Femicidios en contexto de criminalidad, uno de los datos que desde 2018 -siguiendo el protocolo de la UFEM- registra sistemáticamente el equipo de género de la Corriente Mujeres y Diversidad de la provincia de Santa Fe. ¿Qué trama revelan las cifras? Nombres detrás de los números y la repetición de crímenes en los barrios populares de Rosario. Por María Cruz Ciarniello.

Año 2021. Rocío Romano es asesinada en un pasillo del barrio Tablada durante la madrugada del 19 de septiembre cuando salía de una fiesta a la que había ido con su hermana y su cuñado. Una ráfaga de tiros, ejecutada sin mediar palabra, impactó en su cuerpo terminando con una vida de solo 20 años. Rocío era madre, tenía un hijo de un año y medio y realizaba actividades solidarias en el espacio de niñez de una de las organizaciones territoriales -el FOL- que trabaja en distintos barrios de la ciudad de Rosario. En sus redes sociales tenía publicada una foto suya con la leyenda “nací para ser libre, no asesinada”. Meses después, una amiga de su mamá, militante feminista de la organización, la recordará por su paso en el trabajo barrial, y tratando de encontrar explicaciones a la crueldad, llena de impotencia dirá: “Rocío solo fue a divertirse a una fiesta. Rocío estaba en el lugar equivocado”. 

Milagros Cáceres jugaba al fútbol en un club de la zona sur de Rosario donde además participaba de las actividades de Casa Pueblo, otra de las organizaciones sociales que se ubican en ese extremo de la ciudad. A ella también se la recuerda porque la presencia de Mili o “la Negrita” -como la llamaban en el barrio- era pura “ternura y sonrisa”. “A la Negra se la extraña una banda” dice una militante social que asegura tener el teléfono encendido las 24 horas ante cualquier emergencia.  El contexto es casi el mismo aunque esta vez el crimen se cometa a plena luz del sol y en una fría tarde de julio. Milagros viajaba de acompañante en una moto que fue interceptada por otro rodado en la zona sudoeste de Rosario; desde allí  salieron los tiros que dieron de lleno en su cara. Ese día, la foto de Mili con la camiseta de su equipo invadió los portales de noticias y las redes sociales se transformaron en ese muro virtual que intenta recordar la vida detrás de la cifra. 

En el mes de febrero el final trágico de Gabriela Frasoli no fue tan diferente. Tenía 24 años cuando dos personas apuntaron a metros de su casa ubicada en un pasillo de barrio Esmeralda, sudeste rosarino, donde estaba ella junto a su hija de 3 años y una amiga. Los tiros fatales impactaron en el cuerpo de Gabriela que pertenecía a la Corriente Clasista y Combativa, la organización que tras conocer el crimen salió a expresar su dolor públicamente: “Gaby era una joven mujer, sostén de familia, madre, que luchaba por trabajo genuino y se organizaba con nosotras contra la violencia de género. Esta última semana, con nuestro grupo de Potenciar Trabajo, estuvo junto a nosotras trabajando para el 8M y haciendo cartelería contra la violencia. Como siempre somos las mujeres las que ponemos el cuerpo siendo solidarias en las situaciones de violencia y somos las que nos organizamos para pedir justicia y transformar esta dura realidad”. 

A Gabriela la mataron a comienzos de 2021. Entre el asesinato de Rocío y Milagros solo hubo dos meses de diferencia. Ese año el relevamiento que realiza desde hace una década el equipo coordinado por la concejala feminista del Frente de Todos en Rosario y Vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe Norma López, contabilizaba 28 femicidios en el territorio provincial, dos transfemicidios. 22 de ellos se concentraron en el departamento Rosario. Del total, 19 fueron cometidos en contexto de criminalidad. 

Con respecto al periodo 2019 y 2020 -41 respectivamente en Santa Fe- el registro marcaba una disminución en la cifra total de femicidios pero las muertes violentas ocurridas en contextos de balaceras o ataques sicarios, en Rosario, cobraban mayor relevancia. 

