Los persigue una fiscal premiada por Nike. Los encarcela la Policía de la Ciudad sin pruebas ni procesos. Entre el racismo y la prepotencia del Estado, la comunidad senegalesa se organiza para trabajar y vivir. POR ALEJANDRO VOLKIND
En el pizarrón están escritas estas palabras: Respeto, Racismo, Devaluación, Visa, Trabajo.
Anochece en Floresta y el Sitio de Memoria Automotores Orletti empieza a tomar forma de escuela. En este lugar, donde hace cuatro décadas se torturó y desapareció a más de un centenar de militantes de toda Latinoamérica, un grupo de migrantes está a punto de arrancar la clase de español.
La mayoría son senegaleses.
En pocos minutos el aula improvisada se llena. Pese al evidente cansancio, todos sonríen y chocan sus grandes mano en cada saludo. Algunos están contentos con las ventas del día. Otros repasan la tarea con cara de preocupados. Piden ayuda. Se pasan apuntes y respuestas. Vuelan lapiceras. Se escuchan risas. Es una clase de cualquier secundario lista para empezar.

Fantasía y realidad

-¿Palabras que empiezan con la letra R? – pregunta Mariana.
-Racismo – responde de inmediato Mamadu.
Mamadu tiene 37 años y la mirada firme. Llegó a Buenos Aires hace ocho meses, entusiasmado por lo que veía a través de los buscadores de Internet: la imagen era la de una ciudad parecida a las europeas, pero sin conflictos. “Un lugar ideal para juntar plata y enviársela a la familia, lo necesario”, aclara. “Pagar la luz, el agua y la escuela para mi hermano”. Sin embargo, Mamadu se encontró con una realidad menos idílica. Desde 2015, el gobierno de la Ciudad lanzó una cruzada contra la venta ambulante -la principal forma de sustento de más de 3.000 trabajadores senegaleses que llegaron en los últimos años- y desalojó violentamente a los manteros que se habían instalado en los puntos más transitados de la Ciudad. Entre ellos, a los senegaleses como Mamadu.
Todavía están frescas las imágenes de Serigne Dame Kane, el trabajador que terminó desmayado, desangrado y con un brazo quebrado tras ser arrojado contra una vidriera por efectivos de la Policía de Infantería de la Ciudad. ¿El delito? Intentar que no le secuestraran la bolsa con zapatillas que tenía para vender.
pisodios similares, aunque menos mediáticos, se repiten cotidianamente. “Todos los días me avisan de uno o dos trabajadores senegaleses detenidos”, comenta Demian Zayat, coordinador del Programa contra la violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
Para él, el discurso del “combate” contra la venta ilegal que imparte el gobierno es falaz. “No es ilegal vender en la vía pública”, asegura y explica que el Código Contravencional permite la venta ambulante cuando se trate para subsistencia, baratijas o no resulte competencia desleal con comercios, ítems en los que entran los vendedores senegaleses. “La policía va eligiendo lo que le conviene en cada momento”, asegura Zayat, que lo vio con sus propios ojos. “En un operativo realizado en abril, después de perseguir a tres trabajadores senegaleses dentro de una galería, la policía los detiene. Yo voy atrás y escucho: ‘Traigan al inspector de faltas’, porque las faltas no las puede hacer la policía sino que necesita un inspector. ‘Ah, no hay, entonces le hacemos contravención’. ‘ No, no, los tenemos que llevar detenidos’, le responde otro. ‘Bueno, entonces le hacemos resistencia a la autoridad’”. Finalmente los terminaron procesando por infrigir la Ley de marcas.

El racismo en las fuerzas de seguridad no es nuevo y tiene un antecedente a favor de los vendedores. En 2009, en un fallo conocido como Bara Sakho (el nombre de un senegalés), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad reconoció que existía una persecución discriminatoria contra los vendedores ambulantes senegaleses por parte del Estado y ordenó a policías y fiscales que debían dejarlos vender baratijas, porque lo hacían para subsistir. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: los relatos más fuertes hablan de allanamientos por la madrugada, en los hoteles y a punta de armas largas. Con o sin órdenes de allanamiento, los esposan y les sacan todo: celular, ahorros, mercadería. Nada queda registrado, nada se les devuelve. “Varios decían que nunca sintieron tanto miedo en su vida como durante el allanamiento. Y son pibes que vienen de Senegal, que pasaron por muchos países antes de llegar hasta acá, no son vidas acomodadas”, comenta Zayat, en referencia a un operativo realizado el año pasado.
Detrás de los allanamientos, que solo en junio de este año fueron 27, está la fiscal Celsa Ramirez. Según ella, los senegaleses son parte de una mafia. Del mismo delito acusó al sindicato Metrodelegados en durante el último conflicto salarial. “Ramirez es una fiscal que, como Nike, quiere estar siempre de moda. Y hoy la moda es agarrársela con los más débiles, y los senegaleses están en primera fila”, describe la abogada Gabriela Carpineti, representante legal en varias de las causas contravencionales. La referencia a la marca de la pipa no es caprichosa: en 2017 la fiscal Ramírez fue ganadora del premio Nike gracias su lucha “contra la piratería”, que incluyó ocho operativos contra la venta ilegal en el barrio de Liniers y la clausura de una docena de puestos que estaban a un costado de las vías del tren Sarmiento.
Desde el punto de vista jurídico la acusación contra los senegaleses está floja de papeles. “Ellos venden como forma de subsistencia, no falsifican, con lo cual aplicar la Ley de marcas reviste de mucha irregularidad”, asegura la abogada. Los hechos le dan la razón: en la mayoría de las causas ni siquiera fueron llamados a indagatoria, y aquellas caratuladas como “resistencia a la autoridad” se archivan. “Lo que le interesa a la fiscalía es el proceso, no tanto la condena”, sostiene Zayat. “Están detenidos 24 horas, pierden la mercadería y después la causa muere”, coincide Carpineti. “El objetivo es inhibirlos a que vuelvan a la calle a trabajar”.

