Pese a los reclamos de las comunidades fumigadas Entre Ríos sancionó una ley que permite pulverizaciones desde los 10 metros de distancia, incluso con drones. Voces de personas, familias y pueblos que denuncian y marchan contra los agrotóxicos, con un lema entre tantos: “Basta de cáncer”.  francisco pandolfi. Fotos de Pablo Piovano (cobertura colaborativa entre MU y Lawen). 

Esta historia entrelaza piezas que retratan a la provincia de Entre Ríos.

Podría arrancar con Ariel, un padre que vive denunciando fumigaciones, y Narela, su hija que vive con daño genético. 

O con la historia de Ximena: su hijo nació con una malformación escapular. Ella tuvo lupus. Ambos tuvieron problemas pulmonares pero promovió un amparo, se mudó y al alejarse de las fumigaciones ambos se curaron.

O con el caso de Leandro, enfermero que está haciendo un relevamiento casa por casa para prevenir el cáncer, en una zona donde se multiplica.

Podríamos empezar por Graciela, que ni bien ve a Leandro lo abraza, le da un beso y dice que le salvó la vida, en un punto del mapa rodeado de soja.

O con Daniela (en la sesión número 30 de quimioterapia) y su hija Clara (13 años, nació con una malformación, tiene mielomeningocele y nunca pudo caminar).

Podría hablarse sobre Armando, jefe de una comuna donde acaba de cerrarse la única escuela rural, parte del avance de la frontera agropecuaria y de un plan gubernamental de vaciar 300 escuelas similares. 

También podría iniciarse este relato con la historia de la coordinadora Basta es Basta (Por una vida sin agrotóxicos) que lleva más de 400 marchas todos los martes frente a la Casa de Gobierno en Paraná, reclamando salud y justicia. 

O con el dato sobre el mayor nivel histórico del pesticida glifosato en toda Sudamérica, concentrado en distintos arroyos de la provincia.

O con la historia de Carina Gallegos, secretaria de Agricultura de Entre Ríos que dialoga con MU y defiende la nueva ley provincial, autopercibida como “de las buenas prácticas en materia de fitosanitarios”.

Tal vez convendría empezar con esa legislación que disminuyó distancias para fumigar en todo Entre Ríos. Y que sirvió como experimento al proyecto de ley que acaba de presentarse en el Congreso de la Nación para habilitar en todo el territorio argentino la pulverización a 10 metros en aplicaciones terrestres y por dron, y a 45 metros de forma aérea.

Entre la mochi y el dron

El final en realidad es el principio. En diciembre pasado la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Nº 26117 sobre el uso de los que llama fitosanitarios (que otros llaman con más precisión plaguicidas, o pesticidas, o agrotóxicos) impulsada por el oficialismo (PRO) y acompañada por La Libertad Avanza y parte del peronismo que votó dividido. La presentó el diputado socialista Juan Rossi con el guiño del gobernador Rogelio Frigerio (ambos de Juntos por Entre Ríos) y fue reglamentada en agosto. En plantas urbanas (de más de 250 personas), la norma dio luz verde a pulverizaciones manuales o con dron a solo 10 metros, a 100 con equipos terrestres y a 1.000 metros las aéreas. En escuelas rurales, a 15, 150 y 1.500 respectivamente. En cursos de agua y áreas naturales los límites se redujeron a 5, 50 y 100 metros.

Daniela Verzeñassi integra el Foro Ecologista y ahora está parada frente a la Casa de Gobierno de Paraná, donde acaba de suceder la marcha 402 que se hace todos los martes desde el 16 de enero de 2018 contra el uso de pesticidas. 

Su descripción: “Hasta su sanción, la distancia de resguardo era de un mínimo de 50 metros. Hoy pueden envenenarnos a 5, 10, 15 metros. Con la nueva ley al servicio de los sectores concentrados dejaron el territorio liberado a los venenos más de lo que ya estábamos. Es un despropósito que igualen la fumigación con mochila al dron, un vehículo volador que lleva 60 litros de agrotóxicos”.

La reducción de las distancias choca con el principio de “no regresión en materia ambiental” que explicitan la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. 

En términos simples: no se puede ir para atrás. Y choca con las pruebas científicas sobre los plaguicidas. Desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Todo indica que esa información no llegó a las autoridades. O no la quieren ver. 

