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Cuerpos sin ley ni justicia

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Un panorama de la batalla por lograr que el Estado no criminalice nuestros abortos. Porqué la justicia ordenó investigar a Mauricio Macri por este tema. Qué lecciones nos dan los uruguayos con el primer informe sobre la aplicación del aborto legal. Qué rol juega la corporación médica. Cuál es el estado del proyecto de ley en el Parlamento. Por qué invitamos a firmar el petitorio de Amnistía Internacional. Qué significa nuestra campaña.

L a justicia ordenó investigar al jefe de la que se supone es la ciudad más moderna del país por divulgar datos claves para identificar a la única mujer porteña que obtuvo el derecho a realizarse un aborto legal. Mauricio Macri logró así, sostiene la denuncia, exponer a la jauría mediática a una víctima de la explotación sexual. Su calvario está contemplado como una de las escasas causas que despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo, pero ese derecho se vio en peligro por la filtración de datos. Tuvo que intervenir la Corte Suprema para garantizarlo.
Ahora, el fallo de la Sala V de la Cámara del Crimen, ordena que la legisladora María José Lubertino amplíe su denuncia sobre “la operación mediática” para “determinar el objeto procesal”. Esto es, determinar qué delito cometió Mauricio Macri.
Así estamos.
Derecho
La ley porteña de aborto no punible es una de las 107 leyes vetadas por Macri. Lo hizo poco después del alboroto mediático que provocó con la divulgación de este caso.
La Legislatura porteña intentó con esta norma aclarar lo que la ley nacional ya declara: no es necesaria la autorización judicial para practicar un aborto en los casos contemplados por la ley. Que es como decir: no es necesario pedirle a un juez permiso para ejercer un derecho. Lo mismo aclara el ministerio de Salud en sus instrucciones sobre el aborto no punible y lo mismo aclaran los fallos de la Corte Suprema cada vez que se ha tenido que pronunciar al respecto.
Que algo tan simple se haya tenido que escribir tantas veces en diferentes formatos estatales revela hasta dónde el cuerpo de las mujeres, aún aquellos más castigados, sigue siendo socialmente un territorio sin derechos.
Así estamos.
Mercado
Las mujeres abortamos, pero algunos Estados, como en el caso argentino, criminalizan ese acto, obligándonos a realizarlo en la clandestinidad, con el riesgo y el costo que eso implica para nosotras y nuestras familias.
Nadie, así, se hace cargo de nuestros abortos.
Ni la salud pública ni la privada.
El aborto se transforma entonces en un negocio perfecto para el mercado.
Vende pastillas: cada caja cuesta 136 pesos y la farmacia está obligada a quedarse con la receta para archivarla.
Vende raspajes: a un precio que va de 3 mil a 9 mil pesos, según las condiciones sanitarias del lugar de la intervención.
Y en muchos casos, vende las dos cosas: las pastillas no funcionan sin una correcta aplicación y claramente no se trata de colocarse un tapón.
Si algo sale mal, ya sabemos: no hay reclamo.
El hospital público ataja las consecuencias de los 500 mil abortos inseguros que se practican en Argentina cada año. El dato oficial es de 60.000 casos anuales. Esto es: desde siempre y hasta ahora la salud pública debe hacerse cargo, económica y sanitariamente, de los desastres del mercado clandestino.
Así estamos.
Despenalizar a quién
En Uruguay y desde octubre de 2012 el aborto está despenalizado. Esto es: las mujeres pueden abortar en cualquier centro público o privado siempre que sea antes de la semana 12 de gestación, y tras pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que las asesoran sobre todas sus opciones, incluso sobre culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
El Ministerio de Salud uruguayo publicó el primer informe sobre lo que esto representa: en los primeros 60 días se realizaron 200 abortos.
¿Dónde?
Según el subsecretario del ministerio de Salud Pública, Lionel Briozzo, estos abortos se realizaron fundamentalmente en la capital, Montevideo, y en centros privados de salud. Es decir: el mayor porcentaje, se realizó en clínicas de obras sociales o “mutualistas”, como denominan allí a todo el sector de salud privada.
La conservadora revista Búsqueda, claramente en contra de la norma, publicó sin embargo el artículo más interesante. Analiza allí los datos y concluye: las mujeres que abortan no son las más pobres, son las que están más sobrecargadas. Trabajadoras, profesionales y, muchas de ellas, ya madres.
Somos nosotras, entonces, las que callamos.
Así estamos.
El mayor obstáculo
Durante esos dos primeros meses de aborto legal, las autoridades sanitarias uruguayas identificaron el mayor obstáculo que tienen las mujeres para ejercer su derecho: la corporación médica. Un 30% de los ginecólogos presentaron su objeción de conciencia por escrito, entre ellos todos los ginecólogos del departamento de Salto, limítrofe con Argentina.
Reitero: en Salto, todos.
El periódico La Diaria publicó el testimonio de la primera mujer que se realizó un aborto en el centro de salud uruguayo. Dice así:
“Gabriela es psicóloga, tiene 30 años, vive en el departamento de Maldonado y tomó todas las decisiones apoyada por su pareja, que la acompañó en cada instancia del proceso. Cuando se enteró de que estaba embarazada de siete semanas, la ley aún no estaba reglamentada. Llamó a una amiga, se informó y consiguió Misoprostol en el mercado clandestino. Tomó las pastillas para provocar el aborto siguiendo las instrucciones, tuvo el sangrado y las contracciones esperadas, pero cuando se hizo la ecografía, el embarazo continuaba en curso. En ese interín le llegaron del exterior las pastillas que había comprado por Internet, Misoprostol y Mifepristona, los mismos medicamentos abortivos habilitados por el Ministerio de Salud Pública tras la aprobación de la ley, en octubre de 2012. Pero como la norma ya estaba reglamentada acudió al Hospital de Pan de Azúcar para hacerlo de manera legal y segura”.
