Las actividades permitidas durante el aislamiento obligatorio: desmontes, fumigaciones, minería y extracción de petróleo. Mientras el mundo muestra signos de recomposición natural, el extractivismo en Argentina se acentúa como supuesta salida ante la crisis económica. Los resultados: impactos en comunidades y ecosistemas que generan más enfermedades. Las provincias en alerta, y las alternativas que proponen un cambio de modelo. Por Darío Aranda.

Mejoras en el agua de Venecia y en el aire en China, animales autóctonos vuelven a verse donde hace años no aparecían, fotos espaciales de la NASA muestras un planeta menos contaminado. Pero solo falta volver a prender los motores del sistema para que todo vuelva a los días precoronavirus. El gobierno argentino declaró “actividades esenciales” el agronegocio, la megaminería y la deforestación. En la vereda de enfrente, Mendoza y Chubut siguen en alerta contra las mineras, mientras académicos y organizaciones sociales proponen un cambio sistémico.

Creando pandemias

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó en 2016 sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas (transmitidas de animales a humanos). Señaló que el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas.

Matías Mastrángelo y Guillermina Ruiz, académicos y activistas que viven en Chaco, escribieron en www.lavaca.org un artículo titulado “Cinco formas en las que transformando el ambiente creamos una pandemia”. Abordan el tráfico de fauna, la destrucción de ecosistemas naturales, la extinción de especies silvestres, el cambio climático global y la urbanización-globalización. “El tráfico de fauna a escala global aumentó los contactos entre animales silvestres y poblaciones humanas que, de otra manera, nunca hubieran ocurrido. Cada animal lleva en su organismo una diversidad de virus a los que hospeda desde hace mucho tiempo. Durante esa convivencia milenaria han desarrollado inmunidad contra esos virus. Ese equilibrio se rompe cuando un virus se transmite a otra especie con la que no convivió nunca, encontrando así un hospedador que no ha desarrollado inmunidad contra él”, explican.

Respecto a la extinción de especies silvestres, producto en gran parte de la destrucción de hábitats, señalan que se simplificaron las cadenas alimentarias y redujeron las relaciones entre especies que naturalmente controlan el tamaño de las poblaciones animales. “La ausencia de predadores naturales de especies que se han adaptado a vivir en ecosistemas transformados permite que sus poblaciones crezcan sin control, aumentando su frecuencia de contacto con personas y con ello la probabilidad de transmitirles patógenos”, afirman.

Exhiben los cinco ejes de forma detallada y concluyen: “Nuestras formas de producir y consumir son grandes responsables de las pandemias, por sus impactos sobre la salud del ambiente, de la cual depende la salud humana. Es necesario gestionar mejor la salud ambiental y humana, como una sola salud: la salud planetaria”.

Agrodesmontes y bloqueos

La organización social Somos monte de Chaco denunció que, a pesar de la cuarentena, se mantuvieron los desmontes en la provincia, en particular en la conocida estancia La Fidelidad (que abarca parte de Chaco y de Formosa). “No podemos permitir que la codicia del modelo extractivista, que beneficia siempre a unos pocos, destruya los bosques, mientras el mundo entero reflexiona sobre la importancia de los ambientes naturales y los servicios ecosistémicos que brindan, mientras la naturaleza nos da señales para que entendamos la fragilidad de los procesos que nos permiten una vida digna”, destacó la organización.

Greenpeace denunció que durante la cuarentena se deforestaron 6.500 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización recordó que en los últimos treinta años en Argentina se arrasaron ocho millones de hectáreas. “Es irresponsable y hasta suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando”, denunció Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Y recordó que más desmontes son sinónimo de más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. 

Las hectáreas arrasadas en las últimas décadas tienen directa relación con el avance del agronegocio (soja, maíz) y el corrimiento de la frontera ganadera. En 1996, cuando se aprobó la primera soja transgénica, el cultivo abarcaba seis millones de hectáreas. En la actualidad es de 20  millones.

Alberto Fernández afirmó, en campaña y luego como presidente, que el agro (representado en la Mesa de Enlace) era un socio estratégico para su gobierno. A mayor cosecha, mayor ingreso de dólares a las arcas estatales.

Por su parte, la multinacional Alto Paraná-Arauco es una de las mayores empresas de monocultivo de árboles del mundo. En Misiones acapara 230.000 hectáreas, el diez por ciento del suelo provincial. Es la referencia de un modelo que tiene como consecuencias desmontes y desalojos. A pesar de la pandemia, la empresa nunca detuvo su trabajo. El irónico argumento que utilizó es que su pasta de celulosa se emplea para papel higiénico, pañales, servilletas y cajas para embalar alimentos.

La organización misionera Productos Independientes de Piray (PIP-UTT), que produce alimentos sanos para la población y logró la expropiación de 600 hectáreas a Alto Paraná, denunció  el 15 de abril que las autoridades municipales le bloquearon el único camino de acceso a la ciudad cabecera (El Dorado). “Nos dejan totalmente desamparados”, cuestionó la organización. La medida, que afectó a más de 300 familias, imposibilita que puedan buscar insumos básicos de alimentación y limpieza, y también dificulta que puedan distribuir sus cosechas. 

