No hay cifras ni registro oficial de los conflictos territoriales que padecen campesinos y pueblos originarios como consecuencia del modelo agropecuario corporativo. Darío Aranda preparó este panorama para analizar lo que está en juego.

El Estado argentino nunca ha realizado un censo de conflictos territoriales que padecen campesinos y pueblos indígenas. La ley 26.160, sancionada en 2006, que ordenó relevar en tres años los territorios comunitarios, está lejos de realizar un mapeo catastral de comunidades indígenas.
Ni siquiera se cuenta con datos actuales del Censo Nacional Agropecuario (CNA). El último fue realizado en 2008, con el INDEC ya intervenido y con el conflicto por la Resolución 125 aún latente. Fue incompleto y ningún investigador rural lo toma en cuenta. Los datos del campo argentino siguen atados al Censo Nacional de 2002.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agricultura de Nación, y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) anunciaron en abril de 2012 el primer “estudio” oficial de conflictos rurales. Realizado durante apenas tres meses en territorio, con sólo una persona por provincia, es un muestreo de casos. Fue presentado en el marco del Encuentro Nacional por la Tierra, realizado por el gobierno nacional, del 24 al 26 de abril en Salta. Los datos oficiales: 857 conflictos de tierra en todo el país que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas.
Lo insólito: ni el Gobierno ni la Unsam entregaron el “estudio”. Las organizaciones y periodistas que lo solicitaron sólo recibieron la gacetilla oficial con el resumen de datos. Y a siete meses de aquella presentación, aún no se hizo público.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a oenegés, organizaciones sociales y técnicos que trabajan en territorio, en el Norte argentino. Desde 2008 realizan relevamientos de conflictos en las zonas donde trabajan. En el último procesamiento de datos, de agosto de 2011, habían contabilizado sólo en la zona del Chaco argentino, 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez casos mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos), multiplicados en la última década, a medida que avanzó la frontera agropecuaria sobre el Norte del país.
Los casos remarcados en este mapa son sólo una muestra de lo que provoca un modelo agropecuario. Que no existan datos oficiales precisos sobre los desalojos y la violencia en la Argentina rural es una muestra de la invisibilización a la apuestan los gobiernos provinciales y nacional.
Río Negro
El gobierno provincial firmó, en octubre de 2010, un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas de soja, el doble de la superficie rionegrina dedicada actualmente a la agricultura. El acuerdo era impulsado por el entonces gobernador Miguel Saiz. La enorme cantidad de organizaciones que cuestionaron la posible sojización de la Patagonia y el cambio de gobierno provincial, influyeron para se suspenda el proyecto. Ahora la batalla es contra la megaminería.
La Pampa
En el 2000 se sembraron 42.000 hectáreas con soja. En 2010, según datos oficiales de la provincia, fue el primer cultivo en extensión: 380 mil hectáreas. Creció el 900 por ciento en una década, y sobrepasó a los cultivos históricos de la provincia: maíz y girasol. “La agricultura también corrió de su lugar a la ganadería”, explica el Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra (Malut). En 2005 se sancionó la Ley N° 2.222, norma que frena los desalojos en los cinco departamentos del oeste provincial. Fue sucesivamente prorrogada. “La prórroga no constituye una solución de fondo a los reclamos planteados. Muchos de los desalojos se producen sin que intervenga el Poder Judicial. Y es claro que la prórroga no evita la concentración de las tierras, que se está dando en el oeste y en el resto del país”, denunciaron desde Malut. También cuestionaron que la ley nacional de extranjerización de tierras “omite legislar sobre la concentración y la función social de la tierra”. Datos oficiales del Ministerio de Agricultura publicados en el trabajo titulado Las explotaciones Agropecuarias familiares en Argentina (realizado en base al Censo Agropecuario 2002) confirman la inequidad en la distribución de tierras. En La Pampa existen 3.978 explotaciones agropecuarias familiares, que representan el 51 por ciento del total de explotaciones, pero tienen sólo el 9 por ciento de la tierra de la provincial.
Simplicio Albornoz es puestero desde hace 73 años en el paraje La Reforma (departamento de Limas Mahuida, oeste de La Pampa). Desde hace 10 años resiste el avance de empresarios de Santa Rosa y Buenos Aires que pretenden hacerse de su campo, de 5.000 hectáreas. En julio pasado, una cuadrilla de diez hombres llegó hasta su campo y alambró parte del territorio de Albornoz. Le cerró el paso hacia el camino vecinal. El puestero, con 15 vacas y 30 chivas, está amparado por ley (más de veinte años trabajando y viviendo en el lugar), pero el Poder Judicial aún no le dio la razón y el alambre del privado le sigue cerrando el paso al campesino.
