Carla apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de activar dos veces el botón antipánico. Su ex marido la había golpeado y violado. Su caso revela el mal funcionamiento del sistema de localización. Los últimos momentos de la joven, las fallas tecnológicas y las humanas. A seis meses, la familia sigue reclamando información y justicia. Por Agostina Parisí
Hay un sonido que la familia de Carla Soggiu no olvidará nunca. Es un audio de la Policía de la Ciudad donde quedó registrada la última activación que la joven hizo de su botón antipánico el 15 de enero de este año. Ya no se escucha su voz pidiendo ayuda como en las grabaciones anteriores, sino el ruido de agua que se mueve y lo que podría ser un elemento golpeando contra otro. Es el sonido de alguien que se ahoga.
Carla murió al límite, intentando sobrevivir hasta el último minuto de su vida. Así quedó acreditado en la autopsia, donde se constató que murió por “asfixia mecánica por sumersión”, y en las activaciones que la mujer de 28 años hizo de su botón antipánico, avisándole a la Policía que estaba perdida y necesitaba ayuda.
Para su familia, a Carla la mataron dos veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, cuando su ex marido Sergio Nicolás Fuentes la violó y golpeó brutalmente en la vivienda que compartían con sus hijos pequeños, produciéndole una lesión en el cráneo que según sus padres derivó en una desestabilización y desorientación tiempo-espacial producto de su hidrocefalia. Después, el 15 de enero de este año, cuando Carla apretó dos veces su botón antipánico porque estaba perdida y se encontraba en un lugar “con agua y olor a combustible”. La Policía de la Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de que el botón de la joven contaba, supuestamente, con el servicio de geolocalización. Su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde por un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el Riachuelo.

Se cayó el sistema

La búsqueda de Carla se difundió en el verano a través de las redes de organizaciones feministas y en los medios de comunicación. Su caso disparó el debate sobre las gravísimas limitaciones de los botones antipánico que entrega el Estado como política para prevenir la violencia de género. Para su papá Alfredo, “lo que le hizo ese hombre (Sergio Fuentes) no se lo iba a sacar jamás del cuerpo y de la cabeza, pero el abandono del Estado fue crucial para que hoy esté muerta”.
Según un “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad que El Destape compartió con MU, cuando Carla accionó su botón antipánico el 15 de enero, el GPS del dispositivo no funcionaba y el móvil policial no pudo encontrar a la mujer. “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”, dice el documento oficial. De acuerdo a una fuente reservada a la que accedió dicho medio, al momento de la búsqueda de la joven la empresa que prestaba el servicio de geolocalización al Gobierno de la Ciudad -Coradir- había finalizado su contrato y el 1° de enero de 2019 la firma ya no estaba a cargo del funcionamiento de los dispositivos. Si esta información se comprueba en la Justicia, se llegaría a la conclusión de que cuando Carla activó su botón antipánico jamás podrían haberla encontrado, y que las más de 7.000 mujeres que cuentan con este dispositivo en la Ciudad de Buenos Aires -según un informe del Centro de Monitoreo y Alarmas Móviles de la Policía- también estuvieron desprotegidas.
“La empresa Coradir estuvo contratada hasta el 31 de diciembre y luego intervino Soflex. En ese interín se produjo lo de Carla. Estamos esperando hace meses que el Gobierno de la Ciudad envíe los contratos por los cuales tercerizaba el servicio del botón antipánico”, dice Juan Dragani, abogado de la familia. “A pesar de que al principio el fiscal fue reticente a nuestro pedido, después accedió y se reiteró un oficio en cinco oportunidades, pero hasta el día de hoy (el Gobierno) no adjunta los contratos”, agrega. En diálogo con MU, la secretaría del fiscal César Augusto Troncoso aseguró que el funcionario no daría declaraciones sobre el tema.
Hasta hoy nadie sabe a ciencia cierta porqué no funcionó el botón que Carla llevaba aquel día sostenido entre su ropa interior. Aunque su ex marido estaba preso, habían pasado pocas semanas desde el ataque y Carla tenía miedo.
Para Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad, en el caso de Carla “la policía actuó acorde y el botón sí funcionó”. Sin embargo el gobierno sigue sin responder el pedido de información de legisladores de la oposición para aclarar lo sucedido: ¿funcionaba o no el sistema? Ninguna de esas solicitudes, como tampoco las de la querella y la fiscalía, fueron respondidas hasta el momento.
“El sistema falló y esta ausencia de criterio en la gestión es la que nos pone en peligro diariamente a todos”, dice la diputada Victoria Montenegro, una de las que presentaron un pedido de informes al gobierno en febrero de 2019 en el que pidió conocer cuáles fueron los impedimentos para encontrar a Carla. Pese a que el gobierno está obligado a responder en diez días, no hubo caso. “A partir del caso de Carla muchas mujeres con botón antipánico denunciaron que no habían podido comunicarse porque se estaba actualizando el sistema y esto es sumamente grave”, agrega.