El análisis del contexto

«Comenzamos a ver especialmente en Rosario un aumento de los casos de mujeres asesinadas por balaceras, en situaciones donde aparecían muertas en sus viviendas sin faltante de pertenencias o cerraduras forzadas, y la justicia no se interpelaba con esto, es decir, no la consideraban una muerte a ser investigada en un contexto de violencia. Las empezamos a registrar porque queríamos valorarlas, visibilizarlas”, dice la concejala Norma López, responsable del relevamiento nacional de Femicidios y Feminicidios de la Corriente Mujeres y Diversidad en la provincia de Santa Fe. 

En el año 2018 y a partir del protocolo establecido por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el cual indica que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un femicidio, los asesinatos de mujeres, travestis y trans en contexto de criminalidad que ya el equipo de género de Norma López comenzaba a detectar con preocupación años anteriores, fueron incorporados al relevamiento. 

“Ahí entendimos qué datos eran los que estábamos encontrando y a partir de eso, pudimos observar otras cosas”, señala la edil y recuerda, entre otros, el femicidio invisibilizado de Carmen Sisa ocurrido en el año 2014 en Rosario: “Carmen había sido llevada por su pareja a un efector público de salud, tenía el cuerpo quemado y su muerte no estaba registrada en ningún lado como posible femicidio, pero sí como víctima de las graves quemaduras que había sufrido como consecuencia de un accidente doméstico. Finalmente y después de hablar con su familia y también gracias a la labor de periodistas feministas en tanto aliadas, el fiscal pudo avanzar en un juicio por femicidio”, en el año 2015. 

Carmen Sisa agonizó durante días en una cama del hospital provincial Eva Perón y murió en diciembre de 2014. Su femicidio no se contabilizó en ninguno de los relevamientos realizados ese año porque su nombre, su historia y su crimen disfrazado de accidente, no figuraba en las crónicas policiales de los medios de comunicación, el principal insumo para los observatorios que emprenden la meticulosa tarea de registrar la violencia machista más extrema. 

Por otra parte, el equipo de la concejala comenzaba a detectar otro número que encendía la alarma: el uso de armas de fuego en Rosario superaba la media nacional. “En la ciudad de Rosario con la disputa territorial de bandas dedicadas a la economía delictiva, empezamos a encontrar muertes violentas en contexto de criminalidad. En este sentido, fue muy importante que la UFEM pudiera avanzar en una mirada específica acerca de las relaciones que suceden en estos territorios”. 

La complejidad del dato expone la trama: en la provincia de Santa Fe, y específicamente en el departamento Rosario, los asesinatos de mujeres en contexto de criminalidad comenzaban a mostrar una nueva dimensión de la problemática:  “Antes de 2018 empezamos a ver estos casos ya no relacionados con la intimidad, sino con los contextos criminales, cuando la UFEM analizó toda muerte violenta de una mujer como femicidio; y creo que hay que profundizar en la provincia y la ciudad las investigaciones acerca de estos asesinatos por encargo, como una hipótesis de trabajo para la prevención”, declaraba Norma López a Rosario/12 en el año 2021. 

En el 2019 -pre pandemia- el observatorio de la Corriente contabilizaba 41 femicidios en toda la provincia de Santa Fe, tres más que en 2018. 16 se concentraban en Rosario y la mitad de ellos eran en contexto de criminalidad. Otros datos: el 56 por ciento de las víctimas tenía menos de 35 años; el 39 por ciento de ellas había muerto producto del uso de armas de fuego y en 16 casos había denuncia previa. De esa manera Santa Fe se constituía, ese año, en la segunda provincia detrás de Buenos Aires con más femicidios registrados a nivel nacional.

