CABA
Pasados por agua
¿Cambio climático o sistema productivo? Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda. Por Darío Aranda.
Misiones, Corrientes y Entre Ríos en 2015. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en 2016. La Pampa, Buenos Aires y Córdoba (otra vez), Tucumán, Catamarca, Formosa y Salta en 2017. Argentina sufre cada vez más inundaciones y desde el poder (empresario y político) se responsabiliza al clima y a la falta de obras hidráulicas. “Sembramos soja hasta en las macetas y eso nos está afectando”, sinceró Ricardo Alessandro, intendente de Salto, parte de la Pampa Húmeda bonaerense que quedó bajo el agua. El desmonte, el agronegocio y el cambio del uso del suelo. Y el gobierno que propone más transgénicos y subsidia a los productores de soja.
El país como maceta
Las inundaciones se explican como exceso de agua en un sistema que tiene ingresos y egresos. Ejemplos: lluvias o derivación de agua de otras fuentes y (egresos) usos para actividades productivas, consumo humano y evaporación. Ante cada inundación, se suele apuntar sólo al exceso de lluvia.
“Las lluvias golpearon al 30 por ciento del campo bonaerense”, fue el título catástrofe del diario La Nación el 11 de abril. El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto) precisó que fueron afectados 37 partidos en los que se producen soja, maíz, carne y leche.
Nicolás Bertram trabaja en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). En 2016 difundió su investigación Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra? y confirmó el preocupante ascenso de las napas freáticas, producto de la acumulación de agua subterránea. Analizó la situación en Marcos Juárez (zona tradicional del agro cordobés). Afirmó que el régimen de lluvia se mantuvo estable en los últimos 40 años y que el cambio fue otro: la distancia entre la napa y la superficie es cada vez menor. En cuatro décadas pasó de ubicarse a diez metros de profundidad a estar a menos de un metro.
“Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua”, explica. El gráfico es éste: un predio con monte nativo infiltra o absorbe 300 milímetros de agua por hora. El mismo campo pero con pasturas (donde hay ganado), 100 milímetros. Un campo con soja apenas infiltra 30 milímetros. Bertram confirma que allí está la clave del ascenso de la napa y, ante lluvias, fuertes el anegamiento es un hecho.
Cuando difundió su trabajo, muy crítico al agronegocio, autoridades del INTA relativizaron su investigación: son públicas las posturas pro-agronegocios de las autoridades de la mayor institución técnico-oficial del campo argentino.
Esteban Jobbágy, investigador de la Universidad Nacional de San Luis y del Conicet investiga hace quince años el impacto del uso del suelo en las napas y suele ser invitado a congresos de empresas del agro (Asociación de Productores de Siembra Directa, espacios de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y Fertilizar -ONG financiada por empresas del agro-). Allí alerta, desde hace al menos diez años, que uno de los principales problemas del agro son los excesos hídricos, como llaman a las inundaciones o anegamientos.
Jobbágy cuenta con más de veinte publicaciones científicas que dan cuenta del fenómeno. “La creciente dominación de cultivos anuales (por ejemplo, soja o maíz) sobre pasturas o pastizales han llevado a los lotes pampeanos a consumir una menor cantidad de agua por transpiración y hacerlo hasta profundidades menores del suelo, favoreciendo el acercamiento de las napas a la superficie”, explicó.
En noviembre pasado escribió un artículo de divulgación científica para la Facultad de Agronomía de la UBA. Fue tajante: “En poco tiempo, las napas a menos de 50 centímetros de la superficie podrían poner en jaque a la producción agropecuaria”.
Asistencialismo vip
«El árbol es una bomba extractora de agua”, explica Ernesto Viglizzo, del INTA La Pampa. Con más de treinta años de trabajo en la institución, no es un investigador crítico del modelo de agronegocios, pero remarca el impacto de eliminar el monte. Su testimonio aparece en el documental encabezado por Jobbágy, Río nuevo, que revela la aparición de cursos de agua en Villa Mercedes (San Luis).
