CABA
El efecto qom
El 23 de noviembre fue asesinado en Formosa Roberto López. En diciembre se instalaron en el Obelisco para dejar en evidencia la raíz del conflicto. Darío Aranda lo sintetiza en esta nota que resume el legado qom, más allá del acampe.Una muerte temprana. Inesperada y dolorosa. Un pueblo lo despidió. De carácter fuerte. Decisiones firmes. Enemigos poderosos. La viuda aún lo llora. Extraña al compañero de toda la vida. Lo recuerda cada día que levanta las mismas banderas que siempre compartieron. Dos hijos jóvenes, un hombre y una mujer, intentan seguir sus pasos de militancia. Él, Roberto López, murió por por balas policiales cuando defendía la única tierra que siempre habitó, trabajó y donde crió a sus hijos.
Yael Roberto López, 29 años, es hijo de este referente qom asesinado el 23 de noviembre de 2010 sobre la ruta 86. Hace dos meses llegó de Formosa para sumarse al acampe que se instaló en diciembre frente al Obelisco. Los pedidos son tan simples como concretos: devolución de tierras comunitarias y justicia por la represión. Piden una intervención de la Presidenta, creen que –explicación mediante– ese podrá ser el inicio de la solución.
Los edificios ya tapan el sol. El viento fresco de la avenida 9 de Julio castiga, y Yael López mira el Obelisco. Sentado en un cajón de madera, ofrece un balde viejo como silla y sorprende: “Papá siempre votó a Insfrán. Votó a Kirchner y también a Cristina. Si era peronista ¿por qué lo mataron?”, pregunta y hace un silencio largo.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) sostiene que López militaba con ellos. Su inclinación política ya no importa. Sí hay coincidencia en que luchaba por la comunidad, por el territorio. Yael reconoce que él no tuvo el mismo compromiso, y reconoce también a Félix Díaz como un luchador consecuente.
Tierra y justicia
El semáforo de Avenida de Mayo cambia a verde. Motos y autos aceleran como si fuera la última vez. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, oficinistas y otras personas con oficios inimaginables miran donde están los qom, pero no ven. Una pareja de turistas, rubios, con sus cámaras, mochilas y mapas, preguntan por las artesanías. “Quince pesos”, le ofrecen. Los turistas se miran, menos de cuatro dólares o poco más de dos euros, pero no compran. El acampe se mantuvo con múltiples necesidades, frío, escasa comida y poca ayuda de un puñado de militantes.
“Tierra y justicia. No pedimos más”, aclara Yael, mientras su hijo Brian, de 2 años, descalzo, juega a centímetros de la avenida atestada de autos. Quiere volver a su tierra, busca una pensión para su madre, reconoce que punteros de Insfrán rondan la comunidad, ofrecen planes sociales, dinero, cooptan, dividen. “Hay mucha necesidad”, explica Yael López, hace un silencio largo y define: “Es difícil”.
Provincia
El gobernador de Formosa es Gildo Insfrán, quien fuera diputado provincial entre 1983 y 1987. Ese año fue electo vicegobernador, cargo ocupado por dos períodos, como segundo del caudillo peronista Vicente Joga, su mentor político. Insfrán fue electo gobernador en 1995. Con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia de Formosa pudo postularse a la reelección en 1999.
En la provincia son recurrentes las denuncias sobre el alineamiento de la justicia al poder político, sin embargo el máximo tribunal de Formosa no tuvo un fallo unánime. Dos jueces apoyaron el pedido de Insfrán y un magistrado votó en disidencia. Raúl Roquel, uno de los jueces que apoyó la reelección, luego fue electo diputado provincial. Carlos González, que sostenía la violación constitucional de la reelección, fue preso.
En su segundo mandato Insfrán convocó a una Convención Constituyente, que modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida. En 2003 obtuvo el 67 por ciento de los votos y en 2007 logró el 75 por ciento del electorado. 75 por ciento también es la cantidad de hogares indígenas pobres, según el documento oficial Plan Formosa 2015, un programa publicitado como las políticas de Estado para el mediano plazo del gobierno provincial.
Insfrán siempre estuvo alineado con los distintos gobiernos nacionales. Fue uno de los pocos gobernadores que visitaron a Carlos Menem cuando estuvo preso en Don Torcuato y fue de los pocos que viajaron a San Luis para acompañar a Adolfo Rodríguez Saá en su breve paso por la presidencia. Desde 2003 es de los gobernadores más fieles a la gestión kirchnerista.
Jorge Abel González es el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Formosa. Es el responsable provincial de todo lo relacionado con pueblos indígenas. Y corre con ventaja: integró el equipo jurídico del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), donde conoció de cerca la realidad indígena de la provincia, ganó la confianza de muchas comunidades y conoció desde adentro a todos los actores que acompañan y apoyan las reivindicaciones indígenas.
Hijo de un comandante de Gendarmería Nacional, 42 años, formado en el Colegio Don Bosco de los Salesianos de Formosa, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Con un juicio ganado por el Pueblo Qom (siete personas murieron en un accidente cuando eran trasladados en un camión de basura), González compró su primera casa, en la capital formoseña.
Luego experimentó un quiebre. Comenzó a trabajar como asesor en la municipalidad de Herradura, al sureste provincial. Y se asoció a un estudio jurídico con llegada a Antonio Pomelo Ferreira, ministro general del Poder Ejecutivo, mano derecha del gobernador, bautizado por las organizaciones sociales como “el López Rega de Insfrán”.
