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Una vaquita

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¿Qué pasa en Vaca Muerta? El relato sobre Vaca Muerta prometía desarrollo, trabajo y soberanía energética. La realidad: contaminación, violación de derechos, negocios para las petroleras y tarifazos para los argentinos. Neuquén, Mendoza y el fracking. Por Darío Aranda.

«Las penas son de nosotros,
las vaquitas son ajenas”
“El arriero”. Atahualpa Yupanqui

La formación petrolera Vaca Muerta sigue siendo publicitada como un foco de “desarrollo e inversión”, pero en cinco años de explotación sus resultados fueron:

-Más subsidios y mayor rentabilidad para las empresas.

-Aumento de costos para usuarios.

-Contaminación y violación de derechos de comunidades indígenas.

-Peores condiciones laborales para trabajadores.

-Incremento de precios de los combustibles.

Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina. Se encuentra en la cuenca neuquina (que incluye las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa) con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Su explotación requiere la implementación de la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”, que consiste en una perforación vertical en la tierra, luego perforaciones horizontales en profundidad, con inyección de agua, arena y químicos a presión, para romper la roca que contiene el hidrocarburo. Por retrobombeo se obtienen el gas y el petróleo.

Sólo en Estados Unidos se realiza de manera masiva. En Argentina se comenzó a realizar en 2013 en Neuquén, de la mano de YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. Las comunidades mapuches, primeras afectadas pero no las únicas, mostraron mediante fotos y videos decenas de derrames petroleros. En su corta vida en Argentina, el fracking acumula derrames, explosiones de pozos y “pérdidas” de pastillas radioactivas. Y también rechazo social: Mendoza se encuentra actualmente movilizada en rechazo al fracking y en defensa del agua.

Gobiernos contaminantes

Vaca Muerta fue central en la política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que la impulsó con un combo que incluyó la estatización parcial de YPF (pago millonario a Repsol mediante), un decreto presidencial para la llegada de Chevron y de la nueva Ley de Hidrocarburos, muy ventajosa para las petroleras internacionales y perjudicial para el derecho ambiental.

El gobierno de Mauricio Macri también hace eje en Vaca Muerta, tanto que nombró al frente del Ministerio de Energía al máximo directivo local de la petrolera Shell, Juan José Aranguren (remplazado en junio pasado por Javier Iguacel, alto ejecutivo de Pecom Energía y ex vicepresidente de Pluspetrol).

A días de asumir, Iguacel anunció nuevos aumentos de combustibles y viajó a Washington, donde se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry. También tuvo una entrevista con Ray Washburne, presidente de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), agencia gubernamental para el desarrollo de inversiones en países emergentes. “Vamos a desarrollar el potencial de Vaca Muerta para proveer de energía no solo a la Argentina sino también a nuestros países vecinos”, prometió Iguacel.

La revista Petroquímica, espacio de difusión de las empresas de hidrocarburos y químicas, publicó a inicios de julio un informe del Ministerio de Energía de Neuquén: “Diez compañías acaparan el 70 por ciento de Vaca Muerta”: YPF, Gas y Petróleo de Neuquén, Total, Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol, Exxon, Shell y Vista Oil and Gas (la firma de Miguel Galuccio), entre otras. También figuran las extranjeras Statoil y Petronas (en sociedad con operadoras locales).

El documento precisa que de los 27.000 kilómetros cuadrados neuquinos de Vaca Muerta sólo están en desarrollo 6300. Son 27 concesiones. YPF (junto a la estadounidense Chevron) tiene en marcha proyectos en 1.400 kilómetros cuadrados (el 23 por ciento de la superficie en explotación). Le siguen PAE, Total, Exxon y Shell.

GyP (la petrolera del estado neuquino) opera siempre en sociedad con grandes empresas: Shell, Exxon, Tecpetrol, Pampa Energía y PAE. Total, multinacional francesa, es la segunda productora de gas de Argentina, con la particularidad de que hace fracking en Neuquén, actividad prohibida en su país de origen.