La comunidad ranquel Epumer vive en Colonia Emilio Mitre (oeste pampeano) desde antes de que fuera declarada provincia. A pesar de ser tierras ancestrales y de la vigencia de la Ley Nacional 26.160 –que suspende los desalojos indígenas y ordena la realización de un relevamiento catastral–, la Cámara de Apelaciones Civil de Santa Rosa rechazó un planteo de la comunidad y dio vía libre al desalojo de parte del territorio comunitario, de 5.000 hectáreas. El conflicto comenzó en 2008, cuando dos empresarios se presentaron como dueños de la tierra, con una supuesta escritura sobre el territorio de la comunidad.
Santiago del Estero
En noviembre de 2009, el Equipo Técnico del Comité de Emergencia –espacio gubernamental con participación de algunas organizaciones sociales– informó por escrito al gobernador que en la provincia había al menos 680 conflictos. Detalló que el Observatorio de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos había contabilizado 400 casos, el Registro de Poseedores 60 y el Comité de Emergencia 220. “El universo de situaciones conflictivas que implican problemas de regularización de tierras supera ampliamente las situaciones registradas”, advirtió el Comité. Y cuantificó que fueron afectadas al menos 3.777 familias, unas 26.439 personas.
En 1996 había en esta provincia sólo 95.000 hectáreas con soja. En 2008 había aumentado a 629 mil hectáreas y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. En sólo dos años aumentó un 75 por ciento.
El 21 de julio 2011 hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras del paraje Agua Amarga, al norte provincial, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos. El mismo mes, en el paraje El Simbolar, departamento de Alberdi, ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral. En diciembre de 2011, a un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario: dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacados por cuatro personas armadas que pretendían ingresar al campo comunitario en Villa Matoque, en el límite con Salta.
Santa Fe
San Jorge. Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la justicia de Santa Fe dejó firme en febrero de 2011 la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohibió las fumigaciones para proteger la salud. “Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, mamá de Ailén, que a los cinco días de nacer había tenido su primera intoxicación por fumigaciones sojeras.
En marzo de 2012 desalojaron a 81 familias que trabajaban el establecimiento conocido como Los Algodonales, de la localidad El Nochero, en el noroeste provincial. El gobierno provincial envió un proyecto a la Legislatura para expropiar 4.000 hectáreas y destinarlas a agricultura familiar. Los productores exigen que les devuelvan las 30 mil de Los Algodonales.
Don Ramón Laureano Rosales tiene 60 años. Desde hace 40 que cría vacas y ovejas, y fue desalojado el 3 de octubre de 2012 por orden del juez en lo penal de la localidad de Tostado, José Luis García Troiano. La policía lo expulsó de su vivienda rural, le sacó las pertenencias a la calle y luego le incendió la casa. Un empresario local lo acusa de “usurpador” del lugar donde vive y trabaja desde hace cuatro décadas.
Mendoza
El empresario rural Osvaldo Anzorena, de Tunuyán, atacó con gas pimienta a una familia campesina que se resiste a ser desalojada del lugar donde siempre vivió. La agresión sucedió el 20 de junio de 2012 cuando el empresario llegó el paraje Arroyo Guiazú –donde vive la familia campesina Tejada– y le exigió que abandone el predio. Allí habitan 20 personas, la mitad de ellos niños. “Anzorena se atribuye la propiedad de estas fincas sin presentar ni ante las familias ni ante la justicia, prueba alguna de dicha afirmación. Ante la negativa de las familias, que bien conocen sus derechos, contrató a matones para amedrentarlas de manera violenta”, denunció la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza. En la provincia no hay soja. Pero la UST denuncia que se registra un avance de la ganadería intensiva, corrida de sus lugares tradicionales por el avance sojero.
Córdoba
El Movimiento Campesino de Córdoba estima que en el norte de la provincia existen al menos 100 conflictos por tierras.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió en mayo de 2011 una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas. En un conflicto del noroeste de Córdoba, absolvió a 8 campesinos acusados de “usurpación” de un territorio que siempre utilizaron y, en un cambio de paradigma jurídico, priorizó la posesión ancestral de la tierra por sobre los derechos de un empresario que las había comprado. Se trata de la localidad de El Chacho, pueblo del noroeste de Córdoba, al límite con La Rioja, zona donde no hay soja, pero el avance del monocultivo sobre otras áreas ocasionó el corrimiento de la ganadería hacia lugares antes despreciados por los empresarios, e históricamente en posesión de campesinos.
