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El Borda, represión y después. Las víctimas de la represión están acusadas penalmente por el gobierno porteño. Los trabajadores del taller demolido están sumariados. Pero el proyecto macrista está parado y el debate sobre la salud mental abierto. Qué ganaron los colifatos.


A Hugo López no lo pudieron demoler. Los sentidos que construye su palabra están más fuertes que nunca. “Creyeron que era fácil. Que le pegaban unos cuantos palos a la gente y seguían con todo. Pero cuando empezaron a venir los estudiantes, las organizaciones, los de más allá… fue una sorpresa para ellos. Y para mí también”.
El viejo Hugo dice que está triste y alegre al mismo tiempo. Los que crean que esa mezcla de sentimientos es imposible probablemente nunca aprendieron cómo devolver un golpe. Triste por la demolición del Taller 19 y la represión de la Metropolitana. Alegre de sorprenderse con la reacción de profesionales, voluntarios, estudiantes, gremialistas, diputados y un largo etcétera que hoy mantiene frenadas las topadoras del gobierno de la Ciudad. Una resistencia que se gestó poniendo el cuerpo no sólo aquél día, sino desde hace años, con profesionales resignados al ad honorem y voluntarios que asumen su militancia construyendo espacios dentro y fuera del Hospital Borda, que hoy es el eje de la discusión de la ley de Salud Mental que acaba de reglamentarse.
Causa  y efecto
Hugo: “A mi entender, la salud mental, como la salud física, necesitan un tratamiento integral: no atacar el efecto sino la causa. El medico ¿qué hace? Dice: ´Tomás Mongopicho y dormís´. Y la causa de tu insomnio no te la cura esa pastilla, te la tapa, lo cual puede desencadenar una enfermedad más grande”.
Las leyes de causa y efecto rigen tanto para la salud como para la política y otras disciplinas de la vida. La seguridad, por ejemplo: “Está bien: yo pongo la reja en mi casa. Pero si no hay dignidad social no estoy seguro de que al salir de la reja no me caguen”.
En la búsqueda de un responsable, Hugo encuentra una definición del neoliberalismo que pasa por arriba este principio de causalidad: “El neoliberalismo significa hacer la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible sin medir las consecuencias”.
Traduce: “Si tengo que entrar a un hospital a tiros para hacer un emprendimiento inmobiliario, lo hago”.
¿Será una generalización?
O al contrario: ¿está siendo tan específico que asusta?
Qué tiró Macri
El taller 19 era el lugar de trabajo de más de 20 internos y seis empleados. Con su demolición se tiró abajo el único y último espacio intrahospitalario donde los pacientes trabajaban, como parte de un enfoque terapéutico: practicaban la herrería, carpintería y pintura, de lunes a viernes, durante cuatro horas, produciendo muebles que luego eran vendidos a oficinas públicas. Cobraban por ello la módica suma de 10 pesos diarios.
En el proceso eran guiados por un equipo de profesionales compuesto tanto por carpinteros como terapistas ocupacionales, hoy desplazados a otras dependencias. No sólo eso: fueron citados a una declaración indagatoria por motivos que desconocen. Un decreto de Ongania permite esta incertidumbre, conocida como “secreto de sumario”. Los trabajadores adivinan:

  • Desde julio del 2012 hasta enero de este año mantuvieron una guardia permanente en el Taller 19 para evitar que lo demolieran.
  • No acataron un “traspaso patrimonial” que ordenaba trasladar las máquinas y herramientas del Taller 19 a otra dependencia, para sellar su vaciamiento.
  • Entre septiembre y octubre de 2012 les descontaron 53 días de sueldo sin justificación alguna; por eso los trabajadores acudían a sus puestos, pero firmaban “en disconformidad”.
  • El día la represión dejaron sus puestos de trabajo para intentar detener la demolición.

Los escombros son hoy el paisaje de la charla. “Desde julio de 2012 estamos sin pacientes”, cuenta Humberto Herrero, carpintero del Taller. “La excusa para no derivarlos fue que había una situación de tensión en el hospital y que iba a haber un traslado del taller”, explica Marcelo Piccininni, ex jefe de este servicio. “Nosotros seguimos haciendo tareas de mantenimiento y producción –sigue Humberto–, aunque fuimos derivados a la otra sede. Decidimos mantener una custodia en el taller 19, para evitar que trasladen las máquinas y las herramientas, hasta que en enero un amparo protegió el taller y dejamos la guardia. Creímos en la justicia, que es lo que no hizo el gobierno de la Ciudad”.
La dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica depende del gobierno de la Ciudad y está comandada por la psiquiatra Graciela Russo. Fue concebida en los años 80 como un dispositivo de transición de los pacientes psiquiátricos: del hospital hacia una reinserción social y laboral. De los más de 500 trabajadores que contemplaba el programa en sus inicios, hoy reúne 170, entre personal administrativo, jefe de talleres y maestros de oficio. El Taller 19 demolido era el único intrahospitalario, ya que el resto funciona en otras dependencias de los barrios de Barracas, Once y Flores, a los que acuden pacientes ambulatorios que están internados en otros psiquiátricos o que viven ya en sus casas.
Al Taller 19 acudían actualmente más de 20 internos del Hospital Borda. “Para ellos era un medio para volver a adquirir habilidades para desenvolverse en un oficio –explica Piccininni, el ex jefe– para relacionarse con otros pares, sentirse parte de un proceso de producción, trabajar con herramientas… Y cuando los pacientes estaban próximos al alta se los derivaba a un taller externo”.
Desde julio nada de esto estaba pasando: “Y el 8 de agosto nos encontramos con el predio cercado y una empresa haciendo estudios del suelo, y tres o cuatro patrulleros. Sin un aviso oficial, no sabíamos que estaba pasando”, cuenta Humberto. Aquella intromisión fue un anticipo de lo que vendría después, sin analistas del suelo y con más policías.
Cinco de los seis empleados del 19 fueron trasladados a otro taller, que queda en el segundo piso de un edificio del Borda y al que solo puede entrarse por una calle lateral. “Recién ahora están construyendo una escalera para que puedan venir los internos –cuentan–. Es incómodo, mucho más chico y muy ruidoso”, describe Humberto.
Marcelo Piccininni fue trasladado a las oficinas de la subdirección de Talleres Protegidos: “Hago trabajo administrativo. Es una forma de sacarme de la lucha y del grupo de compañeros”.
La criminalización
Las enfermeras Susana Bejarano y Cristina Díaz Alem, los periodistas Pepe Mateos y Belén Revollo, la delegada Karina Maliverti y el psiquiatra Guillermo Puerta fueron golpeados y detenidos aquel 26 de abril. A todos se les abrió una causa penal por “resistencia y lesiones”.
Recientemente les llegó la primera citación para presentarse ante un médico forense. “Después de un mes ya no se me ven los moretones”, dice el psiquiatra Puerta sobre la revisión. Cristina Díaz, enfermera del Garrahan, agrega: “Y eso que nos acusan de lesiones a nosotros… A mí el médico ya me revisó hace 15 días. Tenía hematomas desde las muñecas (por las esposas) hasta la axila, en las piernas, y en la espalda, por los rodillazos que me pegaron”, describe.
El doctor Guillermo Puerta cumple 29 años trabajando en el Borda y actualmente es jefe del servicio 17. El día de la represión estaba junto al director del Hospital, Ricardo Picasso, detrás de la formación de la policía, donde se encontraban los altos mandos de la Metropolitana y funcionarios, como la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. “Picasso estaba hablando con Vidal y yo me siento en un banco para refregarme la rodilla que me habían golpeado. Entonces vienen unos policías de civil que dicen: “Ese, ese”. Y se me tiran encima y me ponen un precinto como esposas. A todo esto, el director Picasso gritaba: ´Les ordeno que lo suelten´, pero no le hicieron caso”. Sigue el relato: “Entonces me arrastran dos cuadras hasta la calle Pedriel, me van pegando trompadas por todos lados. Me suben al camión celular, donde ya estaba la enfermera Bejarano con la rodilla hecha bolsa… A mí me habían golpeado mucho, entonces me bajaron de nuevo para inyectarme Diclofenac para parar los dolores y la inflamación. En eso veo 7 ambulancias y que estaba hasta Crescenti, el capo del SAME. Ahí entendí que el operativo contemplaba que hubiera heridos por la represión. Es decir: vinieron a pegarnos”, cuenta Puerta.
El doctor Puerta, único médico detenido, deduce que en su caso “primaron los antecedentes”: su legajo en la Conadep lleva el número 4.834 y en breve volverá a declarar como testigo en la mega causa La Perla 2, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención cordobés. En esos días también deberá rendir cuentas por otra causa: el gobierno porteño lo acuso de “resistencia y lesiones”.
