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El caso de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte: Soñar justicia

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La lucha familiar logró que se asignara un nuevo fiscal y se espera que la causa vuelva a tomar impulso, después de un juicio que intentó inculpar a un perejil, con connivencia judicial. El rol del hombre que le alquiló la casa a la joven. Los rastros de sangre que jamás fueron investigados. Y las claves para dar vuelta la injusticia. 

Texto: Bernardina Rosini

El caso de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte: Soñar justicia
Susana y Daniel, los padres de Cecilia en la puerta de los tribunales de Córdoba. Foto: Natalia Roca

“Dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces”, reza un refrán popular. La ciudad de Córdoba es conocida históricamente como “la Docta” gracias a su universidad fundada en 1613 por la orden jesuítica y que fue durante más de dos siglos la única del país y una de las primeras de América. Los primeros graduados y la tradición en leyes nació aquí, y es un orgullo esencial del cordobesismo.

Hoy, mientras tanto, Susana y Daniel Basaldúa realizan su viaje número 12° a la capital cordobesa desde la muerte de su hija Cecilia en 2020. Aún ninguno de esos kilómetros recorridos los acercó a la justicia de la que presume. 

Es 6 de diciembre de 2023 y nuevamente se reúnen en el Palacio de Tribunales con el fiscal general, Juan Manuel Salgado, porque la investigación por el femicidio de Cecilia no tiene imputados y antes del encuentro con Salgado, tampoco tenía fiscal asignado.  El cuerpo de Cecilia – de su hija- espera en una morgue hace tres años y medio una investigación seria para esclarecer su muerte.

Recapitulemos:

-Cecilia desapareció el 5 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba. Había llegado en el mes de marzo con el objetivo de escribir un libro sobre sus viajes por Sudamérica. Allí la sorprendió la pandemia. Días después, dejó de comunicarse con su familia. 

-Su cuerpo apareció 20 días después en un codo de río con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Sus padres habían llegado a Capilla del Monte el día anterior al hallazgo para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos, a cargo de la fiscal Paula Kelm.

-Desde entonces todo fue manipulado: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado. 

-Fue Mainardi quien se tomó licencia días antes de denunciar la desaparición, regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes, y en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-. Se sabe que Mainardi borró los mensajes de su celular, pintó la casa y se mudó repentinamente a Rosario. 

-En 2022 se realizó un juicio que tuvo como único imputado a Lucas Bustos, un joven poblador rural de 23 años sobre el cual no pesaba ninguna prueba más que una confesión lograda a base de amenazas y golpes por parte del personal policial. 

-Debido a esto, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó constituirse como parte querellante en el juicio. 

-Se logró la absolución de Lucas y en los Tribunales de Cruz del Eje quedó expuesto el bochornoso rol de la fiscalía: la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. Una investigación que no fue tal, cerrada demasiado pronto. 

-Con la absolución de Lucas en julio de 2022, vino la orden de reabrir la investigación por el femicidio de Cecilia. Acá estamos.

Garantías de impunidad

Según indican los libros y manuales de derecho, la instrucción es la instancia destinada a averiguar un determinado hecho delictivo y las circunstancias que lo hayan rodeado, con el fin de preparar el juicio oral. Desde que Lucas fue absuelto y se dio la orden de una nueva instrucción pasaron 17 meses en los que la investigación no avanzó. Esa inacción habla de cómo se está moviendo el Poder Judicial en su conjunto en el caso de Cecilia.

Dos meses es lo que se tardó en trasladar la causa, radicada originalmente en Cosquín, en llegar a la Fiscalía de Cruz del Eje. Si una persona cubriera esa distancia de casi 90 kilómetros caminando tardaría poco más de 20 horas. Esos meses de julio y agosto del 2022, entonces, nada.

El Fiscal Sergio Cuello, quien sostuvo la acusación en el juicio contra Bustos, expresó en el momento de los alegatos finales: “Me encantaría tener un ADN positivo, sangre, huellas. En la escena, no había ni un yuyito, el paso del tiempo llevó a eso, borrando huellas. No hay otra prueba, señores del jurado, que las que he intentado resumir. Me encantaría como fiscal tener otra prueba, pero no la hay”. Acto seguido pidió la reclusión perpetua para el acusado aún consciente de que no contaba con el material probatorio que sostuviera la imputación, mucho menos para una condena de ese calibre. Cuello solicitó luego, en agosto de 2022, impugnar la sentencia -unánime por jurado popular y dos jueces técnicos- a través de un recurso de Casación.

El  doctor Reymundo Barrera, de Cruz del Eje, fue el primer fiscal de este período pos juicio bochornoso; en septiembre de 2022 comienza a ejercer su rol ya que en noviembre estaba tomando una licencia ¿Quién lo reemplazó ese tiempo? Paula Kelm, la fiscal sospechada del encubrimiento en el primer proceso. 

La familia Basaldúa realizó una presentación para que dicha fiscal no se acerque a la nueva instrucción. Enero, feria judicial. Febrero, Barrera retoma actividad e insiste en mantener la línea de investigación propuesta por Kelm, sostenida por Cuello.

En marzo se ordenó una autopsia psicológica -continuando la versión de Mario Mainardi quien declaró que Cecilia abandonó su casa en un supuesto “brote psicótico”- a la familia Basaldúa. Esta orden, sin embargo fue recibida por Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa, recién en octubre, es decir siete meses después y una vez ya jubilado el doctor Barrera.

Sin fiscal asignado en la causa desde que se jubiló Barrera en agosto, Pavón, junto a su colega Gisella Videla, y el abogado por la Secretaría de Derechos Humanos, Gerardo Battistón, se reunieron el pasado mes de octubre con la Dirección de Investigación Operativa (DIO), apéndice que coopera en la investigación penal. Le solicitaron expresamente en esa instancia que se investigue al personal policial interviniente en la búsqueda de Cecilia y en los momentos de la aparición del cuerpo en Capilla del Monte, de los cuales: Ariel Zárate (ex subcomisario) se encuentra en la cárcel cumpliendo condena por abuso sexual calificado, amenazas, lesiones y privación de la  libertad; Adrián Luque (ex jefe de Capilla del Monte), desplazado y con 3 denuncias de violencia de género; Diego Bracamonte, desplazado por la muerte en comisaría de Jonathan Romo, un hombre de 35 años que anteriormente ya había estado hospitalizado por una fuerte golpiza por parte del personal policial; en aquella ocasión, había hecho una denuncia: a cargo de la investigación estaba Paula Kelm.

Tres semanas después de este pedido, en Capilla del Monte  se inicia un incendio en el basural local, fuego que permanecerá en la zona durante dos semanas. A pesar de no encontrarse contigua, la casa que se había pedido que fuera investigada por ser potencial escenario del crimen de Cecilia, arde también.

Crear justicia

La trama que sostiene a la familia de Cecilia en este tiempo se basa en lo opuesto a lo expuesto más arriba: la sensibilidad, la solidaridad y la empatía. La justicia es construida por quienes participan y construyen actuaciones que no salen de la oficina de fiscalía. 