Pan American Energy (PAE) es propiedad de la petrolera inglesa British Petroleum (BP) y el grupo Bridas (familia argentina Bulgheroni y la empresa china Cnooc). PAE es la segunda productora de petróleo del país. También figura Pampa Energía, que pertenece al millonario Marcelo Mindlin, amigo personal del presidente Macri.

Los ganadores

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en el estudio de la política energética y de las consecuencias del accionar empresario. Opsur publicó junto a la ONG Taller Ecologista la investigación Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales. Allí se recuerda que la matriz energética de Argentina tiene una dependencia extrema de los hidrocarburos: el 87 por ciento de la oferta primaria de energía depende fundamentalmente de petróleo y gas, alto porcentaje respecto a los países de la región, sólo superado por aquellos fuertemente petroleros-gasíferos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia).

A partir del aumento registrado en las importaciones de energía desde 2011, el Gobierno adoptó una firme estrategia de “autoabastecimiento energético”. El objetivo, se dijo, era terminar con la necesidad de importaciones y fuga de dólares. “Una vez recuperado en 2012 el control mayoritario de las acciones de YPF, se realizaron cuantiosas transferencias al sector para que revirtiera el proceso de caída constante de la producción. En los años 2013, 2014 y 2015 las transferencias directas desde el Estado hacia las compañías del sector superaron los 3.000 millones de dólares anuales, una cifra similar al presupuesto nacional en salud y casi tres veces el presupuesto en ciencia”, explica la investigación.

El modelo está concentrado en muy pocas manos. Cuatro empresas (YPF, Pan American Energy, Pluspetrol y Sinopec) tienen el 74 por ciento de la producción de petróleo. Y cuatro compañías dominan el 75 por ciento de la producción de gas: YPF, Total Austral, Pan American Energy y Petrobras.De Vaca Muerta se extrae el 11% del petróleo y el 31% del gas del país.

Hay múltiples actores vinculados al sector hidrocarburífero y con múltiples, y contrapuestos, intereses. Gobiernos (nacional, provinciales, municipales), usuarios, trabajadores, comunidades afectadas. “Sin embargo, la política sectorial se definió principalmente mediante una negociación entre el Estado nacional y las empresas más grandes de la actividad”, cuestiona el Opsur.

El aumento de tarifas de los últimos dos años, que recayó sobre las familias sin distinguir ingresos ni clase social, demuestra los resultados de esa negociación. Entre los argumentos centrales se dijo que “no se puede subsidiar” a los usuarios, pero nunca se cuestionaron los subsidios millonarios a las grandes petroleras, muchas multinacionales. “De este modo, las transferencias que realizaba el Estado nacional fueron reemplazadas en parte por transferencias económicas desde los diferentes usuarios hacia las empresas. Las compañías hidrocarburíferas, gracias al aumento del precio reconocido en las tarifas pagadas por los diferentes usuarios (hogares, comercios, industrias), facturaron 1.559 millones de dólares extra en 2016”, cuestiona el informe. Y resume: “Las empresas ganaron más, invirtieron mucho menos y despidieron a más de 3.000 trabajadores. Obtuvieron un premio sin realizar ningún esfuerzo”.

La investigación también analiza quiénes fueron los damnificados de la política energética de la alianza Cambiemos: hogares (tarifazo mediante), trabajadores del sector petrolero (despidos y nuevo convenio colectivo, que redujo derechos laborales) y la población de los lugares donde se hace fracking. “Se profundizaron los problemas ambientales, sociales y productivos de las regiones afectadas por ese tipo de explotación”, afirma el trabajo.

Fernando Cabrera, del Opsur, asegura que los cambios en el Ministerio de Energía generaron incertidumbre en el sector. “Por lo pronto, ya aumentaron considerablemente los combustibles y anunció un nuevo aumento del gas para octubre, que sería del 25 por ciento”.

Territorios en resistencia

Vaca Muerta está en territorio de más de veinte comunidades mapuches, que tiene derechos reconocidos por leyes nacionales, por la Constitución Nacional (que reconoce a los pueblos originarios como preexistentes al Estado argentino) y convenios internacionales que obligan a que los estados consulten a las comunidades por cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas.