LAs “buenas prácticas”

La autoridad de aplicación de la ley que (supuestamente) regula el uso de pesticidas es el Ministerio de Desarrollo Económico provincial, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La secretaria de Agricultura es la ingeniera agrónoma Carina Gallegos. Fue presidenta del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer) y consultora de ConsAgro SRL, empresa que presta servicios de monitoreo de cultivos y pulverizaciones, que recibió a MU.

¿Cuál es tu opinión sobre la Ley de las buenas prácticas de fitosanitarios?

Es una norma que tiene un consenso de todos…, de gran parte de los actores de la sociedad como las universidades, los colegios de profesionales y eso es lo positivo. El objeto de la ley es garantizar la salud, la inocuidad de los alimentos, velar por un ambiente sano y saludable y preservar la producción, todo eso está garantizado por la ley.

¿En qué se basaron para disminuir las distancias en las aplicaciones?

No es una ley que tenga una disminución en todas las distancias. Sí segmenta distintas áreas sensibles en cuanto a la planta urbana, escuela rural, zonas con o sin asentamiento de personas, cursos de agua. Y diferencia los métodos de aplicación: es distinto si es aérea, como un avión o un dron, con un equipo terrestre o manual. No es que las distancias sean menores, las establece de otra manera.

No es así: la nueva ley reduce la mayoría de las distancias en la zona de exclusión: a 5, 10, 15 metros.  

Son distancias mínimas obligatorias, digamos, que debe respetar cualquier aplicador. Pero si alguno pretende dejar más metros para su tranquilidad o por su expertise, lo puede hacer. No hay un obstáculo a que en vez de utilizar 5 metros de zona de exclusión utilice 10. Con un debido control tecnológico para las aplicaciones y la presencia de los profesionales de la agronomía, las distancias son seguras. 

Hay estudios científicos que alertan sobre la necesidad de disponer distancias mucho mayores para minimizar el impacto. El ingeniero químico Marcos Tomassoni en su estudio Tres Derivas plantea un mínimo de 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 2.000 para aéreas. ¿Esto lo tuvieron en cuenta?

La distancia se utiliza como una muletilla para intentar garantizar cosas que en realidad la distancia no garantiza. Una aplicación hecha con condiciones meteorológicas inadecuadas la podés hacer a 100 metros y habrá perjuicio igual. Nosotros somos muy incisivos sobre las condiciones meteorológicas, la velocidad y la dirección del viento, y con la capacitación de los operarios. No es lo mismo el que utiliza equipos terrestres al que opera drones o aviones.

Existen fallos judiciales que establecen un mínimo de 1.095 metros para fumigar, basados en estudios científicos de la doctora Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre el daño genético producido por el uso de agrotóxicos. ¿No lo tuvieron en cuenta?

La verdad que no tengo claro el estudio que mencionás, no me puedo expresar. Hay que ver si realmente tiene una asociación directa con lo que se quiere saber, porque muchas veces o son indirectos o no reflejan el quid de la cuestión y aluden más a una cuestión de prensa que al resultado real del estudio. 

Otro estudio, del doctor en Ciencias Naturales Rafael Lajmanovich, determinó en junio pasado el récord histórico de glifosato en cuatro arroyos de Entre Ríos, que desembocan en el Paraná. ¿Tomaron alguna medida?

Los resultados se explican por la pérdida de suelo. Hay que conocer el contexto de los estudios y no solamente el resultado que salió a la prensa. Estos ensayos no demuestran nada que no sepamos: hay pérdida del suelo en Entre Ríos producto de que el relieve que tiene es bastante ondulado, digamos. Obviamente el glifosato, como otras tantas moléculas, quedan dentro de la estructura del suelo y al perderse suelo se pierden fertilizantes, nutrición del suelo y terminan en los cursos de agua luego de lluvias intensas. 

¿No les preocupa esa concentración de glifosato? 

Sí, claramente, por eso se vela por la adopción de buenas prácticas agropecuarias, el fomento a la conservación del suelo; por eso se sancionó esta nueva legislación sumamente reglamentaria, en la que se impuso un controlador tecnológico de las pulverizaciones y se creó un cuerpo de fiscalización de la ley de fitosanitarios.