Jorge Abel González avanzó a medida que iban desarticulando las luchas indígenas. En 2005 fue designado subsecretario de Derechos Humanos de Formosa. Y luego ministro de Gobierno, pero siempre bajo las órdenes de Pomelo Ferreira.
“El gobierno formoseño mantiene diálogo permanente con la totalidad de las 180 comunidades aborígenes que habitan el territorio provincial, pero con los únicos que no se puede dialogar es con este sector de La Primavera”, denunció González a los medios de comunicación de la provincia el 26 de marzo. De inmediato fue levantado por la agencia oficial Telam, que desperdigó la noticia como verdad revelada, sin siquiera dar derecho a réplica a Félix Díaz.
Con tres días de huelga de hambre, Félix Díaz sonríe. Recuerda que hace meses que dialogan, pero la respuesta del Estado provincial fueron engaños, aprietes y, finalmente, la represión del 23 de noviembre. “Dialogamos con todos, pero el territorio y los derechos no se negocian ni se cambian por dinero”, explica el dirigente qom.
Amnistía Internacional trabaja desde hace dos años en Formosa junto a pueblos indígenas. En abril de 2010 presentó su informe Exigimos respeto, donde describió la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos originarios, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y denunció la existencia de aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. El escrito detalla casos de violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
Nación
El 25 de noviembre de 2010, al mediodía, Canal 7 transmitió una videoconferencia con Formosa y Neuquén, donde se inauguraron obras eléctricas de alta tensión. La Presidenta agradeció a Gildo Insfrán que –en un discurso previo– haya recordado al ex presidente Néstor Kirchner. Hubo sonrisas y felicitaciones mutuas. No habían pasado aún 48 horas de la represión y muerte, pero no hubo mención al hecho.
El único organismo del Estado nacional que se involucró (desde 2009) en la realidad indígena de Formosa fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Su presidente, Claudio Morgado, visitó la comunidad La Primavera y le impactó el nivel de necesidad y de coerción que había sobre ellos. Inició una política de asistencia técnica y jurídica, y comenzó a escuchar a Félix Díaz. Lo nombró como delegado local, referido al acontecer indígena.
Desde el gobierno de Formosa no intentaron contarle al Inadi su versión de la realidad indígena. Directamente llamaron a Jefatura de Gabinete. Desde entonces, los llamados y correos electrónicos de Aníbal Fernández al funcionario mezclaron órdenes e insultos. Una decena de personas del Inadi (algunos por ser cercanos a Morgado, otros por abordar desde los profesional la situación de los pueblos indígenas) vivenciaron las presiones, y el cambio de política del organismo. Y todos apuntan que el trabajo sucio quedó en manos de María Rachid, reconocida militante por el matrimonio igualitario y nombrada vicepresidenta del Inadi el 22 de diciembre de 2010.
Quien mantuvo coherencia fue el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el espacio que debiera proteger los derechos de los pueblos originarios e implementar la Ley 26.160, que obliga a realizar un catastro territorial de comunidades indígenas y prohíbe los desalojos. El INAI siempre estuvo alineado con el gobernador Insfrán. Sus funcionarios intentaron que la comunidad La Primavera no proteste, no corte la ruta y, mucho menos, critique al gobernador. Incluso negaron una legítima asamblea, de 2008, donde Félix Díaz fue elegido cacique.
El presidente del INAI, Jorge Fernández, proviene de la dirigencia gremial, y no se le conocen antecedentes en política indígena. A cinco meses de la represión, nunca habló con la prensa. Y nunca dialogó con Félix Díaz.
Criminalización
El sábado 30 de abril sucedió un hecho tan inusual como silenciado por los medios comerciales de comunicación. La justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires ordenó liberar la 9 de Julio del acampe qom. Muchas veces la Policía Federal (dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación) desoyó este tipo de órdenes emitidas por juzgados porteños. Pero los qom fueron una excepción: cien efectivos de azul, decenas de civil, patrulleros y un carro hidrante. Enfrente: una decena de qom en su sexto día de huelga de hambre, mujeres, niños y una decena de personas que estaban dando apoyo (aunque con el paso de la mañana, previendo la represión, el número de autoconvocados creció rápidamente).
No se llegó a un acuerdo con la Federal ni se levantó la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio. La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los qom. “Si no liberan la 9 de Julio serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destacada labor en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios”. Con dureza, el Cels remarcó que el avance de la Policía Federal sobre los qom “implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público”.
Violencia estatal
Argentina cuenta con frondosa legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas: la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango supralegal (está por encima de legislación local). Y la ley 26.160, que detiene los desalojos y obliga a realizar un catastro de territorios indígenas. A cinco años de sancionada esa ley, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) presentó el 3 de mayo su informe titulado Inejecución de las leyes nacionales, donde relevaron el incumplimiento de la norma en todas las provincias con población indígena rural. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, alerta. Al final del informe denuncia “el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos”. Cita como referencia a las comunidades Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa).
