¿Tres casos encadenados? Las vejaciones a un menor de edad en una comisaría, el asesinato de un testigo protegido, y la desaparición y muerte de un chico de 13 años. La violencia institucional en Chubut y su encubrimiento judicial. Los grupos que no se resignan y los familiares que logran vencer al miedo.


En el bar de Trelew hay una pantalla de televisión clavada en un canal porteño de noticias. Allí muestran el “caso Ángeles”, el crimen, el portero, los familiares, los panelistas, los expertos. Las palabras vacías sirven para llenar minutos, horas, existencias. El volumen está en cero: no sé a qué dios o camarero agradecerle. Se pueden ver la temperatura y los baches y los famosos de Buenos Aires, que para los medios autodenominados “nacionales” son más relevantes que la conversación que sostengo en este bar.
Me hablan sobre tres historias encadenadas. Tres “casos”, como se denomina a personas y crímenes en la jerga jurídico-periodística. Cualquier científico, productor de noticiero, o detective en serie celebraría descubrir que pueden ser presentados como los casos A, B y C:

• Caso A, de Adolescente de 16 años, ilegalmente detenido, torturado y vejado por ocho (8) policías chubutenses en la Comisaría 2 de Trelew, el 18 de enero de 2012. Reitero: un chico de 16 años.
• Caso B, de Bruno Rodríguez Monsalve, 22 años: detenido en la misma comisaría y testigo del Caso A. Decidió denunciar la situación. Le tomaron una declaración anticipada en Cámara Gesell. Para preservarlo de la policía, las autoridades provinciales lo consideraron testigo protegido. Fue asesinado de tres puñaladas el 26 de marzo de 2012. Reitero, un chico de 22 años.
• Caso C, de César Monsalve, 13 años, desaparecido desde el 27 de mayo pasado, sobrino de Bruno (Caso B). La familia, la abogada y la Cámara Penal plantean que podría tratarse de una desaparición forzada cometida por la policía, encadenada a los Casos A y B. Pero el fiscal de turno, Fabián Moyano, planteó el caso como una averiguación de paradero. La investigación quedó en manos de la propia policía. El cuerpo apareció el 8 de julio, 4 días después de la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Edad de César al momento de desaparecer: 13 años.

Un violado, un asesinado y un desaparecido que aparece muerto un mes y medio después. Dos de ellos menores de edad. Y como corresponde a toda trilogía, hay un cuarto componente, inevitable en Trelew: el asesinato a golpes de Julián Antillanca y la conmovedora movilización generada por su padre César, albañil, en busca de justicia.
El nexo que une a todas estas historias podría ser la policía jugando un rol de autoría, complicidad o sospecha, según el ojo con que se mire. El Poder Judicial funciona muchas veces como máquina de absolver, salvo el bingo de algunas excepciones. Todo queda en manos de familiares, amigos, abogados y vecinos que no se resignen a la impunidad.
Caso A: génesis del mal
En el bar, Fernando Almonacid y Estela Álvarez, los padres del chico del Caso A, tienen el alma inundada. Él es empleado de mantenimiento en una obra social. Ella es portera de escuela. Fernando me mira perplejo: “Yo tengo el privilegio de tener a mi hijo vivo”. Estela se pasa la mano por las mejillas mojadas: “Intentó suicidarse tres veces. Pero le decimos que tiene un futuro por delante. Matan y desaparecen chicos. ¿Qué es esto?”.
No sé qué es esto: hay espacios del mal para el que nos estamos quedando sin diccionarios. Todavía no es muy nítido qué canal está mirando el resto de Trelew. Quito los ojos de la indignación de Fernando y Estela: en la pantalla dejan descansar a Ángeles y anuncian un debate sobre las PASO con candidatos que sonríen ya maquillados. Comienza el espacio publicitario.
La captura
Los chicos volvían de un baile. El adolescente, su novia, un par de amigos. Enero 18, 2012. El muchacho trabajaba ayudando al padre como empleado de mantenimiento. No tenía antecedentes, conflictos con la policía, y hasta filmaron ese regreso con sus celulares, corriendo, haciendo bromas y jugando: 16 años.