Si existe esa preocupación, ¿no es contradictorio que legalicen fumigar a 5 metros de los cursos de agua?

Volvemos a lo mismo: la distancia no es garantía de nada. Si tenés una distancia de 100 metros, pero no velás por las buenas prácticas de aplicación, no te garantiza resguardar el curso de agua.

La ley crea un cuerpo de inspectores para fiscalizar su cumplimiento. ¿Cuántos hay para cubrir toda la provincia?

Siete.

Se acaba de presentar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados nacional para reducir a 10 y a 45 metros las fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente en todo el país. ¿Entre Ríos funcionó como experimento para esa ley? 

Disculpame, esta va a ser la última respuesta porque justo me están esperando. Este proyecto de ley es parte de un consenso alcanzado a nivel nacional sobre lo que hoy la tecnología permite para las pulverizaciones. 

La última: en Entre Ríos hay muchos casos de personas que enfermaron e incluso murieron por la exposición a los venenos. Recorrimos diferentes localidades y las comunidades registran casos de cáncer y otras enfermedades. ¿Se las consultó o se las tuvo en cuenta para la nueva ley?

Hay casos de cáncer constatados por distintos orígenes, ninguna estadística del Ministerio de Salud de la provincia hace pensar que existe algún factor exclusivo de Entre Ríos. No hay valores que reflejen que haya algún elemento de la ley de fitosanitarios que incida directamente en la salud de las personas y del medio ambiente.

No aclaró la funcionaria que el Ministerio de Salud no efectuó, justamente, estadística alguna. El pedido de entrevista al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, no fue aceptado. 

UNA LÓGICA SIN LÓGICA

Daniel Verzeñassi (el papá de Daniela) es bioquímico y un histórico referente ambiental. “Venimos denunciando la inexistencia de estudios de la salud pública con enfoque epidemiológico sobre lo que ocurre en los territorios mientras siguen sucediendo el incremento de las alteraciones congénitas y hormonales, de enfermedades degenerativas, de abortos espontáneos. Que no haya información permite el beneficio de determinados sectores”.

A una veintena de kilómetros al sur de la capital de Entre Ríos se instalaron un puñado de aldeas fundadas a fines del siglo XIX por inmigrantes alemanes provenientes del río Volga, en Rusia. Una lleva el nombre de Aldea Brasilera, porque sus integrantes previo a radicarse en territorio entrerriano estuvieron en Brasil. A este lugar en el mundo donde según el último censo lo habitan 1.267 personas no solo lo caracterizan sus tradiciones y cultura germana, sino el enfermero que trabaja en el centro de salud. Leandro Alva tiene 47 años y es licenciado en Enfermería con especialización en Salud Social y Comunitaria. 

Resume la transformación de la agricultura en una frase: “Nuestros antepasados alemanes vinieron con las semillas desde Europa, hoy se las compramos a las empresas. Somos sus esclavos”. Leandro abrió los ojos y ya no quiso cerrarlos. “Me recibí en 1998 y empecé a ver que un vecino se moría de cáncer, que otra también y otro y otra, pero de ese proceso no quedaba ninguna estadística. Hoy sé cada persona que murió de cáncer acá”.

Su trabajo es interdisciplinario. Desde 2011 hace una labor preventiva, puerta por puerta, para detectar el cáncer de colon (de los más extendidos). Recolecta datos y arma el árbol genealógico/sanitario del pueblo, al que define como “una familia ampliada”. Cuenta: “En las últimas cuatro décadas murieron 130 personas de cáncer en el pueblo. En una población donde hasta 2010 vivían 710 habitantes –con el boom del Procrear escaló a la cifra actual–, son un montón de muertes. Este modelo no llegó como paracaidista, hay responsables políticos que lo generaron. Nosotros no luchamos contra los chacareros, pero sí contra quienes imponen este sistema de agrotóxicos y transgénicos. No es divertido discutir con tu vecino o tu familiar, no es lindo para nadie, pero más triste es morir”.

Leandro es verborrágico y cada reflexión la remata con algún chiste o ironía para amenizar la problemática: “Acá hay que hablar, o callar para siempre”. Y entonces, habla: “El lema de la provincia es ‘primero los gurises’, pero esa mentira se demuestra con los muchísimos niños con cáncer que van al hospital Garrahan. No hay registro del impacto y las enfermedades de la gente, porque el sistema de salud no apunta a esto y por lo tanto es cómplice de que sigamos tragando venenos desde hace 30 años. En mi núcleo familiar muchos murieron de cáncer por tirar venenos. Es una lógica que no tiene lógica”.

