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La realidad sicaria: la historia de Vanesa Castillo, en Santa Fe

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Fue asesinada en la puerta de la escuela, tras haber acompañado a una alumna a denunciar abuso sexual infantil. Nadie indagó la relación entre ambos hechos, pero el culpable confesó que fue un crimen por encargo (dijo que lo mandaron a “sicarear”). Pero, por ser insolvente, lo increíble: la familia de la víctima debía pagar el juicio, casi $500.000. Hasta llegaron a hacer una colecta. La responsabilidad del Estado, el sicariato de lo “legal” y lo que se impulsa desde abajo: la Ley Vanesa. Por Anabella Arrascaeta.

La realidad sicaria: la historia de Vanesa Castillo, en Santa Fe

Alto Verde es un barrio de la ciudad de Santa Fe al que se accede por un puente. Un islote de alrededor de una docena de manzanas rodeadas de ríos. Según el censo de 2010, 7.257 habitantes. 

Vanesa trabajaba como docente en la escuela pública N° 533 “Victoriano Montes”, ubicada en la manzana 7 del barrio. Fue allí donde acompañó a una alumna, menor de edad y embarazada, en una denuncia por abuso sexual infantil. Corría diciembre de 2017.  

Dos meses después comenzó el ciclo lectivo. El segundo día, 16 de febrero de 2018, cuando partía de la escuela, todavía sin alumnxs, para volver en su moto a Santa Rosa de los Calchines, donde vivía, fue interceptada por Juan Ramón Cacho Cano, quien se acercó y dijo que quería venderle un par de ojotas. Vanesa dijo que no. Él insistió, y le pidió que lo llevara a una cancha de fútbol que estaba cerca. Ella volvió a decir que no. Cano se subió a la moto, con la mano izquierda la agarró del cuello, y con la derecha la apuñaló 13 veces en distintas partes del cuerpo. Vanesa intentó conducir mientras pedía auxilio. Chocó contra un montículo de tierra y cayó al piso. 

Murió cuando era trasladada de urgencia al Hospital Cullen. 

Cano escapó sin llevarse ninguna pertenencia de Vanesa, se atrincheró en su casa y fue detenido horas después. 

La realidad sicaria: la historia de Vanesa Castillo, en Santa Fe

Sin protección

Vanesa Castillo tenía 32 años y una hija que al momento del femicidio tenía 11. Había estudiado abogacía pero, sin trabajo, no pudo sostener la carrera. El femicidio interrumpió sus estudios: cursaba la carrera de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Nº 8 “Almirante Brown”, en Santa Fe. 

Desde 2012 trabajaba en la escuela de Alto Verde, donde empezó haciendo reemplazos, y terminó siendo parte. Tanto que, a finales de 2017 una alumna de séptimo grado de la escuela le reveló que estaba embarazada. Vanesa averiguó el protocolo para denunciar abuso sexual infantil. “Eso fue en noviembre de 2017. El 1° de diciembre la llamaron a declarar desde el Ministerio Público de la Acusación”, relata Silvia Castillo, hermana mayor de Vanesa. “Fue a declarar a la Comisaría de la Mujer, para corroborar todo lo que ella había escrito en el acta que presentó la escuela para el inicio del protocolo. Esa declaración fue incorporada a la causa del abuso de la nena, sin ningún tipo de protección de identidad. La verdad es que la entregaron. No tienen obligación de reservar la identidad si no lo solicita el testigo, pero Vanesa esa chance no la tuvo, no se lo dijeron. Le hicieron firmar un acta; ellos dicen que cumplieron con la ley de protección de víctimas, un acta que dice que tiene derecho a protección ella y la familia, pero es un acta: no te explican nada”. 

Silvia reconstruyó todo lo que pasó antes y después de la declaración. Hasta ese momento no se habían enterado de que Vanesa había iniciado el Protocolo de Atención Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Menores Víctimas de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos, como dispone el Decreto 2288. “Reconstruimos que Vanesa hizo su parte, que es hacer el acta y entregarla a la dirección”, dice Silvia. También reconstruyeron mediante audios que Vanesa envió a otras docentes, que se sintió desamparada por la dirección de la escuela, no se había sentido acompañada. Cuando ella volvió al establecimiento, en febrero de 2018, después de las vacaciones de verano y de haber declarado en la causa de abuso, se enteró de que el abusador de la nena estaba detenido a la espera del juicio. 

Poco después terminó condenado a 13 años de prisión. 

Se supo así que su intervención había ayudado a desarmar toda una maraña de violencias. 

No sería gratis para ella.

