CABA
La realidad sicaria: la historia de Vanesa Castillo, en Santa Fe
Fue asesinada en la puerta de la escuela, tras haber acompañado a una alumna a denunciar abuso sexual infantil. Nadie indagó la relación entre ambos hechos, pero el culpable confesó que fue un crimen por encargo (dijo que lo mandaron a “sicarear”). Pero, por ser insolvente, lo increíble: la familia de la víctima debía pagar el juicio, casi $500.000. Hasta llegaron a hacer una colecta. La responsabilidad del Estado, el sicariato de lo “legal” y lo que se impulsa desde abajo: la Ley Vanesa. Por Anabella Arrascaeta.

Alto Verde es un barrio de la ciudad de Santa Fe al que se accede por un puente. Un islote de alrededor de una docena de manzanas rodeadas de ríos. Según el censo de 2010, 7.257 habitantes.
Vanesa trabajaba como docente en la escuela pública N° 533 “Victoriano Montes”, ubicada en la manzana 7 del barrio. Fue allí donde acompañó a una alumna, menor de edad y embarazada, en una denuncia por abuso sexual infantil. Corría diciembre de 2017.
Dos meses después comenzó el ciclo lectivo. El segundo día, 16 de febrero de 2018, cuando partía de la escuela, todavía sin alumnxs, para volver en su moto a Santa Rosa de los Calchines, donde vivía, fue interceptada por Juan Ramón Cacho Cano, quien se acercó y dijo que quería venderle un par de ojotas. Vanesa dijo que no. Él insistió, y le pidió que lo llevara a una cancha de fútbol que estaba cerca. Ella volvió a decir que no. Cano se subió a la moto, con la mano izquierda la agarró del cuello, y con la derecha la apuñaló 13 veces en distintas partes del cuerpo. Vanesa intentó conducir mientras pedía auxilio. Chocó contra un montículo de tierra y cayó al piso.
Murió cuando era trasladada de urgencia al Hospital Cullen.
Cano escapó sin llevarse ninguna pertenencia de Vanesa, se atrincheró en su casa y fue detenido horas después.

Sin protección
Vanesa Castillo tenía 32 años y una hija que al momento del femicidio tenía 11. Había estudiado abogacía pero, sin trabajo, no pudo sostener la carrera. El femicidio interrumpió sus estudios: cursaba la carrera de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Nº 8 “Almirante Brown”, en Santa Fe.
Desde 2012 trabajaba en la escuela de Alto Verde, donde empezó haciendo reemplazos, y terminó siendo parte. Tanto que, a finales de 2017 una alumna de séptimo grado de la escuela le reveló que estaba embarazada. Vanesa averiguó el protocolo para denunciar abuso sexual infantil. “Eso fue en noviembre de 2017. El 1° de diciembre la llamaron a declarar desde el Ministerio Público de la Acusación”, relata Silvia Castillo, hermana mayor de Vanesa. “Fue a declarar a la Comisaría de la Mujer, para corroborar todo lo que ella había escrito en el acta que presentó la escuela para el inicio del protocolo. Esa declaración fue incorporada a la causa del abuso de la nena, sin ningún tipo de protección de identidad. La verdad es que la entregaron. No tienen obligación de reservar la identidad si no lo solicita el testigo, pero Vanesa esa chance no la tuvo, no se lo dijeron. Le hicieron firmar un acta; ellos dicen que cumplieron con la ley de protección de víctimas, un acta que dice que tiene derecho a protección ella y la familia, pero es un acta: no te explican nada”.
Silvia reconstruyó todo lo que pasó antes y después de la declaración. Hasta ese momento no se habían enterado de que Vanesa había iniciado el Protocolo de Atención Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Menores Víctimas de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos, como dispone el Decreto 2288. “Reconstruimos que Vanesa hizo su parte, que es hacer el acta y entregarla a la dirección”, dice Silvia. También reconstruyeron mediante audios que Vanesa envió a otras docentes, que se sintió desamparada por la dirección de la escuela, no se había sentido acompañada. Cuando ella volvió al establecimiento, en febrero de 2018, después de las vacaciones de verano y de haber declarado en la causa de abuso, se enteró de que el abusador de la nena estaba detenido a la espera del juicio.