En el camino tuvieron un incidente con el conductor de una camioneta Trafic, que casi los atropella. Cuando llegaban a la casa del chico, en el barrio Presidente Perón, aparecieron los patrulleros, saltaron sobre él y lo arrancaron de las rejas a las que se aferraba gritándole a su madre. Estela: “Era antes de las 7 de la mañana, todo el barrio es de gente trabajadora como nosotros. Fernando ya había salido porque entra a las 7. Yo tomo pastillas para poder dormir y no escuché”.
Los gritos hicieron salir a los vecinos. Los policías golpeaban con excitación. Los vecinos pedían que se llevaran al de la Trafic, que era el que los había embestido, que dejaran de golpear al chico, que esa era su casa y adentro estaban sus padres. Todo inútil: subieron al joven al patrullero, lo que en sí mismo fue injustificado e ilegal, aunque parte de la violencia institucional consiste en que las palabras no signifiquen nada.
Estela habla con la fluidez de la desesperación: “Un vecino me despertó y dijo ‘a tu hijo lo golpearon feo, iban para la comisaría’. Como estamos a cuatro cuadras de la Seccional 2 llegué en 5 minutos. Imagínese: ellos decían que mi hijo le había tirado una piedra al patrullero y otro decía que le venía pegando a la novia, otro que habían recibido un llamado. Todas mentiras, como se vio después en el juicio. Si hasta a la novia la detuvieron por el lío que armó para que no se lo llevaran. La tenían también a ella y después la dejaron conmigo, pero ahí yo estaba angustiada esperando con mi otro hijo y mi nuera. Serían las siete y cinco (según el expediente: 7.08), hasta que a eso de las ocho y cuarto (8.10), me entregan a mi hijo todo golpeado y mojado”.
Calla para respirar, y para llorar.
El infierno
En la Comisaría 2, según quedó verificado en el juicio que se hizo en marzo de este año, el chico estuvo durante esa hora entera –lo cual en sí es una aberración–, mientras su familia reclamaba en la sala de guardia que lo entregaran. Fue “alojado” en un pasillo, entre los calabozos y la cuadra del personal, donde siguieron golpeándolo entre varios, hasta que uno de los policías lo levantó y lo llevó hasta la zona de calabozos. Pusieron al chico contra la pared, le bajaron los pantalones y el calzoncillo, le introdujeron un bastón tipo tonfa (cachiporra) en el ano, reiteradas veces mientras él gritaba de dolor y los policías gritaban como celebrando. Luego lo llevaron hasta el pasillo donde lo dejaron tirado y le arrojaron un baldazo de agua.
En una celda, sometido a la tortura de ver la brutalidad policial y escuchar los alaridos, estaba Bruno Rodríguez Monsalve.
Cómo se tapa
Fernando, el papá del chico vejado: “La novia y otros testigos vieron cómo lo sacaban de esa zona de calabozos con los pantalones bajos. Se ve que se había desmayado del dolor, y le tiraron agua para borrar también las huellas”. Estela, la madre: “Me lo devolvieron así, golpeado, mojado, aturdido. Fuimos al Hospital Zonal, pero recién esa noche me contó todo lo demás que le hicieron. Y salimos a denunciar lo que pasó”.
Para calmar el escándalo público por la denuncia de los Almonacid, el gobernador Martín Buzzi ordenó la renuncia del jefe policial de Chubut, Néstor Siri, y del comisario de Trelew, Juan Carlos Contreras (que reprimió también en esos días una protesta por 200 despidos de trabajadores camioneros), tras “evaluar la serie de hechos de violencia policial sucedidos y que serán investigados hasta las últimas consecuencias para determinar, con toda claridad, los móviles y los responsables”, según dijo. Fernando: “Para mí fue todo político. Sacaron a uno para poner a otro, se reacomodan, y siguen tapando todo”.
Hay un vejado que vive
Se hicieron 70 rondas de reconocimiento para identificar a los acusados. Hubo pericias, declaraciones, “anticipos jurisdiccionales de prueba”, como la declaración de Bruno Rodríguez Monsalve (Caso B) y hasta las confesiones de tres de los ocho acusados. Los policías Mario Bevaqua y Adolfo Carballo y el médico Fernando Zaghis en juicio abreviado reconocieron los hechos y su culpabilidad, a cambio de penas menores (3 años de prisión en suspenso, inhabilitación de 6 años para cargos públicos).