Cuando ve llegar a Leandro, Graciela Tomassi lo abraza, le da un beso y le da las gracias, como cada uno de sus días: “Estoy viva por él. Estaba regando las plantas cuando en 2023 vino a casa por la campaña de prevención para el cáncer de colon. Yo me sentía bien, pero por dentro las cosas estaban mal”, dice Graciela, 62 años, que luego dirá: “Todo el mundo se queja de las enfermedades”, y lo dirá no como una queja del que se queja, sino como una descripción. Enumerará: “Mi papá murió de cáncer, era empleado rural, sembraba; el papá de mi esposo, lo mismo. Igual que sus tíos José y Catalina”. Y entonces aparecerá Guido (79 años, su marido desde hace 44) que estaba preparando el almuerzo. Agregará: “Y mi hermano Pedro, cáncer de páncreas e hígado; y mi amigo Abelardo, cáncer de esófago; y mi sobrino Ángel, cáncer de colon; y mi amigo Hugo. Todos trabajaban en el campo. Otros dos sobrinos, Rubén y Agustín, también tuvieron cáncer, de colon y de estómago, pero están vivos”. ¿Se asocia esto a los plaguicidas? Dirá Guido, antes de volver a la cocina: “Arriba de esta casa hasta llegó a pasar la avioneta que fumigaba, pero acá le echan más la culpa a la vacuna del Covid que a los agrotóxicos”.

El sillón caliente

A un par de cuadras del centro médico donde atiende Leandro, vive Daniela Bernhardt en medio de un “desmadre ambiental”, como grafica al entorno en el que se crio. “Había días que no podías salir de tu casa, el olor te descomponía”. 

Daniela tiene 37 años, nació y sigue viviendo en Aldea Brasilera, donde se fumigaba frente a su casa, como mucho a cien metros, recuerda. Hace dos años, en enero de 2023, le diagnosticaron cáncer de colon. Hace 13, cuando estaba en el séptimo mes de embarazo, le dijeron que su hija nacería con la espina bífida. Clara nació parapléjica, con mielomeningocele.

“Nadie puede asegurar que mi hija quedó así por la contaminación, lo mismo que mi enfermedad. Pero tampoco se puede asegurar lo contrario. ¿Cómo probarlo? Cuando voy a hacer quimioterapia veo un montón de mujeres jóvenes en la misma que yo, que vienen del campo. ‘Lo que pasa es que me fumigan cerca’, me decía una de las chicas. Es impresionante que el sillón para hacer la quimio siempre está caliente, entra una y sale otra”.

Daniela es parte del grupo de madres “Mamielis” integrado por mamás de chicas y chicos de todo el país con mielomeningocele, la forma más grave de la espina bífida. 

¿Cuáles son los mayores causantes de esa malformación? “Un motivo es la falta de ácido fólico de las gestantes durante el embarazo y el otro es la contaminación por agrotóxicos. A la mielo se la considera una malformación porque no se cierra el tubo neural durante el embarazo, queda la columna abierta del bebé y ni bien nace lo operan”.

Clara está en silla de ruedas. Dice que le va muy bien en el colegio, que su materia favorita es artes visuales y la que le gusta menos es educación física. Se ríe cuando lo dice, tímida, con dulzura. Su mamá también se ríe. Clara cuenta entonces que escucha y baila folclore. Y que le encanta leer. Que este año se devoró Romeo y Julieta, el Martín Fierro y Mi planta de naranja lima, y que en breve empezará El Principito. 

Daniela, su mamá, vuelve a sonreír al escucharla. Al siguiente día Daniela tendrá su sesión de quimioterapia número 29. Luego, irá a cursar: está a cuatro materias de recibirse de profesora de Lengua y Literatura. Es de las que no se rinden. 