Aprendizajes y propuestas para crear justicia:

Hacer cuerpo: la familia de Cecilia no está sola. La acompañan colectivos y activistas feministas y de Derechos Humanos. Cuando ingresaron a la última reunión con el fiscal general llevaban casi tres mil firmas con la petición de que se asignara un fiscal para la causa de manera urgente. Lo lograron: la causa ya tiene nuevo fiscal asignado, el doctor Nelson Lingua, quien comenzará su trabajo el 1° de febrero de 2024 al retornar de la feria judicial.

Lo innegociable: sobre lo que no hay concesiones: no hay lugar para poner en duda a la víctima.  “La autopsia psicológica no se va a realizar” le indicaron al fiscal general de la provincia. No van a aceptar que la línea de investigación sea la que propuso el principal sospechoso y se sostuvo durante el juicio. Hay que investigar a Mario Mainardi y al cuerpo policial interviniente, sostiene la familia.

Intención: Ir incansablemente hacia el pueblo donde fue desaparecida y asesinada Cecilia. Daniel y Susana se mantienen cerca, aunque vivan en Capital Federal. Es aquí donde la confianza, la cercanía y la sensibilidad deben romper el temor y el silencio para que de la comunidad surjan más testimonios de lo que sucedió con Cecilia.

Inteligencia colectiva: Forman parte de Familiares Sobrevivientes de Femicidios, una red de alcance nacional, con quienes comparten experiencias, información, estrategias, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado. Asimismo con las familias que sus casos coinciden en el señalamiento a los policías de Punilla y la fiscal Kelm. 

Ritmo: Consistente, presentar escritos, solicitudes, audiencias y reuniones. Al tiempo judicial se le apura y se lo señala. El fiscal general expresó que solicitará avances mensualmente al nuevo fiscal asignado. Ese ritmo es al que desde ahora se le estará tomando pulso, también desde la calle.

Remoción: El pedido de juicio político a la fiscal Paula Kelm para que sea removida y que la trama de impunidad se rompa. ¿Será?

De este este modo, Daniel y Susana, y su cuerpo ampliado sostienen y encauzan la lucha por la verdad y la justicia. Para hacerlo toman una frase de su hija: “Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo”.

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Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez

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Qué revela la cantidad de crímenes registrados por el único padrón autogestivo y público del país en este 2023. Otro informe anual que esta vez se sitúa en Mar del Plata para analizar desde un territorio concreto cómo funciona la máquina femicida. Cómo se mata, cómo se muere, cómo se tejen las violencias, las relaciones con el medioambiente, los derechos humanos y el extractivismo. Una tesis sobre la importancia de pensar la complejidad desde el territorio, en un número especial.

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Sebastián Smok

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Movilización contra los femicidios en la ciudad, que ocupó unas diez cuadras, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ante la falta de justicia, las mujeres revelan las caras de los femicidas. Fotos: Sebastián Smok.

Al comenzar a escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.550 crímenes. Cada uno es nombres, edades, fechas, localidades, imputaciones, modalidades y resoluciones judiciales. Actualizar diariamente este padrón nos interpela todos los días, no porque nos cuestione el para qué si no porque nos impone el porqué y, más impotentemente, el hasta cuándo.

En este largo trayecto mucha de la información que allí se recopila no representa para nuestro Observatorio “casos”. Son familias, infancias huérfanas, barrios, vecinas, asambleas y herramientas creadas y sostenidas durante años en el camino de la búsqueda no solo de justicia, sino de algo más trascendente para cada tejido social involucrado: Nunca Más.

Es esta tensión entre la acumulación de datos y de relaciones la que nos desafía a reflexionar críticamente sobre lo que esta sistematización puede aportar a esas batallas contra la violencia. Y, al mismo tiempo, la que nos obliga -al construirla- a ponderar la relevancia de los marcos teóricos que se han aportado recientemente, con una hipótesis incómoda: qué relación hay entre los relatos académicos “de género” –que consagran quienes saben de este “tema”-, la realidad y la incapacidad para politizar acciones concretas que permitan prevenir este dolor social que parece no tener otro destino que el de la reiteración sistemática.

La primera dificultad a enfrentar es la trama de estas violencias. Su complejidad, su multidiversidad, su raíz histórica, su actualidad y sus diversas variantes tienden a que la lectura parcial, sesgada y disciplinaria responda supuestas preguntas que ya tienen respuestas concebidas de antemano, certezas que se aplican sobre partes o sobre el todo, para concluir en mandamientos teóricos que refuerzan prejuicios morales: la violencia patriarcal está mal. Pero está y goza de un impulso continuo que no podemos detener. Funciona, y muy bien.

¿Entonces?

¿Qué está mal?

La época, el sistema, las representaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones–el Estado, el Poder Judicial, los medios, etc., en las cuales hemos depositado enteramente la supuesta solución de estos crímenes- mitigan con su funcionamiento atroz, cómplice y corrupto todas las responsabilidades que podamos tener quienes intentamos analizar estas violencias. Pero las tenemos. 

Nombrar en una nota o un artículo académico un femicidio o 4.569 nos compromete a honrar la vida, su condición sagrada. Con ese compromiso compartimos lo que por ahora tenemos: preguntas y formas de hacer. Las buscamos en trabajos académicos y en barrios, en personas que sufren y en aquellas que las escuchan. Son incógnitas a revelar comunitariamente y prácticas que hicieron y luego, pusieron en palabras lo hecho como forma de criar lo que nos falta y nutrir lo que necesitamos.  

De eso se trata este informe.

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Mar del Plata fuera de temporada: ¿qué ves?

Primera pregunta

“¿Cómo salir de este continuum de violencia? ¿Cómo reconocerla para erradicarla, cómo revivir experiencias que hemos enterrado adentro de nosotras, para sobrevivir?”. La que nos y se interroga es Giulia Marchese, geógrafa italiana, investigadora de las violencias que sufren mujeres y pueblos indígenas en México, integrante de GeoBrujas y del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt. La pregunta es parte del artículo “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”, donde expone exactamente eso: preguntas y elementos. El principal es el que nos interesa: qué entendemos por territorio y por qué puede ser esa la clave para analizar estas violencias.

Marchese lo define primero según los preceptos sistémicos dominantes:

“La palabra ‘territorio’ viene del latín ‘territorium’, término que de un lado está etimológicamente vinculada a ‘territor’, que significa ‘quién posee la tierra’ y del otro está vinculada a ‘terrorem’, terror. En las Ciencias Sociales, el territorio ha sido ubicado como la parte del espacio que pertenece a un Estado: literalmente en donde se extiende el terror, el poder, la autoridad. El territorio entonces es el ámbito definido por el ejercicio del poder, o sea la producción del miedo: una noción que no tiene nada de natural, sino es totalmente política” (Farinelli, 2008: 29).

