CABA

El proceso

Publicada

hace 16 años

28/09/2009

José Iglesias es abogado del mayor grupo de querellantes en la Causa Cromañón. Y es el padre de Pedro, una de las víctimas. ¿Dónde está la violencia en esta causa? Iglesias propone una radiografía para entender cómo funciona la impunidad.

El proceso Ni la bengala
Ni el rocanrol
A nuestros pibes los mató
La corrupción

Así cantan los familiares de víctimas de Cromañón, los sobrevivientes y hasta seguidores de Callejeros; aun con las evidentes diferencias que salieron a la luz entre ellos el día mismo del fallo (no es lo mismo tener un familiar muerto que ser fan de un grupo). Las cartas se barajan entre culpables e inocentes; víctimas y victimarios. Y aquí es donde las opiniones chocan.
El factor común: la corrupción.
La objeción: hasta dónde llega ese entramado.
Si uno siguió el fallo por tv y es susceptible a sus mensajes, es probable que imagine a los familiares de Cromañón como un puñado de gente violenta, en el mejor de los casos enceguecida por el dolor. En Tribunales en cambio, ese 19 de agosto, se vio mejor cómo fueron los incidentes, quiénes eligieron mantenerse al margen y quiénes se armaban un festín con cámaras y micrófonos.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek apuntaría la lupa hacia otro lugar; en su reciente libro Sobre la violencia, describe la violencia sistémica como “las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político”. Y sigue: “La violencia subjetiva es simplemente la parte más visible de un triunvirato que incluye también otros tipos objetivos de violencia”. Es decir: la violencia visible –destructiva, verbal, o cualquier otra– es producto de una violencia que queda oculta por aquella evidente. La violencia del sistema provoca, a la vez que nos ciega.
Hace casi 5 años que José Iglesias soporta esa violencia. Nadie le intentó pegar, y pocas veces lo insultaron directamente. Pero Iglesias, y miles de familiares y amigos de los 194 chicos muertos en Cromañón han pasado primero, por la violencia de aquel 30 de diciembre de 2004, luego por la represión a las marchas en las que sólo pedían justicia. Fueron ignorados por los medios, criminalizados, se les construyó esa imagen de “violentos”, basándose en dos o tres papás que solían ser incentivados mediáticamente al exabrupto. Y la enumeración apenas comienza. La indiferencia, la injusticia, la corrupción y el etiquetamiento tal vez sean especies sutiles de violencia, pero también de las que más duelen.
José Iglesias es el padre de Pedro, uno de los chicos que según los testimonios falleció tras sucesivas entradas a Cromañón para ayudar a sacar más gente. José además es uno de los principales abogados de la causa, forma parte del grupo Que no se repita, y de la articulación de familiares y sobrevivientes, el movimiento Cromañón. Su situación puede describirse así: entiende todo. Y todo, es ese trayecto que va desde comprender lo que ocurrió, hasta observar cómo ha funcionado la máquina política, policial y legal para mantener –en lo esencial- la impunidad. El mismo sistema que llevó a la catástrofe, sigue en pie, vivito y coimeando.

La máquina de hacer perejiles
Iglesias se ha mudado hace poco. En su casa-estudio de la zona de Parque Centenario, en Buenos Aires, parece que hay más cajas de expedientes que muebles. A lo largo de la charla va rearmando los fragmentos sobre lo que se investigó en los últimos años. “Al desmembrar la causa en muchos pequeños juicios, se pierde la visión del conjunto. Cromañón fue un hecho, en el cual confluyen cuestiones políticas y de corrupción que involucran a empresarios, funcionarios, policías, inspectores… si yo separo todo, estoy dispersando también la posibilidad de comprender y juzgar debidamente”.
Esa subdivisión –conviene recordarlo– ha funcionado también en causas por violaciones a los derechos humanos, convirtiendo los crímenes de la esma, por ejemplo, en pequeños juicios que dan la imagen de acción judicial, pero a la vez diluyen y alargan la expectativa de que genuinamente se haga justicia.
Tras ese desmembramiento, los juicios iniciados con relación a Cromañón llegaron a ser seis. “Eso muy poca gente lo supo –explica Iglesias- porque la repercusión mediática era para la Causa Cromañón, la de Chabán, Callejeros y compañía. Nunca logré que se entendieran esos otros juicios, que aparecían como accesorios, aplastados por la información de la causa con gente más famosa”.
¿El resultado? Iglesias considera que esa ignorancia pública sobre las otras causas, facilitó que dos meses antes de la sentencia de la Causa Cromañón, las otras cinco prescribieran: al pasar determinado tiempo (según el delito) sin avances en el proceso, la causa se cierra.
Para el abogado la máquina judicial funcionó del siguiente modo: “Para ocultar esa prescripción, se generó toda la polémica sobre Callejeros. Entonces la gente hablaba de eso y no de que el director de los inspectores al momento de los hechos quedó absuelto; o que las dos únicas funcionarias procesadas tuvieron una condena mínima. Toda la estructura quedó impune, funcionando como antes. Con lo cual, nos entregaron perejiles”.