“LEGALIZARON LO CRIMINAL”

Cuatro kilómetros al norte de Aldea Brasilera está la localidad de Colonia Ensayo, donde está vigente desde mayo un fallo judicial que prohíbe fumigar a menos de 1.100 metros. Ximena Rosso presentó en noviembre de 2023 un recurso de amparo ambiental “con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos”. Otro extracto de ese fallo: “Luego de haber efectuado varias denuncias vemos a diario como aun aplicadas las sanciones correspondientes en la órbita administrativa, las pulverizaciones continúan de manera incontrolable y contraria a la legislación vigente”.

Ximena (39) está junto a su hijo (7), que sólo quiere jugar a la pelota en esa pradera verde que se ve a los cuatro costados y donde en pocos meses se cosechará trigo transgénico. Mientras se sumaban las faltas de respuestas, su hijo se enfermó de broncoespasmos y asma; a ella, empezaron a salirle ronchas “terribles”. “Me broté entera y no era alergia, sino lupus. Vivía con corticoides y me pasó algo que nunca había experimentado: sentí en mi cuerpo el estar fumigada”. Fue lo que colmó la paciencia y estimuló el amparo. Y el amparo derivó en la violencia: “Cuando hice la denuncia, entraron a mi casa y me rompieron todo”. Meses después, Ximena decidió mudarse. “Y sin fumigaciones alrededor, nos curamos”.

Al haberse criado en la zona, la relación con los venenos no es de ahora. Su hijo nació con una malformación en la escápula, el mal de prengel. “No puedo asegurarlo, pero nadie me saca de la cabeza que lo de mi hijo fue por los agrotóxicos”. Ximena acompañó como prueba a la causa judicial el monitoreo del agua de red de la zona, que determinó la presencia de glifosato (0.6 mg/litro, el doble de lo permitido en agua potable), herbicida genotóxico y probable cancerígeno para humanos y cancerígeno para animales, según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud. “Mientras nos pasa esto, en Entre Ríos aprueban una ley que es una porquería. Ya nos están fumigando con dron y a diez metros. Legalizaron lo criminal”.

DAÑO GENÉTICO

Para conocer Aldea Salto –otro territorio con origen germano– hay que viajar 28 kilómetros al sur de Paraná. Pero no alcanza solo con ir. También hay que hablar con Ariel Gareis y su hija Narela. Y ver al dron que los fumiga y ver a la distancia que lo hace (cuatro, cinco metros del piso). Y ver, también, cómo los teros que vuelan (más bajo que el dron) se escapan. Se espantan. Y que horas después llegue la noche y que Ariel avise desesperado porque lo están fumigando de nuevo, a él y a toda su familia, incluida Narela, que tiene 9 años y que en junio le diagnosticaron –luego de otra fumigación– daño genético. Y que llegue la mañana y Ariel vaya a denunciar (ya perdió la cuenta de la cantidad desde la primera en 2012) que otra vez volvieron a fumigar al lado de su casa (literal, al lado, y ahora amparados por la ley), pero lo que cambió es un pequeño detalle (ni pequeño, ni detalle) y es que su hija ahora tiene daño en su material genético a causa de los agrotóxicos. 

MU se comunicó con el productor del campo (Lautaro Hasenahuer) para pactar una entrevista pero repentinamente dejó de contestar. Quien sí necesita hablar es Ariel, un punto gris (el color de su remera) rodeado de verde (miles de hectáreas donde se rota maíz, trigo y soja): “En 2012 arrancaron los problemas y en 2019 se profundizaron. Mi hija empezó con vómitos, había mucho olor, un aroma a hoja de eucaliptus quemada que hacía doler mucho la cabeza”. Ariel es apicultor y tiene pinta de actor alemán de los años 40. En su terrenito hay una docena de chanchos (más un puñado de recién nacidos que se hacen un festín entre el barro y las ubres de su mamá cerda) y seis perros, que son la mayor alegría de Narela. “Hace 30 años esto era un paraíso, pero ya no es la misma tranquilidad”, dice y le brota la bronca porque “cada dos por tres lo que llueve son venenos”. 

Entre Ríos es la única provincia argentina que incluyó al dron como tecnología de aplicación.

