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México: la guerra hoy
Persecuciones, amenazas, torturas, asesinatos y desapariciones. El blanco: periodistas, políticos, activistas, estudiantes y mujeres. La mentada “guerra contra las drogas” terminó convirtiendo a México en un infierno de violencia del cual el Estado no logra salir y que el narco aprovecha. Los números que grafican una masacre que aún no encuentra justicia. ELIANA GILET
La guerra contra el narco es una guerra contra el pueblo”, escribió Dawn Paley, periodista canadiense instalada en México, en su libro Capitalismo Antidrogas. Lamentablemente, tiene razón.
Las drogas se utilizan en México como una herramienta para inculpar detenidos arbitrariamente. La generalización de la tortura como método de investigación es tan reiterada que incluso provocó un revés en el caso Ayotzinapa: un tribunal del norte del país confirmó que las confesiones de los acusados por la desaparición de los 43 estudiantes fueron obtenidas mediante tortura.
La tortura (y las detenciones arbitrarias que la acompañan) está asociada a los casos de desaparición forzada en que participaron militares, también a los asesinatos de periodistas y, en particular, de femicidios, todo como consecuencia de la espiral de violencia.
Otros casos similares hablan de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o de la tortura ejercida por militares, entierros en fosas comunes, desaparecidos. Y de familias que buscan y piden justicia.
Sangre electoral
Los ciclos y las dinámicas de la violencia en México tienen lógica propia, pero se multiplicaron con la campaña presidencial. En la carrera que tuvo como ganador a Andrés Manuel López Obrador, 48 candidatos fueron asesinados durante los diez meses que duró la campaña electoral mexicana.
La cuenta sigue: también fueron asesinados otros 84 políticos que no contendían pero formaban parte de algún nivel de gobierno o partido, así como 50 de sus familiares. Las cifras fueron brindadas por una consultora privada, Etellekt, que agregó que 105 de los asesinados, un 80 por ciento del total, eran alcaldes o personas vinculadas al nivel municipal de gobierno, el más bajo de los que existen en el país. Tres estados -Guerrero, Oaxaca y Puebla- concentraron 55 del total de casos.
Más datos: sólo en el estado de Guerrero más de 500 candidatos locales renunciaron por presiones y amenazas.
Prensa roja
En un panorama parecido viven los periodistas mexicanos: al menos 115 fueron asesinados en México desde el año 2000.
En el 2016 fueron asesinados periodistas a un ritmo de uno por mes, y en el mes de marzo del 2017 se calculaba un ritmo de uno por semana. La seguidilla de cinco reporteros masacrados ese año en menos de tres meses muestra el accionar sistemático:
-El 2 de marzo de 2017, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito, de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
-El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.
-El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.
-El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
-El 2 de mayo, en Morelos mataron al periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto.
Por lo menos, 23 periodistas están desaparecidoxs, y a ellxs hay que sumar las decenas de periodistas amenazados, perseguidos y desplazados a la fuerza de su ciudad de origen.
40 mil desaparecidos
Desde el 2016 a comienzos de 2019, la cifra oficial de personas desaparecidas trepó de 28.000 a 40.180 casos denunciados. Los desaparecidos son mayormente hombres jóvenes y pobres, de los que solo en 350 casos fue denunciado algún miembro de las fuerzas del Estado como responsable, blindando la noción de que las desapariciones se deben al misterioso accionar del crimen organizado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó su plan para atender esta crisis de derechos humanos, al que se le adjudicará un monto presupuestal menor que el destinado anteriormente (21 millones de dólares). Durante el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto el fondo sí fue mayor, pero apenas se ejecutó uno por ciento del presupuesto destinado. El resto del dinero necesario, según el plan del nuevo gobierno, vendrá de las arcas de cada estado, donde lo que prima es la desigualdad. Solo 8 de las 32 comisiones estatales de búsqueda están funcionando.
Mientras López Obrador tiene en este tema uno de los que ponen a prueba a su gobierno, las familias seguirán buscando a los que faltan más allá del Estado.
Hasta ahora, los números grafican un cuadro de terror:
Más de 100 mil personas asesinadas.
Más de 40 mil personas desaparecidas.
Más de 100 periodistas asesinadxs.
Decenas de miles de feminicidios sin investigar.
Por lo menos 14 defensorxs de derechos humanos asesinadxs.
Por lo menos 90 mil personas desplazadas de sus pueblos, de sus ciudades, por la violencia.
Decenas de miles de niñxs huérfanos ante el asesinato o desaparición de sus padres y/o madres.
