micro por las rutas de Santa Fe cuando el vehículo paró cerca de Rafaela por un procedimiento de rutina. Fue este 30 de abril. Como no tenían la documentación en regla, quedaron retenidos durante 146 días en un puesto de la Gendarmería Nacional de la ciudad de Rafaela. La autoridad migratoria declaró la permanencia irregular de los tres migrantes por haber entrado por un paso no habilitado y ordenó la expulsión del territorio nacional con prohibición de reingreso al país por 5 años. En el mismo acto administrativo, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó retenerlos hasta que se cumpliera con la expulsión. Pero los ciudadanos chinos ya estaban retenidos.

Quedó así en evidencia que esa retención era una privación de la libertad y que esa retención de los chinos desbordó los límites de tiempo que estipula la normativa vigente.

En el artículo N° 70 de la Ley de Migraciones se habla de las detenciones bajo un eufemismo: retenciones. Se puede retener a la persona por un plazo de 15 días, prorrogables máximo por dos veces, es decir 45 días en total. Y siempre con la autorización del Poder Judicial. “La retención es absolutamente excepcional porque se trata de una infracción administrativa equiparable a cualquier otra: tener la licencia de conducir vencida o cruzar en rojo. No es un delito regulado por el Código Penal. Una infracción administrativa no puede llevar a una detención”, explica Agostina Hernández Bologna, abogada e investigadora del Programa Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

Los integrantes de este Programa, junto con el CELS y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), intervinieron en el caso chino con un amicus curiae. Es decir, un escrito que puede ser presentado ante la Justicia a pesar de no tener un interés directo en el caso, para defender un interés de trascendencia general, como cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales.

Los migrantes chinos no tuvieron protección consular ni acceso a un intérprete que hablara su idioma. Fueron liberados después de pagar 50 mil pesos cada uno y siguen, en libertad, a la espera de que se ejecute la orden de expulsión. “Estamos en riesgo porque no se están cumpliendo los plazos que estipula la ley. Las autoridades migratorios con la Justicia Federal actuaron en tandem para encerrarlos”, dice a MU su abogado, Marcelo Britos.

Otro caso similar se registró en otro puesto de Gendarmería en la ciudad de Santa Fe, donde fueron retenidas seis personas, también de nacionalidad china. Entre ellas había una mujer embarazada. En lo que va del año, el CELS registró situaciones similares en Chaco.

Migrar es humano

En diciembre de 2003, con la sanción de la Ley de Migraciones, Argentina se sumó al acotado listado de países que reconocen a la migración como un derecho humano. “Ese reconocimiento no es algo simbólico. Obliga al Estado a propiciar los mecanismos de regulación. Plantea otra mirada: no es persecución, sino promover la integración. También se garantiza el acceso a la salud, a la justicia y a todos los servicios públicos sin necesidad de mostrar una identificación. La ley tiene un enfoque de derechos humanos, pero hoy se está dando criminalización y hostigamiento”, explica Hernández Bologna.

Tras la sanción de esa ley, más de 2 millones de personas pudieron regularizar su situación migratoria. Los datos:

Entre 2004 y el primer semestre de 2015 2.332.389 de migrantes presentaron solicitudes en las diferentes categorías de residencia.

El Estado argentino entregó un total de 2.158.601 radicaciones en el país.

El informe de los organismos ante la ONU puso la lupa sobre el cierre del programa de abordaje territorial que promovía y facilitaba el acceso a la documentación nacional de los y las migrantes, sobre todo en los lugares alejados de las ciudades. “Era un programa en movimiento. El Estado llegaba al barrio: un cambio de lógica total”, resume Diego Morales, del CELS.

Las personas iban con la documentación que tenían a mano y las orientaban sobre lo que les faltaba. También les sacaban los turnos para iniciar el trámite en la delegación principal, en una cercana o directamente establecían fechas para subsanar requisitos y que el trámite completo fuera a domicilio, por medio de ese equipo móvil.

En 2016, el programa de abordaje territorial dejó de existir y quedaron exclusivamente los llamados “operativos de control de permanencia”. Según los informes de memoria institucional de gestión de la Dirección Nacional de Migraciones, esto significó:

Entre 2008 y 2012 fueron realizados cerca de 11.500 operativos en total.

En 2013 se registraron más de 4000 y en 2014, un total de 7466.

