Crónica desde el país que causó impacto mundial por la cantidad de muertes durante la pandemia, después de la ola de contagios y ya instalada una crisis económica. La disputa por el desembarco de dinero europeo de salvataje. Quiénes fueron los más golpeados y el rol de las empresas. Cómo reacciona el sector cultural, junto a las nuevas voces que salen a la calle para reclamar contra los virus que quedaron: precarización y ajuste. Por Giansandro Merli.

Paseando por el centro de Roma, que hace ya años ha vendido su alma al turismo, el paisaje es de bares y restaurantes cerrados, hoteles vacíos y guías turísticas sin turistas.

Barrios enteros de las ciudades se vaciaron y no volvieron –¿aún?– a llenarse. Como San Lorenzo, donde queda La Sapienza, la universidad más grande de Europa, que anunció que seguirá haciendo exámenes solo de manera online. O como las áreas donde se encuentran ministerios y oficinas que hasta marzo se poblaban de miles de empleados que iban y venían del trabajo: muchos de ellos trabajan desde las computadoras de sus casas.

Hay muchos sectores que contrajeron serios problemas económicos. Entre ellos sin dudas el de la producción artística y cultural. Cines y teatros fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Del principio de marzo a la mitad de junio no hubo un espectáculo, un concierto, una proyección. Nada. Miles de artistas, técnicas de sonido, instaladores de escenarios, trabajadoras teatrales, performers, diseñadores de vestuario, dueños de pequeños cines se quedaron de repente sin posibilidad de ingreso. Nada.

Las ayudas estatales en muchos casos excluyeron a estos trabajadores, atípicos y precarizados. También la posibilidad de volver a abrir desde el 15 de junio no se dio igual para todos los espacios, por la cantidad de reglas y protocolos a respetar. “Queremos una renta básica de continuidad estructural y un subsidio de desempleo hasta que las actividades empiecen de nuevo a funcionar a toda máquina”, declararon los trabajadores el 3 de julio, ocupando por unos minutos y a la vez los escenarios del concierto de Max Gazzé y del Teatro Argentina, en Roma.

Pero el gran evento de las organizaciones fue la asamblea de “Estados Populares”. Cientos de trabajadores del mundo de la cultura y del espectáculo tomaron el micrófono durante esta manifestación inspirada en una idea de un sindicalista italo-ivoriano, Aboubakar Soumahoro, que se encadenó fuera de los “Estados Generales” convocados por el gobierno, un encuentro para planear la estrategia económica con distintos actores del poder. Soumahoro consiguió cruzarlo y anticiparle al primer ministro: “Vamos a organizar otro encuentro, donde puedan hablar todos los que acá no tuvieron voz”.

Ahora que sí nos ven

En los “Estados Populares” se reunieron cientos de voces que explicaron los nuevos problemas surgidos con el Covid, pero también los que afectaban al sector cultural desde antes: tanto en términos de derechos sindicales como la categoría misma que tiene este tipo de trabajo cultural para el Estado, evidenciada durante la pandemia. “Queremos cambiarlo todo, queremos una producción cultural que no mire al mercado, sino a las transformaciones sociales”, dijo un joven desde el mismo escenario.

En la plaza del pueblo se encontraron así luchas viejas y calientes, nacidas dentro de la emergencia del Covid, con otras que llevan más tiempo y otros ritmos. Obreros que se oponen a la relocalización de sus empresas hablaron junto con profesoras que piden acabar con la teledidáctica y volver a las aulas; activistas por los derechos civiles con movimientos feministas y ecologistas. La manifestación quiso juntar a “los invisibles”, los excluidos de las políticas del gobierno y los que están sufriendo más la crisis económica que la crisis sanitaria.

La movilización fue convocada y animada por los más invisibles de todos: los migrantes que trabajan en los campos, sobre todo en el sur de Italia, como peones. Gente con mucha dignidad y pocos derechos, que llegó a Europa cruzando el desierto y el mar y acabó en la trampa de la falta de papeles y dinero, que lleva directamente a los campos y guetos de Foggia, Nardò, Rosarno, Castel-Volturno. Los mismos inmigranes a los que ahora se los señala como posibles contagiadores.

“¿Nos ven? ¿Nos escuchan? Acá estamos”, dijo desde el estrado Ousmane Mbou, joven senegalés que cada mañana se levanta a las 4 en el gueto de Borgo Mezzazone y trabaja duro en los campos de Foggia por pocos euros. “Llevo dos años en Italia recogiendo fruta y verdura. El dueño del campo no me quiso regularizar: no quiere gastar los 500 euros”.

Es que en el medio de la pandemia el gobierno se dio cuenta de que, debido a la posibilidad de circular solo por razones de trabajo y frente a la imposibilidad de ingreso de trabajadores de temporada, era necesario dar papeles a los irregulares presentes en el territorio nacional. El riesgo era que los dueños se quedaran sin trabajadores, y que se detuviera de hecho esa producción. Se estima que alrededor de 600 mil inmigrantes viven en Italia sin permiso de estadía. Pero por la manera en la que fue escrita la ley, bajo las presiones de la derecha racista, fueron muchos menos quienes tuvieron posibilidad de regularizarse: el gobierno esperaba 220 mil solicitudes y en el primer mes llegaron solo 80 mil. “El gobierno que venga a ver este pueblo que tiene hambre, que pide papeles para trabajar”, dijo entre los aplausos Yacouba Saganogo, militante de la Coalición Internacional de migrantes y sin papeles.

Así, como estas, están pasando muchas cosas en las calles en las últimas semanas. Muchas manifestaciones pequeñas y sin proyectos comunes. Muchos cuerpos que se asoman por primera vez a la calle desorientando a los militantes más acostumbrados a dar forma a las luchas. 

Los “Estados Populares” fueron un buen lugar para escucharlas hablar y buscar relaciones entre ellas.

La crisis sanitaria no está resuelta, pero parece verse una luz. 

Nadie aún puede saber si es el fin del túnel o solo una ventanilla abierta. 

Mientras los expertos discuten sobre si habrá una segunda ola o si el virus ya perdió fuerza, mientras el personal sanitario sigue en los hospitales y los investigadores buscan una vacuna, en las calles se empiezan a sentir nuevas voces que piden más derechos.

A dónde irá la ayuda

Aunque no fue una guerra, la nueva temporada se parece a la de una reconstrucción histórica. Aún no hay números formales pero se estima una caída del PBI italiano entre el 8 y el 14% en 2020, y un saldo de 500 mil puestos de trabajos perdidos.

Por otro lado, se abrieron políticas expansivas europeas como hace tiempo no se veían. “Ayudar a los Estados más golpeados es interés de los demás”, hizo entender la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Así la Unión Europea destinó dinero para esparcir más de mil billones de eu-ros, entre deudas y ayudas directas. Se dice que a Italia podrían llegar entre alrededor 172 y 206 billones (en 2019 el PBI fue de 1.787,7 millones de euros). Y se abre una disputa por el destino de esta montaña de dinero.

Muchas empresas, aunque no todas, tuvieron que aceptar frenar la producción, ante el riesgo de que sean los contagios exponenciales de trabajadores los que paren las fábricas y que haya responsabilidades empresariales. Pero en esta nueva etapa reina la sensación de que el plan de los empresario es tener que recuperar el tiempo – y el dinero – perdido. Las vidas vuelven a ser más sacrificables porque hay menos riesgos de contagio efectivo. 

Entre estos mundos, y la ayuda que viene, se disputará no ya el relato de qué pasó durante la pandemia, sino cómo y con quiénes se re-construye el futuro de Italia.