Muerte anunciada

El 14 de febrero de 2018 Vanesa volvió a la escuela para preparar el inicio del ciclo lectivo. Un día después, fue asesinada. Recién en ese momento su familia se enteró deque había estado acompañando la denuncia de abuso sexual. 

La noticia corrió rápido: una maestra asesinada. La comunidad docente de la ciudad se convocó por cadenas de Whatsapp y al día siguiente se juntaron en la Fuente de la Cordialidad, ubicada en el acceso a Santa Fe. Marcharon cruzando el puente que da entrada a la ciudad. Para ese momento Juan Ramón Cano, que tenía 31 años, ya estaba detenido. 

Cano contaba con antecedentes penales previos. Silvia, hermana de Vanesa, y su mamá se presentaron como querellantes en la causa, reclamaban que la investigación estableciera el vínculo entre el femicidio y el acompañamiento en la denuncia de abuso. El trabajo lo iniciaron dos fiscales: Andrés Enrique Marchi, jefe de la Unidad Especial Homicidios, y Mariela Jiménez, de Violencia de Género, Familiar y Sexual. Cuenta Silvia: “Una docente dijo haber recibido una advertencia de unos amigos del barrio el día 14, y que por eso no fue a la escuela. Con la fiscal de género habíamos llegado un punto: tenemos este teléfono de la docente, podemos determinar quién le advirtió; pero en ese mismo momento la sacaron de la causa. Estuvimos 8 meses sin fiscal de género, teníamos el fiscal de homicidio que se ocupaba de la parte de pericias científicas, con quien yo no tenía buena relación ni buen diálogo”.

La familia de Vanesa pidió entonces que la causa vuelva a tener fiscal de género y cambiase del fiscal de homicidios. Convocaron a una marcha a la fiscalía para reclamarlo. Ese día Silvia no pudo marchar: estaba en el médico, con una parálisis en el rostro producto del estrés. 

Finalmente la causa tuvo nuevas fiscalas: Cristina Ferraro, de homicidio, y Bárbara Ilera, de género. La familia de Vanesa volvió a insistir en que la investigación vinculase la denuncia de abuso infantil y el femicidio, pero cuando a finales del 2020 la fiscalía cierra la investigación y eleva a juicio, había descartado esa hipótesis. 

Las fiscales pidieron prisión perpetua por la autoría de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, y por mediar violencia de género, amenazas calificadas, agresión con arma y atentado a la autoridad por agredir a uno de los policìas que lo detuvo.  

Sicarear

El 5 de marzo de 2020 fue la audiencia preliminar del juicio. La familia de Vanesa estaba representada por los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. Hasta ese momento Juan Ramón Cano prácticamente no había hablado; solo le pidió perdón a un policía que agredió cuando lo estaba deteniendo. Pero cuando la abogada Walker estaba haciendo su planteo al juez Nicolás Falkenberg, Cano interrumpió a los gritos. Dijo que lo habían mandado a “sicariar” a Vanesa, que le “pagaron $50.000 pesos para que la mate” y que no se iba a comer el “garrón” de perpetua solo. El juez le dijo que espere para hablar, pero cuando llegó su momento los abogados defensores Gustavo Durando y Javier Casco le recomendaron que no declarara. Y Cano ya no habló más. 

“No le tomaron declaración, pero quedó la grabación”, dice Silvia que agradece que en ese momento había prensa en la sala. “Cuando la acusación desestima el vínculo de crimen por encargo, trata a la familia de irresponsable por sostener la hipótesis, por asustar a la comunidad docente. Pero después Cano lo gritó, y fue un alivio por la necesidad de conocer la verdad, y de estar seguras de que no nos equivocamos en la justicia que estamos pidiendo”. 

La querella pidió la ampliación de la acusación a homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria. “Querían un testigo, el tipo habló, pensé que no se podían oponer, pero la fiscalía se opuso. El argumento era que no lo podían relacionar con la acusación. Claro, habían hecho una acusación descartando esa hipótesis y fundada en la condición psicológica de Cano, que era un sujeto con una tolerancia muy baja a la frustración y como Vanesa no le quiso comprar unas ojotas que estaba vendiendo, la mató”. 

Finalmente el 21 de septiembre de 2020 Juan Ramón Cano fue condenado a perpetua por unanimidad por los jueces Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano. La defensa apeló y tres meses después un tribunal de segunda instancia de Santa Fe confirmó la condena.  