Y una prueba o curiosidad más: contra lo habitual en Chubut, en este caso la víctima está viva, pudo reconocer a los policías y relatar lo que ocurrió.
Vergüenza ajena
El juicio se hizo en marzo de este año. Acusados: Carlos Pato, Sergio Castillo, Hugo Ortiz, Aníbal Muñoz y Carlos Treuquil. Cargos: privación ilegítima de la libertad, vejaciones, tortura y abuso sexual gravemente ultrajante de un menor de 16 años.
Los jueces Ivana González, Adrián Barrios y Darío Anguiano resolvieron llevar el juicio a puertas cerradas, bajo la excusa de “preservar a la víctima”, con el efecto práctico de aislar las audiencias y no quedar ellos mismos bajo la mirada de la sociedad. Con solo tomar la declaración del adolescente a puertas cerradas hubiera sido suficiente.
Ese tribunal terminó por absolver a los cinco acusados que salieron festejando, siguen en funciones, y se han encargado de pasar por el barrio para burlarse de vecinos y familiares.
La burla mayor fue el propio fallo.
Uno de los jueces dijo tener certeza sobre la existencia del abuso sexual, pero los otros dos no, porque la pericia de las lesiones anales indica que se produjeron ese día, pero no precisa a qué hora (como diciendo que el adolescente pudo haber sido vejado antes de estar en la Comisaría).
Los fiscales María Tolomei y Arnaldo Maza, en su pedido de nulidad del juicio, rebaten el disparate recordando que se vieron las filmaciones de los chicos saliendo del boliche, jugando, riendo, corriendo, cosa imposible en un abusado de ese modo.
Los jueces además omitieron la declaración de la médica forense, doctora Stella Maris Manzano, quien describió las lesiones cometidas en forma violenta, no consentida, reiteradas veces, y solo posibles con un elemento compatible con un bastón tonfa.
Con qué te violan
Un detalle más perverso. El chico había declarado:
“…Empezaron con el machete, (…) fue el flaco grandote ese, de ese me acuerdo bien porque ese fue el que causó todo, el de la idea (…). Supongo que era un machete. Yo cerré los ojos y recuerdo que le dije a dios que quería justicia y que lo dejaba en manos de él. Me ardía, me dolía… no me hable más de eso por favor…”.
¿Conclusión de los jueces sobre esta declaración? Que no se puede tener por cierto que el abuso sexual se produjo con el bastón tonfa porque el joven no lo describió con precisión. Se solicita a lectoras y lectores que la próxima vez que sean agredidos, vejados o asesinados por policías, fotografíen antes con qué elemento, para evitar imprecisiones.
Así, un juicio inusualmente plagado de testimonios, reconocimientos, peritajes forenses y culpables confesos, dictó total absolución de los cinco principales responsables.
Para redondear el abismo, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, cargó contra los fiscales: “Faltó ímpetu en tratar de conseguir las pruebas para sostener la acusación”, dijo, higienizando jueces.
Ese día nació la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew, que reúne a sindicatos, movimientos de derechos humanos, organizaciones de todo tipo desde la CTA hasta La Cámpora, y al Consejo Social de la Universidad Nacional del Sur. Natalí Narváez, de la Comisión: “Con esa sentencia, nos violaron a todos”.
Fue el pasado 26 de abril.
Se pidió la nulidad del juicio, en el que no pudo estar presente el testigo clave: Bruno Rodríguez Monsalve, el Caso B.
Caso B: muerto protegido
Volvamos a una imagen: mientras el adolescente era torturado y vejado, en una de las celdas contiguas estaba Bruno Rodríguez Monsalve, viendo y escuchando. Tenía 22 años, vivía con su madre Marta y tres sobrinos en el barrio Oeste de Trelew. Como tantas veces en tantos barrios (el propio caso del desaparecido Iván Torres) Bruno tenía fricciones con la policía, que cada tanto lo hospedaba en la comisaría. Lo que vio y escuchó aquel 18 de enero de 2012 le hizo tomar la decisión de declarar.