La defensa
La consigna que dice “a nuestros pibes los mató la corrupción” sigue siendo, para Iglesias la descripción más exacta de lo sucedido en 2004. “Fue una corrupción con muchas patas. Es notable cómo funcionan órganos de poder, nominalmente separados pero relacionados en los hechos. Desde la policía hasta la justicia contravencional, pasando por el Gobierno de la Ciudad” (conducido entonces por Aníbal Ibarra). Los datos reunidos en estos años de investigaciones le permiten plantear: “Estos organismos trabajaban y siguen trabajando conjuntamente. No sólo permitieron que un lugar como Cromañón estuviera abierto desde el 97 –con todas sus fallas-, sino que operaron para que la investigación y el juicio sobre las responsabilidades avanzara hasta un determinado lugar”. Lo dice apoyando la mano sobre la mesa, como si fuese un dique.
¿Hasta qué lugar? “Por ejemplo, desde que Cromañón abrió en 1997, los inspectores de la Ciudad llegaban a hacer su trabajo, pero todo era infracción: desde un plano trucho que simulaba una superficie menor para figurar como local bailable de clase C; hasta la falta de un tanque de agua de 20 mil litros, que tenían que chequear los bomberos. No había certificado de habilitación posible”.
El abogado considera que empezó a funcionar lo que llama “articulación de cajas”, que no se refiere precisamente a los embalajes. “La policía articulaba su caja con estas dos instituciones: los bomberos le daban el certificado para que la Ciudad no hiciera problema con la habilitación, y la policía no denunciaba contravenciones para que el lugar siguiera trabajando y le entrara el dinero pactado con el boliche”. (Otro dato de estos años: se descubrió que por cada 500 personas de más que la policía dejara pasar por encima de lo permitido, la coima era de 100 pesos).
En el juicio el subcomisario Carlos Stortini, subordinado del comisario Carlos Díaz (condenado a 18 años por incendio doloso y cohecho pasivo, lo que implica haber recibido coimas) declaró que una vez le ordenaron inspeccionar el boliche porque estaba cerrado. Traduce Iglesias: “La coima se relacionaba con el ingreso de gente. Si Cromañón estaba cerrado, se cortaban esos ingresos. Había que evitar cualquier clausura, y ése era el papel de la policía en el sistema”.
En el juicio los comisarios fueron defendidos por el Departamento Penal de la Policía Federal. “Algo insólito y sin precedentes –define Iglesias–. Ahí se desnuda que estaban defendiendo institucionalmente la subsistencia de un sistema”.

Lo ilícito y lo trucho
Otra de las causas casi “invisibles” fue por asociación ilícita. “Durante 2005, Fabiana Fiszbin (subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño) iba a ser citada a prestar indagatoria, y yo inicié la causa de asociación ilícita con varios propósitos: para denunciar hechos concretos de la Causa Cromañón, y otros que habían surgido de la Comisión Investigadora de la Legislatura. Al comenzar, esta causa tenía 40 hechos comprobados de corrupción, la mayoría relacionados con locales. El control comunal de la noche estaba dirigido por algunos personajes entre los que se encontraba Fiszbin, pero eso tampoco pudo ser investigado a fondo”. En la Causa Cromañón Fiszbin fue condenada a dos años de prisión (que no debe cumplir) y cuatro años de inhabilitación, por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero resultó otra de las condenas ínfimas según los padres y familiares, y que no apuntan al fondo de la cuestión, ni a los responsables mayores. Entre las causas prescriptas también quedó la de la Morgue. “Pero esa tiene que ver con otros aspectos de la cuestión, como el padecimiento de los familiares en ese lugar, además de lo que se hizo con el cuerpo de los chicos”.
Iglesias relata la situación producida durante un careo entre Fabiana Fiszbin y Atilio Alimena, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. “Fiszbin habló de certificaciones irregulares a los bomberos. En esa causa se indagó un poco más y se llega a un allanamiento a los tipos que ella menciona y ahí salta todo. Se desnuda una organización perfecta de dos empresas de prevención de incendios que tenían todo el equipamiento, el acuerdo con la plana mayor de bomberos y una patita en el Gobierno de la Ciudad. Ahí nace la causa Bomberos I”. En 2007, por ese caso se condenó al ex responsable del área de Habilitaciones de la Ciudad, Roberto Calderini y al empresario Rubén Fuertes a cuatro años de prisión, además de condenas a otros policías. Nuevamente Iglesias transmite la certeza de que no se llegó a una investigación medular. “Pero las actuaciones continuaron y se abrieron dos causas más: Bomberos 2 y 3, a partir de ciertos hechos entre los que se encontraba la propia habilitación de Cromañón. Se comprobó que era trucha, y empezaron a caer personajes: el jefe de Bomberos de aquel momento, el de la seccional y el que hizo el certificado; caen también los responsables del Gobierno de la Ciudad que aprobaron ese certificado; y los inspectores que no advirtieron nada. La Cámara del Crimen decidió juntar las dos causas, la de Bomberos y la que implicaba al gobierno. Pero todo prescribió dos meses antes de la sentencia, junto a las otras causas que estamos comentando”.