La sensación de la familia fue que no se llegó a la verdad. “Lo condenaron por femicidio, la condena máxima que se le podía dar, medió violencia de género, y este sujeto tiene un historial de violencia de género y abusos, un montón de causas. Sí, está bien condenado, pero hay una cuestión a investigar: lo que él afirma, que a él lo mandaron a sicariar”.

Sicariar: Silvia todavía se conmueve cada vez que dice o escucha ese término.    

Cuando la sentencia quedó firme, la abogada y el abogado de la familia decidieron dejar la causa. Silvia tenía la seguridad de que aún faltaba investigar lo que Cano gritó, entonces se replanteó cómo seguir. “Después de un tiempo de pensar qué hacer, porque es una responsabilidad en lo económico, decidí no poner otro abogado, y dejar que la fiscalía investigue”. 

Llamó al fiscal regional Carlos Arietti y le pidió una reunión para hablar de la declaración de Cano. Fue con el video de la audiencia preliminar donde se lo ve y escucha gritar, lo miraron juntos. “Le dije: yo quiero que esto se investigue, no está dentro de mis posibilidades dejar esto así. Pedí un cambio de fiscal, y me dijeron que sí. Se designó un nuevo fiscal de homicidios, Martín Torres, y hay una investigación abierta para investigar lo que Cano gritó”.

La realidad sicaria: la historia de Vanesa Castillo, en Santa Fe

La ley propia 

Vanesa tenía 4 hermanas. Silvia es la mayor de las cinco, y es quien cuida a Sara, la hija de Vanesa.

A Sara le correspondía recibir, desde el femicidio de su mamá, lo establecido por la Ley Brisa: una reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios, hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación es equivalente al monto de una jubilación mínima, es mensual y además contempla la atención integral de la salud. No sucedió: comenzó a recibirla recién en 2021. «El espíritu de esta Ley, que es proteger o darle una ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios, no se cumple porque en realidad cuando pasa, estás totalmente desorganizado y en esa situación, necesitás la ayuda, no después”.

A la par que se desarrollaba el juicio, Silvia empezó a pensar en una ley que le garantizara protección a las docentes que detecten y denuncien situaciones de abuso en las infancias. Convocó a organizaciones sindicales, sociales. Llamó uno por uno a cada legislador y legisladora de Santa Fe para pedirles que se interesen, y lo logró. En 2019 la Legislatura creó, mediante la Resolución 1274 que tuvo apoyo transversal, una comisión especial que tenía como objetivo el estudio, elaboración y redacción de la Ley Vanesa, para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos y abuso sexual infantil, y la protección de las y los agentes estatales denunciantes.  

Durante meses la comisión –integrada por las diputadas Agustina Donnet, Lucila De Ponti y Erica Hynes– trabajó en el texto de la ley con aportes de la familia y organizaciones. El 16 de febrero de este año el proyecto se presentó formalmente con tres objetivos concretos: 

Evitar la revictimización y reducir tanto como sea posible, el estrés que atraviesan las niñas, niños y adolescentes a lo largo del proceso, desde que realizan la primera exteriorización hasta la finalización del juicio.

Garantizar la protección y acompañamiento de las víctimas y las personas adultas que tengan algún tipo de participación en el proceso. 

Lograr la articulación y coordinación entre organismos para optimizar las prácticas de abordaje que recibe una niña, niño o adolescente víctima y las personas adultas involucradas. 

Silvia cuenta sobre el proceso que incluyó cuatro audiencias públicas muy convocantes: “Fue un trabajo colectivo, entre la comisión de las diputadas, las comisiones gremiales, las organizaciones civiles y todas las instituciones del Estado: Ministerio de Educación, Justicia, Salud, Seguridad, Público de Acusación. Fue un proceso bastante largo, había muchas cosas con las que combinar. El trabajo colectivo es una cadena de contactos, de apoyo, de difundir, de militar ideas y propósitos. Ahora tenemos que seguir impulsando y sosteniendo para que llegue a Labor Parlamentaria, se trabaje y se apruebe. El espíritu de esta Ley, que es proteger o darle una ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios, no se cumple porque en realidad cuando pasa, estás totalmente desorganizado y en esa situación, necesitás la ayuda, no después”.

El colmo de la injusticia

Mientras se espera que se designen las comisiones y que las sesiones arranquen para que el Estado pueda saldar lo pendiente, Silvia retoma la idea: “No logro comprender qué es lo que le pesa tanto al Estado que no resuelve esta situación: proteger a los adultos que acompañan, y proteger a la niñez garantizando sus derechos. Les quiero recordar a los funcionarios que el principio de la política es el bien común, no construir poder y permanecer en el poder. Eso es lo que nos está afectando como sociedad: los políticos abocados a la construcción de poder”.  

