Iván Torres. La desaparición de un joven en Chubut se juzgará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la inacción del gobierno, que ofreció pagar para olvidar.

El zumbido en el teléfono no impide que la abogada Verónica Heredia, desde Comodoro Rivadavia, diga lo que tiene que decir:
“En Argentina hace 30 años que no se puede resolver la desaparición forzada de personas. Es un delito que comete el Estado, por acción o por omisión”.
“El de Iván es un caso testigo de la violación sistemática de los derechos de las personas por parte de la policía -que integra el Estado- con apoyo del poder político y con el silencio del Poder Judicial”.
Iván desapareció en Comodoro Rivadavia el 2 de octubre de 2003, gobernación de Mario Das Neves, presidencia de Néstor Kirchner. Al día siguiente, la madre de Iván, María Millacura, estaba reclamando en la Comisaría 1ª que le devolvieran a su hijo. (mu pudo constatar en Comodoro que el móvil en el que se llevaron a Iván, el 469, sigue en funciones). El curso de la investigación judicial impidió que se conociera qué pasó y permitió, en cambio, un dominó de cuatro muertes “dudosas” entre testigos y personas relacionadas con el caso. Hubo, además, amenazas a diversos familiares y testigos, y hasta una violación a una amiga de Iván, desafiada por el policía: “Andá a denunciarme”. Todos los policías acusados fueron sobreseídos, y el caso llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (impulsado por las abogadas Verónica Heredia y Silvia de los Santos) que ordenó al Estado Argentino la protección de 20 familiares y testigos en peligro. Uno de ellos, Walter Mansilla, de todos modos apareció muerto. A María Millacura le construyeron una casilla frente a su casita de madera y chapa, para que la Prefectura la proteja de la Policía.
En noviembre de 2009 la Comisión dio su Informe de Fondo en el que -según trascendió- ratifica el rol de encubrimiento por parte del Estado Argentino. La respuesta oficial, que la Cancillería hizo suya con firma de Eduardo Acevedo Díaz, al reenviar un escrito del ministro chubutense Héctor Castro, cotiza la vida de Iván a 200.000 dólares, propone darle una casa a María, y se compromete a gestionar en Comodoro Rivadavia “la posibilidad de que una calle o plaza de esa ciudad lleve el nombre de Iván Eladio Torres”.
Ante semejante respuesta, la Comisión presentó la demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verónica: “El Estado no hizo absolutamente nada, y además, mientras se promueve el tema de los derechos humanos y se impulsa a otros países para que se sumen a la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, ni siquiera tipificó el delito de desaparición forzada en su propio Código Penal”.
Detalle diplomático: nadie preguntó a María qué opinaba de ese estrambótico modo de dar por muerto a su hijo. Otro detalle: “El zumbido en la línea es porque tenemos los teléfonos intervenidos, pero porque el Estado sigue tomando el caso de Iván como si se hubiera fugado y, entonces, investigan a la familia y a nosotras”, explica la doctora Heredia, que quedó asombrada ante la actitud de los representantes argentinos en los organismos internacionales: “Sentimos una enorme falta de respeto, sus propios escritos lo demuestran. No les importa. Podrían ser abogados de cualquier multinacional”.
Las abogadas denunciaron también el caso ante el Grupo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, planteando la violación sistemática de derechos en especial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a los que definen como parte de la “población invisible” y “los desaparecidos de hoy”, según palabras de la maestra y ex detenida desaparecida Susana Reyes.
En Chubut hay otros desaparecidos como Luciano González (durante el copamiento policial de Corcovado, en marzo de 2009, ver mu 31), y los apellidos continúan: Barrientos, Curín, Díaz, Quijano, Morales, Maldonado, Godoy, Toro, Plasencio, por nombrar los más recientes de un total de 20 denunciados en los últimos años.
Entre los peritos del juicio estará Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora: “Ella muestra cómo la desaparición forzada lleva más de 30 años, y cómo la metodología y las reacciones estatales y judiciales son las mismas”. El paso futuro es llevar la demanda ante la Corte Penal Internacional. “Como la Corte actúa subsidiariamente cuando el Estado no hace nada, vamos a pedir su intervención”. En una presentación ante la Corte Suprema de la Nación, se pide que también se garantice la protección y la integridad psico-física de María Millacura y otras siete víctimas (familiares y amigos), que tal vez deban censarse entre la población invisible. Hasta que se demuestre lo contrario.