Para agosto de 2016 ya se habían realizado más de 8000 operativos.

De la política de regulación se pasó a la política de control promocionada en las redes sociales de Migraciones con estética tuitera: el hostigamiento y la persecución disfrazado de hashtag y enmascarado detrás del discurso del combate de delitos complejos. Un ejemplo:

“Esta semana: 347 operativos de #ControlDePermanencia. Continuamos en una fuerte lucha contra el trabajo esclavo y la trata de personas”, compartieron en las redes oficiales el 25 de noviembre.

Para la abogada Agostina Hernández Bologna justificar estos operativos con el discurso del combate contra la trata y el narcotráfico es siniestro. “Pedirle a un senegalés documentos cuando está vendiendo en la calle no es luchar contra la trata: es control racial. Hay un aumento en la cantidad de órdenes de expulsión y un aumento en los controles de permanencia. Antes el Estado promovía la regulación y ahora promueve el control”, sintetiza.

Ser o no ser

Wilmer Mario Canaviri migró por decisión de su familia. Cuando vino desde La Paz, Bolivia, tenía 6 años. Su padre había sido despedido del banco donde trabajaba y tenía que mantener a cuatro chicos. Se radicaron primero en el barrio de Flores, donde había conseguido un trabajo en la costura, la labor que había aprendido con la herencia familiar. Wilmer creció evadiendo ámbitos de discriminación. De chico, sabía que en la calle lo podían detener “solo por ser morocho”. Terminó la escuela y empezó a estudiar Comunicación en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Para él esa atmósfera de xenofobia estatal había empezado a cambiar, pero en enero revivió el hostigamiento que recibieron sus padres cuando llegaron a Argentina. Cuando iba a su trabajo como bachero en un bar, cuatro policías lo pararon en la estación Urquiza, le pidieron documentos y lo dejaron un buen rato contra la pared. Ese día Wilmer -que tiene sus documentos en regla- llegó tarde al bar y le descontaron el día de trabajo. Si bien ya había empezado a participar, a partir de entonces, decidió a redoblar la apuesta. Hoy es parte del Frente Argentina Migrante y, además, colabora en distintos medios comunitarios. “Estamos reviviendo lo que ocurría en los en los años 90: una política anti inmigratoria. Hay mucha gente que no sabe cómo regularizar su situación, el cierre del programa de abordaje territorial afecta directamente a la población migrante”, dice a MU.

En marcha

Ante los anuncios de la creación de un Centro de detención, el recrudecimiento de comentarios xenófobos de personajes públicos y el hostigamiento cotidiano, el 22 de noviembre las organizaciones de migrantes marcharon al Congreso Nacional. El próximo 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, planean repetir la acción para visibilizar la situación que atraviesan.

Sandra, del Observatorio de la Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs en Argentina , relata que en los últimos meses los obstáculos se multiplicaron. A las familias migrantes les piden documentos en las escuelas, en los hospitales también. Y en los centros de salud muchas se encuentran con el maltrato y la amenaza cuando les piden documentación a cambio de atención. “Si no te gusta, volvete a tu país”, les dicen.

Laura Santello es titular de la sede de ATAJO que funciona en la Villa 31. Su intervención fue clave para que Rigoberto Bernal vuelva al país. Por el trabajo territorial, conoce el pulso del barrio y percibe lo mismo que las redes de migrantes y los organismos de derechos humanos. “Hay una ola de notificaciones de expulsión. Hay mucho miedo”, sintetiza.

Hay algo más.

“Un convenio entre ANSES y Migraciones que congeló las prestaciones a personas extranjeras hasta verificar la residencia”, aporta la abogada Agostina Hernández Bologna para terminar de completar la estampa. Y opina por qué este cambio: “Los migrantes no votan, pueden hacer lo que quieran porque no hay costo político”.

Una posible respuesta: desde varias organizaciones de migrantes están diseñando una legislación para el voto migrante.

Que los peruanos venden droga, que los colombianos son sicarios, que los senegaleses se dedican a la venta ilegal y que los chinos no pagan impuestos. Ah: y apagan las heladeras de los supermercados. ¿Los chilenos? Enemigos.

Cuidado.

En tiempos de Cambiemos, los comentarios racistas y xenófobos pueden convertirse en política de Estado.