Esto fue lo que le pasó:
“Cuando le dije al ginecólogo que había tomado Misoprostol y no había funcionado, largó una carcajada. Quedé helada. Que se te ría en la cara cuando venís de fracasar en una decisión que no está buena, que en la noche anterior tuviste contracciones… Tuvo una actitud desubicada”.
En la tercera consulta, su ginecólogo le volvió a recetar Misoprostol, pero tampoco funcionó. “Le pedí que fuera urgente porque ya estaba en el límite (12 semanas) y decidida. Le dije que no me iba sin que estuviera resuelto. El ginecólogo me dice ‘te voy a dar el gusto´y recién ahí concretó el trámite para la intervención”.
Ya en el hospital, “la ecógrafa me preguntó si quería escuchar el corazoncito; cada operador dejó ver su opinión sobre el tema”.
Su conclusión: “El sistema de salud, en general, fue violento”.
La experiencia uruguaya nos permite identificar a los monjes modernos, en tiempos en que la religión del mercado es la que consagra santos para seguir haciéndonos sentir pecadoras.
Así estamos.
Para atrás
Hace casi dos años comenzaba, por primera vez en la historia parlamentaria y en la Cámara de Diputados, el debate sobre despenalización del aborto. En aquel momento, Juan Carlos Vega, legislador por la Coalición Cívica y presidente de la Comisión de Legislación Penal, que tenía a cargo el inicio del trámite parlamentario de este proyecto, declaraba: “Todo lo que en esta Comisión se abre, se termina”.
Sin embargo, en noviembre de 2011 el dictamen cayó, en una jornada poco clara. Las preguntas estalllaron.
¿Por qué cayó el dictamen?
¿Qué pasó con los legisladores que acompañaron durante el año el trámite, pero que no se presentaron en el momento clave?
¿Qué aprendizaje rescataron las organizaciones que militaron a favor del aborto?
¿Qué autocrítica hicieron?
¿Qué legitimidad social es necesario construir para sancionar esta ley?
¿Qué se puede aprender de esta derrota?
“No creo que haya sido una derrota. Esa palabra es demasiado grandilocuente. Hablaríamos de derrota si hubiésemos llegado al recinto y se votara en contra, pero no por una reunión de Comisión, convocada unilateralmente por su presidente, que ya terminaba su mandato, a pocos días de las elecciones y con el cambio inminente de la mitad de la composición de la Cámara de Diputados”, resume Estela Díaz, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Para nosotras fue muy importante, pero era evidente que este debate no se iba a cerrar en una reunión de Comisión. Los temas como este, que producen cambios profundos, tienen procesos de discusión y de construcción de consensos para nada sencillos”.
Durante aquella jornada del 1° de noviembre, los y las legisladoras fueron exponiendo los obstáculos que acarreó este tema a lo largo de la historia. El diputado Vega señalaba el más importante:
“Quiero recordarles que el primer proyecto de ley sobre aborto data del año 1937. Sin embargo, por distintas razones, nunca llegó a tener trámite parlamentario ningún proyecto. Este es un debate que por primera vez se abre en el parlamento argentino y que, por distintos motivos, estuvo silenciado hasta ahora”.
Desde el oficialismo, la diputada Diana Conti indicaba:
“Hay quienes estamos a favor y hay quienes no lo estamos. Es verdad, también, que este no es un debate que esté en la agenda del Poder Ejecutivo nacional. Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es este el caso. Pero quienes formamos parte del bloque oficialista en el Congreso Nacional tenemos posturas diferentes sobre este tema, que es controversial para nosotros mismos”.
En consonancia con lo dicho por Conti, Cecilia Merchán –una de la legisladoras que impulsó uno de los proyectos de despenalización desde Libres del Sur, fuerza de la que actualmente está desvinculada– señaló que durante la jornada de debate sobre aborto “se pudieron ver las ausencias, fundamentalmente del Frente para la Victoria, porque sigue siendo un tema difícil”. También recordó Merchán que de los 50 diputados que apoyaron con su firma el proyecto, “no todos estuvieron en esa sesión de la Comisión para acompañar el debate”.
¿Por qué?
Responde Merchán: “Es tan difícil conseguir una explicación clara sobre los motivos. Te dicen: ‘No pude, no llegué, tuve tal problema’´. En síntesis: no lo vieron como un debate prioritario. El Frente tiene tendencia a dejar ver hasta dónde avanza el debate y cuando están instalados , después los toma y los capitaliza. No lo lleva, pero lo capitaliza. Se ve que con este tema todavía no; cuando haya un plafón suficiente de la sociedad, ahí sí”.
Así estamos.
Firmá
Este año Amnistía Internacional lanzó en Argentina la campaña Yo voto por el aborto legal, seguro y gratuito. Se propone así recolectar firmas para exigirle al Congreso Nacional que incluya el proyecto de ley en su agenda legistativa de este año.
Esto significa, por los menos, dos cosas importantes:
Que no está siquiera en trámite un proyecto de despenalización.
Que hay que exigir que los y las legisladoras retomen este debate.
Ese es para nosotras el punto al que hay que dirigir nuestros esfuerzos este año. Y cualquier campaña sobre el tema que eluda este foco la escucharemos como un ruido o algo peor.
Así estamos.

