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La prensa terrorista II

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El caso de Alejandrina Barry Mata. Su imagen fue usada en 1977 para desinformar sobre una serie de operativos realizados en Uruguay en los que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas varias personas. Ahora demanda a Editorial Atlántida por encubrimiento y complicidad.

Memoria, verdad, justicia. No es una consigna, sino una trompada. Representa la violencia del silencio que corta la respuesta de Alejandrina con una sola palabra.
¿Qué te acordás de aquel día?
Nada.
¿Y de tu vida antes de aquel día?
Nada.
 
En la mesa hay una foto con marco de madera lustrada y marrón, protegida con un vidrio. La sacó de su cartera un rato antes y la colocó al lado de la taza de café y al costado de la carpeta donde guarda los recortes. En esa foto, una joven pareja mira con ternura hacia la cámara. Es el único recuerdo que Alejandrina tiene de sus padres. Hasta la adolescencia, creyó que habían muerto en un accidente de auto. Fue la mujer de su abuelo la que, con saña, le escupió una frase que abrió la puerta de la historia que desde entonces está tratando de reconstruir. “Tus padres eran terroristas”, le gritó. Y aunque la frase fue un insulto, Alejandrina la escuchó como una llave. “Comencé a indagar. Mi abuela materna hasta el día de hoy no quiere decirme ni una palabra. Pero alguien me habló de una foto mía que había aparecido en una revista. Un amigo me acompañó al archivo. Durante mucho tiempo pensé que había sido el del Congreso, pero hace poco me di cuenta de que era el de la Biblioteca Nacional. Fue tal el shock que tuve cuando encontré los recortes que ni sabía dónde había estado. Lo único que recordaba es que lloré a mares. Y que en un momento algo se me revolvió bien adentro y lo que era dolor se transformó en otra cosa más fuerte, muy fuerte. Ese día decidí que iba a ser militante”.
Lo que Alejandrina descubrió en aquel archivo eran los recortes de tres publicaciones de una misma editorial: Atlántida.
El de la revista Gente la mostraba con un vestido a lunares y un saquito de lana. La volanta decía: “Esto también es terrorismo”. La nota, correspondiente a la edición del 5 de enero de 1978, comenzaba así:
“Alejandra tiene una medalla con su nombre colgada del cuello. Tiene también un vestido a pintas blancas y coloradas, un chaleco de lana celeste y una muñeca con un pañuelo en la cabeza. La muñeca está vestida con un retazo del vestido de Alejandra. Tiene también zapatos blancos. Pero nada más tiene en el mundo Alejandra. Nada más, excepto un apellido (Barry) y otro apellido (Matta), que sus padres ocultaron hace algunos años cuando dejaron de ser un hombre y una mujer y se convirtieron en dos terroristas. En dos asesinos”.
 
