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Narcofemicidios. Rosario: mapa de la violencia femicida

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Femicidios en contexto de criminalidad, uno de los datos que desde 2018 -siguiendo el protocolo de la UFEM- registra sistemáticamente el equipo de género de la Corriente Mujeres y Diversidad de la provincia de Santa Fe. ¿Qué trama revelan las cifras? Nombres detrás de los números y la repetición de crímenes en los barrios populares de Rosario. Por María Cruz Ciarniello.

Narcofemicidios. Rosario: mapa de la violencia femicida

Año 2021. Rocío Romano es asesinada en un pasillo del barrio Tablada durante la madrugada del 19 de septiembre cuando salía de una fiesta a la que había ido con su hermana y su cuñado. Una ráfaga de tiros, ejecutada sin mediar palabra, impactó en su cuerpo terminando con una vida de solo 20 años. Rocío era madre, tenía un hijo de un año y medio y realizaba actividades solidarias en el espacio de niñez de una de las organizaciones territoriales -el FOL- que trabaja en distintos barrios de la ciudad de Rosario. En sus redes sociales tenía publicada una foto suya con la leyenda “nací para ser libre, no asesinada”. Meses después, una amiga de su mamá, militante feminista de la organización, la recordará por su paso en el trabajo barrial, y tratando de encontrar explicaciones a la crueldad, llena de impotencia dirá: “Rocío solo fue a divertirse a una fiesta. Rocío estaba en el lugar equivocado”. 

Milagros Cáceres jugaba al fútbol en un club de la zona sur de Rosario donde además participaba de las actividades de Casa Pueblo, otra de las organizaciones sociales que se ubican en ese extremo de la ciudad. A ella también se la recuerda porque la presencia de Mili o “la Negrita” -como la llamaban en el barrio- era pura “ternura y sonrisa”. “A la Negra se la extraña una banda” dice una militante social que asegura tener el teléfono encendido las 24 horas ante cualquier emergencia.  El contexto es casi el mismo aunque esta vez el crimen se cometa a plena luz del sol y en una fría tarde de julio. Milagros viajaba de acompañante en una moto que fue interceptada por otro rodado en la zona sudoeste de Rosario; desde allí  salieron los tiros que dieron de lleno en su cara. Ese día, la foto de Mili con la camiseta de su equipo invadió los portales de noticias y las redes sociales se transformaron en ese muro virtual que intenta recordar la vida detrás de la cifra. 

En el mes de febrero el final trágico de Gabriela Frasoli no fue tan diferente. Tenía 24 años cuando dos personas apuntaron a metros de su casa ubicada en un pasillo de barrio Esmeralda, sudeste rosarino, donde estaba ella junto a su hija de 3 años y una amiga. Los tiros fatales impactaron en el cuerpo de Gabriela que pertenecía a la Corriente Clasista y Combativa, la organización que tras conocer el crimen salió a expresar su dolor públicamente: “Gaby era una joven mujer, sostén de familia, madre, que luchaba por trabajo genuino y se organizaba con nosotras contra la violencia de género. Esta última semana, con nuestro grupo de Potenciar Trabajo, estuvo junto a nosotras trabajando para el 8M y haciendo cartelería contra la violencia. Como siempre somos las mujeres las que ponemos el cuerpo siendo solidarias en las situaciones de violencia y somos las que nos organizamos para pedir justicia y transformar esta dura realidad”. 

A Gabriela la mataron a comienzos de 2021. Entre el asesinato de Rocío y Milagros solo hubo dos meses de diferencia. Ese año el relevamiento que realiza desde hace una década el equipo coordinado por la concejala feminista del Frente de Todos en Rosario y Vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe Norma López, contabilizaba 28 femicidios en el territorio provincial, dos transfemicidios. 22 de ellos se concentraron en el departamento Rosario. Del total, 19 fueron cometidos en contexto de criminalidad. 