En la Legislatura
La Causa Romagnoli debe su nombre al diputado de Autodeterminación y Libertad (partido de Luis Zamora) Gerardo Romagnoli. “Ahí se investigaron y denunciaron todos los hechos ilícitos en el proceso del enjuiciamiento político de Ibarra. La mayoría se trataba de manipulación de los elementos de prueba para ocultar la realidad: apriete y compra de testigos, robo de documentación, y demás”. Las denuncias alcanzaron a la diputada del mismo partido, Noemí Oliveto, al propio Aníbal Ibarra, a funcionarios del gobierno y a legisladores entre quienes se encontraba Beatriz Baltroc. “Ella era una de las más acérrimas propulsoras de la destitución. Inesperadamente desapareció dos semanas, vuelve y vota a favor de Ibarra. En los días posteriores ella pudo solucionar una cantidad de temas económicos personales. La idea era entender qué había ocurrido. Pero la jueza Gabriela Lenz me impidió ser querellante, el caso nuevamente entró en zona muerta, y terminó emitiendo un comunicado diciendo que no se podía molestar a los legisladores por sus opiniones políticas”. En la página web del grupo Que No se Repita figuran todos lo datos que sustentan las sospechas sobre estas personas, pero en todo caso la cuestión fue otra de las que quedó sin una investigación judicial capaz de revelar claramente que pasó.

Un paseo por Plaza Once
¿Qué cambios generaron la Causa Cromañón y el metódico trabajo de denuncia de los familiares sobre todo lo que esa masacre estaba revelando? Iglesias no se hace ilusiones: “Lo único que pasó en Once, es que se cerró Cromañón. Toda la manzana y todo ese sistema corrupto sigue funcionando; la policía sigue teniendo las mismas cajas y el Gobierno de la Ciudad también hace lo suyo”.
Iglesias propone hacer una especie de tour ilustrativo: “Si uno se para frente a la estación Once, se ven celulares truchos, probablemente robados, que se venden en la vía pública sin autorización”. El abogado no cree que se trate de algo equiparable a la venta de garrapiñadas. “Además, hay denuncias sobre prostitución infantil y venta de drogas dentro de la estación. Salen ómnibus de larga distancia totalmente truchos. Al lado de Cromañón, hay un hotel que funciona como albergue transitorio, cosa que no está permitida. Y de la trata de personas también se han hecho toda clase de fundadas denuncias. La plaza a la vez está llena de policías, y la Comisaría 7° está a dos cuadras del lugar. Todas las cajas siguen funcionando”.
En esta descripción de la máquina de la impunidad, las empresas de medios juegan un rol que no ha sido precisamente “informativo”. Dice Iglesias: “Cada vez que alguno de estos hechos de corrupción aparecía, en seguida se desviaba la atención con algún lío sobre Callejeros, o con cualquier otra cosa que lo terminaba tapando”. Un ejemplo fue la campaña, la semana anterior al enjuiciamiento de Ibarra, con el rumor de que Pedro Iglesias, el hijo de José, había sido el que tiró la bengala. Ahora que se vieron por televisión las cosas de las que son capaces los políticos como Ibarra para “mejorar” su imagen (simulando “fans” que lo saludaban durante una entrevista), se entiende la química con la que se mueve ese mundo. “Otra infamia fue hablar de la supuesta guardería que había en Cromañón”, recuerda Iglesias, al extremo que los familiares armaron una enumeración de “Los mitos de Cromañón” sobre las mentiras que en estos años hicieron circular los medios. “Fueron formas de desplazar la atención de las denuncias reales. En el caso de Clarín la página web Diario sobre Diarios ha hecho una investigación que demuestra cómo funcionó esa estrategia con respecto a Cromañón”.

La sastrería del reino
La percepción de Iglesias –y de los familiares, de acuerdo a lo publicado en el último documento tras la marcha del 30 de agosto– es la de un aparato destinado a garantizar la impunidad. “Empezó con lo que mencionábamos sobre la separación de las causas como lo hicieron. Se dividieron hechos, que no se investigaron a fondo, mientras la estructura corrupta de donde se desprendió el hecho sigue funcionando”. Más allá de cada historia particular de las muchas que hierven en todo este tema, la condena a un manager (como si la banda fuera ajena), a un subcomisario (como si sus jefes fueran ajenos) o a un gerenciador (como si los dueños del local fueran ajenos) abre todas las incertidumbre.
Iglesias: “Creo que el poder judicial actuó como corporación pero en defensa de otros poderes; todo, consecuencia de un mecanismo ideológico, cultural y social previamente planeado. Haberlo visto en funcionamiento de esta manera me ha chocado muchísimo”. José recuerda un viejo cuento infantil, de Hans Christian Andersen: “Después de todos mis años como abogado y en relación con el Poder Judicial, esto fue como ver al rey desnudo”.

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Un crimen prefecto

La mina que contamina y gana

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 12 horas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 2 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.