Golpe fatal

Es invierno y en el comedor de la casa de los padres de Carla se ceban mates calientes para combatir el frío. La vivienda está ubicada en el barrio Nueva Pompeya, al sur de la ciudad de Buenos Aires y a pocas cuadras del Riachuelo. Es una zona industrial, con fábricas y depósitos comerciales que emergen en medio de las viviendas. En la puerta del domicilio hay un custodio policial que vigila la casa de manera permanente desde que apareció el cuerpo sin vida de su hija.
Cuando tenía 15 años y todavía no había conocido a quien terminó siendo su pareja, a Carla le detectaron un cuadro de hidrocefalia que tenía desde su nacimiento. Los médicos no entendían cómo había sobrevivido teniendo una vida como cualquier otra chica, si su corteza cerebral era “del ancho de una hoja de papel grueso”, tal como le explicó un cirujano a la familia. En la pubertad Carla había comenzado a sufrir mareos, problemas de presión, pérdida de estabilidad y de visión. Luego de una larga lucha con la obra social, le introdujeron una válvula intracraneal de drenaje que le permitió continuar su vida de manera normal, con la única y expresa condición de no golpearse jamás la cabeza.
Su ex pareja hizo caso omiso a esta advertencia médica y después de Navidad la ató, violó y golpeó en el cráneo, en la vivienda que compartían junto a sus hijos pequeños, también ubicada en Nueva Pompeya. Fue entonces cuando Carla tramitó ante el Juzgado Civil N° 9 el botón antipánico y una orden de restricción contra el agresor, hoy encarcelado en prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Unos días antes del ataque, la joven había aparecido con un pequeño moretón en la pera que adjudicó a un accidente doméstico en la cocina. Después de la golpiza y violación, le confesó a su mamá que aquella marca en su rostro era producto de la violencia de su pareja.
El proceso de la denuncia fue similar al que atraviesan miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans víctimas de violencia machista: interminables horas de espera en la comisaría y en los pasillos de la justicia sin una certeza sobre cómo continuará la vida después. “Cuando le hicieron las pruebas médicas en el hospital para verificar las lesiones, ella mencionó el golpe en la cabeza pero no le hicieron ni una tomografía”, relata su papá. “Sin embargo, aquel golpe quedó constatado en la autopsia. Nosotros creemos que esa lesión tuvo que ver con el estado de desorientación que tenía el día que murió”.