Paraje La Penca, monte con algarrobos, mistoles y quebrachos, departamento de Río Seco, noreste cordobés. La familia Olivera habita y trabaja desde hace cinco generaciones 301 hectáreas que esquivan el destino de soja que avanza en la zona. Walter Manuel Olivera, 60 años, más conocido como Chachacho, resume: “Es el último pulmón. Esto es lo último que queda de monte en la zona, todo el resto lo han volteado, han matado el monte. No le dejaremos matar ni una hectárea más”. Forma parte de la Unión Campesina del Norte de Córdoba (UCAN)
Formosa 
La palabra “qom” era solo conocida por los pueblos originarios, militantes del sector, algunos. El primer gran triunfo de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) es haber instalado en la agenda nacional al Pueblo Qom. Aún no han obtenido las 5.180 hectáreas reclamadas al gobierno de Formosa, pero desde hace tres años han puesto en evidencia los atropellos del gobernador Gildo Insfrán. Cortes de ruta, acampe en Buenos Aires, atentados, represión y una lucha que continua.
La Interwichi es el espacio de coordinación de 8 comunidades indígenas, con 1.400 familias de la zona de Lomitas, corazón de Formosa, sobre la ruta nacional 81, espacio bisagra entre el oeste del chaco salteño, referenciado en los productores ganaderos, y el este del Pueblo Guaraní, por su vinculación a Paraguay, Misiones y Corrientes. La Comunidad Lote 47 es urbana, espacio de reunión de la Interwichí. Denuncian las escasas tierras: poseen sólo 10 hectáreas para 60 familias. La Interwichi exige tierras, comida, trabajo, salud, educación, viviendas.
La ruta provincial N° 28 fue construida con la doble función de ruta y de dique. Elevada entre 75 centímetros y cinco metros alteró radicalmente el funcionamiento del Bañado la Estrella, un humedal de 400 mil hectáreas habitado por comunidades indígenas y criollos con histórica posesión. “El Bañado tenía épocas de agua, y épocas que se retiraba. Entonces los animales se alimentaban y hasta podíamos sembrar. Ahora es un lago de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho”, denuncia la Asociación de Productores de Bañado la Estrella (Aprobae).
En abril de 2010, familias pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio para recuperar 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por 20 comunidades –unas 3.000 personas– apoyó la recuperación. Se trata de parcelas sobre la ruta 28, a 200 metros de la entrada a Las Lomitas.
Catamarca
La Comisión de Tierras de La Paz, en el sur provincial, está integrada por 150 familias, organizados desde 2007 a partir de intentos de desalojos en la zona. Abarca los parajes: Recreo, La Zanja, Kilómetro 969, La Dorada, Puesto Nuevo, El Porvenir, El Tigre y El Clérigo, entre otros.
La Rioja
Paraje Valle Hermoso, departamento de Vinchina, sobre la cara oeste del Cerro Famatina, campos comunitarios de pastoreo utilizados desde hace décadas por 15 familias campesinas. En 2010 se presentó un supuesto dueño y vendió el campo con las familias adentro.
Localidad La Maravilla, departamento Felipe Varela, finca de 8 hectáreas trabajada desde 1968 por el campesino Adolfo Sosa y sus seis hijos. En 2009, 41 años después, le llegó una intimación de remate del Banco Nación. La familia Sosa, junto al Frente Riojano de Organización Popular (FROP), conformaron una cooperativa, permanecen en la chacra y realizaron presentaciones judiciales para que se le reconozca la posesión veinteañal.
Salta
La Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná instaló el 4 de julio de 2012 una carpa a la vera de la ruta nacional N° 40, en el kilómetro 4.350, para frenar una topadora que pretendía desmontar un territorio comunitario. Lograron que se retire. Dos días después, cuando integrantes de la comunidad viajaban a la capital salteña para una reunión en la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, personal de la empresas y efectivos policiales ingresaron por la fuerza al predio indígena, amenazaron a la comunidad y escoltaron a la topadora para que comience el desmonte. “Fue desproporcionado el número de efectivos policiales, más de 30 cuando en el lugar había sólo 5 personas”, precisó la comunidad, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina). Fueron detenidos 2 referentes de la comunidad.