Prioridades
Marcos y Alejandro Patronelli (corredores de cuatriciclo). Oliver Stone (directo de cine). Fabiana Lola Ponce (cantante y actriz). Selección española de fútbol. Seleccionado argentino de hockey femenino. Beatriz Rial (mamá del joven militante Mariano Ferreyra, asesinado en Avellaneda). Luciana Aymar (jugadora de hockey). Marcela La Tigresa Acuña (boxeadora). China Zorrilla (actriz). Bono (cantante de U2). A todos ellos recibió la Presidenta el último año.
La Comunidad Primavera aun espera su lugar en la agenda.
CABA
El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.
Por María del Carmen Varela
El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.
La propuesta reza:
El Teatro está Abierto: ENTRÁ.
La historia no se repite igual, pero rima.
El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.
La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.
Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».
El texto poético que acompaña el mitín:
Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada
Ayer fue incendio, hoy es apagón
Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito
Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva
Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital
En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.
Entrá porque es urgente
Entrá porque es ahora.
El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.
Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)
[email protected]
Instagram: @festivalentra
CABA
Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.
Por Francisco Pandolfi
Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra).
La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.
La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.
Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra.
Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran:
• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.
• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.
• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.
• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.
• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.
• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.
Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:
• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.
• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.
• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.
La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.
¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?
Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.
¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?
Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.
¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?
Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.



La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.
Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.
Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.
Actualidad
Marcha de jubilados: balas y bolitas

Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.
Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.
Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.
Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.
Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla.
- “Vacas gordas, jubilados flacos”.

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.
Números y un café
Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.
Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.
De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.
Abus en la calle
Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.
En la marcha hubo muchos carteles al respecto:
- No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
- Ni veto ni represión: fuera el FMI
- No al veto a las leyes en jubilaciones
- No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei).
Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”.

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.
Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.
Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”.

Jubilado hablándole a la pared.
Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”.
Vallas a donde vayas
El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.
Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”.

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.
Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.
La violencia y las bolitas
Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando.

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar).
La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

¿Qué escudan los escudos?
Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”.
Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.
Sin embargo, la gente no se fue.
La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió.
“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.
Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.
De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.
Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:
–Juguemos a las bolitas.
Todos se rieron, por el absurdo de la situación.
De nuevo, frente al horror, la creatividad social.
Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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