Marta, que trabaja atendiendo ancianos del barrio: “Al día siguiente lo atropellaron con una moto de la policía insultándolo. Le dejaron la rodilla a la miseria, y lo amenazaron”. Bruno se presentó ante el defensor de oficio Sergio Rey: “Loco, me tiró la moto encima, me quiero ir, me van a matar”.
Estela, la mamá del adolescente del Caso A: “Para nosotros Bruno fue como un ángel que mandó Dios, para contar lo que sabía”. Se decidió tomarle declaración anticipada en Cámara Gesell, no por paranoia sino por sentido común. Bruno reconoció sin dudar a dos de los policías, y sindicó a un tercero. La provincia lo consideró testigo protegido y lo trasladó a Santa Cruz, a casa de unos familiares. Marta: “Le dieron plata y le prometieron que le iban a conseguir algún trabajo”.
Cuando se acabó la plata, Bruno volvió a Trelew para tramitar su documento, cosa que le exigían en Santa Cruz para darle trabajo. Pero la “protección” de testigos no es la que se ve en las películas de Hollywood. Bruno seguía moviéndose solo.
Tres puñaladas
Unos días después del regreso de Bruno a Trelew, el 26 de marzo de 2012, Marta lo oyó llegar a las 5 de la mañana. “Me dijo: ‘mami’, se apoyó en esta mesa, y se cayó. Pensé que se había desmayado por un problema que tenía al corazón. Le abrí la campera, le levanté el pulóver, y ahí vi las puñaladas”.
Ante los gritos de la madre los vecinos pidieron ambulancia, pero llegó la policía y Bruno falleció poco después.
Tres cuchilladas.
Marta: “El médico dijo que había perdido muchísima sangre, pero la ropa no estaba manchada, sólo se veían las heridas. Nunca entendí”. Poco después ella misma fue perseguida y amenazada por un patrullero desde el que le gritaron: “Sacá la Cámara Gesell”. “Además se reían y me tiraban el auto encima. El propio fiscal Arnaldo Maza vino aquí para tomar nuestra denuncia, y vio cómo un patrullero se paró frente a la puerta de nuestra casa, mirándonos, para asustarnos. Cuando lo vieron al fiscal, salieron picando”.
El asesinato de Bruno eliminó al principal testigo del juicio por el Caso A, que había provocado el desplazamiento de las cúpulas policiales. Sin embargo jamás se investigó la posible participación o instigación policial. Y a velocidad de un tuit apareció el fiscal Fabián Moyano con el crimen resuelto gracias a la oportuna aparición de un “buchón” relacionado –obvio– con la policía: Bruno había sido asesinado por un vecino, por un ajuste de cuentas.
La versión de Cintia Monsalve, hermana de Bruno: “Sabíamos que eso era mentira. El chico al que acusaban, Gastón Béjar, era amigo nuestro. Estaban acusando a cualquiera. Un perejil, como le dicen”.
Béjar, inesperadamente, fue defendido por un dúo de abogados de los más caros de Chubut, Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, habituales defensores del personal policial (caso Antillanca, por ejemplo) y de los militares y policías juzgados por la Masacre de Trelew. Se vio a ambos acompañar sonrientes a los policías exculpados en el Caso A.
El acusado Béjar también terminó absuelto.
La mirada de Gastón Pérez Álvarez, de la Asociación de Docentes Universitarios y la Comisión contra la Impunidad: “Al acusado lo absolvieron y, de paso, se le solucionaron sospechosamente otras causas que tenía. Uno sabe que las fuerzas policiales desarrollan la tercerización de robos y delitos, a cambio de protección. No se pudo probar en ese caso, y el crimen de Bruno por ahora queda impune”.
Caso C: 13 años
El 27 de mayo pasado a las 10 de la mañana César Monsalve, 13 años, sobrino de Bruno (Caso B), hijo de Cintia y nieto de Marta, salió de la casa de su abuela rumbo a lo de una tía, en el barrio Inta. Vestía bermudas, remera marrón, y sólo llevaba la tarjeta para el colectivo. O sea, nada como para pensar en una fuga adolescente.
Únicas coincidencias temporales:

• Un mes antes habían absuelto y liberado a los acusados por el Caso A de vejaciones en la comisaría.
• Y pocos días después comenzaría el juicio por el Caso B, el homicidio de su tío Bruno, el testigo “protegido” apuñalado.