Cristina Díaz Alem, enfermera del Garrahan, camina con un bastón que no logró sensibilizar a la Metropolitana. “Cuando empezaron a avanzar yo me puse atrás de un árbol y me quede ahí. En eso viene un tipo de civil y me tira al piso –relata–. Después otros dos me levantan de los brazos y me dicen: ´Camine, camine.´ Les digo que sin el bastón no puedo caminar. No me lo dan y cuando me levantan, me caigo. Entonces me agarran cuatro policías mujeres y me arrastran más de 200 metros, insultándome. Me decían: ´Vos sos una vieja de mierda, ¿qué hacés acá?´. Después me pusieron boca abajo en el piso, me esposaron y me llevaron arrastrando hasta la calle. Me tiraron contra un paredón, sentada, las manos atrás. Ahí nos llevaron a la comisaría. Nos pusieron en una celda a cada uno. Me sacaron todo. No me dejaron ni llamar a mi marido”.
Finalmente, los detenidos salieron cerca de las seis de la tarde por presión de otros compañeros y diputados, pero sus causas penales recién dan sus primeros pasos. “Espero que no dure 8 años, como la de los enfermeros del Garrahan criminalizados”, dice el psiquiatra Puerta. Cristina, por su parte, advierte que junto a un grupo de enfermeros heridos aquel día iniciará una querella contra el gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Planeamiento Urbano y la Policía Metropolitana.
Esta causa en contra del Ejecutivo porteño se suma a la denuncia penal que promovió el asesor tutelar Gustavo Moreno contra el Jefe de Gobierno porteño por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “desobediencia a un fallo judicial” y “abuso de autoridad, violaciones a los deberes de funcionario público y apremios ilegales” en el operativo que ordenó para intentar destruir el Hospital Borda.
Las voces de afuera
En el jardín del Borda, desde hace más de 25 años funcionan una serie de espacios que hacen arte y mucho más. El Frente de Artistas del Borda, la radio La Colifata, Cooperanza y Pan del Borda son espacios autogestivos a los que pueden acudir semanalmente internos y externos a pintar, escribir, hacer circo, teatro, mimo, expresarse en la radio, bailar, tomar una merienda, compartir.
Hugo López piensa que estos espacios son los que hacen diferente al Borda, a pesar de todas sus carencias: “Yo estuve en un psiquiátrico privado, que ahora lo cerraron porque no cumplía las condiciones. Compartía un cuarto con cuatro personas y era todo cerrado, no entraba la luz, no podíamos salir. La luz es terapéutica”, asegura.
En el Borda encontró esa luz que irradian espacios que funcionan por afuera y a pesar de la dirección del hospital. Un ejemplo: recién hace unos meses fue creado “oficialmente” el Centro Cultural del Borda. Alberto Sava, fundador del Frente de Artistas, interpreta el contexto de esta inauguración: “Bienvenido un centro cultural en un manicomio, pero nosotros hace 28 años que venimos construyéndolo. Lo hacen para disminuir al Frente de Artistas, como quisieron crear una radio estando La Colifata acá. Eso es quitarle potencia a esos trabajos, confundir a los pacientes y usuarios, confundir a la gente que viene a solidarizarse, que va al centro cultural creyendo que es el Frente de Artistas”.
Al Centro le asignaron un antiguo edificio externo del hospital, en tanto Cooperanza, El Frente de Artistas, La Colifata y Pan del Borda se siguen acomodando a la intemperie.
Estas experiencias –que fueron creadas por referentes de la psicología social como Alberto Sava y Alfredo Moffat, o por psicólogos como Alfredo Olivera– hoy están a cargo de jóvenes. Sus prácticas, ligadas al trabajo expresivo y creativo, apuntan a la reconstrucción del lenguaje y la identidad de los internos, a su autonomía. Gracias a estos espacios se hizo posible el fortalecimiento y sostenimiento de la resistencia que emergió el día de la represión. El mismo 26, una vez amainada la batalla y avanzada la tarde, se formó espontáneamente una asamblea de los voluntarios del Borda. “Se creó un grupo para poder elaborar una ley que proteja el terreno, y se resolvió la marcha que se hizo el día 30”, cuenta Sava.
La ley, que ya está elaborada y espera ser tratada en comisiones, hace pie en otras dos leyes: la de Salud Mental nacional y la N° 448 de la Ciudad. De este modo articula el proyectado cierre de los hospitales psiquiátricos con el resguardo de sus territorios para fines públicos. Cuenta sobre el proyecto Luisina Miñas, de Cooperanza: “La ley tiene dos puntos bien sencillos que plantean que los terrenos del Borda, del Moyano, del hospital Rawson y el Tobar García queden como espacios con funciones públicas, como la salud y la recreación”. La idea es que no se le cambie la funcionalidad a estos terrenos, mucho menos para negocios inmobiliarios. Hugo López: “No es que defendemos el manicomio: defendemos la tierra. Porque si la tierra no está al servicio de la sociedad, está al servicio de los privados. Yo defiendo la tierra porque hace falta: hace falta una cancha de futbol, ciencia, arte, educación, cultura, hace falta un hospital”.