Poco después terminó condenado a 13 años de prisión.
Se supo así que su intervención había ayudado a desarmar toda una maraña de violencias.
No sería gratis para ella.
Muerte anunciada
El 14 de febrero de 2018 Vanesa volvió a la escuela para preparar el inicio del ciclo lectivo. Un día después, fue asesinada. Recién en ese momento su familia se enteró deque había estado acompañando la denuncia de abuso sexual.
La noticia corrió rápido: una maestra asesinada. La comunidad docente de la ciudad se convocó por cadenas de Whatsapp y al día siguiente se juntaron en la Fuente de la Cordialidad, ubicada en el acceso a Santa Fe. Marcharon cruzando el puente que da entrada a la ciudad. Para ese momento Juan Ramón Cano, que tenía 31 años, ya estaba detenido.
Cano contaba con antecedentes penales previos. Silvia, hermana de Vanesa, y su mamá se presentaron como querellantes en la causa, reclamaban que la investigación estableciera el vínculo entre el femicidio y el acompañamiento en la denuncia de abuso. El trabajo lo iniciaron dos fiscales: Andrés Enrique Marchi, jefe de la Unidad Especial Homicidios, y Mariela Jiménez, de Violencia de Género, Familiar y Sexual. Cuenta Silvia: “Una docente dijo haber recibido una advertencia de unos amigos del barrio el día 14, y que por eso no fue a la escuela. Con la fiscal de género habíamos llegado un punto: tenemos este teléfono de la docente, podemos determinar quién le advirtió; pero en ese mismo momento la sacaron de la causa. Estuvimos 8 meses sin fiscal de género, teníamos el fiscal de homicidio que se ocupaba de la parte de pericias científicas, con quien yo no tenía buena relación ni buen diálogo”.
La familia de Vanesa pidió entonces que la causa vuelva a tener fiscal de género y cambiase del fiscal de homicidios. Convocaron a una marcha a la fiscalía para reclamarlo. Ese día Silvia no pudo marchar: estaba en el médico, con una parálisis en el rostro producto del estrés.
Finalmente la causa tuvo nuevas fiscalas: Cristina Ferraro, de homicidio, y Bárbara Ilera, de género. La familia de Vanesa volvió a insistir en que la investigación vinculase la denuncia de abuso infantil y el femicidio, pero cuando a finales del 2020 la fiscalía cierra la investigación y eleva a juicio, había descartado esa hipótesis.
Las fiscales pidieron prisión perpetua por la autoría de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, y por mediar violencia de género, amenazas calificadas, agresión con arma y atentado a la autoridad por agredir a uno de los policìas que lo detuvo.
Sicarear
El 5 de marzo de 2020 fue la audiencia preliminar del juicio. La familia de Vanesa estaba representada por los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. Hasta ese momento Juan Ramón Cano prácticamente no había hablado; solo le pidió perdón a un policía que agredió cuando lo estaba deteniendo. Pero cuando la abogada Walker estaba haciendo su planteo al juez Nicolás Falkenberg, Cano interrumpió a los gritos. Dijo que lo habían mandado a “sicariar” a Vanesa, que le “pagaron $50.000 pesos para que la mate” y que no se iba a comer el “garrón” de perpetua solo. El juez le dijo que espere para hablar, pero cuando llegó su momento los abogados defensores Gustavo Durando y Javier Casco le recomendaron que no declarara. Y Cano ya no habló más.
“No le tomaron declaración, pero quedó la grabación”, dice Silvia que agradece que en ese momento había prensa en la sala. “Cuando la acusación desestima el vínculo de crimen por encargo, trata a la familia de irresponsable por sostener la hipótesis, por asustar a la comunidad docente. Pero después Cano lo gritó, y fue un alivio por la necesidad de conocer la verdad, y de estar seguras de que no nos equivocamos en la justicia que estamos pidiendo”.