El avance en Vaca Muerta tuvo como vanguardia a YPF junto con Chevron, en la locación Loma Campana (en Añelo, a cien kilómetros de Neuquén Capital). Allí vive la comunidad mapuche Campo Maripe, que junto a la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén resistieron el avance del fracking. Cerraron caminos, marcharon hasta las oficinas de YPF, ocuparon pacíficamente torres petroleras. Tuvieron como respuesta la militarización de la zona (vía Gendarmería Nacional), el hostigamiento por parte de los gobiernos (tanto del kirchnerismo como del macrismo) y la difamación de medios de comunicación.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén afirma que la situación en Vaca Muerta es de “tensa calma”. “Los anuncios de inversiones aún no se concretan y hay un marco de violación de derechos permanentes, donde intentamos diálogo pero no hay respuesta por parte del estado neuquino ni del nacional”, explica Nahuel.

Desde hace más de un año que no permiten nuevas perforaciones en Loma Campana (donde opera YPF-Chevron) y cerraron el paso a Shell en un intento de construcción de un ducto. Nahuel advierte que seguirán resistiendo el avance petrolero y, si no se respetan los derechos indígenas, aumentará la conflictividad. Sobre el rol empresario en Vaca Muerta, no tiene dudas: “YPF es la que más tensión crea, tiene un manejo muy autoritario, no dialoga y siempre invita a la confrontación”.

Pero el conflicto actual se sitúa en Mendoza: el gobernador Alfredo Cornejo anunció la bienvenida al fracking, en 2016, y fue un llamado de alerta de las asambleas. El 9 de marzo pasado Cornejo firmó el decreto 248/18 que reglamenta y facilita la explotación petrolera mediante el fracking.

Se multiplicaron las jornadas de concientización, debates, cortes informativos y movilizaciones en una decena de ciudades. Muchas de ellas fueron masivas, con miles de personas al grito de “no al fracking” y, sobre todo, en defensa del agua. Sólo en General Alvear salieron a la calle 8.000 personas, sobre una población de 30.000.

El 21 de mayo comenzó un acampe en la plaza Independencia de la capital provincial. El 23 de mayo presentaron un proyecto de ley para prohibir el fracking, firmado por 42.000 personas, un hecho inédito en la provincia. El video de difusión muestra decenas de resmas, cientos de hojas con firmas y números de DNI. Un joven explica: “Acá hay 42.000 firmas de mendocinos que no quieren fracking. Los grades medios no muestra nada de esto. ¡A compartir!”. El video circuló por WhatsApp e Internet. El grito que retumbaba era simple: “El agua de Mendoza / no se negocia”.

Cuatro ciudades de Mendoza ya prohibieron el fracking: Tupungato, Tunuyán, San Carlos y General Alvear.

Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua, especifica que ya se realizaron cinco pozos de fracking en Mendoza (en Malargüe) y que el Gobierno evalúa aprobar otros diez en breve. Precisó que el plan es llegar a por lo menos 200 pozos. “Para fracturar cada pozo se necesitan entre cuatro y treinta millones de litros de agua, que se inyectan junto con cientos y hasta miles de toneladas de arenas silíceas y de diversos químicos, muchos de ellos altamente tóxicos”, explicó y alertó sobre el alto riesgo de contaminación de ríos y acuíferos. La empresa que encabeza la avanzada del fracking es El Trébol, propiedad de los empresarios Daniel Vila (Grupo América, el segundo multimedio más grande del país) y José Luis Manzano, en sociedad con la suiza Mercuria.

En Mendoza se hizo explícito lo que hace años sucede en las resistencias ante el extractivismo. Comunidades, pueblos y  asambleas remarcan que no se trata sólo de ambiente, sino de la  defensa de bienes comunes (agua, aire, tierra) y de modos de vida. “No queremos ser un pueblo sacrificable”, se escucha en Mendoza frente al fracking, como antes se escuchó en Esquel, Famatina y Andalgalá ante la minería.

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