Cintia Monsalve tiene 29 años: “Mi hijo siempre vivió con mi mamá y mis hermanos. Lo tuve muy chica. Cuando no apareció, lo empezamos a buscar con toda la familia y los amigos. El 29 de mayo presenté la denuncia. La policía ni caso me hizo, y yo ya sabía, por lo de mi hermano Bruno. No les importamos. Al revés. Yo veo que no hacen nada. Ya le dije a una fiscal: ¿tengo que esperar que a César me lo devuelvan en un cajón? Ni siquiera hablamos de alguien grande. Es un nene. Me dijo que hay que tener fe”.
Marta me mira: “Yo no quiero mezclar mucho las cosas. A mi hijo Bruno me lo mataron y nadie me lo va a devolver. Pero mi nieto es un chiquito, quiero que esté en casa…”. No puede terminar. Cintia ceba mate. Se escucha el viento helado contra la puerta.
Desaparición forzada
En las primeras movilizaciones de denuncia, junto a la Comisión contra la Impunidad y a los Almonacid (que venían de la absolución de los culpables de las vejaciones a su hijo), Cintia conoció a César Antillanca, el padre del asesinado Julián. Y a la abogada Verónica Heredia.
Juntas presentaron un hábeas corpus, el 2 de junio, planteando que el caso de César Monsalve encuadra como una desaparición forzada de persona: no alguien fugado o extraviado, sino posiblemente privado de su libertad por personal del Estado. Por eso mismo, pidieron el apartamiento de la policía provincial de la búsqueda, y el de los jueces del Caso A.
La jueza Ana Servent ordenó que la gendarmería buscase en comisarías, hospitales, salas de guardia. No encontró a César, y rechazó el hábeas corpus. La Cámara Penal le aclaró que el niño continuaba desaparecido, le ordenó volver a hacerse cargo. Postuló, también, la vinculación entre la desaparición del niño y la muerte violenta de un testigo protegido, en el marco de una investigación sobre violencia institucional atribuida a autoridades policiales locales. Conclusión: “Desde el punto de vista jurídico permitiría asimilarse la situación a la de una desaparición forzada de persona y no de una simple averiguación de paradero”.
Mapa del crimen
Pasan horas, pasan días, César no aparece. ¿Por qué pensar en violencia institucional? Datos: El delito de desaparición forzada de persona se tipificó en Argentina en 2011, y es una de las consecuencias de la condena que sufrió el Estado nacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Iván Torres, en 2003, y en esta misma Chubut. La abogada fue, como ahora, la doctora Verónica Heredia. Ella ha contabilizado en los últimos diez años ocho desapariciones forzadas en la provincia. Conclusión: “Todas lo son, hasta que se demuestre lo contrario”.
En Chubut, además, el ministerio de la Defensa Pública tuvo que crear un Banco de Datos sobre Torturas. En los últimos cinco años registra un promedio de 490 denuncias anuales de torturas producidas por las denominadas fuerzas de la ley. Son entre 9 y 10 casos por semana. No se sabe, en cambio, cuántos son los que no se atreven a denunciar.
El Grupo Pro Derechos de los Niños elaboró otro informe. Leerlo da miedo. Dos ejemplos, de cientos:

• Eduardo Mariano Haro, amputación de testículos en la Comisaría 2ª de Comodoro Rivadavia, 17 de noviembre de 2003.
• Gustavo Andrés Sáenz, 24 años, “golpiza policial, le arrancaron el ojo izquierdo”, 16 de septiembre de 2011.

Un lugar común consiste en decir que hay policías buenos y malos, también en Chubut. Eso puede ser cierto, pero elude una cuestión estructural que explique por qué los malos son tan exitosos.
Charla con un fiscal
El Caso B y el Caso C tienen otro punto en común: el fiscal Fabián Moyano. Se hizo cargo de la denuncia por la desaparición de César un jueves, y le dijo a la madre que debía revisar el expediente. Al día siguiente MU intentó comunicarse con el fiscal: seguía leyendo el expediente. Accedió a recibirnos esa misma tarde. Ojos muy abiertos, toses, miradas de reojo a un papel, fragmentos del diálogo:
La desaparición no es un delito en sí mismo.