Se han descubierto 855 fosas comunes con más de 1.500 cadáveres amontonados, sin identificar. Las encuentran los familiares que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del Estado.
Nos siguen faltando los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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La calle habló
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Bolivia: estado de golpe
Breve crónica de los últimos y precipitados tiempos en Bolivia, en los que pasó de todo: elecciones, golpe, candidaturas, masacres y exilios que incluyen Argentina. De las sospechas de manipulación de las urnas al aprovechamiento de la derecha, qué factores también señalan errores internos para rearmar el MAS y volver a recuperar el voto.
Es obvio decir que en Bolivia son tiempos de cambio. Pero el análisis no solo puede ser político sino también arquitectónico: existe una nueva casa de gobierno, la Casa Grande del Pueblo, justo detrás del famoso Palacio Quemado. Es un edificio vidrioso de más de 20 pisos al que la gente compara con un shopping. Dicen que el propio Evo, quien lo mandó a construir, no se sentía cómodo en la moderna construcción, y el último tiempo volvió al Palacio. Lo dejó el 10 de noviembre, tras aceptar la “sugerencia” del comandante mayor del Ejército boliviano y después de una semana turbulenta por la presunta manipulación electoral. El propio Evo convocó a la OEA para que analizara el tema, y ésta finalmente publicó el informe final el 4 de diciembre concluyendo que hubo “manipulación dolosa”. Los medios lo titularon bien grande.
Pero el proceso parece ser mucho más largo y complejo que el de unas elecciones fallidas. Más acá de la palabra de la OEA, de las maniobras de la derecha para ensuciar la cancha, del golpe de Estado y de la asunción de Añez, muchos señalan el comienzo del fin de Evo al referéndum donde el 51,3% de los bolivianos votaron en contra de su reelección. Se presentó igual, pero su imagen ya no era la misma: en El Alto, donde la fórmula del MAS había llegado a superar el 90% en elecciones pasadas, esta vez no superó el 60%. El núcleo duro seguía, pero faltaba el resto histórico. Igualmente, con los números parciales de las elecciones 2019 el MAS asegura que habría ganado la elección por unos 10 puntos.
Evo renunció como consecuencia del debilitamiento de su figura, pero también -o sobre todo- por una mezcla de presiones económicas y políticas que él adjudicó a Estados Unidos. Finalmente fue presionado por los altos mandos militares, pero la sublevación más grande fue la policial. Hubo motines y mensajes de odio para el Presidente, quien amenazado terminó viajando a México a exiliarse junto a su vicepresidente Álvaro García Linera. Aseguró que de quedarse en Bolivia corrían peligro su libertad y su vida. Hoy se encuentra en Argentina desde el 12 de diciembre.
Lo que siguió es de película: la sucesora natural era la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también del MAS. Pero ésta también renunció presionada por amenazas. Y fue Janine Añez, la vicepresidenta segunda, miembro de un partido con escasa representación parlamentaria, quien aprovechó el vacío de poder y, en una sesión relámpago y sin quórum legislativo, se autoproclamó presidenta de Bolivia.
En Bolivia todos saben que, en verdad, quien gobierna no es la obediente mujer rubia, sino dos apellidos candidatos a las próximas elecciones: Mesa y Camacho.
Crónica al vuelo
Lo primero que se ve al bajar del aeropuerto en Santa Cruz, al hacer escala, es una gigantografía de Corteva Agroscience (fusión de las corporaciones del agronegocio Dow, DuPont y Pioneer) que dice: “Sigamos creciendo”. En La Paz el cartel es el de la empresa de hidrocarburos estatal: YPFB.
Los carteles son importantes en Bolivia. Junto a uno gigante de El Alto, otro mensaje asegura: “Siempre de pie, nunca de rodillas”. Bajando hacia La Paz conviven pintadas de “Evo 2020” con “Chau Evo” y “Evo ecocida”. Su nombre parece ser el epicentro de un país sacudido, con una derecha fragmentada, un MAS también revuelto que quiere volver con Evo dirigiendo la campaña desde Argentina (él no puede presentarse y aún no hay candidaturas definidas, aunque al cierre de esta edición sonaba fuerte el nombre de Andrónico) y los cuestionamientos en los movimientos sociales.
Desde El Alto, la ciudad de La Paz se ve como una gran marea de casitas sin revoque, que cubren todo el largo y ancho de un gran valle de montañas. Al ir acercándose uno va notando los matices, las alturas y profundidades de esa ciudad única.