El año 2020 fue una excepción durante sus primeros siete meses y no es casual. La cuarentena estricta declarada el 20 de marzo debido a la pandemia por Covid-19 implicó una cierta disminución de femicidios ocurridos en contexto de criminalidad en Rosario -en su mayoría ejecutados en la vía pública- pero a la vez incrementó el riesgo al interior de los hogares donde muchas mujeres se encontraban recluidas junto a su agresor. 

Hasta el 31 de julio de ese año, el equipo de Norma López registró 30 femicidios en el territorio santafesino, 12 desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio (20 de marzo) donde solo cuatro -2 de ellos en Rosario- fueron en contexto de criminalidad. La cifra total en el año fue de 41 femicidios en Santa Fe, 19 corresponden al departamento Rosario. Durante la pandemia, analiza López, “el aislamiento que permitió que se registraran menos muertes que las que hubo por Covid con un gran compromiso en materia de vacunación, significó que el hogar se transformara en un lugar de inseguridad. El ámbito privado en situaciones donde los hogares tenían relaciones violentas se habían convertido en un ámbito totalmente hostil”. Y suma: “Lo que también hizo la pandemia fue potenciar los delitos sexuales; ese es un punto que todavía no esta abordado en su magnitud”. 

Ese año, los femicidios tan recordados de Julieta Del Pino en Berabevú, María Florencia Gómez Pouillastrou en San Jorge, Rocío Vera en Reconquista y Daniela Cejas y Gisela Fiamaca en la ciudad de Santa Fe marcaron el dolor y el reclamo de la agenda feminista a nivel provincial. 

El Estado es responsable

Junto al de Ana María Acevedo, la concejala Norma López trae a la memoria el nombre de Norma Bustos cuando hace referencia a aquellos feminicidios -siguiendo la definición de Marcela Lagarde- en los que la edil reconoce una clara responsabilidad estatal por acción, por omisión, por ausencia o por una presencia del Estado violatoria de derechos. 

En el caso de Bustos se trató de un crimen por encargo atravesado por una trama narco-barrial que excede a Rosario, pero que tiene a la ciudad en emergencia ante un elevado índice de homicidios dolosos sostenido en el tiempo. “A Norma le habían asesinado a su hijo en una confusión porque buscaban a otra persona que tenía el mismo nombre. Hacía poco tiempo que en Rosario había ocurrido la masacre del triple crimen de Villa Moreno. Ella buscó justicia por su hijo en muchos lugares, denunció en la justicia, habló con toda la dirigencia política y al tiempo que fallece su marido debido a una enfermedad, cuando queda sola, la asesinan”, cuenta López. 

¿Qué debió hacer el Estado para evitar o prevenir el feminicidio de Norma Bustos? Dice la edil: “Ella debió tener una protección como testigo permanente a pesar de que se resistía porque ella no quería irse del barrio y ayudaba a muchos chicos que tenían problemas de consumo. Pero Norma era un objetivo clave para las mafias. Su crimen no está visibilizado como feminicidio pero el Estado sabía de la existencia de su lucha en el territorio y su exposición y tendría que haberle brindado alternativas de protección”. 

El feminicidio de Norma Bustos tampoco quedó registrado en las estadísticas del 2014. La acribillaron el 20 de noviembre de ese año. Su denuncia contra una banda delictiva que operaba en barrio Tablada era pública y visible. Expuesta: así estaba esta mujer de 55 años que decidió enfrentar, casi en soledad, a la economía del delito que ya en ese entonces daba cuenta del poder de fuego y el grado de impunidad que podía alcanzar. 

 “Cuando el Estado se retira un poco, la ciudadanía empieza a ser un blanco fácil, en este caso, son mujeres que en algunas situaciones se animan a denunciar situaciones de injusticia o a la economía delictiva. El patriarcado expone a las mujeres porque muchas tienen un liderazgo en las organizaciones comunitarias. En los comedores, en los merenderos, son las mujeres las que más activan para organizar a la comunidad. Y eso el patriarcado también lo lee porque la lógica patriarcal opera como un disciplinamiento para aquellas que deciden participar activamente para romper con lógicas delictivas o lógicas de consumo. En los barrios las que más denuncian son mujeres”, analiza Norma López. 