Sava explica detalles del emprendimiento inmobiliario: “El Centro cívico proyectado por el gobierno porteño no sólo afecta al Borda: tiene varios kilómetros. Si vos ves el proyecto original no hay espacios públicos: ni escuelas, ni centros culturales, teatros, ni universidades, ni hospitales: son todas propiedades privadas”.
Para Sava la represión se volvió en contra de las autoridades porteñas: “Sirvió, primero, para poner en el tapete el tema de la desmanicomializacion. No casualmente se reglamenta poco después la ley de Salud Mental, por ejemplo. Creo que aceleró los procesos en nuestro favor y que hay un cambio de paradigma, en la mirada, de la actitud, que desmoronan estos pensamientos más ortodoxos del tratamiento de la salud mental. La ley nos da fuerza, más energía, pero creemos que si no resistimos y luchamos nosotros va a pasar como la 448, una ley muerta”.
La Ley de Salud Mental N° 448 de la Ciudad fue sancionada el 27 de julio del 2000, tardó 4 años en reglamentarse y nunca fue aplicada en sus puntos esenciales. “No están contemplados todos los sectores de atención psiquiátrica que debería tener en cuenta –relata Hernán Socorofitz, psicólogo que trabaja ad honorem en el Borda–, los equipos interdisciplinarios brillan por su ausencia. Los pocos recursos que hay se centran en el fármaco y en el sueldo del psiquiatra”.
Dice Sava: “La experiencia de la ley N° 448 nos deja la idea de que mientras existan gobiernos neoliberales no va a haber un cambio. La salud mental es un gran negocio. Los manicomios son estatales, pero su funcionamiento es privado: la comida está concesionada, la limpieza, la seguridad, los laboratorios también: son todos privados. Ni hablar de las miles de pastillas diarias que un laboratorio dejaría de producir si se cierran los manicomios públicos. Moffat un día dijo: ´Las pastillas no sólo tranquilizan a los pacientes sino a los dueños de los laboratorios´. Y es verdad: hay muchos intereses que presionan para que los manicomios no se cierren”.
Sava analiza una serie de vicios ya encarnados en la lógica hospitalaria, más allá de los chanchullos y las malas intenciones: “Un enfermero acá trabaja 6 horas y en un pabellón. Una experiencia desmanicomializadora requiere poner mucho más el cuerpo en la calle. Yo estuve en Italia y vi el proceso: el enfermero recorre las callecitas visitando a los pacientes, con trabajadores sociales, psicólogos. Nos dicen: ´Si cierran el manicomio nos quedamos sin fuente de trabajo´. Y es mentira. Es justamente al revés: las experiencias desmanicomializadoras requieren de más enfermeros, más profesionales, más trabajadores sociales, más de todo, pero también más trabajo”.
La parte de adentro
El Borda tiene los vidrios rotos, las paredes y los techos rasgados. Los servicios funcionan con lo mínimo y muchas veces gracias el empuje de profesionales ad honorem. Desde la dirección del hospital baja la orden de no invertir ni en una bombita de luz: se nota. Sin embargo en el servicio N° 17 hay baños nuevos, impecables. En el nodo central también están cambiando, de a poco, el tendido eléctrico. “Es parte de un acuerdo entre cuatro sindicatos y el gobierno porteño, que firmaron que iban a hacer arreglos a cambio de que les dejaran los terrenos para el Centro Cívico”, cuenta Sava.
¿Pueden cuatro sindicatos tomar decisiones sobre el terreno de un hospital público? La única verdad es la realidad. Como en la mayoría de los hospitales porteños, la dirección del Borda está a cargo de la Asociación de Médicos Municipales. El resto de los sindicatos firmantes fueron Sutecba, UPCN y la Asociación de Profesionales Médicos del hospitales municipales. Semanas después de este acuerdo, una asamblea de más de 500 personas que representaban la heterogeneidad real del hospital decidió que el Centro Cívico no tenga lugar en el Borda. Y así lo están defendiendo con sus cuerpos.
Les pegaron palazos, balazos, los detuvieron, los sumariaron, los criminalizaron.
Pero ahí están.
Los colifatos pintaron murales que evocan la batalla contra la Metropolitana, hicieron esculturas con los metales del taller demolido, proyectaron una ley para defender el territorio, y van por la querella contra el gobierno porteño.
Enseñan así, con una lucidez de locos, cómo devolver semejante golpe.

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