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Tierra de alguien

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Formosa. Un viaje de Darío Aranda a la provincia que tiene 40 conflictos por tenencia de tierra y ambientales y que afectan a 565 mil personas y más de 3 millones de hectáreas.

Tierra de alguienEl hombre recita extractos del himno en voz alta, casi a los gritos: “Libertad, libertad, libertad…”. Intercala estrofas: “A la noble igualdad…”. Y remata: “Para nosotros no hay libertad, y mucho menos hay igualdad”. Es el cierre de la asamblea de la Interwichi, espacio de coordinación de ocho comunidades indígenas de Las Lomitas, Formosa, y el discurso que brota de Francisco López, 80 años, dirigente wichi, pastor de la Iglesia anglicana y encargado de desnudar los sarcasmos de la argentinidad.
Las Lomitas está ubicada en el centro de la provincia más pobre del país, sobre la ruta nacional 81, a cuatro horas de la capital provincial. Fundada en 1914, doce mil habitantes, es la bisagra entre el oeste del chaco salteño que dominan los productores ganaderos, y el este del pueblo Guaraní, derramado allí desde Paraguay, Misiones y Corrientes. De ambos lados, sobreviven los pueblos originarios wichi, pilagá, nivaclé y qom.
Apretaditos y arrinconados
menos de diez cuadras del centro de Lomitas, calles de tierra complicadas, la camioneta avanza a paso de hombre y se hamaca por caminos más hostiles que los del rally Dakar. Barrio periurbano, comunidad Lote 47, casas de barro, algunas nuevas de ladrillos y techos de chapa. Un jardín de infantes, una galería amplia y, lindero, un salón: el espacio de reunión.
Una decena de hombres reciben de pie. Saludos de rigor y unas sillas que aparecen y se reparten para dar comienzo a la ronda de presentación. Avelino Rodríguez, camisa celeste a cuadros, pantalón azul, 45 años, gorro de visera: “Algunos dicen que estamos bien, que no nos falta nada. Mire a su alrededor y usted verá. Por eso salimos a reclamar”.
No es casual su primera intervención. Gildo Insfrán (vicegobernador entre 1987 y 1994, gobernador desde 1995 hasta la actualidad: 25 años en el poder), suele resaltar que Formosa fue la primera provincia en sancionar una ley de reconocimiento a las comunidades indígenas y afirma que el 99 por ciento de las comunidades tiene título comunitario. “La ley dice que los pueblos indígenas debemos tener tierras aptas y suficientes”, explica Rodríguez. Hace un silencio. “Acá somos 60 familias en diez hectáreas. ¿Le parecen aptas y suficientes?”. Recuerda que incluso el cementerio de la comunidad se transformó en parcelas que alambró un empresario.
Mariano López tiene 36 años, camisa roja, jean, metro 70, fornido. Le cuesta vencer la timidez. Es de los dirigentes jóvenes. Le piden que hable y se anima: “Es que acá hay señores de mucha plata que se quedan con nuestra tierras. Hoy no vienen más con armas para matarnos, vienen con plata grande por nuestros territorios. Nos corren, desmontan, estamos apretaditos, arrinconados. Nos van corriendo hacia el pueblo, para que ya no volvamos al monte”. Dice que saben que las leyes están del lado del indígena, pero “no le importa a ellos”. “Ellos”: políticos, jueces, policías, empresarios, medios de comunicación.
En la galería contigua, siete niños wichi, de prolijos guardapolvos a cuadrillé azul, formados frente a la bandera argentina. Recitan la misma oración que se repite día a día en miles de colegios: “Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad”. Todos los lugares comunes que agradecen a la patria, la unidad nacional y la igualdad. A cinco metros, los padres wichi describen la realidad y vuelven ficción cualquier entonación patriótica. Dos realidades, demasiado contraste.
Lo que sobra
La Interwichi está compuesta por ocho comunidades de la zona de Lomitas: 1.400 familias. En 2009 cortaron la ruta 81 por reclamos nada extravagantes: tierras, comida, trabajo, salud, educación, viviendas. Hoy confiesan que les llevó mucho tiempo decidirse a cortar la ruta. Son un pueblo paciente, pero el vaso rebalsó. “Era mucha la necesidad. Y muchas las mentiras”, recuerda el joven dirigente wichi Confiesa que se inspiraron viendo en la televisión los piquetes de Buenos Aires.
El corte llevaba semanas sin respuesta oficial. En mayo, cuando el frío ya golpeaba Formosa, murieron en esa ruta María Cristina López, 22 años, y Mario García, de 48. Las condiciones climáticas, la poca alimentación y la falta de atención primaria de salud fueron para ellos un cóctel trágico. Las muertes motivaron la tardía respuesta oficial. Increíble. El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, no se solidarizó con los wichi ni se acercó a los familiares de los fallecidos. Todos lo contrario: culpó a la Interwichi por las muertes y acusó a las oenegés de estar detrás del corte de ruta y, por tanto, ser responsables de las muertes. Todos los funcionarios provinciales siguieron esa argumentación. Recuerdan que en esa época hubo también mucha “persecución, cooptación y compra de dirigentes”.