La querella pidió la ampliación de la acusación a homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria. “Querían un testigo, el tipo habló, pensé que no se podían oponer, pero la fiscalía se opuso. El argumento era que no lo podían relacionar con la acusación. Claro, habían hecho una acusación descartando esa hipótesis y fundada en la condición psicológica de Cano, que era un sujeto con una tolerancia muy baja a la frustración y como Vanesa no le quiso comprar unas ojotas que estaba vendiendo, la mató”.
Finalmente el 21 de septiembre de 2020 Juan Ramón Cano fue condenado a perpetua por unanimidad por los jueces Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano. La defensa apeló y tres meses después un tribunal de segunda instancia de Santa Fe confirmó la condena.
La sensación de la familia fue que no se llegó a la verdad. “Lo condenaron por femicidio, la condena máxima que se le podía dar, medió violencia de género, y este sujeto tiene un historial de violencia de género y abusos, un montón de causas. Sí, está bien condenado, pero hay una cuestión a investigar: lo que él afirma, que a él lo mandaron a sicariar”.
Sicariar: Silvia todavía se conmueve cada vez que dice o escucha ese término.
Cuando la sentencia quedó firme, la abogada y el abogado de la familia decidieron dejar la causa. Silvia tenía la seguridad de que aún faltaba investigar lo que Cano gritó, entonces se replanteó cómo seguir. “Después de un tiempo de pensar qué hacer, porque es una responsabilidad en lo económico, decidí no poner otro abogado, y dejar que la fiscalía investigue”.
Llamó al fiscal regional Carlos Arietti y le pidió una reunión para hablar de la declaración de Cano. Fue con el video de la audiencia preliminar donde se lo ve y escucha gritar, lo miraron juntos. “Le dije: yo quiero que esto se investigue, no está dentro de mis posibilidades dejar esto así. Pedí un cambio de fiscal, y me dijeron que sí. Se designó un nuevo fiscal de homicidios, Martín Torres, y hay una investigación abierta para investigar lo que Cano gritó”.

La ley propia
Vanesa tenía 4 hermanas. Silvia es la mayor de las cinco, y es quien cuida a Sara, la hija de Vanesa.
A Sara le correspondía recibir, desde el femicidio de su mamá, lo establecido por la Ley Brisa: una reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios, hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación es equivalente al monto de una jubilación mínima, es mensual y además contempla la atención integral de la salud. No sucedió: comenzó a recibirla recién en 2021. «El espíritu de esta Ley, que es proteger o darle una ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios, no se cumple porque en realidad cuando pasa, estás totalmente desorganizado y en esa situación, necesitás la ayuda, no después”.
A la par que se desarrollaba el juicio, Silvia empezó a pensar en una ley que le garantizara protección a las docentes que detecten y denuncien situaciones de abuso en las infancias. Convocó a organizaciones sindicales, sociales. Llamó uno por uno a cada legislador y legisladora de Santa Fe para pedirles que se interesen, y lo logró. En 2019 la Legislatura creó, mediante la Resolución 1274 que tuvo apoyo transversal, una comisión especial que tenía como objetivo el estudio, elaboración y redacción de la Ley Vanesa, para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos y abuso sexual infantil, y la protección de las y los agentes estatales denunciantes.
Durante meses la comisión –integrada por las diputadas Agustina Donnet, Lucila De Ponti y Erica Hynes– trabajó en el texto de la ley con aportes de la familia y organizaciones. El 16 de febrero de este año el proyecto se presentó formalmente con tres objetivos concretos:
Evitar la revictimización y reducir tanto como sea posible, el estrés que atraviesan las niñas, niños y adolescentes a lo largo del proceso, desde que realizan la primera exteriorización hasta la finalización del juicio.
Garantizar la protección y acompañamiento de las víctimas y las personas adultas que tengan algún tipo de participación en el proceso.
Lograr la articulación y coordinación entre organismos para optimizar las prácticas de abordaje que recibe una niña, niño o adolescente víctima y las personas adultas involucradas.