Ya en el kilómetro 0, como se le dice a la Plaza Murillo -donde están el Palacio de gobierno y la Asamblea Legislativa-, se puede ver desde cerca y como un Aleph mucho de lo que pasa hoy en Bolivia: los militares custodiando los edificios celosamente; los políticos y empresarios pululando de traje; los medios a la espera de que algo pase (y siempre pasa); las cholas vendiendo; los jóvenes parapoliciales; y alguna pancarta con reclamos (sobre el incendio de la Chiquitanía, o justicia por los muertos de Senkata) que rápidamente son disueltos por policías y/o militares.
Quizá sea esa la mayor dimensión de qué significa un golpe de Estado: en Bolivia hoy no se puede desplegar una bandera con reclamos frente al Palacio Quemado; hay perseguidos políticos, exiliados, amenazas por doquier, denuncias por sedición; hubo dos masacres a manos del Ejército; hay familiares reclamando justicia sin ningún éxito; y lejos de plantarse como un gobierno de transición, el de Yanine Añez sigue gobernando el país e instalando decretos y cambios institucionales.
Recuperar el voto
Al descabezamiento de la cúpula del MAS le sucedió una ola de persecuciones y amenazas a dirigentes territoriales y militantes que forzaron exilios y pases a la clandestinidad. Evo Morales enfrenta distintos tipos de juicios en Bolivia y en cortes internacionales como La Haya, pero no solo él: cargos de sedición a quienes critican al gobierno, de terrorismo a quienes protestan, o la revisión a contrareloj de contratos estatales flojos de papeles forman parte de las estrategias político-judiciales que intentan desprestigiar a los dirigentes del MAS.
En una asamblea en Cochabamba con más de diez mil representantes de movimientos sociales el MAS debatió, en medio de críticas y arrepentimientos, la estrategia para restructurarse. Con sus principales líderes exiliados y ocultos por las persecuciones, enfrentó así el mayor desafío de sus veinticinco años de historia. Fueron las mujeres las que, sin medias tintas, reclamaron que los candidatos no sean elegidos “desde arriba”. El documento final le otorgó a Evo Morales el título de jefe de campaña. Con la ultraderecha golpista dividida todo parece indicar que otra vez las elecciones se decidirán entre quienes consagre el MAS y el partido de Carlos Mesa, así que la fórmula que resulte elegida deberá cargar con el desafío de una campaña electoral en pleno gobierno de facto.
Al cierre de esta edición Evo Morales planeaba, desde Buenos Aires, un acto de campaña en la frontera entre Bolivia y Argentina para definir la fórmula que competirá contra los candidatos de ultraderecha.
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Guatemala: originarias
Apuntes del 5º Encuentro del Grupo de Economía Feminista Emancipatoria. Cuáles son los ejes de discusión y las experiencias concretas que se compartieron en territorio mesoamericano, lejos de la burocratización del feminismo y junto a las raíces de las comunidades ancestrales. Del sentido de las palabras a las lecciones de la violencia del capitalismo patriarcal. Resistencia, organización, politización, autonomía, afectos y cocina: las claves para cuidar la vida. CLAUDIA ACUÑA
El quinto encuentro del Grupo de Trabajo de Clacso de Economía Feminista Emancipatoria es en Guatemala y eso significa, entre otras cosas, que estamos en territorio mesoamericano y en contacto directo con las raíces de la cultura maya. Significa también que las participantes llegarán mayoritariamente desde el sur de México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Nicaragua o Panamá, países todos que están sacudidos por el tsunami del capitalismo extractivo y sus temporadas de ciclones de crímenes de Estado: toque de queda, estado de sitio, represiones, cárcel, desapariciones y asesinatos. Pero lo más importante es que también significa que estamos compartiendo la reflexión con mujeres que saben cómo resistir genocidios, tantos los milenarios como los posmodernos, y que llevan en sus ideas y en sus cuerpos la memoria de combates y derrotas y en sus almas las victorias construidas con ingredientes muy variados.
Definiendo luchas
as dos jornadas estuvieron dedicadas a escuchar a expositoras que con investigaciones y experiencias concretas fueron trazando un diagnóstico de las batallas feministas en el continente, así como también señalando las alertas para no desviar la potencia alcanzada hasta hoy y apuntar al horizonte común: queremos cambiarlo todo.
Algunos apuntes de lo rumiado en esa puesta en común:
Las mujeres somos un actor social que nunca fue reconocido como sujeto de transformación política y esa negación se transforma en nuestra principal virtud: la de lo inesperado. No saben cómo leernos, anticiparnos ni proyectarnos.