Avelino Rodríguez explica que la Interwichi no tiene cacique ni líder, que las decisiones se acuerdan entre todos, y advierte: “Si un dirigente acepta el negocio del Gobierno, pierde la confianza de la comunidad”. Mariano López complementa al toque: “Y pierde el derecho (a ser dirigente de la comunidad). Siempre hay personas que se compran y se venden”.
Casi dos horas de charla. El abuelo-pastor-dirigente, Francisco López, prolija camisa amarilla, habla firme y fuerte. Se ofrece a cerrar la conversación con un agradecimiento a Dios. El pastor toma la palabra: treinta segundos, cuatro menciones “al Señor”, dos pedidos (que los visitantes tengan buen regreso a sus hogares, y salud para “ellos y sus familias”). Y sorprende con un cierre que vincula el más allá con el más acá: “Que todos sepan que Dios es el jefe de los jefes. Y que no queremos ser esclavos de gobernadores”.
Modelo formoseño
La ruta provincial 28 podría ser la envidia de todo automovilista de la Capital Federal. Su estado es, sin dudas, mejor que el de cualquier autopista privatizada. El problema: fue pensada (y construida) con la doble función de ruta y de dique. Elevada en algunos tramos 75 centímetros y en otros cinco metros, hace de muro de contención. Así alteró radicalmente el funcionamiento del Bañado la Estrella, un humedal de 400 mil hectáreas habitado por comunidades indígenas y criollos con histórica posesión. “El Bañado tenía épocas de agua y épocas en que se retiraba. Entonces los animales se alimentaban y hasta podíamos sembrar. Ahora no es más un bañado: es un lago de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho”, denuncia la Asociación de Productores de Bañado la Estrella (Aprobae), al costado mismo de la ruta y con vista panorámica a la zona inundada.
La camioneta avanza sobre la ruta, rumbo al norte, y a cada kilómetro se realzan los contrastes. A la derecha, típico paisaje del Chaco semiárido: tierra, vegetación baja, quebrachos, algarrobos y palo santo. A la izquierda, territorio inundado, plantas acuáticas y árboles muertos, ahogados por la alteración del bañado. La ruta-dique cumple su función. A la vera, aún trabajan palas mecánicas, perfeccionan unas compuertas que dejen pasar el líquido hacia el este, antes olvidado por el Estado provincial y ahora de sumo interés, especialmente para empresarios foráneos.
Ramón Verón, 57 años, hombre alto y corpulento. Anteojos de mucho aumento, chomba marrón y sombrero de ala ancha atado al mentón. Típico criollo, productor ganadero, presidente de Aprobae, que denuncia que hay mil familias perjudicadas por la alteración del humedal. Explica que las consecuencias económicas son “angustiantes”: más de 40 mil vacunos perdidos. Pero más lamenta que los jóvenes ya comienzan a irse a la ciudad, forma sutil de desalojar a campesinos: provocar las condiciones para que las nuevas generaciones dejen los campos. “Acá usted ve claramente los excedentes de la soja. Los que llegan son lo que tienen plata de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, los que metieron soja en sus campos y traen la ganadería para acá, y por eso nos quieren correr a los siempre vivimos en estas tierras. Es injusto”.
Pablo Chianetta milita en la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), con 25 años de trabajo con comunidades indígenas y familias criollas, acompaña en la recorrida. “Nadie está en contra de las obras, pero claramente lo que el gobierno impulsa es un corrimiento de poblaciones indígenas y campesinas de sus territorios para entregarlos a otros, particularmente para la ganadería intensiva. Con esta ruta inundó a quienes siempre vivieron en el lugar, y volvió atractivas a otras zonas (mirá para el este), donde se podrá contar con agua, con rutas y con ‘muchas facilidades’ para desmontar y traer ganado”. Chianetta no duda de que el gobernador Insfrán impulsa el modelo de agronegocios: desmontes, ganadería y agricultura intensiva, y expulsión de población ancestral.
El reparto
El suplemento Campo del diario La Nación del 31 de marzo pasado, explicitó la estrategia: “Plan de colonización en Formosa”, tituló, y mostró la foto de Insfrán con el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi. La noticia remarcaba que el plan sería para hijos de productores locales. Y asegura: “Buzzi reconoció que existen fuertes coincidencias en que en la tierra que esté disponible en la provincia, o en algunos lotes, se pueda encarar una experiencia de colonización con hijos de agricultores formoseños y dándole también oportunidades a hijos de productores que no son formoseños para que puedan venir a Formosa trabajar en el campo”, señala el artículo. Cita textual una frase de Buzzi: “Hay una decisión de la provincia, de puertas abiertas, así que para nosotros fue una reunión positiva (…) Esta es una provincia que todavía tiene tierras”, resaltó.