Silvia cuenta sobre el proceso que incluyó cuatro audiencias públicas muy convocantes: “Fue un trabajo colectivo, entre la comisión de las diputadas, las comisiones gremiales, las organizaciones civiles y todas las instituciones del Estado: Ministerio de Educación, Justicia, Salud, Seguridad, Público de Acusación. Fue un proceso bastante largo, había muchas cosas con las que combinar. El trabajo colectivo es una cadena de contactos, de apoyo, de difundir, de militar ideas y propósitos. Ahora tenemos que seguir impulsando y sosteniendo para que llegue a Labor Parlamentaria, se trabaje y se apruebe. El espíritu de esta Ley, que es proteger o darle una ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios, no se cumple porque en realidad cuando pasa, estás totalmente desorganizado y en esa situación, necesitás la ayuda, no después”.
El colmo de la injusticia
Mientras se espera que se designen las comisiones y que las sesiones arranquen para que el Estado pueda saldar lo pendiente, Silvia retoma la idea: “No logro comprender qué es lo que le pesa tanto al Estado que no resuelve esta situación: proteger a los adultos que acompañan, y proteger a la niñez garantizando sus derechos. Les quiero recordar a los funcionarios que el principio de la política es el bien común, no construir poder y permanecer en el poder. Eso es lo que nos está afectando como sociedad: los políticos abocados a la construcción de poder”.
El mismo febrero que se presentó el proyecto de ley, el femicidio de Vanesa Castillo volvió al debate mediático y político porque Juan Ramón Cano fue declarado insolvente. Y entonces, automáticamente, la familia de Vanesa pasó a tener una deuda con sus abogados: Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. El monto de la deuda: $457.000, número que quedó cuando se descontó lo que Amsafe, Asociación del Magisterio de Santa Fe, había pagado a los abogados en el inicio de la causa como ayuda a la familia. El mismo sindicato había ayudado a la familia con los costos del juicio que Silvia encaró para tener la guarda de su sobrina.
A Silvia y su familia pagar casi medio millón a abogados les resultaba, obviamente, imposible; entonces lanzaron una colecta ante la posibilidad de que les remataran la casa. La noticia volvió a correr rápido y llegó hasta la ministra de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, que llamó a Silvia para una reunión. Después de ese encuentro se difundió que el gobierno se iba a hacer cargo de pagar las costas del juicio. El supuesto anuncio generó rechazos insólitos: los Centros de Asistencia Judicial calificaron la medida de “desacertada, irresponsable y carente de seriedad, porque se trata de una relación establecida entre particulares”. El Colegio de Abogados de Santa Fe también sacó un comunicado en contra: “Genera un precedente a tener en cuenta para futuras situaciones similares de manifiesta injusticia, independientemente de la causa o de la materia de que se trate”.
Más acá de los indignados, la realidad era otra. Cuenta Silvia: “En el Ministerio nos dijeron que ellos tienen unos programas de subsidio de ayuda económica a las familias de la víctima, programa a los que yo no había accedido en la gestión anterior. Ellos me dan ese subsidio y con eso voy pagando, en cuotas, a los abogados. Cada uno usa el subsidio para lo que necesita: yo lo uso para pagar a los abogados para tener justicia”.
¿Por qué el Estado es responsable?
-Yo sé que la responsabilidad del crimen de Vanesa es del Estado porque Cano era un sujeto que no tenía que estar libre: tenía antecedentes y estaba dispuesto a cometer un delito mayor a los que venía cometiendo. Es responsabilidad del Estado porque Vanesa era una docente que inicia un protocolo que no se lleva adelante como debía hacerse. Porque hay una ley que la obliga a intervenir pero no le da seguridad al hacerlo. Claramente el Estado es responsable del crimen de Vanesa, y también debería ser responsable de las costas de este juicio. Eso en un mundo ideal, pero en la realidad los abogados vienen a reclamarme a mí porque la ley dice que pueden hacerlo. No era la defensa la que estaba demandando: era mi abogada querellante. Y ahora, así, al menos estamos con la seguridad de que no nos van a embargar la casa.
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Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
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