El 23 de noviembre fue asesinado en Formosa Roberto López. En diciembre se instalaron en el Obelisco para dejar en evidencia la raíz del conflicto. Darío Aranda lo sintetiza en esta nota que resume el legado qom, más allá del acampe.

Una muerte temprana. Inesperada y dolorosa. Un pueblo lo despidió. De carácter fuerte. Decisiones firmes. Enemigos poderosos. La viuda aún lo llora. Extraña al compañero de toda la vida. Lo recuerda cada día que levanta las mismas banderas que siempre compartieron. Dos hijos jóvenes, un hombre y una mujer, intentan seguir sus pasos de militancia. Él, Roberto López, murió por por balas policiales cuando defendía la única tierra que siempre habitó, trabajó y donde crió a sus hijos.
Yael Roberto López, 29 años, es hijo de este referente qom asesinado el 23 de noviembre de 2010 sobre la ruta 86. Hace dos meses llegó de Formosa para sumarse al acampe que se instaló en diciembre frente al Obelisco. Los pedidos son tan simples como concretos: devolución de tierras comunitarias y justicia por la represión. Piden una intervención de la Presidenta, creen que –explicación mediante– ese podrá ser el inicio de la solución.
Los edificios ya tapan el sol. El viento fresco de la avenida 9 de Julio castiga, y Yael López mira el Obelisco. Sentado en un cajón de madera, ofrece un balde viejo como silla y sorprende: “Papá siempre votó a Insfrán. Votó a Kirchner y también a Cristina. Si era peronista ¿por qué lo mataron?”, pregunta y hace un silencio largo.
La Corriente Clasista y Combativa (CCC) sostiene que López militaba con ellos. Su inclinación política ya no importa. Sí hay coincidencia en que luchaba por la comunidad, por el territorio. Yael reconoce que él no tuvo el mismo compromiso, y reconoce también a Félix Díaz como un luchador consecuente.
Tierra y justicia
El semáforo de Avenida de Mayo cambia a verde. Motos y autos aceleran como si fuera la última vez. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, oficinistas y otras personas con oficios inimaginables miran donde están los qom, pero no ven. Una pareja de turistas, rubios, con sus cámaras, mochilas y mapas, preguntan por las artesanías. “Quince pesos”, le ofrecen. Los turistas se miran, menos de cuatro dólares o poco más de dos euros, pero no compran. El acampe se mantuvo con múltiples necesidades, frío, escasa comida y poca ayuda de un puñado de militantes.
“Tierra y justicia. No pedimos más”, aclara Yael, mientras su hijo Brian, de 2 años, descalzo, juega a centímetros de la avenida atestada de autos. Quiere volver a su tierra, busca una pensión para su madre, reconoce que punteros de Insfrán rondan la comunidad, ofrecen planes sociales, dinero, cooptan, dividen. “Hay mucha necesidad”, explica Yael López, hace un silencio largo y define: “Es difícil”.
Provincia
El gobernador de Formosa es Gildo Insfrán, quien fuera diputado provincial entre 1983 y 1987. Ese año fue electo vicegobernador, cargo ocupado por dos períodos, como segundo del caudillo peronista Vicente Joga, su mentor político. Insfrán fue electo gobernador en 1995. Con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia de Formosa pudo postularse a la reelección en 1999.
En la provincia son recurrentes las denuncias sobre el alineamiento de la justicia al poder político, sin embargo el máximo tribunal de Formosa no tuvo un fallo unánime. Dos jueces apoyaron el pedido de Insfrán y un magistrado votó en disidencia. Raúl Roquel, uno de los jueces que apoyó la reelección, luego fue electo diputado provincial. Carlos González, que sostenía la violación constitucional de la reelección, fue preso.
En su segundo mandato Insfrán convocó a una Convención Constituyente, que modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida. En 2003 obtuvo el 67 por ciento de los votos y en 2007 logró el 75 por ciento del electorado. 75 por ciento también es la cantidad de hogares indígenas pobres, según el documento oficial Plan Formosa 2015, un programa publicitado como las políticas de Estado para el mediano plazo del gobierno provincial.
Insfrán siempre estuvo alineado con los distintos gobiernos nacionales. Fue uno de los pocos gobernadores que visitaron a Carlos Menem cuando estuvo preso en Don Torcuato y fue de los pocos que viajaron a San Luis para acompañar a Adolfo Rodríguez Saá en su breve paso por la presidencia. Desde 2003 es de los gobernadores más fieles a la gestión kirchnerista.
Jorge Abel González es el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Formosa. Es el responsable provincial de todo lo relacionado con pueblos indígenas. Y corre con ventaja: integró el equipo jurídico del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), donde conoció de cerca la realidad indígena de la provincia, ganó la confianza de muchas comunidades y conoció desde adentro a todos los actores que acompañan y apoyan las reivindicaciones indígenas.
Hijo de un comandante de Gendarmería Nacional, 42 años, formado en el Colegio Don Bosco de los Salesianos de Formosa, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Con un juicio ganado por el Pueblo Qom (siete personas murieron en un accidente cuando eran trasladados en un camión de basura), González compró su primera casa, en la capital formoseña.
Luego experimentó un quiebre. Comenzó a trabajar como asesor en la municipalidad de Herradura, al sureste provincial. Y se asoció a un estudio jurídico con llegada a Antonio Pomelo Ferreira, ministro general del Poder Ejecutivo, mano derecha del gobernador, bautizado por las organizaciones sociales como “el López Rega de Insfrán”.