Con respecto al periodo 2019 y 2020 -41 respectivamente en Santa Fe- el registro marcaba una disminución en la cifra total de femicidios pero las muertes violentas ocurridas en contextos de balaceras o ataques sicarios, en Rosario, cobraban mayor relevancia. 

El análisis del contexto

«Comenzamos a ver especialmente en Rosario un aumento de los casos de mujeres asesinadas por balaceras, en situaciones donde aparecían muertas en sus viviendas sin faltante de pertenencias o cerraduras forzadas, y la justicia no se interpelaba con esto, es decir, no la consideraban una muerte a ser investigada en un contexto de violencia. Las empezamos a registrar porque queríamos valorarlas, visibilizarlas”, dice la concejala Norma López, responsable del relevamiento nacional de Femicidios y Feminicidios de la Corriente Mujeres y Diversidad en la provincia de Santa Fe. 

En el año 2018 y a partir del protocolo establecido por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el cual indica que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un femicidio, los asesinatos de mujeres, travestis y trans en contexto de criminalidad que ya el equipo de género de Norma López comenzaba a detectar con preocupación años anteriores, fueron incorporados al relevamiento. 

“Ahí entendimos qué datos eran los que estábamos encontrando y a partir de eso, pudimos observar otras cosas”, señala la edil y recuerda, entre otros, el femicidio invisibilizado de Carmen Sisa ocurrido en el año 2014 en Rosario: “Carmen había sido llevada por su pareja a un efector público de salud, tenía el cuerpo quemado y su muerte no estaba registrada en ningún lado como posible femicidio, pero sí como víctima de las graves quemaduras que había sufrido como consecuencia de un accidente doméstico. Finalmente y después de hablar con su familia y también gracias a la labor de periodistas feministas en tanto aliadas, el fiscal pudo avanzar en un juicio por femicidio”, en el año 2015. 

Carmen Sisa agonizó durante días en una cama del hospital provincial Eva Perón y murió en diciembre de 2014. Su femicidio no se contabilizó en ninguno de los relevamientos realizados ese año porque su nombre, su historia y su crimen disfrazado de accidente, no figuraba en las crónicas policiales de los medios de comunicación, el principal insumo para los observatorios que emprenden la meticulosa tarea de registrar la violencia machista más extrema. 

Por otra parte, el equipo de la concejala comenzaba a detectar otro número que encendía la alarma: el uso de armas de fuego en Rosario superaba la media nacional. “En la ciudad de Rosario con la disputa territorial de bandas dedicadas a la economía delictiva, empezamos a encontrar muertes violentas en contexto de criminalidad. En este sentido, fue muy importante que la UFEM pudiera avanzar en una mirada específica acerca de las relaciones que suceden en estos territorios”. 

La complejidad del dato expone la trama: en la provincia de Santa Fe, y específicamente en el departamento Rosario, los asesinatos de mujeres en contexto de criminalidad comenzaban a mostrar una nueva dimensión de la problemática:  “Antes de 2018 empezamos a ver estos casos ya no relacionados con la intimidad, sino con los contextos criminales, cuando la UFEM analizó toda muerte violenta de una mujer como femicidio; y creo que hay que profundizar en la provincia y la ciudad las investigaciones acerca de estos asesinatos por encargo, como una hipótesis de trabajo para la prevención”, declaraba Norma López a Rosario/12 en el año 2021. 

En el 2019 -pre pandemia- el observatorio de la Corriente contabilizaba 41 femicidios en toda la provincia de Santa Fe, tres más que en 2018. 16 se concentraban en Rosario y la mitad de ellos eran en contexto de criminalidad. Otros datos: el 56 por ciento de las víctimas tenía menos de 35 años; el 39 por ciento de ellas había muerto producto del uso de armas de fuego y en 16 casos había denuncia previa. De esa manera Santa Fe se constituía, ese año, en la segunda provincia detrás de Buenos Aires con más femicidios registrados a nivel nacional.