Correr es mi destino

-¿Palabras que empiezan con la letra V?
-Visa – contesta Penda.
Penda llegó de Senegal hace un año y medio y es la única mujer del curso. Esta es su segunda clase pero por la naturalidad con que se maneja no se nota. Saluda afectuosamente a los profesores y, antes de sentarse al lado de su marido, les deja a Bamba, su hijo de 26 días, para que lo acunen.
Antes de venir, Penda sabía poco y nada de Argentina pero, cuenta, la insistencia de su hermana pudo más. “Vení a Argentina que acá se está bien”, le dijo. Así desembarcó en Buenos Aires y al poco tiempo conoció a Abdou, con quien formó pareja. Juntos se organizaron para sobrevivir vendiendo comida y mochilas en la calle y, pese a que la situación está muy difícil “porque el municipal no quiere y nosotros no tenemos otra cosa para hacer si no puede vender”, con la llegada de Bamba los planes cambiaron. “Yo tengo un hijo que es argentino ahora. Nuestra idea es quedarnos. Solamente está muy difícil ahora. Si todo está bien, queremos vivir acá”.
Sin embargo, el camino para la radicación también está lleno de impedimentos. Argentina no tiene embajada en Senegal y la más cercana está en Nigeria, que cubre 14 países de África del oeste. Si un senegalés quiere solicitar una visa para venir a Argentina tiene que trasladarse casi 4.000 kilómetros y convencer al cónsul nigeriano que viene a Argentina a hacer turismo o a asistir a una conferencia y asegurar que va a volver. Aun así, generalmente no se las conceden. De esta forma están condenados a ingresar irregularmente a través de la frontera con Brasil. Por eso, una vez en el país solicitan la condición de refugiados -único caso en que se permite este tipo de ingreso- y aunque la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) la rechaza sistemáticamente, les permite contar con un certificado de residencia precaria que deben renovar cada tres meses.

“¿Es compatible tener un sistema de visas para el 60% de los países cuando vos reconocés en tu Ley de Migraciones el derecho humano a migrar?” La pregunta la dispara Marcos Filardi y su palabra tiene respaldo. Entre 2008 y 2013, Marcos trabajó como Tutor Público Oficial de los niños, niñas y adolescentes refugiados solicitantes de asilo y desde allí fue parte de una mesa de regularización migratoria que logró en 2013 normalizar la situación de 1800 senegaleses. Sin embargo, equel mecnismo fue una excepción y desde hace cinco años no hay ninguna posibilidad que los senegaleses que ingresaron al país obtengan la residencia permanente, salvo por matrimonio o teniendo un hijo nacido en Argentina.
El panorama no augura mejor futuro para el 2019. Subidos al efecto Bolsonaro, representantes del gobierno y de la oposición ya adelantaron que pretenden modificar esta Ley -considerada de avanzada en todo el mundo- bajo el pretexto de que nuestro país “es demasiado generoso y abierto”. La estrategia es marcar un vínculo directo entre migración y delito (desmitificado por los propios datos públicos), y así justificar mecanismos de expulsión.
“Muchos de nosotros estamos pensando en migrar para otro lado”, asegura Mamadu. “No podemos continuar esta lucha porque está muy difícil”. Sin embargo, el regreso es todavía más complejo que la ida. “Hay muchos chicos que quieren volver pero ahora el pasaje a África está 70 mil pesos: imagínate como conseguir eso, imposible”, explica Alpha, que hace 3 años llegó de Senegal, donde era guía de turismo y chofer de un camión, que vendió para venir a nuestro país. Acá nadie quiso contratarlo en esos oficios y terminó ofreciendo bijouterie en Constitución. “Al comienzo estaba mejor, pero después la cosa empeoró y no hay laburo. Ahora estoy peor que en Senegal. En días de buen trabajo saco 200 ó 300 pesos. Con eso tenemos que comer y pagar alquiler y el alquiler sale caro: por una habitación chiquita te cobran 5 mil pesos”. La idea de ahorrar para enviar dinero a sus familias también quedó pulverizada en los últimos meses. “Con el aumento del dólar, uh, re complicado”, comenta Alpha. “No nos sirve para mandar nada”.
Alpha habla en plural y tiene lógica: acá la vida es comunitaria. Todos comparten la habitación en algún hotel familiar y se turnan para cocinar. La hermandad se forjó en la calle y en comisarías como la 18 de Constitución, donde en septiembre permanecieron detenidos vendedores ambulantes y dirigentes de la CTEP que intentaron frenar un operativo. “Cuando salimos y vimos que había mucha gente –cuenta- sentimos que nos acompañaron en serio, resistiendo a la represión hasta que todos nuestros compañeros fueron liberados. Acá hay muchos sectores: peruanos, bolivianos, senegaleses, argentinos. Todos venimos para tener más fuerzas para pelear contra las injusticias”, comenta Alpha. “Tenemos que unirnos para ser un montón de gente y poder hacer una contestación”.
Ya empezaron: a fines de octubre realizaron un escrache a la sede de Nike del Abasto, denunciando la persecución y también la explotación en talleres clandestinos de la marca que protegen los fiscales porteños.