Dentro de esta organización del territorio distingue las “zonas de ser” y las “zonas de no ser” diferenciadas por la maquinaria de producir despojo y acumulación. “El principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues comparten los mismos objetivos”. Esa organización que consagra ciudadanías privilegiadas y despojadas está sexualizada y racializada. Sigue Marchese: “En esta geopolítica de la producción, las zonas de operación y penetración a nivel extractivo están interconectadas por una infraestructura de corredores multimodales” y señala estas zonas como una posible “geopolítica de la violencia sexual”. Son las fronteras o “territorios fronterizados”, escenarios de la imprescindible movilidad que requiere el despojo extraccionista y el narcotráfico, dualidades que cada vez más se nos presentan como dos caras del mismo sistema. Así Marchese nos invita a pensar como fronteras no sólo aquellas marcadas en línea de puntos en los mapas, sino por el sistema productivo, por ejemplo los puertos y los suburbios.

Rosario (informe 2022) y Mar del Plata (el de este año) nos convocó desde esta perspectiva.

Segunda pregunta

“¿Qué tipo de subjetividad se construye dentro del capitalismo para que existan personas que son exterminables como condición para la reproducción del sistema?”, cuestiona Marchese. La construcción de subjetividad es una tarea multidisciplinaria y universal: condiciona todo, no limitándose a las personas sino a las representaciones que las sociedades construyen, las formas de ser, de hacer, de proyectar, de estar juntas, los sueños y las  pesadillas. Y aunque el sistema haya desterrado de nuestro imaginario la concepción que nuestros ancestros tienen del territorio, ahí está, en la realidad, manifestándose en sus formas de sacrificio. “El territorio es lo que permite existir, vivir”, nos recuerda Marchese. Y quizás por eso mismo ahí habitan los femicidios.

Resignarse a que hoy la concepción del territorio esté unida a su defensa es una derrota del imaginario colectivo. “El territorio se queda atrapado en la lógica reactiva, como concepto relacional que nace frente al reclamo, a la defensa, a la acción frente al despojo”, advierte Marchese.

Tercera pregunta

“¿Es posible trazar estrategias de autodefensa de la violencia reapropiándonos de un concepto de territorialidad positivo? ¿Qué papel juegan los conceptos de cuerpo y territorio en este esfuerzo?”, interroga Marchese. Enuncia entonces una posibilidad en juego: “El territorio es lo que permite existir, vivir. Es una construcción y un concepto histórico. Es memoria del espacio ocupado físicamente, fuente del poder público, y es necesario volverlo, regresarlo, re-entenderlo como sustento material de la vida. Tanto el cuerpo como la tierra son elementos que generan las condiciones para la reproducción de experiencias vitales, y para reapropiarnos de nuestros territorios es un esfuerzo fundamental para contraponer y erradicar la violencia. Cada cuerpo tiene una historia y una geografía distinta, pero es necesario un proceso colectivo para reconocer el territorio y reapropiarlo para su rehabitabilidad”.

Cuarta pregunta

¿Cómo hacerlo?

Es la filósofa dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso quien nos invita a encontrar respuestas  volviendo “la mirada hacia allí donde hemos dejado de mirar para encontrar lo que tan diligentemente hemos estado dispuestas a desechar en nuestra complicidad con el relato moderno, dar valor y recuperar los saberes producidos por las mujeres que han sido vistas como que no saben o que no tienen razón”.

Pensar estos posibles ante el precipicio que nos abre hoy la realidad argentina es utópico, pero por eso mismo es la responsabilidad que tenemos para crear otras condiciones de realidad que nos permitan orientarnos en las tinieblas.

Pensar estos 4.550 femicidios como el listado de rebeldías que se producen todos los días en las trincheras de la cotidianeidad, en la trama íntima de aquello que por resumir vamos a denominar patriarcado, pero que es sistema de producción y es política y es, fundamentalmente, la batalla que nos obligan a dar estos tiempos, seamos o no conscientes de que se está librando en nuestros cuerpos.

Pensar que con nuestros pies en las dolientes fronteras crecen las raíces del saber y las alas de nuestros deseos. Y abrazarnos en ellos.

Al terminar de escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.569 crímenes.

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Lo que revelan los femicidios de Iara y Evangelina: Ciudad infeliz

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Historia y presente de una ciudad atravesada por la violencia, el neoliberalismo y los femicidios, a partir del caso de Iara Nardelli, 16 años: vivía en un hogar para jóvenes vulnerables, desapareció y solo aparecieron sus huesos. Y otro crimen, el de Evangelina Sánchez, que deja cinco huérfanas. Un barrio testigo donde mandan lo narco, la policía y la pobreza: Libertad. 

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Lina Etchesuri y Sebastián Smok

Historia

Esta ciudad que es conocida como La Feliz nace cuando muere una mujer de 35 años en el parto de su décimo cuarto hijo. Cecilia Robles era su nombre y su marido, Patricio Peralta Ramos, en un despoblado rodeado del mar bravo construyó en su honor una capilla con las tablas que un naufragio había arrastrado hasta las playas… 

A partir de ese templo, un joven agrimensor delineó la traza urbana que dibujó sobre las tierras que Peralta Ramos poseía, más otras mil hectáreas públicas de las que se apropió, alentado por la ambición de su proyecto: poblar esa costa

Él, un tendero que amasó su fortuna confeccionando los trajes del ejército de Juan Manuel de Rosas, decidió comenzar de nuevo y lejos, golpeado por la muerte de su esposa, y porque Rosas dejó de pagarle. 

Quizá esta ciudad de 1874 sea entonces también hija del recorte del gasto público, y ambas cosas –la sobrexplotación reproductiva del cuerpo de las mujeres, el abrupto cambio del juego económico que arbitra el Estado– hayan sido los factores trágicamente asociados que la fecundaron.

Hoy su creador es recordado con el nombre de la principal avenida costera y con una estatua. 

Cecilia es la santa patrona de Mar del Plata.

Lo que revelan los femicidios de Iara y Evangelina: Ciudad infeliz
Dos de las cinco hijas de Evangelina.

Libertad

A cien cuadras de la costa, en el límite oeste entre el tejido urbano y los grandes campos, en esa frontera entre la vida urbana y rural, donde se amontonan los excluidos y se expanden los privilegiados, está el barrio al que le presta el nombre una de las avenidas que lo surcan con una de las palabras que la actualidad política convirtió en eslogan: Libertad, que tiene allí –como en todos lados– su parte alta y su bajo. 

Treinta y cinco mil personas tejen su vida en casitas sin revoque y calles de tierra. “La municipalidad le destina a la sociedad de fomento un total de siete mil pesos por mes en concepto de convenio por contraprestación de servicios. Es decir, por cada vecino que vive en el barrio Libertad el gobierno les da 20 centavos a los vecinalistas, que apenas alcanzan para pagarle a un empleado que, con un tractor prestado, se ocupa del corte de pasto de las plazas dispersas a lo largo de las 288 manzanas que corresponden al sector”, precisa la periodista Luciana Acosta en una nota publicada en el portal local 0223 en mayo de este año.