Si es desaparición forzada sí.
Pero esto es distinto. Un chico que salió de la casa y no sabemos a dónde fue. Mandé un oficio a La Rioja donde tiene familiares. Se hicieron rastrillajes, búsqueda con gomones por el río con todo el personal policial.
Pero si es una desaparición forzada, tendría que investigar a la policía, no hacerla partícipe de la investigación.
No tengo el más mínimo indicio de que sea así.
¿Cómo va a tener indicios, si no la investiga? Primero se investiga, y después se descarta.
No hay ningún indicio.
Hay: la denuncia de la familia, la presentación de un hábeas corpus, la Cámara Penal ratificándolo, la sospecha de la población, los antecedentes provinciales como el de Iván Torres, por el que hubo condena al Estado Argentino por desaparición forzada.  
Es una tacha que nos dejó a todos estigmatizados. Pero si hay un hábeas corpus por el que la jueza aparta a la policía, y yo investigo con la policía, estamos cubriendo todas las posibilidades. Y con la jueza estamos en permanente contacto, intercambiándonos información. Tengo 25 años de trayectoria. Jamás encubriría a alguien. Si tuviera la más mínima sospecha, apartaría a la policía.
¿Por qué la descarta como hipótesis?
No la descarto. Pero si la sospecha es que hay relación con la muerte del testigo protegido Bruno Rodríguez Monsalve, nadie mejor que yo para saber que no lo mató la policía. En el juicio acredité, por declaraciones de testigos y escuchas telefónicas, que el autor de la muerte de Bruno fue Gastón Béjar por un ajuste de cuentas, cuando ambos estaban totalmente borrachos y empastillados y Bruno le robó una computadora.
Sin embargo el tribunal absolvió a Béjar. O sea que usted no acreditó eso.
Se dieron vuelta los testigos. Son cosas que pasan. Es nuestro sistema. Pero no lo mató la policía.
En los otros casos de testigos muertos tampoco. Mandan a chicos que después reciben algún beneficio material o judicial. ¿Por qué descarta esa hipótesis?
Porque yo tengo otra, y no son compatibles.
Así fueron las dos sesiones de charla, una personal y otra telefónica, en las que el fiscal apuntó a César como un chico sin control, a su abuela por lo mismo, a la madre por no haber hecho la denuncia antes, a Bruno por haber vuelto a Trelew, en medio de elogios al rol policial.
Investigar al Estado
¿Por qué pudo César Monsalve ser desaparecido? Misterio. Pero su desaparición, como el asesinato de su tío Bruno, logran de inmediato reforzar el miedo generalizado a declarar, lo cual consolida el control absoluto de la policía & afines sobre cualquier investigación.
¿Y si tuviera razón el fiscal y se trata de otra hipótesis? La abogada Verónica Heredia: “Cuando se sospecha que una persona fue desaparecida forzadamente se invierte toda la lógica. Hay que mirar al Estado, no a la calle. El Estado tiene que demostrar que no es responsable. Lo que es casi absurdo es pensar que en un lugar como Trelew un chico se vaya sin que nadie lo haya visto. La desaparición forzada como parte de la violencia institucional en Chubut se fundamenta en una práctica sistemática de la policía, principalmente sobre chicos pobres de barrios periféricos, con una complicidad del poder político y un silencio del Poder Judicial, como lo planteó Sofía Tiscornia en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
¿Qué describió la antropóloga Sofía Tiscornia en ese informe sobre Chubut?
Textualmente:
“Se trata de un fenómeno particular: una legislación y prácticas policiales violatorias de los derechos humanos, y tribunales que –alejados de los conflictos sociales de quienes más lo necesitan– no investigan o son cómplices de los crímenes”.
El cuerpo aparecido
El lunes 8 de julio, a las 7 de la tarde, dos chicos que estaban con su padre cazando liebres con gomeras en un descampado, encontraron un cadáver irreconocible. El lugar está muy cerca del aeródromo y a menos de 300 metros del Museo de la Memoria por la Masacre de Trelew. Queda también a un kilómetro y medio de la casa de César. La policía informó que el cuerpo era del tamaño de César, con su ropa, y su DNI.