El año 2020 fue una excepción durante sus primeros siete meses y no es casual. La cuarentena estricta declarada el 20 de marzo debido a la pandemia por Covid-19 implicó una cierta disminución de femicidios ocurridos en contexto de criminalidad en Rosario -en su mayoría ejecutados en la vía pública- pero a la vez incrementó el riesgo al interior de los hogares donde muchas mujeres se encontraban recluidas junto a su agresor. 

Hasta el 31 de julio de ese año, el equipo de Norma López registró 30 femicidios en el territorio santafesino, 12 desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio (20 de marzo) donde solo cuatro -2 de ellos en Rosario- fueron en contexto de criminalidad. La cifra total en el año fue de 41 femicidios en Santa Fe, 19 corresponden al departamento Rosario. Durante la pandemia, analiza López, “el aislamiento que permitió que se registraran menos muertes que las que hubo por Covid con un gran compromiso en materia de vacunación, significó que el hogar se transformara en un lugar de inseguridad. El ámbito privado en situaciones donde los hogares tenían relaciones violentas se habían convertido en un ámbito totalmente hostil”. Y suma: “Lo que también hizo la pandemia fue potenciar los delitos sexuales; ese es un punto que todavía no esta abordado en su magnitud”. 

Ese año, los femicidios tan recordados de Julieta Del Pino en Berabevú, María Florencia Gómez Pouillastrou en San Jorge, Rocío Vera en Reconquista y Daniela Cejas y Gisela Fiamaca en la ciudad de Santa Fe marcaron el dolor y el reclamo de la agenda feminista a nivel provincial. 

El Estado es responsable

Junto al de Ana María Acevedo, la concejala Norma López trae a la memoria el nombre de Norma Bustos cuando hace referencia a aquellos feminicidios -siguiendo la definición de Marcela Lagarde- en los que la edil reconoce una clara responsabilidad estatal por acción, por omisión, por ausencia o por una presencia del Estado violatoria de derechos. 

En el caso de Bustos se trató de un crimen por encargo atravesado por una trama narco-barrial que excede a Rosario, pero que tiene a la ciudad en emergencia ante un elevado índice de homicidios dolosos sostenido en el tiempo. “A Norma le habían asesinado a su hijo en una confusión porque buscaban a otra persona que tenía el mismo nombre. Hacía poco tiempo que en Rosario había ocurrido la masacre del triple crimen de Villa Moreno. Ella buscó justicia por su hijo en muchos lugares, denunció en la justicia, habló con toda la dirigencia política y al tiempo que fallece su marido debido a una enfermedad, cuando queda sola, la asesinan”, cuenta López. 

¿Qué debió hacer el Estado para evitar o prevenir el feminicidio de Norma Bustos? Dice la edil: “Ella debió tener una protección como testigo permanente a pesar de que se resistía porque ella no quería irse del barrio y ayudaba a muchos chicos que tenían problemas de consumo. Pero Norma era un objetivo clave para las mafias. Su crimen no está visibilizado como feminicidio pero el Estado sabía de la existencia de su lucha en el territorio y su exposición y tendría que haberle brindado alternativas de protección”. 

El feminicidio de Norma Bustos tampoco quedó registrado en las estadísticas del 2014. La acribillaron el 20 de noviembre de ese año. Su denuncia contra una banda delictiva que operaba en barrio Tablada era pública y visible. Expuesta: así estaba esta mujer de 55 años que decidió enfrentar, casi en soledad, a la economía del delito que ya en ese entonces daba cuenta del poder de fuego y el grado de impunidad que podía alcanzar. 

 “Cuando el Estado se retira un poco, la ciudadanía empieza a ser un blanco fácil, en este caso, son mujeres que en algunas situaciones se animan a denunciar situaciones de injusticia o a la economía delictiva. El patriarcado expone a las mujeres porque muchas tienen un liderazgo en las organizaciones comunitarias. En los comedores, en los merenderos, son las mujeres las que más activan para organizar a la comunidad. Y eso el patriarcado también lo lee porque la lógica patriarcal opera como un disciplinamiento para aquellas que deciden participar activamente para romper con lógicas delictivas o lógicas de consumo. En los barrios las que más denuncian son mujeres”, analiza Norma López. 