Este 2023 el barrio Libertad se convirtió en la fábrica de noticias locales de la sección Policiales.

Noticias

Jóvenes baleados, discusiones que terminan a los tiros y allanamientos por venta de drogas son los tres temas que se reiteran en las noticias que caracterizan este territorio en disputa y se informan como resultado de “ajustes de cuentas” o “rencillas familiares” o “vecinales”, que se repiten, una tras otras, acumulando muertes, detenidos y procesos judiciales que concluyen donde comienza el conflicto, sin investigar sus orígenes ni prevenirlos.

Tres ejemplos:

Junio. “Detienen a una mujer que suministraba cocaína a seis puntos de venta. Incautan 800 dosis. El lugar allanado era donde cumplía arresto domiciliario, con tobillera electrónica, por una causa anterior de narcomenudeo: el almacén Las locas”.

Mayo. “Cuatro hombres de 19, 27, 28 y 46 años fueron detenidos en el barrio Libertad luego de que golpearan a dos mujeres de 22 y 31, en el marco de un conflicto vecinal”.

Marzo. “Un motociclista fue baleado este sábado al mediodía en un presunto ajuste de cuentas”.

Así, tres veces por mes, promedio, durante todo este año, con estas temáticas y estas gramáticas.

En el medio de este infierno cotidiano está ubicada la sede de Aldeas Infantiles, un centro de acogida de menores vulnerables.

Huesos

Mariela Quintanilla crio en Miramar y sola a sus tres hijos. La del medio es Iara  Nardelli, 16 años, de la que hoy tiene “solo tres huesitos”. Lo dice con dolor y dulcemente, como si se abrazara a ellos para transmitir el peso que significa cargar semejante cruz. 

“Tres huesitos”. 

No es una metáfora. Es lo único que encontraron, luego de que estuviera desaparecida durante diez días. 

Iara era una niña que vivía, por disposición judicial, en Aldeas Infantiles.

Alarmas

Todo comenzó el 30 de junio a las 7.50 cuando Iara salió de la sede que Aldeas Infantiles tiene en la avenida Luro al 10200 rumbo a la escuela Nº 55. Sin embargo, nunca llegó. Hacía tres días que faltaba al colegio y por eso el preceptor se comunicó con Aldeas para preguntar qué estaba pasando. Primera alerta.

La siguiente fue un mensaje de voz que envió a las 17.37 de la tarde de ese viernes a su cuidadora y a su madre. Se la escucha, angustiada, decir “no me busquen porque no me van a encontrar más. Voy a estar cerca, pero no me van a ver”. Luego, apagó su teléfono celular. Segunda alerta.

Mariela no esperó una tercera. 

“Llamé a un chico que ya cumplió mayoría de edad, pero que estuvo viviendo en Aldeas Infantiles. Hace un año y pico hicimos una amistad por medio de Iara. Porque ella cada vez que tenía una amistad con alguien, le pasaba mi contacto, por si se sentían solos y querían hablar con alguien. Y entonces me queda ese vínculo hermoso. Él me dijo ‘me voy a comunicar con el hogar’ y así logró que los chicos que viven ahí le confirmaran que Iara no había vuelto. Era el viernes 30 de junio. Serían las 6, 7 de la tarde. En tanto en Aldeas nadie me atendía. Recién pude comunicarme el sábado a las 3 de la tarde, por medio de otro teléfono que logré que alguien me diera, porque en los habituales no respondía nadie. Y ahí sí me atiende la directora y me dice que estaba desaparecida. Si yo no llamaba ni me enteraba”.

¿Qué fue lo primero que pensaste que había pasado con Iara?

Que se había escapado. Si Iara me mandó ese mensaje fue porque quería darme una alarma. Ese día para mí tomó la decisión de escaparse. Es más: ese mensaje lo analicé mil veces. Y cuando fui a recorrer la zona del barrio Libertad, haciendo el recorrido que una persona nos señaló como el que hacía habitualmente Iara, escuché las mismas cotorras que se escuchan de fondo en ese mensaje. 

¿Qué hay en ese barrio?

La casa de su mejor amiga

¿Hablaste con ella?

Sí, fui a visitarla cuando Iara estaba todavía desaparecida, pero es una nena que siento que me ocultó cosas.

¿Declaró en la causa?

Sí, pero no le dieron mucha importancia a lo que dijo.

¿Y qué dijo?

Se fue por el lado de la problemática familiar histórica y no habló sobre lo que le estaba pasando a Iara ahora.

¿Y a vos qué te dijo?

Que el último día que la había visto fue el jueves, un día antes de que desapareciera. Y que estaba muy contenta. Ningún signo de alarma.

Lo que revelan los femicidios de Iara y Evangelina: Ciudad infeliz
Mujeres en marcha junto al mar, a propósito del último Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, el 25N. La marcha ocupó más de diez cuadras.

Hogar

Mariela vive en Miramar, en la zona rural, donde trabaja de casera cuidando un campo del que es dueño un juez que tiene 12 hijos. Logró así sostener a su familia cuando su pareja la abandonó en un momento muy duro: habían matado a su hermana de 12 años y estaba embarazada de Iara. Entre el salario de casera y su vocación por la costura fue sorteando las dificultades. Al pasar de los años, formó otra pareja, tuvo su cuarto hijo y cierta estabilidad que quebró la pandemia. “Ahí Iara comenzó a ponerse muy rebelde. Quería conectarse con su padre, que nunca se había hecho cargo de nada. Conseguí dar con una mujer con la que él ahora estaba en pareja y así conseguí su teléfono. Iara comenzó a intercambiar mensajes, y al tiempo me planteó que quería irse a vivir con él. Yo no quería, porque sabía que no la iba a cuidar, pero finalmente cedí, porque ella insistió muchísimo. Cuando estaba ahí, un familiar quiso abusarla. Se lo contó a su padre y él en lugar de defenderla, la echó. Entonces Iara intentó suicidarse. De todo esto me enteré en el hospital. Ella ni siquiera en ese momento quiso contármelo. Su psiquiatra me dijo que sentía culpa porque yo se lo había advertido, pero yo pienso que quiso cuidarme, que creyó que se me iba a romper el corazón”. 

Incapaces

El 29 de marzo de 2022 el juzgado de familia calificó la situación de “irreversible”, alegando que “el principal obstáculo en esta intervención fue el no contar con la participación de ninguna figura familiar para ejercer el cuidado de Iara ni nadie que acompañe su evolución”. El 8 de mayo de 2022 el asesor de Incapaces, Hugo Llugdar, dispuso entonces su ingreso al Hogar Aldeas Infantiles. Dictaminó, además, abrir una cuenta judicial para que la Anses deposite allí el subsidio de la asignación universal por hijo (AUH). La guarda fue en principio por 90 días.

Iara vivió allí casi dos años, hasta que desapareció.