Acaso el grito desesperado de Magdalena Acosta, una mujer de 74 años que pidió por favor que bajaran la velocidad de las motos porque allí había niños jugando, pueda enmarcarse en este rol naturalizado que asumen las mujeres en el cuidado cotidiano de su barrio. Pero la orden fue directa: “matala” escucharon los vecinos y diez tiros impactaron en el cuerpo de esta mujer que intentaba proteger a su nieta de una balacera demencial. Ocurrió en abril de este año en la emblemática barriada de Ludueña, territorio marcado por el triste recuerdo de Mercedes Delgado, la militante social del centro comunitario San Cayetano que fue asesinada cuando salió a buscar a su hijo tras escuchar los tiros entre dos bandas la tarde del 8 de enero de 2013. Uno de esos balazos le atravesó la espalda y Mercedes murió horas después en el hospital Centenario. 

A su vez, el feminicidio de Rocío Vera en el mes de julio de 2020 también expuso la responsabilidad del Estado. En ese momento, la abogada feminista Carolina Walker señalaba: “Nos parece necesario hablar del rol del Estado, la figura del “feminicidio” tiene que ver con la tolerancia estatal de este tipo de crímenes y lo que eso provoca, una tolerancia que no significa que el Estado lo fomente, sino que responde a la desidia en el tratamiento y en la falta de políticas públicas. En el caso de Rocío su crimen se podría haber evitado actuando el Estado en la prevención en función de lo que pasaba en ese lugar. Una de las fallas que vemos es que la mamá de Rocío hace la denuncia y lo primero que dice es que Rocío había ido a ese lugar donde fue asesinada, entonces por qué no la buscaron ahí, son preguntas que falta responder”. 

Rocío tenía 14 años y estaba cursando un embarazo de dos meses cuando fue violada y asesinada por una patota de varones en una casa denunciada por vecinos del barrio Carmen Luisa de la ciudad de Reconquista, norte provincial. De allí,  la impotencia de las organizaciones feministas que en ese entonces decían: “El femicidio de Rocío se podría haber evitado hace mucho tiempo, pero cuando está incluido el narcomenudeo, con zonas liberadas, ahí sí o sí hay connivencia policial. Estas personas vendían y eso se hacía a los ojos de los vecinos, pero también de la policía, y por eso estamos exigiendo que se investigue el rol policial”. Para otra activista feminista de dicha ciudad, el femicidio de Rocío logró dimensionar un conjunto de problemas, “todas las violencias que fueron perpetradas contra ella, en forma directa o indirecta, el abandono estatal, el desamparo, estaba expuesta a necesidades, estaba en una situación de vulnerabilidad. Se podría haber evitado con políticas públicas inmediatas que tengan cierta cohesión al momento de abordar las situaciones que atraviesan muchas niñas y adolescentes”. 

Rocío estuvo un día desaparecida. Veinticuatro horas después de que su mamá radicara la denuncia, fue su hermano quien encontró el cuerpo ya sin vida en un descampado. 

Los nombres detrás del mapa

«Yo no quiero estar en tu mapa” es la frase que una mujer le dijo a Norma López luego de que su equipo presentara el mapa interactivo de femicidios y feminicidios en la ciudad de Firmat, el primero a nivel provincial que elaboraron al cumplirse un año del grito Ni Una Menos y que más tarde replicaron con datos de todo el país. “Ninguna de nosotras quisiera hacer estos relevamientos de violencia que sufrimos”, asegura la concejala. Porque detrás de las cifras que contabiliza la violencia más extrema están los nombres e historias en las que subyace, en tantos casos, una trama de desigualdad estructural y feminización de la pobreza. 