Denuncia: “El tipo que fumiga dice que no pasa nada. Los ingenieros agrónomos dicen que no pasa nada, pero quien tiene una hija enferma soy yo. En junio, luego de una aplicación a 30 metros de casa, la llevamos al laboratorio de la Universidad de Río Cuarto para hacerle el estudio de sangre (costó 200 mil pesos y se hizo una colecta entre vecinos) y descubrimos el daño genético. O sea, mientras las secuelas están a la vista ellos fumigan más cerca todavía; acá atrás tenemos un brazo del arroyo Salto y tiran veneno en el borde, hasta con viento en contra; es una locura lo que hacen, no les importa nada”.

LOS ARROYOS Y LAS ESCUELAS

En junio de 2023 científicos de Conicet, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de San Martín demostraron la presencia de 26 tipos de plaguicidas en la cuenca del arroyo Salto, en agua y sedimentos. Determinaron “una mortalidad significativa” y que “la población de anfibios que habita la zona puede verse afectada negativamente”. En junio de 2025, el científico Rafael Lajmanovich y su grupo de la UNL revelaron la presencia del mayor nivel histórico del glifosato en toda Sudamérica (5.002 microgramos por kilo de sedimento), concentrado en otros cuatro arroyos de Entre Ríos que desembocan en el río Paraná (Las Conchas, Las Tunas, Espinillo y Crespo). Cuenta Rafael: “Las muestras puras determinaron una mortalidad del 100%. Poníamos un organismo ahí y directamente moría, como si el agua en vez de agua fuera un veneno”. Además se encontraron los pesticidas atrazina, metolacloro, leoxilifop y cipermetrina. En Argentina se utilizan entre 500 y 600 millones de litros de agrotóxicos por año. En 2024, solo de glifosato se vendieron 145 millones de litros.

La nueva ley de fitosanitarios de Entre Ríos establece una zona de restricción en relación a los cursos de agua de 5 metros si es una aplicación manual o por dron y 50 metros si es terrestre. Algo similar sufren las escuelas rurales (15 y 50 metros). El avance de la frontera agropecuaria, el campo cada vez en menos manos y más grandes, y sumado a las fumigaciones cercanas a viviendas rurales y plantas urbanas generaron el despoblamiento de la ruralidad. Como consecuencia, hoy en Entre Ríos hay alrededor de 300 escuelas rurales en proceso de cierre por la baja matrícula. Varias cerraron el año pasado. Otras tantas en 2025. Una de ellas era la única en la Aldea Grapschental, casi 30 kilómetros al sur de Paraná. “No solo la cerraron, la desmantelaron, se llevaron las PC, sacaron el internet, limpiaron todo por decisión del Ministerio de Educación provincial”, cuenta Armando Stricker, 71 años, presidente de la Junta de Gobierno de la comuna.

¿Al lado derecho de la escuela? Campo. ¿Del lado izquierdo? Campo. ¿Enfrente? Campo. ¿Detrás? Campo. Señala el camino y dice: “Ahí había una hilera de árboles, fumigaron y los derribaron todos. Me cansé de plantar, acá lo van fumigando todo”. La escuela se inauguró en 1966: “Tengo una tristeza, yo fui de la primera camada que terminamos 7° grado. Éramos como 40 chicos, ahora cambió todo”. ¿Qué cambió? “Muchas cosas. Hasta que asumió el actual gobierno provincial la política siempre fue: aunque haya un alumno, la escuela sigue en pie. Ya no. En 2023 había 4, este año uno pero igual decidieron cerrarla”.

En su jurisdicción hay alrededor de 6 mil hectáreas. “Cada vez quedan menos productores chicos, los grandes se los van comiendo. Cuando volvió la democracia teníamos 100 productores, ahora solo 30. Antes teníamos variedad de cultivos, ahora es pura soja y un poco de trigo. Se necesitan estos lugares para que viva la gente, pero no hay forma de que lo entiendan”, dice, mientras una plaga de loros arman una sinfónica. “Antes fumigaban a 500 metros de una escuela rural, después pasaron a 100 y ahora a 15, que es lo mismo que nada”.

EL copy-paste nacional

Esta crónica que viajó por distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, por enfermedades y enfermeros; por manifestantes y autoridades; por escuelas y arroyos, termina el martes 14 de octubre de 2025, horas antes de que esta revista entre a imprenta.