El mismo febrero que se presentó el proyecto de ley, el femicidio de Vanesa Castillo volvió al debate mediático y político porque Juan Ramón Cano fue declarado insolvente. Y entonces, automáticamente, la familia de Vanesa pasó a tener una deuda con sus abogados: Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. El monto de la deuda: $457.000, número que quedó cuando se descontó lo que Amsafe, Asociación del Magisterio de Santa Fe, había pagado a los abogados en el inicio de la causa como ayuda a la familia. El mismo sindicato había ayudado a la familia con los costos del juicio que Silvia encaró para tener la guarda de su sobrina. 

A Silvia y su familia pagar casi medio millón a abogados les resultaba, obviamente, imposible; entonces lanzaron una colecta ante la posibilidad de que les remataran la casa. La noticia volvió a correr rápido y llegó hasta la ministra de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, que llamó a Silvia para una reunión. Después de ese encuentro se difundió que el gobierno se iba a hacer cargo de pagar las costas del juicio. El supuesto anuncio generó rechazos insólitos: los Centros de Asistencia Judicial calificaron la medida de “desacertada, irresponsable y carente de seriedad, porque se trata de una relación establecida entre particulares”. El Colegio de Abogados de Santa Fe también sacó un comunicado en contra: “Genera un precedente a tener en cuenta para futuras situaciones similares de manifiesta injusticia, independientemente de la causa o de la materia de que se trate”. 

Más acá de los indignados, la realidad era otra. Cuenta Silvia: “En el Ministerio nos dijeron que ellos tienen unos programas de subsidio de ayuda económica a las familias de la víctima, programa a los que yo no había accedido en la gestión anterior. Ellos me dan ese subsidio y con eso voy pagando, en cuotas, a los abogados. Cada uno usa el subsidio para lo que necesita: yo lo uso para pagar a los abogados para tener justicia”.

¿Por qué el Estado es responsable? 

-Yo sé que la responsabilidad del crimen de Vanesa es del Estado porque Cano era un sujeto que no tenía que estar libre: tenía antecedentes y estaba dispuesto a cometer un delito mayor a los que venía cometiendo. Es responsabilidad del Estado porque Vanesa era una docente que inicia un protocolo que no se lleva adelante como debía hacerse. Porque hay una ley que la obliga a intervenir pero no le da seguridad al hacerlo. Claramente el Estado es responsable del crimen de Vanesa, y también debería ser responsable de las costas de este juicio. Eso en un mundo ideal, pero en la realidad los abogados vienen a reclamarme a mí porque la ley dice que pueden hacerlo. No era la defensa la que estaba demandando: era mi abogada querellante. Y ahora, así, al menos estamos con la seguridad de que no nos van a embargar la casa.

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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

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A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.

Por María del Carmen Varela

El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.

La propuesta reza:

El Teatro está Abierto: ENTRÁ.

La historia no se repite igual, pero rima.

El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.

La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.

Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».

El texto poético que acompaña el mitín:

Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada

Ayer fue incendio, hoy es apagón

Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito

Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva

Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital

En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.

Entrá porque es urgente

Entrá porque es ahora.

El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.

Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)

[email protected]

Instagram: @festivalentra

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Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

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Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.

Por Francisco Pandolfi

Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra). 

La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.

La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.

Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra. 

Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran: 

• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.

• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.

• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.

• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.

• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.

• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.

Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:

• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.

• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.

• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.

La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.

¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?

Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.

¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?

Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.

¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?

Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.

La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.

Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.

Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.

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Actualidad

Marcha de jubilados: balas y bolitas

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Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales. 

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.

Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.

Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.  

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.

Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.

Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla. 

  • “Vacas gordas, jubilados flacos”.
Marcha de jubilados: balas y bolitas

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.

Números y un café

Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca  mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.

Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.

De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.

Abus en la calle 

Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.

En la marcha hubo muchos carteles al respecto: 

  • No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
  • Ni veto ni represión: fuera el FMI
  • No al veto a las leyes en jubilaciones
  • No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei). 

Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.

Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.

Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Jubilado hablándole a la pared.

Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”. 

Vallas a donde vayas

El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.

Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.

Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.

La violencia y las bolitas

Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar). 

La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

¿Qué escudan los escudos?

Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”. 

Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.

Sin embargo, la gente no se fue.

La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió. 

“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.

Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.

De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.

Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:

–Juguemos a las bolitas.

Todos se rieron, por el absurdo de la situación. 

De nuevo, frente al horror, la creatividad social. 

Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

Marcha de jubilados: balas y bolitas
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