La respuesta de los factores de poder es la misma de siempre: la colonización. Somos salvajes, ergo nos educan. La evangelización del género nos creó así falsos ejes de lucha. Un ejemplo: la lucha por la igualdad y su aplicación limitada al tema concreto de la llamada “brecha salarial”. La investigación compartida demostró que los peores salarios son los más igualitarios (y por supuesto, los que recibe la mayor parte de la población). Eso significa que la lucha feminista no se puede reducir a igualar las condiciones de explotación del mercado laboral. La lucha es por “la otra economía”.
Otra investigación del Grupo de Trabajo de Clacso ya había demostrado, además, que el 40% de la población de América del Sur recibe planes sociales desde hace ya veinte años. Eso significa, entre otras cosas, que no se trata de una medida de emergencia, sino que este sistema productivo ya no puede ofrecer ningún empleo digno al 40% de la sociedad económicamente activa. Y al resto, en su gran mayoría, lo somete a la precarización laboral. Ergo: eso que llamamos capitalismo industrial no tuvo en América Latina un desarrollo completo, pero su decadencia es constante y sin aparente retorno.
¿Cuál es nuestra lucha entonces? “Hablemos de autonomía0, es decir avanzar en la soberanía sobre las condiciones para la reproducción de la vida”, propone Natalia Quiroga Díaz. Se trata entonces de reconocer que las mujeres están sobre representadas en la población sin ingresos: una de cada tres no tiene ningún ingreso monetario y en una sociedad crecientemente mercantilizada significa que ellas ven gravemente afectada su autonomía, a la vez que plantea que las salidas individuales no son sustentables, las economías populares y sociales están conectadas con el bienestar de su entorno inmediato, por eso la autonomía tiene una dimensión territorial.
Alertas
Es fácil advertir en Centroamérica que la mal llamada cooperación internacional está ahora dedicando sus recursos a financiar una alianza folklórica entre el feminismo y los pueblos originarios. Una vez más la memoria de las más veteranas nos ayuda a desentrañar qué representa esta intención: “Si no hablan de monocultivo, fumigaciones y el agua no es la lucha ni del feminismo ni del pueblo originario”, advertirán. La memoria de estas expertas resume así la situación actual: “Nunca tuvimos agua potable, sino de pozo. Hace unos años con cavar 10 metros ya encontrábamos agua sana y en cantidad. Ahora necesitamos pasar los 30 y recién ahí la sacamos a gotas y con veneno”.
Monocultivo, fumigaciones, agua: palabras clave para detectar operaciones que intentan correr el foco y así, la presión.
Todavía no había comenzado la primera disertación y ya habíamos aprendido esta lección: la que sabe no está arriba ni adelante, sino al lado.
Parar la olla
¿De qué nos hablan estas mujeres de comunidades remotas, originarias y organizadas? De la cocina. Esa es la trinchera. Y de lo que se trata es ni más ni menos que de “politizar la olla”. Dicen: “Cada comida es una oportunidad de defender la diversidad, de poner en acto saberes ancestrales que se están perdiendo y de boicotear al capitalismo transgénico. Cada comida es una oportunidad de sanar a nuestra comunidad, de aprender a hacer de una forma mejor las cosas y de cuidar nuestros cuerpos y a la Madre Tierra”.
Politizar la olla significa repartir las tareas en forma equitativa, porque hoy la carga, el peso y la mochila están depositadas en la espalda de las mujeres; eso significa también que además de todo lo que ya este sistema patriarcal nos impone tenemos que soportar la resistencia en el espacio público y en el espacio cotidiano, ya sea privado o social. La casa, la calle y la olla popular: todo eso está hoy en los hombros de las mujeres. Y no está bien: está mal.
¿Podemos decirlo en voz alta en los espacios donde estamos organizando la resistencia? No. Todavía falta. ¿Qué falta? “Entre otras cosas, falta que cuando hablamos de políticas de cuidado incluyamos a las tareas sociales y políticas que están soportando las mujeres en esta crisis”, se apunta. Valorizar la militancia, por ejemplo. Cotizar las horas de la olla popular, por supuesto. Ejemplos ausentes en los estudios e investigaciones de la llamada economía del cuidado, que toma siempre como paradigma y medida la Familia destruida por el modelo neoliberal: padre, madre, hija, hijo, cenando en la mesa del departamento de cuatro ambientes comprado en cuotas con el sueldo en blanco, con aguinaldo y obra social de la pareja heterosexual.
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