La revista Somos la exponía acompañada del título “Los hijos del terror” y en una nota sin firma, aunque precedida por la consigna “de un enviado especial”. En la de Para Ti está sentada, jugando.
Ahora esos tres recortes acompañan la denuncia que esta semana Alejandrina presentó ante el Juzgado Federal en lo Criminal N° 12, del doctor Sergio Torres. Acusa a Editorial Atlántida por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Intenta así recuperar su vida. Alejandrina me mira entonces con ese tipo de mirada que dejan inútiles las palabras. La nena que está en los recortes también.
Los Barry de Adrogué
El abuelo Alfredo era abogado y titular adjunto de Derecho Agrario y Minero en la UBA. El otro adjunto era José Alfredo Martínez de Hoz. Don Barry había aprovechado para hacer un posgrado en Oxford cuando su primera mujer decidió enrolarse como enfermera voluntaria durante la Segunda Guerra Mundial. Juntos tuvieron tres hijos, que llamaban siempre por sus nombres en inglés George (Jorge), John Alex (Juan Alejandro) y Henry (Enrique). Los tres jugaban al rugby en el club Pucará y comenzaron la carrera de Derecho. Allí se integraron a Montoneros desafiando, entre otras cosas, el férreo antiperonismo de Don Barry.
La saga familiar fue reconstruida en el libro Los Barry de Adrogué, de Mónica Mendoza y Eduardo Espinoza, donde se cuenta también la historia de Susana Mata. Susy, como todos los de Adrogué la conocían, se casó con Juan Alejandro y juntos compartieron esa joven vida de militancia que los llevó a él a convertirse en el secretario político de Montoneros y a ella a desplazar a la vieja conducción del sindicato docente de la zona.
Alejandrina, la hija de Susy y Juan Alejandro, nació el 19 de mayo de 1975 en la cárcel de Olmos. Cuenta que su mamá cayó porque llamó a una compañera por teléfono y, por el tono de voz, se dio cuenta de que algo malo le estaba pasando. “No la voy a dejar sola”, dijo y fue a buscarla a la casa donde se estaba realizando uno de los operativos de cacería que siguió al pase a la clandestinidad de Montoneros. A Susana la llevaron primero a la Brigada de Investigaciones, que luego fue conocida como Pozo de Banfield. Según las denuncias registradas en la causa que investiga lo ocurrido en ese centro clandestino, una docena de militantes sufrieron el mismo destino en noviembre de 1974: fueron capturados por la Triple A, torturados en la Brigada y luego “legalizados” y trasladados a Olmos. Algunos, como en el caso de Susana, consiguieron ser liberados pocos meses antes del golpe.
Ya en dictadura, el primero de los Barry secuestrado y desaparecido fue el menor, Enrique, en octubre de 1976. Lo llevaron a él, a su mujer (también desaparecida) y a su pequeño hijo Agustín, que la familia encontró después en la Casa Cuna. Lo habían abandonado en las escaleras.
Fue entonces cuando Juan Alejandro, Susana y la pequeña Alejandrina partieron rumbo a Uruguay con los documentos que les habían prestado unos amigos del barrio. Él tenía 30 años, ella 29. Alejandrina no había cumplido los 3.
El operativo conjunto
Hacia fines de 1977 la dictadura uruguaya estaba preocupada por la inminente visita de una misión extranjera de juristas integrada por los abogados Joaquim Martínez Bjorkman (Federación Internacional de los Derechos del Hombre), Robert Goldman (Sociedad Americana de Derecho Internacional) y Jean Louis Weil (Ministerio Internacional de Juristas Católicos). Quizá por ese marco, las llamadas Fuerzas Conjuntas uruguayas se tomaron el trabajo de documentar todas las acciones llevadas a cabo en esos días. Según revela uno de los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay informó especialmente, en diciembre de 1977, sobre una serie de redadas llevadas a cabo entre el 15 y 16 de diciembre donde “fueron capturados ocho Montoneros”, dice el informe.
Los operativos comenzaron el 15 de diciembre con la persecución por la ruta Interbalnearia de una camioneta Mehari en la que viajaban el ex diputado peronista Jaime Dri y Juan Alejandro. Los vehículos militares cortaron el paso y chocaron a la Mehari, que volcó sobre la cuneta. Cuando intentaban escapar, Barry murió acribillado y Dri fue herido en las dos piernas.
Ese mismo 15 de diciembre, en Lagomar, mientras esperaban el colectivo en la ruta, fueron secuestrados Rosario Quiroga y Rolando Pisarello. Al día siguiente, los militares avanzaron sobre la casa de Rosario, donde vivía el grupo de militantes exiliados. De allí secuestraron a María del Huerto Milesi de Pisarello, a María Laura Pisarello y a las tres hijas de Rosario Quiroga (María Paula, María Elvira y María Virginia). En el operativo resultó muerta Susana. Y de allí se llevaron a Alejandrina.