En documental, que está online en Internet, suma voces de productores, vecinos, técnicos, investigadores de universidades y, vincula el ascenso de napas, los excesos hídricos y el modelo agropecuario.
Incluso filmaron mediciones de humedad en un campo de soja, encomparación con los registros obtenidos en una parcela de monte nativo. La diferencia es muy gráfica: el campo transgénico tiene más agua que la zona con árboles.
Las pasturas transpiran (evaporan) 1075 milímetros al año, mientras que cultivos como soja y maíz sólo transpiran 680 milímetros. La diferencia de agua permanece en la tierra, eleva la napa y facilita a inundación.
El último informe de Greenpeace precisa que en Argentina desaparecieron 2,4 millones de hectáreas entre 2007 (cuando se aprobó la Ley de Bosques, que debiera proteger el monte nativo) y 2016.
El informe anual 2016 señaló que desaparecieron en doce meses 112.252 hectáreas. El 80 por ciento sucedió en cuatro provincias: Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. “Necesitamos una ley de delitos forestales, que establezca como delitos penales al desmonte ilegal y al incendio intencional, y al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas”, reclamó Hernán Giardini, de Greenpeace.
El norte de Salta fue otro de los afectados por las últimas inundaciones (marzo-abril). Los departamentos de Anta, Rivadavia, San Martín y Orán fueron declarados en emergencia hídrica, social y sanitaria. La provincia, gobernada por Juan Manuel Urtubey desde hace diez años, es de las regiones donde más avanzó el agronegocio, tanto la soja como la ganadería.
En Salta se desmontaron 654.000 hectáreas desde 2006. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña llegó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada también por la soja de las tierras que ocupaba, que avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. Lo que implica más desmontes y más intentos de avanzar sobre campesinos e indígenas.
Ante las inundaciones de marzo-abril, el Frente Nacional Campesino denunció que el gobierno provincial asistió a los grandes productores y no a los campesinos e indígenas.
Leyes y trampas
La Ley de Bosques fue sancionada en 2007. La entonces presidenta Cristina Kirchner la reglamentó recién dos años después, luego del alud que sepultó parte de la ciudad de Tartagal. Cada provincia debía realizar un ordenamiento territorial según tres colores: verde (se puede desmontar), rojo (se deben preservar), amarillo (se pueden realizar actividades, pero previo estudio ambiental y controles).
En Córdoba se conformó en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por tres universidades nacionales, ONG´s, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente en 2010. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto, opuesto al original, y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto de 2010. Desde la COTBN denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional.
Mientras, la COTBN establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles. La norma aprobada redujo el área de conservación a sólo 1,9 millón, permitió actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debía proteger y dejó de lado la participación de la sociedad civil. Desde el gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).
Desde fines de 2016 y lo que transcurrió de 2017, el gobierno de Córdoba y sectores del agro impulsan una nueva Ley de Bosques, aún más permisiva que la anterior. En una provincia aquejada por las inundaciones, motivo de masivas movilizaciones y rechazos.
En Buenos Aires la situación no es mejor. Era la única provincia que no contaba con una norma específica. Desde 2009, las organizaciones socioambientales impulsaban una norma provincial que proteja los bosques. En agosto de 2015, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que flexibilizó la legislación nacional, omitió todas las recomendaciones de organizaciones y académicos, y fue en sintonía con los pedidos empresarios. A fines de 2016, a las 23.30 del 21 de diciembre, la Cámara de Diputados votó y dio sanción a la Ley de Bosques Nativos (14.888). El 15 de enero, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó la promulgación.
“Llevamos propuestas, informes técnicos, participamos, dialogamos con legisladores, pero sólo les importó la opinión del sector empresario”, denunció Noelía Calefato, de la Asamblea de Vecinos de Quilmes-Avellaneda. Resaltó que los bloques de Cambiemos y Frente Renovador votaron por unanimidad la ley, y también la mayoría del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista.