La Defensoría del Pueblo de la Nación visitó 3 veces durante 2012 a las comunidades indígenas (Federación Wichi) y criollas de la localidad de Fortín Dragones, noreste de Salta, a la vera de la ruta N° 81. En un informe de 12 carillas confirmó la avanzada de cultivos intensivos (soja y maíz), los desmontes sin control (siempre sobre zonas prohibidas por la Ley de Bosques) y la falta de control del gobierno provincial. Denuncia el incumplimiento de dos leyes nacionales que suspenden los desalojos campesinos. La Defensoría del Pueblo afirma que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cumple sus obligaciones en la zona y advierte al gobierno provincial: “Se registra una clara vulneración de derechos de criollos e indígenas, con potencial daño al ambiente, debilidad en el accionar de la Provincia y un conflicto social latente (…) Se requiere la urgente atención del Gobierno para evitar la escalada con consecuencias imposibles de remediar”. Son afectadas al menos 17 comunidades wichí y 40 familias criollas.
Antillas es un pequeño pueblo del sur de Salta que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a 3 metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional N° 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones, desde el 29 de septiembre de 2011.
Las comunidades wichi San José, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivián, departamento de San Martín. En toda la zona estaba prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la oenegé Asociana registró con imágenes satelitales que igual se desmontaron 1.700 hectáreas en la zona este de Ballivián. A mediados de septiembre de 2011, empresarios privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. Las comunidades enfrentaron a las topadoras y se quedaron en el lugar hasta que, 5 días después, las topadoras se retiraron. Jonatan Félix, wichi que participó de la resistencia, explicó: “Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque vivimos por el monte”.
Tucumán
Tres colectivos, una decena de motos y 20 camionetas transportaron el 4 de julio de 2012 a más de 250 policías hasta la localidad tucumana Base de Riarte (al norte provincial, límite con Salta) para desalojar a la Comunidad Indio Colalao. ¿Por qué tanto despliegue represivo? 19.000 hectáreas, donde siempre vivieron las comunidades indígenas, son reclamadas por 2 empresarios para sembrar soja. La represión fue ordenada por la jueza Ema de Nucci, a pedido del fiscal, Guillermo Herrera. El Poder Judicial tucumano omitió la legislación vigente respecto al derecho indígena. Entre otras, la Ley Nacional N° 26.160 que frena los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento de territorios comunitarios. Esta ley fue sancionada en 2006, y estipulaba que en 3 años debía estar relevado todo el país. Tucumán, a 6 años de la sanción de la norma, aún no lo hizo.
Chaco
Greenpeace realizó un relevamiento por tierra y aire en El Impenetrable y constató el “severo impacto ambiental de desmontes selectivos para ganadería intensiva que fueron autorizados en zonas protegidas por la normativa nacional”. En abril de 2012, la organización ambiental sobrevoló la selva chaqueña y denunció: “El gobierno del Chaco está autorizando en El Impenetrable desmontes encubiertos que violan la Ley de Bosques. Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, lo que no garantiza su regeneración y es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña. El Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a cinco millones. “El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, afirmó.
En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace 50 años. El 30 de marzo de 2010 fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre de 2010 dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen sus parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.
En junio de 2011, en la chaqueña Colonia El Guanaco, el juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de la familia conformada por Elsa Avalos y Carlos Peralta, que desde hace 60 años habitan y trabajan 250 hectáreas. “Mi madre tiene 69 años. Nació, trabajó y acá nacimos sus 9 hijos. Siempre cuidamos y trabajamos la tierra, acá nacieron sus nietos, nuestros hijos. ¿Y ahora nos quieren echar?”, denunció José Peralta y advirtió que defenderán la tierra. La Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Unpeproch), se movilizó para evitar el desalojo y apuntó a la contradicción política: “Mientras a nivel nacional y provincial se pregona que no habrá más desalojos, el sistema judicial hace otra cosa”.
Juan Capra es qom, padre de 7 niños, trabajador rural a destajo y vive en Pampa del Indio. “El viento viene con veneno”, resume para denunciar las fumigaciones que le arruinan las cosechas, matan animales, contaminan fuentes de agua y enferman a su familia. Junto a otros qom realizaron denuncias ante la comisaría local, la Fiscalía de Investigaciones, el gobierno provincial y ante la Cámara de Diputados de la provincia. No hubo respuesta. Enfrente tienen a uno de los mayores terratenientes del Chaco, Eduardo Eurnekian, dueño de la estancia Don Panos, que forma parte de la Corporación Unitec Agro.