Mientras los campesinos permanecían aislados, los camiones de Alto Paraná contaban con libre circulación.

Modelo que enferma

“¿De la pandemia del agronegocio quién nos cuida?”, es el título del comunicado de más de cien organizaciones sociales, ambientales y rurales que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos en Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires en plena cuarentena. “Mientras millones de argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas para preservar nuestra salud ante la pandemia global, el agronegocio continúa regando nuestros territorios con agrotóxicos que comprometen la capacidad de nuestro organismo para hacer frente al virus”, comienza el texto firmado por la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), la Red Federal de Docentes por la Vida, las ONG Naturaleza de Derechos y Acción por la Biodiversidad, el colectivo de comunicación Huerquen, la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Campaña Paren de Fumigar las Escuelas, entre otras.

El 22 de abril se conoció vía Boletín Oficial que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, determinó la reducción de aranceles para la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos.

“Si lo esencial es la salud, basta de agrotóxicos”, denunció medio centenar de organizaciones sociales en un comunicado de repudio a la medida del gobierno nacional y reclamaron la vuelta atrás del favor hecho al agronegocio. “También exigimos que se recapitule sobre la decisión administrativa 450/2020 en donde se declara a las fumigaciones con agrotóxicos como actividades esenciales exceptuadas de la cuarentena, junto a la minería y la forestal, considerando que dicha decisión constituye una medida abiertamente contraproducente y contradictoria para el cuidado de la salud de todos y todas, en el marco de la grave emergencia sanitaria en la que se encuentra todo el país”, remarca el escrito, impulsado por el Encuentro de Pueblos Fumigados de Buenos Aires.

El canciller, Felipe Solá, fue clave al inicio del modelo transgénico en Argentina. Era secretario de Agricultura en 1996, cuando en tiempo récord (81 días) se aprobó la primera soja modificada genéticamente, de la compañía Monsanto. 

Ministerio de minas

Mendoza fue noticia nacional en diciembre de 2019. Pueblada mediante, logró lo que parecía imposible: que el gobierno provincial derogase una flamante ley (que permitía la megaminería) y que restituyese la norma 7722, que limitaba la actividad. 

El gobierno mendocino, a cargo de Rodolfo Suárez (Cambiemos) y que contó con el apoyo del Frente de Todos para avanzar con la minería, tuvo su gran derrota. Las marchas multitudinarias hicieron eje en la importancia del agua. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, primero se ocultó, luego dijo que se trataba de una decisión de la provincia y, recién cuando la suerte estaba echada, habló de la importancia del agua y esbozó críticas a la megaminería.

“Ante esta crisis económica nos quieren hacer creer que la salvación es la megaminería y los proyectos extractivos. Sabemos que es una gran mentira”, afirmó María Teresa Cañas, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) y precisó que ahora el gobierno de Suárez quiere revivir un viejo proyecto, Potasio Río Colorado (de la multinacional brasileña Vale).

Cañas resaltó que Mendoza insiste con cuatro ejes como supuestos de desarrollo. Zonificación minera (para permitir la actividad en la zona de Malargüe), fracking petrolero, el proyecto minero para extraer potasio, y la mega represa Portezuelo del Viento, impulsada por Mauricio Macri y sostenida por Alberto Fernández. La hidroeléctrica, que afectará un río interprovincial (el Colorado)  es muy cuestionada por La Pampa, porque puede ser perjudicada con la baja del caudal (como ya pasó décadas atrás con el río Atuel).

Oro y polvo

Luis Claps es periodista, aunque le gusta más el término “activista”. Comenzó a explicar en qué consistía la megaminería cuando en Argentina aún casi no se hablaba del tema. Su vida en Chubut lo había alertado de los primeros intentos de las empresas en la provincia.

A mediados de abril pasado, cuando la pandemia ya había modificado la vida de decenas de países, escribió un correo electrónico con un alerta: “El petróleo cae. El oro se mantiene”. Dejó entrever que podía subir. Recomendó sitios donde observar el precio online. Efectivamente, desde su aviso, el precio del metal se mantuvo en ascenso y al cierre de esta nota se ubica cerca de su máximo en una década: 55.000 dólares el kilo.

El multimillonario Eduardo Elsztain, presidente del Grupo IRSA (dueño de los shoping más importantes de Argentina y accionista en el Banco Hipotecario), escribió una carta a es “inversionistas” (eufemismo elegante de especuladores) que transcendió semanas atrás: “Cualquier persona con ahorros grandes o pequeños debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa, el oro”. Elsztain advirtió en un escrito que se podría estar ante “la mayor suba del metal de la historia” y llamó a los bancos y a los millonarios a “prepararse para un nuevo paradigma en la economía mundial”, advirtió en su escrito. 

Casualidades: Elsztain adquirió a fines de abril el cinco por ciento de un proyecto ya rechazado en Chubut. Se trata de la mina llamada “Suyai”, de la multinacional canadiense Yamana Gold, empresa con presencia en Santa Cruz, San Juan y Catamarca (proyectos Alumbrera y Agua Rica).