Paradero

Apenas le confirmaron que Iara estaba desaparecida Mariela comenzó a buscarla. Por las calles, por las redes, por las paredes y por las radios. Así logró que las personas de a pie –la gente– le diera información sobre lugares peligrosos donde habían visto menores de esa edad en situaciones sospechosas. Uno de esos datos le permitió que la DDI de Miramar le tomara la denuncia. “Sabían que en ese lugar se vendía droga y desarmaban motos, así que libraron una orden de allanamiento. Dos amigas se pararon en la esquina para comprobar que no sacaran nada, por si les avisaban. Y efectivamente vieron cómo sacaban un carro cargado y tapado. No encontraron ahí a Iara, así que al día siguiente decidimos organizar una movilización a un acto por el Día del Niño donde estaba el intendente. Me acompañó Marta, la mamá de Lucía Pérez, mis amigas, los vecinos. Hacía un frío atroz. Estaba lleno de chicos y familias. Comenzamos a gritar ‘Iara también era una niña’. El intendente nos recibió y se comprometió a ayudarnos. Le dijimos que creíamos que estaba en Miramar y ordenó que en toda la ruta haya patrulleros controlando autos y micros. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada, pero al menos todo el ruido que hicimos sirvió para que encontraran a otra chica desaparecida. Y para que la fiscal de Mar del Plata ordenara finalmente la búsqueda de paradero de Iara”. 

Ya habían pasado seis días.

Al décimo encontraron los tres huesitos de Iara.

Teléfono

En la causa hay un informe sobre la actividad del teléfono de Iara el viernes de su desaparición:

Mantuvo una comunicación telefónica de 154 segundos que captó la antena Casino Nuevo, emplazada en Buenos Aires al 1900, en el centro marplatense.

A las 17.37 –la hora de los mensajes de voz que envió a su madre y a su cuidadora– la ubica en el barrio Libertad, en la antena ubicada en el Club Universitario.

La última conexión fue a las 3.24 de la madrugada, ya del sábado 1 de julio en la misma antena. Este dato es importante porque la ubica en un lugar próximo a donde, diez días después, aparecerían sus tres huesitos.

Hallazgo

“Estuve ahí y sé que fue una escena montada”, sintetiza Mariela. Así la describió el diario La Capital

“El lunes 10 de julio un vecino del barrio Virgen de Luján descubrió los restos en el inmenso baldío de más de 9 hectáreas y dio aviso a la policía. Como estaba de turno la fiscal Florencia Salas inició una investigación para identificarlos, aunque de inmediato supo que podía tratarse de Iara Nardelli porque en ese mismo predio, aunque casi a 400 metros, estaban sus pertenencias: una campera, anteojos recetados, blísters de medicamentos, botellas de bebidas alcohólicas y un cuaderno de anotaciones personales con una carta fechada el 26 de junio en la que, con su redondeada letra, escribió que no la estaba pasando bien. Esa angustia o descontento no refería a un hecho específico sino a un contexto general y, tal vez, a todo ese proceso de infortunios que terminó con su judicialización. El estado en el que fueron hallados los restos y principalmente otros elementos notorios abrieron la posibilidad de que, como sospecha la familia, pueda haberse perpetrado un asesinato”.

El lugar del hallazgo queda a quince cuadras de Aldeas Infantiles y a tres de la casa de su mejor amiga.

Perros

Cuenta Mariela: “El 19 de julio, ya casi de noche, la fiscal  Romina Díaz me cita, me hace pasar sola y me dice que Iara se había suicidado y que los perros habían destrozado su cuerpo y solo habían dejado una pierna y el cráneo. Así me lo dice. Al día siguiente me llama la fiscal Romina Salas –que es la que había ordenado su búsqueda– y mantiene esa versión. Y en ese lugar no había sangre, no había perros salvajes, nada. Es imposible que unos huesos secos te permitan decir algo así. Me responde: ‘Sabemos que no fue una muerte violenta porque el cráneo no presentaba ningún traumatismo’. Entonces mi abogado le pregunta: ‘¿Y en el resto del cuerpo? ¿Cómo lo sabe, si no está?’”.

La teoría de los perros salvajes tiene una vinculación temporal: el día anterior al hallazgo un niño de 9 años fue atacado por una jauría. Los perros pertenecían a un quintero de la zona, que fue multado por el ataque. Según deduce el diario La Capital luego de estar en la zona, esos perros “están alimentados en una quinta del lugar y es inimaginable que puedan haber actuado de la forma en la que se indica” desde la fiscalía.

Pistas

Sigue Mariela: “Cuando estuvimos en el rastrillaje una vecina se nos acercó y nos dijo ‘Esto es mentira. Yo paso por acá todos los días’. Era una mamá jovencita, con su nena de 14 años, que se animó a decirme eso porque se puso en mi lugar. Otra vecina me cuenta que en la madrugada escuchó ruidos entre las cañas y llamó a la policía, porque tiene un pariente que trabaja en la comisaría y le tiene confianza”. Esos comentarios animaron sus certezas, así que decidió iniciar su propia investigación. Acompañada por Marta, la mamá de Lucía, y sus amigas, fue al barrio con una centena de hojas impresas que pegó en las paredes y paradas de colectivo con el grito ¿Qué le pasó a Iara?, una invitación a brindar información y su número de teléfono. En esa recorrida recogió datos y testimonios. Las vecinas conocían a Iara. La veían pasar frecuentemente, ingresar a la casa de su amiga, donde solía estar los fines de semana. “No es ambiente para chicas como la suya”, sintetizaron. “Muchos vecinos nos dijeron que el sábado a la madrugada la vieron salir de esa casa, donde había una fiesta. Y a una hora que coincide con la última vez que encendió su celular y con donde la ubica la antena”.

¿Quién vive en esa casa?

Su mejor amiga, el papá, la mamá, la hermana y una nena que se escapó de Aldeas Infantiles, que era compañera de Iara.

Pruebas

¿En qué situación está ahora la investigación judicial? Responde Maximiliano Orsini, el abogado de Mariela:

“Falta que declare un testigo que se comunicó con la mamá de Iara para darle indicios de lo que pudo pasar esa noche: supuestamente fue a una fiesta de cumpleaños de una persona que se domicilia en cercanías de donde se encontraron los restos. A este testigo lo citaron en dos oportunidades y no se presentó. Ahora se libró un comparendo compulsivo para que lo vaya a buscar la policía. Evidentemente por algo no quiere declarar. Falta también que llegue la pericia histopatológica de los restos, que mandamos a hacer a La Plata: eso nos puede aportar si tenía restos de droga o alcohol. Falta el resto del cuerpo, el pantalón, las zapatillas, el celular. Y el informe de la compañía telefónica, que a más de cinco meses todavía no lo envió”.

¿Y qué hay?