Margarita Parada tiene 25 años. Forma parte de Aprobae, también perjudicada por la construcción de la ruta y la alteración del Bañado la Estrella. Vive en el paraje de Gualcazar, al noroeste provincial, a 200 kilómetros de la ruta 28, pero igual sufre la alteración del Bañado la Estrella. A ellos no le inundaron el campo, sino al revés: les sacaron el agua. Desde entonces, todo los ahoga: poca agua, menos pastos, animales con hambre, bolsillos flacos. “Me indignó verlo a (Eduardo) Buzzi con Insfrán. Meta sonrisas, dijeron que van a traer a los hijos de chacareros de la Pampa Húmeda para acá. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a la Pampa Húmeda?”, reclama molesta.
El perfil productivo de la provincia es explícito y está plasmado en un documento público de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detallan las obras de infraestrucutra (como la ruta-dique) y la preponderancia del avance del modelo agropecuario. La Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por oenegés y técnicos de la región, lo explica así: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar a 500 mil hectáreas la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte, sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques como área protegida”.
Según el último relevamiento de la Redaf, en Formosa hay al menos 40 conflictos por tenencia de la tierra y ambientales. Afectan a 565 mil personas y 3,4 millones de hectáreas.
Sangre pilagá
El tronco del quebracho tiene un metro de alto y está a la vera de la ruta y a metros de un alambrado. En un lateral tiene una placa de bronce: “En este lugar fueron asesinados los hermanos Kolymaina, Nerón, Tengon, Sanat, Añsolé, Karona, Pocasale, Tagesena y muchos más”. Allí, sobre la ruta 28 y a 200 metros de la entrada a Las Lomitas, se recuerda así la Matanza de Rincón Bomba, ocurrida en 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Fue un 10 de de octubre, cuando la Gendarmería Nacional avanzó a fuerza de metralla y fusiles contra el pueblo Pilagá. La historia oficial justificó el crimen disfrazándolo de “enfrentamiento” y motivado por un malón indígena. No hubo un solo gendarme herido, pero durante décadas se mantuvo la historia militar. Así, la Gendarmería se apropió del territorio pilagá. En abril de 2010, familias pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio: 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por veinte comunidades —unas 3.000 personas— apoya políticamente la recuperación.
A cinco metros del recordatorio de la matanza, Gendarmería colocó un cartel de letras blancas: “Propiedad privada. Prohibido pasar”. Las comunidades pilagá ingresaron igual. Recuperaron lo suyo. Se asentaron, rechazaron los intentos de desalojos y contestaron con otro cartel de dos metros de alto y uno de ancho, tallado en algarrobo: “Artículo 75, inciso 17, Constitución Nacional. Se reconoce la pre existencia étnica y cultural de los pueblos originarios”.
En el territorio recuperado, en el mismo lugar donde fue la masacre de 1947, bajo unos árboles añejos, hay una reunión de la Federación Pilagá. Saturnino Miranda es el presidente. Tiene 49 años, pertenece a la comunidad kilómetro 14, lleva jean, camisa roja a cuadros pequeños y gorra con visera. “Somos un pueblo de paciencia, no cortamos rutas, tenemos mucha paciencia, desde 1492 que tenemos paciencia, pero el Estado debe escuchar, no pedimos regalos, tienen que cumplir la ley. Acá vivieron nuestros antepasados, no es de empresarios ganaderos ni de Gendarmería: es del Pueblo Pilagá”.
La palabra circula entre los referentes de la comunidad. Un anciano, espalda doblada, muy delgado, poco más de medio metros de alto, barba desprolija, movimientos lentos: Pablo Palaveccino. Se lo observa débil. Es sobreviviente de la masacre de 1947. Habla mitad en pilagá, mitad en español. Todos hacen silencio porque su voz apenas se escucha. Recuerda cómo sus “hermanos” caían a su lado, sangrando, por balas. Lo habrá contado muchas veces, pero igual se lo escucha triste. Inesperadamente su relato salta hacia el presente: “No nos perdonan porque somos los primeros de Argentina. Hay pobreza tremenda”. Finalmente, nos mira a todos directo a los ojos y dice: “La tierra la tenemos que recuperar”.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

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La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

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Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

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Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

  • “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
  • “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
  • El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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