El 23 de marzo de 2003 la población de Esquel votó y el 82 por ciento dijo “no a la mina”; se volvió bandera en todos los pueblos que rechazan la actividad. Fue el primer gran golpe a las empresas mineras en el país. A raíz de esa lucha, la provincia cuenta con la Ley 5001, que limita la actividad.

Los distintos gobiernos provinciales intentaron avanzar con una “zonificación”, para habilitar la minería en la meseta de Chubut (centro geográfico), zona de comunidades mapuche-tehuelche, donde pretende avanzar la multinacional Pan American Silver. Siempre chocaron con el rechazo de las asambleas de la costa, la cordillera y la meseta. También es muy cuestionada por violar los derechos de los pueblos originarios.

Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos de Esquel, no tiene dudas de que hay una serie de hechos que muestran una acción coordinada de varios actores: “Estamos muy alerta. Hay toda una estrategia armada, hechos interrelacionados. Usan la crisis económica que viene desde hace tiempo, el intento de zonificación de la provincia, el aumento del precio del oro y ahora la llegada de Elsztain con Yamana Gold”.

Chubut ya sabe de extractivismo. Es una de las principales provincias petroleras, con presencia de todas las grandes empresas locales e internacionales. Aun así, vive en crisis permanente. Una muestra del drama cotidiano es que aún no terminó de pagar los salarios estatales de marzo. Y no abonó abril.

Moreno explicó que en Chubut estaban con continuas movilizaciones de reclamo antes de la pandemia. Y afirmó que el gobierno de Arcioni decretó la cuarentena una semana antes que Nación. Desde la Asamblea de Esquel creen que no fue inocente esa medida de encerrar los reclamos en las casas. “Los vecinos estamos en cuarentena, pero la codicia de las mineras no”, señaló un audio de la Asamblea para alertar sobre la avanzada minera. Viviana Moreno completa: “Hace 17 años ya dijimos no a la minería. Sabemos que el extractivismo no resuelve las crisis económicas. Y sabemos también qué hacer. Estaremos en las calles, donde se expresa el pueblo”.

Cambio sistémico

Un grupo de académicos, activistas y algunas organizaciones sociales difundieron una propuesta para salir del actual modelo político-económico. Se trata de una propuesta de cambio sistémica, bajo el título “Hacia un gran pacto ecosocial y económico”, con un rol central del Estado.

Señala que la crisis climática y sanitaria ubicó al planeta en una “encrucijada civilizatoria” con alcances aún desconocidos. “No nos engañemos: el ‘retorno a la normalidad’ o el ‘volver a crecer como antes’ forman parte de las falsas soluciones que nos conducirán a más colapso ecosistémico, a más desigualdades, a más capitalismo. Lo peor que puede ocurrir es que el Estado y el mercado disparen nuevamente contra la naturaleza y los seres humanos, profundizando la presente crisis global y local”, alerta el escrito, firmado por la Confederación Mapuche de Neuquén, el Centro de Protección a la Naturaleza (Santa Fe), Jóvenes por el Clima y la Asamblea Popular por el Agua (Mendoza), entre otros.

El documento llama a dejar atrás la “persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas que privilegian la lógica del crecimiento económico mediante la explotación y mercantilización de los bienes naturales” y propone cinco ejes para debatir un acuerdo:

Ingreso ciudadano universal. Todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que abra la posibilidad de una vida digna. 

Reforma tributaria progresiva. Impuestos a los grandes patrimonios, las herencias, los daños y pasivos ambientales, las rentas financieras.

Suspensión del pago de la deuda externa. Afirma que ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna. Y exige una investigación pública de las condiciones en que fue contraída.

Sistema nacional público de cuidados. Destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y todos aquellos que no puedan atender sus necesidades básicas. Reclama “abandonar de una buena vez la perversa lógica mercantilista, clasista y concentradora de ganancias en los monopolios de las empresas de salud”. En paralelo, propone que el nuevo paradigma del cuidado humano debe incluir también el cuidado de la Madre Tierra, para colocar en la agenda pública la directa relación que existe entre cuidado, salud y ambiente.

Transición socioecológica radical. Reclama que Argentina comience una “transición socioecológica radical”, entendida como una salida ordenada y progresiva del modelo extractivista y en base a combustibles fósiles, cuyo horizonte sea un país con matriz energética limpia, renovable y democrática, en razón de que “el acceso a la energía es un derecho humano”. 

Entre las propuestas destaca el rol fundamental de la agroecología, forma de producción de alimentos sanos, sin transgénicos ni agrotóxicos, y con el rol imprescindible de campesinos, indígenas y pequeños productores. También plantea la necesidad de replantear la forma de vida en las grandes ciudades.

El escrito apunta a construir una “agenda nacional con una batería de acciones” orientadas hacia una transición justa, que cuente con la participación y la imaginación popular, y que logre la confluencia entre diversas luchas sociales, interculturales, feministas y ecologistas. Y recuerda: “La justicia ambiental es complemento de la justicia social y viceversa”.