Acaso el grito desesperado de Magdalena Acosta, una mujer de 74 años que pidió por favor que bajaran la velocidad de las motos porque allí había niños jugando, pueda enmarcarse en este rol naturalizado que asumen las mujeres en el cuidado cotidiano de su barrio. Pero la orden fue directa: “matala” escucharon los vecinos y diez tiros impactaron en el cuerpo de esta mujer que intentaba proteger a su nieta de una balacera demencial. Ocurrió en abril de este año en la emblemática barriada de Ludueña, territorio marcado por el triste recuerdo de Mercedes Delgado, la militante social del centro comunitario San Cayetano que fue asesinada cuando salió a buscar a su hijo tras escuchar los tiros entre dos bandas la tarde del 8 de enero de 2013. Uno de esos balazos le atravesó la espalda y Mercedes murió horas después en el hospital Centenario. 

A su vez, el feminicidio de Rocío Vera en el mes de julio de 2020 también expuso la responsabilidad del Estado. En ese momento, la abogada feminista Carolina Walker señalaba: “Nos parece necesario hablar del rol del Estado, la figura del “feminicidio” tiene que ver con la tolerancia estatal de este tipo de crímenes y lo que eso provoca, una tolerancia que no significa que el Estado lo fomente, sino que responde a la desidia en el tratamiento y en la falta de políticas públicas. En el caso de Rocío su crimen se podría haber evitado actuando el Estado en la prevención en función de lo que pasaba en ese lugar. Una de las fallas que vemos es que la mamá de Rocío hace la denuncia y lo primero que dice es que Rocío había ido a ese lugar donde fue asesinada, entonces por qué no la buscaron ahí, son preguntas que falta responder”. 

Rocío tenía 14 años y estaba cursando un embarazo de dos meses cuando fue violada y asesinada por una patota de varones en una casa denunciada por vecinos del barrio Carmen Luisa de la ciudad de Reconquista, norte provincial. De allí,  la impotencia de las organizaciones feministas que en ese entonces decían: “El femicidio de Rocío se podría haber evitado hace mucho tiempo, pero cuando está incluido el narcomenudeo, con zonas liberadas, ahí sí o sí hay connivencia policial. Estas personas vendían y eso se hacía a los ojos de los vecinos, pero también de la policía, y por eso estamos exigiendo que se investigue el rol policial”. Para otra activista feminista de dicha ciudad, el femicidio de Rocío logró dimensionar un conjunto de problemas, “todas las violencias que fueron perpetradas contra ella, en forma directa o indirecta, el abandono estatal, el desamparo, estaba expuesta a necesidades, estaba en una situación de vulnerabilidad. Se podría haber evitado con políticas públicas inmediatas que tengan cierta cohesión al momento de abordar las situaciones que atraviesan muchas niñas y adolescentes”. 

Rocío estuvo un día desaparecida. Veinticuatro horas después de que su mamá radicara la denuncia, fue su hermano quien encontró el cuerpo ya sin vida en un descampado. 

Los nombres detrás del mapa

«Yo no quiero estar en tu mapa” es la frase que una mujer le dijo a Norma López luego de que su equipo presentara el mapa interactivo de femicidios y feminicidios en la ciudad de Firmat, el primero a nivel provincial que elaboraron al cumplirse un año del grito Ni Una Menos y que más tarde replicaron con datos de todo el país. “Ninguna de nosotras quisiera hacer estos relevamientos de violencia que sufrimos”, asegura la concejala. Porque detrás de las cifras que contabiliza la violencia más extrema están los nombres e historias en las que subyace, en tantos casos, una trama de desigualdad estructural y feminización de la pobreza. 