En otro procedimiento realizado el mismo día fue detenido el pianista argentino Miguel Angel Estrella junto con Raquel Odasso, Luisa Olivera y Jaime Brancoy. Todos ellos fueron luego procesados por el Juzgado Militar N° 2 y detenidos y torturados en el Penal de Libertad y en el de Punta de Rieles.
En su comunicado N° 1378, la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas uruguayas informa la parte “legalizada” de lo sucedido. Da cuenta de la muerte de Susana y Juan Alejandro y de la detención de Estrella, Odasso, Olivera y Brancoy. Nada dice del resto, que fue trasladado clandestinamente a la ESMA. Según el testimonio de Rosario Quiroga, ese grupo fue llevado a una “residencia en Carrasco, con apariencia de castillo medieval” y en cuyo sótano los alojaron. Allí fueron torturados. Luego, en una habitación Rosario logra identificar a varios militares argentinos y algunos uruguayos que le comunicaron que iba a ser trasladada a la ESMA. Días después fue el propio Alfredo Astiz quien dejó en un internado a las tres hijas de Rosario. En tanto, Jaime Dri, Rolando Pisarello, su esposa, María Milesi, y la hija de ambos, María Laura, fueron también transportados en avión el 18 de diciembre de 1977 a la ESMA.
El falso abandono
La misma Oficina de Prensa de los militares uruguayos “amplía el comunicado” con el parte N° 1380 para informar los datos completos de “los sediciosos muertos” e informa que la niña Alejandrina “fue entregada por la Justicia Militar a sus abuelos paternos para su traslado a Argentina”. Ese comunicado es el que reproducen dos agencias internacionales: Asociated Press y France Press, que los medios argentinos La Nación y La Opinión publican en sus ediciones del 23 de diciembre de 1977. Las tres notas publicadas en los medios de Editorial Atlántida son posteriores, pero ignoran el hecho de que Alejandrina ya estaba con su familia y en Argentina. Hacen eje, en cambio, en su “abandono”:
La revista Somos asegura en el copete: “La niña espera que alguien la reclame” y en la nota muestra la foto de Alejandrina junto a la de la Mehari acribillada. También da cuenta de la detención de Miguel Ángel Estrella de una manera especial. Dice textualmente: “pianista tucumano, 33 años, homosexual”.
La revista Gente títuló: “Alejandra está sola”. Muestra fotos de la casa donde se produjeron los secuestros y de un supuesto botín de guerra, con grandes ametralladoras. “que se encontraba a pocos metros de la cuna de Alejandra”.
Cuenta hoy Alejandrina que cuando leyó ese texto, tan burdo, se transformó. “Mi tío me había contado que mis padres habían intentado durante mucho tiempo quedar embarazados y sé que fui una bebé deseada y querida. Me indignó tanto ver tanta mentira que decidí empezar a militar”.
La decisión de dedicarse a buscar la verdad y hacer política la llevó a un enfrentamiento con su abuela materna, pero también le posibilitó encontrar en su propio colegio secundario a profesoras que habían conocido a su mamá en sus épocas de dirigente gremial. Se fue a vivir sola, se integró al PTS, se entrevistó con Miguel Bonasso (autor de Recuerdo de la muerte, que narra la odisea de Jaime Dri y cuenta parte de la historia militante de su papá, Juan Alejandro), con Miguel Ángel Estrella y con varios de los sobrevivientes de aquella redada. Comenzó luego su trabajo social en La Matanza, donde fue incluso candidata en las últimas elecciones, y en el organismo de derechos humanos CEPRODH y la agrupación feminista Pan y Rosas. También se presentó como querellante en las causas que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y en el Pozo de Banfield. Ahora, cuando ya cumplió 35 años y encontró “la fuerza que necesitaba”, presenta su Yo Acuso contra la Editorial Atlántida. Quiere que se investigue qué rol cumplió esa editorial en el marco de un procedimiento donde fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas personas. Quiere, también, que expliquen por qué mintieron y por qué usaron su imagen para manipular su historia. “Como las notas no están firmadas, la querella es contra todo el directorio y las personas que figuran en el staff”. Entre ellos, Samuel Chiche Gelblung (por entonces, director de la revista Gente), Agustín Agostinelli y Lucrecia Gordillo (directores de Para Ti) y Gustavo Landívar (director de la revista Somos). Lo que busca Alejandrina no es sólo que cada uno asuma su responsabilidad, sino que se investigue el hilo político que zurció aquellas tres notas. Lo que se juzgará, entonces, será nada menos que el rol que cumplió esa editorial durante la dictadura.

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