La prueba más importante y la que nos da claramente una hipótesis de homicidio es la pericia que hizo la policía científica sobre las pocas prendas halladas. Esa pericia fue ordenada por la fiscalía para determinar si las prendas tenían daños provocados por animales o una jauría, con la intención de confirmar su hipótesis. Y dio el resultado contrario: no había ningún daño producido por animales. Lo que había era un daño en el bretel izquierdo de corpiño, que fue arrancado; otro en el encaje: un desgarro. También en una de las mangas del buzo, que coincide con el desgarro en el encaje porque es en el mismo lado:  tiene descosida la costura, como si hubiesen jalado de allí. Es un daño que está muy claro. Hay también dos manchas de sangre en la parte frontal del corpiño. La bombacha está rota en la parte de abajo, cortada, según dicen los peritos, con algún objeto que no es tijera o cuchillo, porque no es perfecto, pero que es un objeto cortante. Son indicios claros de un hecho violento, pero lamentablemente no se está investigando así. Es una causa plagada de indicios, pero sin autor identificable.

¿El crimen perfecto?

Sí, porque se perdió mucho tiempo investigando un suicidio. Y se perdieron muchas pruebas en esa demora. Es una responsabilidad fiscal directa. Si ves la causa se ha movido solo por los pedidos de la querella. Hace lugar a esos pedidos, pero con una posición tomada: la hipótesis sobre suicidio. Para la fiscal no es una muerte violenta porque cree que no hay elementos objetivos que así lo indiquen. Para mí la pericia de las prendas lo son, pero no para la fiscal. Nunca vi un caso tan cerrado en cuanto a la falta probatoria y tampoco vi nunca un accionar de una fiscalía tan relantizado. El tiempo pasó, los meses transcurren y no hay nada. 

¿Y a qué atribuye esa nada?

Es un barrio manejado por algunos vendedores de drogas y la policía tiene que saber quiénes son. Si hay testigos es difícil que hablen por temor a las represalias. Libertad es un barrio blindado. Si a eso le sumás una fiscal que no investiga tenés esto: la impunidad.

Valor

¿Qué se necesita para hacer justicia por Iara? Responde Mariela: 

“Que una persona tenga el valor de decir lo que sabe y se presente a declarar. Una”. 

¿Creés que hay condiciones para que alguien diga la verdad?

¡Qué pregunta! Creo que sí, ojalá que sí. 

Ruido

Mariela viaja todos los miércoles desde Miramar a Mar del Plata para plantarse frente a los tribunales y hacer un ruidazo: hace sonar latas, pitos, cornetas durante horas y horas. La acompañan Marta, la mamá de Lucía, sus amigas y desde hace cinco semanas la familia de Walter Obregón, a quien conoció en esa vereda: están buscándolo desde el 15 de agosto cuando lo subieron a un auto por la fuerza en la zona de Playa Serena. Dirá Mariela: “Cuando pasa algo así ¿nadie averigua, nadie hace nada? ¿No hay cámaras, no hay testigos, no hay nada? Ahora reclamamos justicia juntas por que es la única manera”.

Cerca

El resto de la semana Mariela se dedica “a seguir muy de cerca lo que ocurre en el barrio Libertad”. Informa: “Ya hay tres personas asesinadas este mes de noviembre. Y hoy se sumó el femicidio de una mujer que fue tiroteada por el sobrino. Dicen que fue por una discusión familiar. Averigüé y no es así. Es porque venden droga y si alguna persona se opone, termina con un tiro”.

Se refiere al crimen de Evangelina Elizabeth Sánchez, acribillada en la puerta de su casa delante de sus cinco hijas. Era una trabajadora de la industria pesquera. Había conseguido quedar efectiva hacía tres meses. Festejó ese alivio: creía que su vida y las de sus hijas estaban aseguradas.

Huérfanas

Las cinco huérfanas que dejó Evangelina son ahora la preocupación central de las vecinas de las cuadras más castigadas del barrio Libertad. La mayor tiene 20 años, le sigue una de 19, embarazada, y luego una escalera de tres criaturas que van de los 7 a los 3 años. Todas dependían del sueldo de su mamá. 

Chat

Durante la inauguración de la Casa de Lucía las hijas de Evangelina pudieron conocer cara a cara a las funcionarias de los ministerios de las Mujeres de Nación y provincia de Buenos Aires y plantearles la emergencia de su situación. A la semana le pregunto a Brenda, la mayor, qué resultados concretos hubo. Me reenvía entonces los mensajes que recibió del bonaerense, el único que sigue en pie:

Hogar

Brenda me dice que está muy preocupada. Creo entender por qué hasta que me lo explica, y no:  investigué, recorrí, escuché, caminé, entrevisté, busqué datos, leí expedientes, consulté archivos y más, pero no entendí nada. 

Esta joven mujer menuda, que todavía tiene húmedos los ojos y negras las ojeras, en menos de diez días ya aprendió lo importante: muy pocas personas entienden lo que sucede en el barrio Libertad. 

Me lo tiene que decir todo, palabra por palabra y con paciencia. 

Dirá entonces Brenda: “Puedo dejar de estudiar. Mi mamá no quería, pero bueno: ahora tengo que hacerlo y sé que puedo. Sé también que voy a tener que trabajar muchas horas, incluso los fines de semana. Ahora viene la temporada, así que quizá no sea tan difícil. Perfecto. Puedo hacer eso también: trabajar sin parar para mantener a mis hermanas mientras las cuidan las vecinas. Pero, ¿sabés qué lo que no puedo? No puedo dejar de tener miedo de que venga Minoridad y diga que no hay nadie que se haga cargo de ellas y entonces una jueza las mande a un hogar”.

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Lo que revelan los femicidios de Iara y Evangelina: Ciudad infeliz

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El pasado narco de la Casa de Lucía: El clan Loza

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Entre cientos de inmuebles y autos de lujo, un clan narco con conexiones en tres países era el propietario de lo que ahora es la Casa de Lucía. Condenados sus integrantes, sus bienes fueron embargados y una casa marplatense asignada a la familia Pérez, que lucha precisamente contra los narcofemicidios de la ciudad. Una historia ¿increíble? Textos: Lucas Pedulla

El pasado narco de la Casa de Lucía: El clan Loza

En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “clan” tiene dos acepciones:

“En Escocia, conjunto de personas unidas por un vínculo familiar”.

“Grupo predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista”.

No fue en la tierra de William Wallace donde comenzó esta historia, sino en la de Güemes: Salta. Y un comienzo posible data del 16 de noviembre de 1978 día en el que en esa ciudad nació un bebé llamado Erwin Raúl Loza. 

Nada hacía suponer que, cuarenta y tres años después, la acepción de “clan” estaría vinculada a su apellido, ni que los fuertes vínculos familiares con tendencia exclusivista tendrían otros condimentos que están mucho más acá de cualquier serie por streaming:

Un financista asesinado en Quilmes.

Jubilados como mulas.

La Ferrari de Maradona.

La Casa de Lucía.

Erwin, alias “El Nene”, fue condenado a diez años de prisión en 2021 como jefe del “clan Loza”, una organización que entre 2008 y 2018 compró casi 200 inmuebles y vehículos para lavar más de 800 millones de pesos del tráfico de drogas a Europa. Entre esos bienes, figuraba la casa de Alvarado al 4500, en Mar del Plata. 