La misma noche de la aprobación, más de 50 organizaciones emitieron un documento: “Esta ley dice proteger los bosques nativos, pero en su lugar los entrega a empresas privadas, preparando la provincia para un nuevo crimen social”. Mencionaron al menos a tres empresas favorecidas: la constructora Grupo Caputo (relacionada al presidente Macri), Eduardo Constantini (dueño de la compañía Consultatio, la desarrollada de Nordelta y el museo Malba) y Techint (con el emprendimiento Nueva Costa del Plata, una suerte de Puerto Madero en Quilmes-Avellaneda, que había sido frenado judicialmente).
¿Mitos populares?
La Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) es una organización clave del modelo transgénico en Argentina. Espacio de lobby de las corporaciones de semillas y agroquímicos, tiene dos referentes en el Ministerio de Agroindustria: Beatriz Pilu Giraudo, coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, e Ignacio Garciarena, director nacional de Agricultura.
La Asociación suele apelar al discurso de la sustentabilidad y, ante las inundaciones, difundieron una nota. “El cambio climático llegó, está instalado y nos está afectando. Para adaptarnos y mitigar las consecuencias hay que trabajar en infraestructura”, propuso la gacetilla, firmada por José Luis Tedesco, de la comisión directiva de Aapresid.
Ni una mención al cambio de cultivos en las zonas anegadas. Y una defensa cerrada a la técnica de siembra directa (consistente en no arar la tierra, y que en Argentina se usa principalmente con transgénicos y agrotóxicos). “El agro recibió otro duro golpe por parte del clima, y luego de abundantes precipitaciones, grandes zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba quedaron bajo el agua, reavivando una vez más el mito popular que ata a la siembra directa con estos fenómenos”.
Esteban Jobbágy, que trabaja junto a productores y participa de ámbitos de discusión en congresos de sector, no puede ser considerado opositor al agro: “Muchas de las estrategias que disminuyen el riesgo de sequía en agricultura, como la siembra directa, apuntan a la conservación del agua y pueden favorecer la generación de excesos hídricos. Y la relación napa-cultivo señala una responsabilidad pocas veces asumida por los agricultores: la de regular la hidrología y el riesgo de inundación de la región”.
Ganadores
A pesar de las inundaciones, la cosecha de granos superará las 130 millones de toneladas”, celebró el Ministerio de Agroindustria el 19 de abril en una gacetilla de prensa.
En una política de continuidad con el kirchnerismo, Macri impulsa el avance del modelo. Un incentivo más es el llamado Estímulo Agrícola Plan Belgrano, anunciado por el Ministerio de Agroindustria en febrero y vigente desde marzo. Se trata de compensaciones (devolución de dinero) a productores de Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco, que beneficiá al 50 por ciento de los productores de soja de esas provincias.
“Se compensará en un 5 por ciento por tonelada de soja comercializada de la campaña 2016/17 a los productores. Abarcará a 2,4 millones de toneladas de soja, casi la mitad de la cosecha de esas provincias”, explicó el comunicado oficial. Se trata de unos 20 dólares por tonelada, 1.000.000 millones de pesos que se transfieren del Estado a los empresarios que cosechan soja en las provincias fuera de la Pampa Húmeda.
A pesar del beneficio económico para los empresarios del agro, la Sociedad Rural de Salta, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) y la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) reclamaron más subsidios del Estado.
La misma semana, el ministro Ricardo Buryaile anunció la puesta en marcha del Fondo Fiduciario de Agroindustria (Fondagro), que cuenta con 1.700 millones de pesos al año para “fortalecimiento de economías regionales” y para “invertir en capital de trabajo, infraestructura y dar asistencia directa”. Como responsable del fondo nombraron a Ernesto Ambrosetti, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En diciembre de 2015, a la semana de asumir la presidencia, Macri quitó las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y bajó cinco puntos las de la soja (pasó de 35 por ciento a 30).
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su presentación de abril en el Congreso precisó cuánto dejó de percibir el Estado por esa medida: 52.913 millones de pesos. El equivalente a 13 veces el presupuesto nacional del Ministerio de Ambiente (4.000 millones), mayor al presupuesto del Ministerio de Salud (44.000 millones) y la mitad de los fondos anuales destinado a Educación (102.000 millones de pesos).
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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