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Ciudad Macri

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Gobierno porteño bajo la lupa. Licitaciones privadas, obras para la foto. Irregularidades sin sanción. El “top six” de empresas favoritas. Tejes y manejes del subte y el metrobús. Datos sobre la gestión del espacio y las obras que se realizan en la ciudad de Buenos Aires.
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Mucho y nada

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El espacio donde hoy funciona el predio conocido como Costa Salguero dejó de ser público en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, cedido por ley nacional al Gobierno de la Ciudad por un plazo de 30 años. Sin perder tiempo, el 1° de mayo de aquel año la empresa Telemetrix SA obtuvo la concesión.
Se calcula que actualmente paga 100 mil pesos de canon y recauda un millón mensual entre las 23 subconcesiones que ocupan las 17 hectáreas.
Telemetrix SA fue fundada por Luis Alberto Gutiérrez y Federico León Bensadon, quienes también son titulares de la empresa constructora EMACO SA. Son contratistas del gobierno porteño, además, en la remodelación de la fachada de la Estación Retiro y en un plan habitacional en villa La Cava, entre otras 9 obras.
Otro dato: en Costa Salguero celebró Mauricio Macri su casamiento con Juliana Awada y en sus salones se festejó también el triunfo del PRO, en la segunda vuelta de las elecciones porteñas, en julio de 2009.
La historia del edificio del ex Padelai (San Juan y Balcarce, barrio de San Telmo) es un caso emblemático de cómo se generan las políticas de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. En 2003, 60 familias fueron desalojadas a palazos y gases por el gobierno de Aníbal Ibarra. Seis años más tarde, Macri cedió el predio gratuitamente y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos con una única condición: que presentara plazos para realizar las obras y la línea de la programación cultural. A principios del 2012 el CCEBA se sinceró: no podrían construir y sostener el centro. “Con los ocupas no podemos”, ampliaba un comunicado emitido desde la embajada española. Se referían así a las 42 familias que ingresaron para reclamar sus derechos. Son integrantes de la Cooperativa de San Telmo, titular de las escrituras y el certificado de dominio del predio. Allí planean mantener una serie de cuartos donde puedan vivir las familias, a la vez que proyectan en la planta baja la edificación de una galería cultural a cargo de organizaciones sociales y artistas independientes y hasta un centro médico.
 
 

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En el banquillo

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Cuatro profesionales del Hospital Garrahan irán a juicio por defender sus derechos. Es la consecuencia de aquel conflicto de 2005 que logró la atención mediática sobre la gestión de la salud pública y que, por primera vez en 14 años, se otorgara un aumento salarial para sus trabajadores. Cómo está hoy la salud del mejor centro infantil del país. Lo que está en juego. Lo que se ganó y todavía no se perdió.
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LA NUEVA MU. Dar pelea

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