Este inmueble ahora asignado a la familia de Lucía Pérez había pasado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tras el pedido del Ministerio Público Fiscal de hacer uso de la “extinción de dominio” como instrumento jurídico, para recuperar así bienes que fueron producto de una actividad delictiva como, en este caso, el narcotráfico. 

La conexión entre el narcotráfico y la muerte de Lucía Pérez no es un hecho aislado ni casual en Mar del Plata.

El pasado narco de la Casa de Lucía: El clan Loza
Erwin “The boss”, el jefe del clan.

The boss

El hilo de la investigación que llevó a Erwin a la cárcel empezó en noviembre de 2017 cuando detuvieron, en el Aeropuerto de Ezeiza, a dos personas del clan provenientes de Madrid: intentaban ingresar al país con tres valijas con 365.800 euros ocultos. Así se desató un ovillo internacional con el despliegue de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) compuesto por Argentina, España e Italia, que permitió identificar a los integrantes y la operatoria de la organización. El equipo también incluyó a la Gendarmería, la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, la AFI y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Toda la tropa dispuesta a la investigación del clan Loza.

Finalmente en distintas causas fueron detenidas 42 personas en los tres países sospechados. En España, por ejemplo, hay un proceso por un traslado de 1.200 kilos de cocaína en Granada. En octubre de 2017 la policía española secuestró un cargamento de 530 kilos en Almuñecar (Granada) y otro de 612 kilos enterrados en una casa en Zarautz (País Vasco). En Italia, en el puerto de Savona, la banda se había olvidado un kilo de cocaína en un hueco de refrigeración en un contenedor de fruta que venía de Perú. En el país latinoamericano también se secuestraron 3.500 kilos de cocaína y fueron detenidas 18 personas.

En el juicio argentino, el fiscal auxiliar de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Matías Álvarez, estimó que el kilo de cocaína en la frontera norte de Argentina tiene un precio de entre 3.000 y 5.000 dólares. Su valor mayorista en Europa no baja de 27 o 28 mil euros el kilo, diez veces más que su valor en Bolivia. La venta al menudeo, precisó, puede llegar a 60.000 dólares el kilo. Por este flujo de dinero, las ganancias del clan se estiman en no menos de 5 millones de euros. 

Para canalizar todo ese dinero, y poder comprar y vender todos los bienes, utilizaron sus propios nombres (con datos falsos en declaraciones juradas) y sociedades vinculadas a ellos: Inversora Salteña S.A., Uruguay Parking S.A., Aguamarina S.A., La Casona de la Linda S.R.L., Automóviles The Boss S.A., BM Materiales S.A., Ervin Nacho Operaciones Inmobiliarias S.A., etc. En función de esta estructura los fiscales detectaron una profusa lista de inmuebles comprados en CABA, Villa Madero (La Matanza), Del Viso (Pilar), San Isidro, estancias como “Las Marías” en San Pedro, y también en Salta, donde además poseen hoteles. Hay casas en countries de Máximo Paz (Santa Fe), casas en Mar del Plata. También cocheras: hay una para 95 autos en Uruguay al 100, pleno microcentro porteño.

En otra de esas cocheras, ubicada en la calle Humberto Primo, en el barrio porteño de San Telmo, la Unidad Antidrogas de Gendarmería Nacional encontró la Ferrari F335 Spider Roja con la que Diego Maradona llegaba a Boca a entrenar en 1997. Según el periodista Federico Fahsbender, esa Ferrari siguió su camino: la compró una empresa de La Plata, luego una firma inmobiliaria en Lomas del Mirador, fue subastada en Mercado Libre llegando a un precio de 670.000 dólares, hasta que en 2009 fue registrada en un lote de San Patricio del Chañar, en Neuquén, sin calle ni número. Su titular era una empresa fundada un año antes con un nombre –ahora sí– de serie: Automóviles The Boss S.A.

En los papeles, la empresa se dedicaba a la compra y venta de autos, y en el Boletín Oficial aparecía Erwin Loza, empresario salteño, como su dueño. Había comprado esa cochera en 2011 junto a su mujer, Clara Fernández, por 2,7 millones de pesos a través de otra firma, Inversora Salteña. El dinero, en los papeles, figuraba producto de la venta de otros inmuebles en La Matanza. Clara Fernández ocultó la propiedad a la AFIP hasta el sinceramiento de 2017, y su esposo se la transfirió en 2017 para que la explotara como estacionamiento. Fernández ya representaba a otra firma, Uruguay Parking.

Erwin estaba autorizado a manejar la Ferrari por cédula azul, pero el mítico vehículo nunca fue declarado al fisco. Tampoco en declaraciones juradas o blanqueo de capitales. 

Erwin, the boss, fue detenido horas después del hallazgo. Estaba en su mansión de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. En la cochera porteña había un Chevrolet Camaro 2013 comprado en 2017 con 300.000 pesos en efectivo. También un Ford Mercury modelo 1973. Googlear las fotos de estos modelos es un buen ejercicio para el asombro.

Clara Fernández también recibió pena en la condena de 2021: 5 años de prisión.

El pasado narco de la Casa de Lucía: El clan Loza
Daniel Loza en el juicio.

Águilas, pastores & buchones

Erwin tenía otros dos hermanos. 

Valdemar, el mayor, fue condenado en 2019 a 15 años, pero hacía dos que ya estaba preso porque había sido detenido en un galpón de Tapiales (La Matanza, otra vez) con más de una tonelada de cocaína por un valor de 6 millones de dólares. Ese operativo se denominó “Ave Rapaz” porque el logo impreso en los ladrillos de droga tenía el dibujo de un águila. Otro detalle: once oficiales de la Policía Federal terminaron procesados por robarle a Valdemar entre 600 y 800 mil dólares de una caja fuerte en uno de los domicilios que le allanaron.

José Gonzalo, el hermano del medio, también tenía peso de líder del clan. Murió el 6 de noviembre de 2019 en el Hospital Xanit de Málaga, donde estaba internado por sufrir un cáncer de esófago. No sabía que, en otra de sus internaciones en un hospital de Madrid, todas sus conversaciones se escuchaban por micrófonos ocultos en su habitación.

Otro factor clave para determinar la estructura del clan fue la declaración del financista Diego Xavier Guastini, 45 años. Fue identificado como el “lavador” de los Loza. Contador, en diversos papeles figuraba como empresario, con domicilio fiscal en Ezpeleta (Quilmes), y aparecía en el Boletín Oficial en directorios de varias empresas que iban de la ganadería al turismo. Figuraba, también, en una firma de “consultores informáticos de Monte Grande”, en el municipio de Esteban Echeverría. En septiembre de 2019, firmó un juicio abreviado con otros nueve imputados por ser el jefe de una asociación ilícita para el contrabando de divisas agravado por la intervención de tres o más personas y el manejo de dinero de origen desconocido. El juicio sintetizó más de diez causas y la pena fue llamativa: tres años en suspenso. El proceso dejó al descubierto la trama de una operatoria más que interesante.