Jorge Abel González avanzó a medida que iban desarticulando las luchas indígenas. En 2005 fue designado subsecretario de Derechos Humanos de Formosa. Y luego ministro de Gobierno, pero siempre bajo las órdenes de Pomelo Ferreira.
“El gobierno formoseño mantiene diálogo permanente con la totalidad de las 180 comunidades aborígenes que habitan el territorio provincial, pero con los únicos que no se puede dialogar es con este sector de La Primavera”, denunció González a los medios de comunicación de la provincia el 26 de marzo. De inmediato fue levantado por la agencia oficial Telam, que desperdigó la noticia como verdad revelada, sin siquiera dar derecho a réplica a Félix Díaz.
Con tres días de huelga de hambre, Félix Díaz sonríe. Recuerda que hace meses que dialogan, pero la respuesta del Estado provincial fueron engaños, aprietes y, finalmente, la represión del 23 de noviembre. “Dialogamos con todos, pero el territorio y los derechos no se negocian ni se cambian por dinero”, explica el dirigente qom.
Amnistía Internacional trabaja desde hace dos años en Formosa junto a pueblos indígenas. En abril de 2010 presentó su informe Exigimos respeto, donde describió la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos originarios, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y denunció la existencia de aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. El escrito detalla casos de violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
Nación
El 25 de noviembre de 2010, al mediodía, Canal 7 transmitió una videoconferencia con Formosa y Neuquén, donde se inauguraron obras eléctricas de alta tensión. La Presidenta agradeció a Gildo Insfrán que –en un discurso previo– haya recordado al ex presidente Néstor Kirchner. Hubo sonrisas y felicitaciones mutuas. No habían pasado aún 48 horas de la represión y muerte, pero no hubo mención al hecho.
El único organismo del Estado nacional que se involucró (desde 2009) en la realidad indígena de Formosa fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Su presidente, Claudio Morgado, visitó la comunidad La Primavera y le impactó el nivel de necesidad y de coerción que había sobre ellos. Inició una política de asistencia técnica y jurídica, y comenzó a escuchar a Félix Díaz. Lo nombró como delegado local, referido al acontecer indígena.
Desde el gobierno de Formosa no intentaron contarle al Inadi su versión de la realidad indígena. Directamente llamaron a Jefatura de Gabinete. Desde entonces, los llamados y correos electrónicos de Aníbal Fernández al funcionario mezclaron órdenes e insultos. Una decena de personas del Inadi (algunos por ser cercanos a Morgado, otros por abordar desde los profesional la situación de los pueblos indígenas) vivenciaron las presiones, y el cambio de política del organismo. Y todos apuntan que el trabajo sucio quedó en manos de María Rachid, reconocida militante por el matrimonio igualitario y nombrada vicepresidenta del Inadi el 22 de diciembre de 2010.
Quien mantuvo coherencia fue el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el espacio que debiera proteger los derechos de los pueblos originarios e implementar la Ley 26.160, que obliga a realizar un catastro territorial de comunidades indígenas y prohíbe los desalojos. El INAI siempre estuvo alineado con el gobernador Insfrán. Sus funcionarios intentaron que la comunidad La Primavera no proteste, no corte la ruta y, mucho menos, critique al gobernador. Incluso negaron una legítima asamblea, de 2008, donde Félix Díaz fue elegido cacique.
El presidente del INAI, Jorge Fernández, proviene de la dirigencia gremial, y no se le conocen antecedentes en política indígena. A cinco meses de la represión, nunca habló con la prensa. Y nunca dialogó con Félix Díaz.
Criminalización
El sábado 30 de abril sucedió un hecho tan inusual como silenciado por los medios comerciales de comunicación. La justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires ordenó liberar la 9 de Julio del acampe qom. Muchas veces la Policía Federal (dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación) desoyó este tipo de órdenes emitidas por juzgados porteños. Pero los qom fueron una excepción: cien efectivos de azul, decenas de civil, patrulleros y un carro hidrante. Enfrente: una decena de qom en su sexto día de huelga de hambre, mujeres, niños y una decena de personas que estaban dando apoyo (aunque con el paso de la mañana, previendo la represión, el número de autoconvocados creció rápidamente).
No se llegó a un acuerdo con la Federal ni se levantó la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio. La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los qom. “Si no liberan la 9 de Julio serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destacada labor en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios”. Con dureza, el Cels remarcó que el avance de la Policía Federal sobre los qom “implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público”.
Violencia estatal
Argentina cuenta con frondosa legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas: la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango supralegal (está por encima de legislación local). Y la ley 26.160, que detiene los desalojos y obliga a realizar un catastro de territorios indígenas. A cinco años de sancionada esa ley, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) presentó el 3 de mayo su informe titulado Inejecución de las leyes nacionales, donde relevaron el incumplimiento de la norma en todas las provincias con población indígena rural. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, alerta. Al final del informe denuncia “el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos”. Cita como referencia a las comunidades Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa).
Prioridades
Marcos y Alejandro Patronelli (corredores de cuatriciclo). Oliver Stone (directo de cine). Fabiana Lola Ponce (cantante y actriz). Selección española de fútbol. Seleccionado argentino de hockey femenino. Beatriz Rial (mamá del joven militante Mariano Ferreyra, asesinado en Avellaneda). Luciana Aymar (jugadora de hockey). Marcela La Tigresa Acuña (boxeadora). China Zorrilla (actriz). Bono (cantante de U2). A todos ellos recibió la Presidenta el último año.
La Comunidad Primavera aun espera su lugar en la agenda.