No es un martes más. Y menos para esta historia entrelazada por tantas otras. A la mañana, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se presenta el “proyecto de ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”, en una primera reunión informativa. La iniciativa fue encabezada por los diputados Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados; y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y ya cuenta con el acompañamiento de 30 legisladores (LLA, PRO, Unión por la Patria, UCR). El proyecto legislativo establece distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones y 45 metros para aplicaciones aéreas. 

Benedetti dice que “en el 90% de los 38 millones de hectáreas cultivadas en el país se utilizan fitosanitarios y por eso es necesario esta regulación”. En la reunión hay entidades gubernamentales, de productores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. No hay invitaciones a voces disidentes. Lucas Magnano, entonces, nada como pez en el agua, o como soja en el campo. Es el presidente de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, y dice que está contento porque “si sale la ley le dará previsibilidad a los productores, que es lo que se necesita porque cuidar eso es cuidar la diversidad”. Y agrega: “Hay que llevarles tranquilidad a los habitantes del territorio, nadie quiere hacerle daño a nadie, sino seguir manteniendo nuestra producción agropecuaria. Simplemente necesitamos convivir”.

Marcos Filardi, abogado especialista en temas ambientales y de derechos humanos  no ha sido invitado hasta ahora por los legisladores, del mismo modo que no se consultó a ningún investigador o científico con mirada crítica, ni a las propias comunidades afectadas. Plantea Filardi: “El proyecto es una copia de la ley aprobada e implementada ya en Entre Ríos que es abiertamente regresiva, inconstitucional y hasta criminal. Una de las grandes deudas de nuestra democracia es que no tenemos una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. Hace unos años hubo un proyecto del diputado Leonardo Grosso, que establecía 1.500 metros para las fumigaciones terrestres. No se pudo tratar. En este caso, hay una  una articulación de actores vinculados a las empresas vendedoras de los venenos nucleadas en esta Red de Buenas Prácticas Agrícolas, que busca reducir las distancias a 10 metros de fumigación terrestre y a 45 metros de fumigación aérea, lo cual es inaceptable”. 

“Es un proyecto regresivo porque la distancia de 1.095 metros que defienden los pueblos y comunidades no es arbitraria, sino que tiene fundamento de investigaciones científicas y ha sido refrendada por fallos de la Corte Suprema. Tenemos a buena parte de la población expuesta sistemáticamente a la aplicación de más de 7.000 pesticidas, muchos de ellos prohibidos, que suman de 500 a 700 millones de litros de agrotóxicos al año”. Las investigaciones del doctor Damián Marino, por ejemplo, detectaron pesticidas en frutas y verduras de consumo urbano, en suelos, en lagos y ríos, en el agua de lluvia y hasta en el algodón utilizado comercialmente para productos como pañales y tampones. 

Retoma Filardi: “Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, en los territorios: incremento de los trastornos neurodegenerativos, de los abortos espontáneos, de las enfermedades de la piel y oculares, de las malformaciones, de los cánceres hasta tres veces la media nacional como revelan los estudios del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario por la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos. Estos pesticidas están presentes en prácticamente todos los alimentos que comemos, en mayor o menor medida, y por lo tanto en nuestros cuerpos, tanto en el campo como en la ciudad, enfermándonos y sometiéndonos a estas enfermedades crónicas de las que hablábamos antes. El modelo productivo, además, destruye la fertilidad de los suelos, la flora, la fauna, la biodiversidad. Estamos ante un proyecto que es abiertamente inconstitucional, por violar directamente el pleno gozo y ejercicio de todos nuestros derechos humanos reconocidos en la Constitución, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, a la integridad personal, el derecho a la alimentación adecuada, entre otros”.

En Paraná, la coordinadora Basta es Basta realiza la marcha 405 frente a la Casa de Gobierno. Tampoco fue invitada a debatir al Congreso de la Nación, pero plantean lo suyo en la calle: “La ley nacional que quieren implementar es un ‘copy-paste’ de la que tenemos acá. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está, no hay más que hablar”. 

Pero hablan, porque es necesario: “Vamos a seguir caminando, como cada martes, insistiendo contra todo el lobby que está sucediendo. La insistencia en la lucha, la unidad en la diversidad, tiene que seguir empujando. Estos sectores nos quieren  como si fuésemos monocultivo, pero nosotros somos más como monte nativo que resiste, que persiste. Y es en esa diversidad donde vamos a poder dar vuelta la tortilla de esta historia”.