Guastini reconoció que usaba un sistema de “mulas” con hombres de entre 40 y 60 años, todos con domicilio en la zona sur del conurbano bonaerense, y para no generar sospechas en chequeos aleatorios de Ezeiza, la estructura incluía a jubilados. Una de las primeras acusaciones es del 26 de octubre de 2013, cuando detuvieron a dos hombres provenientes de un vuelo de Roma con 169 mil euros ocultos entre la ropa de la valija. Dos cuestiones llamaron la atención de los oficiales. La primera, obvia, que el monto superaba el máximo permitido por AFIP. La segunda: no coincidían los perfiles comerciales de quienes traían los billetes: uno tenía 50 años, era de Florencio Varela, beneficiario del plan Garrafa de la ANSES, y había declarado ser evangelista y panadero. No fue la única rareza: en diciembre de 2012, dos pasajeros de un vuelo desde México fueron detenidos con 689 mil dólares entre sus calzones y camisas. Uno era un jubilado, el otro era un comerciante. 

El juicio no dio cuenta del origen del dinero ni tampoco del proceso de selección de las mulas, pero sí permitió saber, por ejemplo,  que Guastini también había llegado a Ecuador con contratos de donación falsos. También se ve la sombra narco con la participación de Pablo Portas Dalmau, otro de los imputados de esa banda, que está involucrado en la causa “Narcogolf” (cayeron en el Olivos Golf Club) por querer ingresar dinero desde México.

Acorralado en diversas causas, Guastini decidió ser “imputado colaborador” de la justicia. Fue filmado en una sede de la PROCUNAR en 2018. Sus relatos se distribuyeron en cinco audiencias con sesiones de hasta cinco horas, fueron precisos y sirvieron como prueba para cinco causas, entre ellas la de los Loza. Del clan, se refirió  precisamente a Erwin.

Un sicario a mató Guastini de tres disparos en la madrugada del 28 de octubre de 2019, a metros de la Municipalidad de Quilmes, mientras manejaba su Audi A4. Entre  los miembros de la banda acusada por su asesinato, está el sargento de la Policía Bonaerense Adrián Baeta, uno de los principales operadores en el falso operativo llamado “Leones Blancos”, de 2013, promocionado entonces como un exitoso golpe al narcotráfico. Por esa causa cayó el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan porque la verdad era más compleja: el anuncio fue que habían detenido a seis personas con 600 kilos de cocaína, pero en realidad eran 1.200. La mitad de ese cargamento quedó en manos de una “asociación ilícita” que integraban unas 50 personas, entre policías bonaerenses, abogados, financistas y operadores del Poder Judicial.

Según Página 12, la operación se gestó cuando unos narcos colombianos se acercaron a Guastini para cambiar una suma grande de dólares por euros. Por ellos se enteró de una jugosa operación para adquirir 1.200 kilos de cocaína. El financista, apodado “Dolarín”, le pasó el dato a sus policías amigos de Quilmes, y con la ayuda de Scapolan, hicieron el resto: le frustraron la operación a los colombianos, se llevaron los aplausos por el “exitoso operativo”, y se quedaron, de yapa, con la mitad de la cocaína secuestrada.

Por esas razones, las hipótesis del crimen de Guastini son múltiples. 

También, los alcances de sus declaraciones.

Su video delator se transmitió en el juicio del Clan Loza, pero él ya estaba muerto.

El pasado narco de la Casa de Lucía: El clan Loza
La policía junto a la Ferrari de Maradona.

Radiografía del clan

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 dio a conocer las penas al Clan Loza el 2 de diciembre de 2021. Además de Erwin (10 años) y su esposa Clara (5 años), también recibieron condenas:

William Weston Millones, 8 años: organizador, de nacionalidad peruana, era el nexo con proveedores del Cono Sur y los transportistas hacia Europa. Viajaba con un pasaporte chileno falso bajo la identidad de Traico Ilich Ilich.

Gerardo César Guccione, 7 años: era asistente de los Loza. Participó en negociaciones con otros grupos y administraba parte de las ganancias. En noviembre lo detuvieron en su casa de San Fernando, mientras se hallaba en libertad condicional. El operativo se dio en el marco de Interpol porque España quiere extraditarlo por el tráfico de drogas en ese país.

Gonzalo Daniel Junior Loza, condena a 6 años: es sobrino de Erwin e hijo de José Gonzalo. Era el sucesor del negocio, y se encargó de muchas de las operaciones en España mientras su padre estaba internado. Sospechaba que la habitación estaba “pinchada”, pero quedó grabado cómo su papá le explicaba el funcionamiento. Como Guccione, fue detenido en su casa de San Isidro: también piden por su extradición.

Estela Marí Gallo, 6 años: en el fallo por extinción de dominio aparece como la titular del inmueble que, hoy, es la Casa de Lucía en Mar del Plata.

Américo Alfredo Santi, 4 años y medio: acusado del lavado de activos junto con Millones.

Juan Carlos Fernández, 4 años y medio. Facilitó su nombre y firma para la compra de muchos de los bienes.

Eduardo Javier Silveira López, 4 años. Muchos vehículos figuran a su nombre.

Alan Daniel Loza, 4 años: otro de los hijos de José. También figuran a su nombre varios de los bienes muebles e inmuebles comprados con plata del lavado

La conexión 

Los jueces detallaron sus comprobaciones: “La organización ilícita instrumentaba maniobras de tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España de clorhidrato de cocaína), contrabando de divisas desde Europa hacia el país y finalmente lavado de activos provenientes de las ganancias producidas por sus actividades ilícitas precedentes. Las acciones para dar apariencia lícita a esos fondos eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a través de sociedades anónimas, entre los que se incluyen vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias”.

También: “No tenemos aquí solamente inconsistencias fiscales o contables. Además, tenemos a allegados a personas dedicadas al narcotráfico adquiriendo, a través de entes societarios sin actividad suficiente para justificar tales compras, bienes muy valiosos sin documentación respaldatoria suficiente ni consistente”.

Además de Italia y Perú, también comprobaron que los vínculos y los nexos van desde Colombia y Bolivia hasta Inglaterra e Irlanda. 

Toda esta historia, con muchos giros que detallados en miles de fojas, es la que antecede a la puesta en valor de la Casa de Lucía como una referencia territorial única: de una casa comprada con dinero de “lo narco” a una casa recuperada por una familia.

“Lo narco” aparece en la causa de Lucía Pérez tanto en la venta minorista que llevaba adelante Farías, uno de sus femicidas, como los tentáculos que conlleva el apellido de Offidani en el crimen; conexiones jamás investigadas por la justicia, que condenó a ambos por el femicidio y su encubrimiento, y consideró el rol de estos hombres como vendedores de drogas como uno de los agravantes para mostrar la asimetría con la joven de 16 años.

Entre los carteles, el lavado y Europa, nace la Casa de Lucía, que hoy empieza a transformar esa historia y escribir su propio futuro.

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