Los últimos minutos

Cuando a Sergio Fuentes lo llevaron preso Carla volvió a vivir a la casa de sus padres, esta vez con sus hijos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia, repartía volantes de un estudio jurídico, limpiaba casas y a veces atendía un puesto de diarios donde también había trabajado su ex marido. “Al tener hidrocefalia no la tomaban en ningún lado y ella hacía lo que podía para ganarse unos mangos”, cuenta su papá.
Aquel 15 de enero, la joven salió a trabajar con su botón antipánico enganchado entre la bombacha y el jean. Fue la última vez que la vio su familia. Cerca de las 18 horas y tal como quedó capturado en una cámara de seguridad, un amigo la acompañó a la parada de la línea 32 en Avenida Sáenz al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde donde Carla volvería a su vivienda. Al ver que no regresaba, sus padres llamaron a la policía. “En ese momento y después de todo lo que había pasado, veinte minutos eran una eternidad”, dice Alfredo.
A las 20.08 Carla activó por primera vez el botón antipánico y en comunicación con el call center de la central policial dijo a un operador “que estaba perdida y no conocía el barrio, intentando volver desde el trabajo a su casa”, indica el Informe de Evento de la Policía, donde dejaron asentado que según la geolocalización Carla se encontraba en la cuadra de su vivienda. “Por esa hora, llegó a casa un móvil diciendo que se presentaban por una activación del botón antipánico. Les explicamos que a Carla ya la estaban buscando y que justamente no estaba en la vivienda. Hoy me doy cuenta de que realmente no sabían dónde estaba mi hija, y que además estaban trabajando desorganizadamente”, dice Alfredo.
En la segunda comunicación con el operador, también asentada en el informe, Carla expresó que continuaba perdida y que estaba “metida en la villa”. Desde la Central de Alarmas le solicitaron que buscara el nombre de alguna calle o algún cartel conocido, y Carla advirtió sentir “mucho olor a combustible”. “No me puedo levantar porque estoy sobre el barro”, le dijo al operador, quien insistió en que “busque la forma de pararse”: “Tenemos un móvil en la zona pero si estás metida dentro de la villa no te vamos a encontrar, necesito que vayas a la calle Berruti”. “Tengo agua en la cara. La cara tapada”, responde Carla sobre el final de la comunicación. Aquel día había llovido mucho y, como es habitual, las calles cercanas a la vera del Riachuelo se cubren de barro, dificultando el paso de las personas.
“El tercer audio es el desenlace porque se escucha cuando mi hija se ahoga. Ella fue camino a su muerte y esta gente no supo cómo ubicarla”, dice su papá, quien pudo acceder a aquellas llamadas el día que hallaron el cuerpo. “En todo momento Carla les estaba diciendo que estaba en el río, y nunca lo supieron entender. Y tampoco nos comunicaron eso a nosotros, porque si no hubiésemos corrido hasta el Riachuelo”, señala Nora, su tía.

Desprotegidas

“Si hay algo que no es justo en la vida es vivir con miedo. Hoy tenemos la suerte de que, con la tecnología, la geolocalización, más un trabajo coordinado, podemos acudir en segundos al lugar donde está pasando el hecho y remediarlo”, dijo en 2012 Mauricio Macri cuando presentó los botones antipánico para la Ciudad de Buenos Aires, siendo Jefe de Gobierno.
Según un relevamiento presentado en junio de este año por el Centro de Monitoreo y Alarmas Fijas y Móviles de la Policía, desde donde se controlan los dispositivos entregados en Capital Federal, hasta el momento se adjudicaron más de 7.000 botones antipánico a víctimas de violencia de género que realizaron denuncias en la justicia.
Saliendo de la capital, la situación ya no es tan clara. Al no existir un sistema centralizado, no hay datos oficiales y se desconoce cuántas mujeres pidieron botones antipánico en la provincia, así como en el resto del país. Según un informe del gobierno bonaerense, hay siete municipios de la provincia de Buenos Aires donde los botones antipánico directamente no existen.
Para Julieta Luceri, abogada de la Fundación Activismo Feminista Digital, que el sistema no esté unificado “es un gran problema porque marca una gran desigualdad entre las mujeres y en la protección que reciben del Estado. Se necesita unicidad y coordinación entre los distintos operadores, justicia y fuerzas de seguridad para que el sistema realmente funcione”. En la Ciudad, señala, los botones son más sofisticados que en el resto de la provincia, al ser dispositivos autónomos (botones) y no una aplicación en el celular como ocurre en otras jurisdicciones. Para evaluar su efectividad es necesario verificar el tipo de geolocalización con el que cuentan, el tipo de prestación de servicio y el contacto que establecen cuando una víctima requiere auxilio: “La gestión de estos dispositivos supone una preparación en tecnología y perspectiva de género que hoy el personal público no tiene”. Lucía Martelotte, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, suma: “Los botones y pulseras son mecanismos que pueden contribuir en el seguimiento de los casos de violencia pero de ningún modo se tienen que usar como la única respuesta. No hay información ni tenemos conocimiento de cuál es la efectividad de este tipo de dispositivos”.
A seis meses de haber encontrado el cuerpo, su familia repasa una y otra vez la secuencia de los últimos minutos de la vida de Carla. Además de exigir al gobierno explicaciones sobre el funcionamiento del botón antipánico, reclaman que la justicia investigue si el golpe que le propinó su ex pareja en la cabeza fue lo que derivó en su muerte. “No vamos a bajar los brazos. Tiene que haber un Estado que contenga a las víctimas de verdad, así las encontramos con vida”.