Nombres e historias que se conocerán a través de las crónicas policiales de los medios, las que además darán cuenta de una violencia letal cada vez más naturalizada en el departamento Rosario. Nombres que revelan feminicidios y travesticidios sociales y exponen el complejo entramado de complicidades y responsabilidades políticas y judiciales. Nombres de mujeres que en ocasiones son las víctimas colaterales de ataques sicarios, y otras los cuerpos a masacrar porque son quienes se animan a denunciar las violencias machistas y narco-policiales en sus barrios o las que se encuentran sumergidas en la economía del delito y el narcomenudeo, muchas veces ante la necesidad urgente de parar la olla y sostener el hogar. 

“Hoy en Rosario tenemos un grado de violencia que es imposible soslayar. No es nuevo y va creciendo porque estamos en un momento donde hay muchas desigualdades y mucho consumo. Tenemos que tener políticas específicas dirigidas a las mujeres y al colectivo de la diversidad porque el patriarcado nos asigna roles muy desiguales y eso atraviesa a toda la sociedad. Tenemos herramientas legales, hay programas que acompañan pero todavía hay muchas dificultades a la hora de avanzar en autonomía económica, en el acceso a la vivienda y en el acceso igualitario a la justicia”, le dice a MU Norma López con preocupación. Es que las cifras de su último relevamiento siguen estremeciendo, tanto como los cuerpos que aparecen asesinados en la periferia de la ciudad. 

El nombre de Georgina Maricruz Olguín había figurado en los medios de prensa en el año 2017 cuando fue acusada de haber intoxicado a su beba de 19 meses. Casi un año de prisión y un arresto domicilio es lo que tuvo que soportar Georgina hasta ser finalmente sobreseída por la justicia. “En ese momento fue imputada y su imagen, con las esposas puestas en sus muñecas fue expuesta descarnadamente. Terminó acusada de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y estuvo más de un año sometida a proceso”, escribe con precisión Silvina Tamous, editora y periodista de policiales del diario cooperativo El Ciudadano de Rosario. Es que múltiples violencias machistas, económicas, e institucionales pesaron sobre la historia de vida de esta joven mujer, madre y sumida en un contexto de extrema vulnerabilidad y pobreza. Cinco años después, y en el penúltimo día del mes de mayo de este 2022, Georgina, embarazada de 9 meses, fue encontrada asesinada con 8 impactos de bala en su cuerpo en un descampado de la zona sudoeste de Rosario. “Pasaron más de cuatro años desde que el Estado provincial tomara el caso de Georgina Maricruz Olguín, quien primero tuvo una respuesta desde el punitivismo más puro y luego lo abordara desde un ámbito interdisciplinario que no fue efectivo para sacarla de un ambiente de violencia, que esta vez fue letal”, señala Tamous. 

Su nombre se suma al doloroso conteo de femicidios y feminicidios que mapea el equipo de género de Norma López. “Parte de la sociedad ha naturalizado que nuestras mujeres y niñas sean asesinadas en contexto de criminalidad con poca interpelación sobre el mensaje de sectores poderosos, patriarcales, violentos y de economías delictivas dando por cierto la temible consigna “algo habrán hecho”. Y el Estado, agrega la concejala, “tiene gran parte de la responsabilidad sobre las violencias de género porque, ya sea por acción u omisión, no hay protección plena. En el asesinato de Georgina Olguín, el Estado la conocía tanto a ella como a su familia por los múltiples abusos que sufrió. Es otra muestra más de la naturalización de las violencias”.  

Al cierre de esta nota, el relevamiento de la Corriente Mujeres y Diversidad registró, entre el 1 de enero al 31 de mayo, 29 femicidios en la provincia de Santa Fe. 24 pertenecen al departamento Rosario con la particularidad que solo cuatro fueron femicidios íntimos. Los veinte asesinatos restantes de mujeres se cometieron bajo dinámicas criminales tan dolorosamente repetidas en las barriadas rosarinas.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

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La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

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Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

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También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

  • “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
  • “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
  • El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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