Nombres e historias que se conocerán a través de las crónicas policiales de los medios, las que además darán cuenta de una violencia letal cada vez más naturalizada en el departamento Rosario. Nombres que revelan feminicidios y travesticidios sociales y exponen el complejo entramado de complicidades y responsabilidades políticas y judiciales. Nombres de mujeres que en ocasiones son las víctimas colaterales de ataques sicarios, y otras los cuerpos a masacrar porque son quienes se animan a denunciar las violencias machistas y narco-policiales en sus barrios o las que se encuentran sumergidas en la economía del delito y el narcomenudeo, muchas veces ante la necesidad urgente de parar la olla y sostener el hogar. 

“Hoy en Rosario tenemos un grado de violencia que es imposible soslayar. No es nuevo y va creciendo porque estamos en un momento donde hay muchas desigualdades y mucho consumo. Tenemos que tener políticas específicas dirigidas a las mujeres y al colectivo de la diversidad porque el patriarcado nos asigna roles muy desiguales y eso atraviesa a toda la sociedad. Tenemos herramientas legales, hay programas que acompañan pero todavía hay muchas dificultades a la hora de avanzar en autonomía económica, en el acceso a la vivienda y en el acceso igualitario a la justicia”, le dice a MU Norma López con preocupación. Es que las cifras de su último relevamiento siguen estremeciendo, tanto como los cuerpos que aparecen asesinados en la periferia de la ciudad. 

El nombre de Georgina Maricruz Olguín había figurado en los medios de prensa en el año 2017 cuando fue acusada de haber intoxicado a su beba de 19 meses. Casi un año de prisión y un arresto domicilio es lo que tuvo que soportar Georgina hasta ser finalmente sobreseída por la justicia. “En ese momento fue imputada y su imagen, con las esposas puestas en sus muñecas fue expuesta descarnadamente. Terminó acusada de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y estuvo más de un año sometida a proceso”, escribe con precisión Silvina Tamous, editora y periodista de policiales del diario cooperativo El Ciudadano de Rosario. Es que múltiples violencias machistas, económicas, e institucionales pesaron sobre la historia de vida de esta joven mujer, madre y sumida en un contexto de extrema vulnerabilidad y pobreza. Cinco años después, y en el penúltimo día del mes de mayo de este 2022, Georgina, embarazada de 9 meses, fue encontrada asesinada con 8 impactos de bala en su cuerpo en un descampado de la zona sudoeste de Rosario. “Pasaron más de cuatro años desde que el Estado provincial tomara el caso de Georgina Maricruz Olguín, quien primero tuvo una respuesta desde el punitivismo más puro y luego lo abordara desde un ámbito interdisciplinario que no fue efectivo para sacarla de un ambiente de violencia, que esta vez fue letal”, señala Tamous. 

Su nombre se suma al doloroso conteo de femicidios y feminicidios que mapea el equipo de género de Norma López. “Parte de la sociedad ha naturalizado que nuestras mujeres y niñas sean asesinadas en contexto de criminalidad con poca interpelación sobre el mensaje de sectores poderosos, patriarcales, violentos y de economías delictivas dando por cierto la temible consigna “algo habrán hecho”. Y el Estado, agrega la concejala, “tiene gran parte de la responsabilidad sobre las violencias de género porque, ya sea por acción u omisión, no hay protección plena. En el asesinato de Georgina Olguín, el Estado la conocía tanto a ella como a su familia por los múltiples abusos que sufrió. Es otra muestra más de la naturalización de las violencias”.  

Al cierre de esta nota, el relevamiento de la Corriente Mujeres y Diversidad registró, entre el 1 de enero al 31 de mayo, 29 femicidios en la provincia de Santa Fe. 24 pertenecen al departamento Rosario con la particularidad que solo cuatro fueron femicidios íntimos. Los veinte asesinatos restantes de mujeres se cometieron bajo dinámicas criminales tan dolorosamente repetidas en las barriadas rosarinas.

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