El fiscal Moyano dijo a MU, horas después: “El cuerpo no tiene órganos, por los animales de carroña; ni manos, ni uñas. Se alcanza a ver un orificio en la zona del pecho que habrá que determinar si es de bala, arma blanca o causado por algún animal. El cráneo no parece golpeado. No hay signos de que haya sido arrastrado. No se sabe la causa de la muerte. Si se desvaneció y quedó allí, o si pudo ser un homicidio producido en otro lugar, y luego trasladaron el cuerpo. No sé cuándo. Puede ser que esté ahí desde hace unos 10 días. La policía dice que no alcanzó a rastrillar ese lugar”.
Natalí Narváez, de la Comisión contra la Impunidad: “Para nosotros son todos mensajes. El cuerpo reventado que aparece repentinamente, cerca del Museo de la Memoria, como diciendo: ´vamos a reventar todo lo que sea derechos humanos´. Y la policía que ahora dice que no rastrilló en uno de los lugares más obvios: o sea que buscó mal o no quiso buscar. Todo es una burla. Ese cuerpo no pudo estar un mes y medio allí. Lo pusieron ahora, porque se presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no quieren tener otro Iván Torres en la provincia. Ya hace 5 días los del diario Chubut hacían correr rumores sobre que podía aparecer el cuerpo. Para nosotros es una desaparición forzada de persona seguida de muerte, que sólo puede causar la policía para dejar el mensaje de que hacen lo que quieren”.
Verónica Heredia, abogada: “Creo que el cuerpo, si se confirma que es el de César, aparece como consecuencia de las denuncias, las movilizaciones y hasta la presión periodística de estos días. De lo contrario, nunca hubiera aparecido. Le dije hace un rato al fiscal Moyano que al dejar la investigación en manos de la policia todo lo que están haciendo es borrar pruebas. Respondió que él solo investiga una averiguación de paradero. Además le exigí que se inspeccionen todos los patrulleros de Trelew para confirmar si el cuerpo estuvo ahí. El fiscal también se negó. Ahora vamos a denunciar el delito de desaparición forzada seguida de muerte en la Justicia Federal, pidiendo que se investigue no sólo a la policía, sino al propio fiscal”.
¿Dónde está la justicia?
El reclamo de justicia del obrero César Antillanca tras el crimen de su hijo Julián, en Trelew, primero recibió su propia vejación, con un fallo que absolvió a los policías involucrados pese al cúmulo de pruebas. Antillanca no se resignó, siguió movilizándose y movilizando a la comunidad, y la apelación judicial provocó que el Superior Tribunal de Justicia anulara ese juicio, que deberá realizarse nuevamente.
El Superior Tribunal también está en crisis, con peleas y denuncias entre sus miembros: “Tal vez por eso están preocupados por recuperar credibilidad, con fallos como esa anulación”, intuye la doctora Heredia.
Todo un síntoma: para ganar credibilidad, hacer justicia.
Antillanca entiende las cosas mejor que muchos expertos. Plantea que hay que crear una Policía Judicial realmente independiente, que resulte confiable y pueda también investigar al aparato policial. “La lucha cotidiana es colectiva, y no tiene que ver con esperanza y con fe, sino con confianza en el trabajo realizado, aun con todas las dificultades que implica ver que el informante oficial es el delincuente. Y el Poder Judicial depende exclusivamente de esa policía. Por eso hay que crear otras instituciones para que haya justicia y termine la impunidad”.
Fernando y Estela, los padres del chico vejado: “Esa anulación del juicio de Antillanca nos da una expectativa de que se haga lo mismo en nuestro caso. Pero él tiene a su hijo muerto. Nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro hijo vivo, con necesidad de que mire hacia adelante después de todo lo que le pasó. Sabemos que no estamos denunciando al vecino de la esquina, sino a una mafia”.
Estela: “A veces tengo mucho miedo, a él le quebraron la vida, pero nunca vamos a callarnos. Yo creo en Dios, pero bueno, con lo que pasó estoy un poco peleada con Dios: ¿dónde está la justicia que nos prometiste?”.
Fernando cuenta: “A nosotros nos ofrecieron irnos a otra provincia, con casa y todo. Querían nuestro silencio. Pero nunca lo vamos a hacer. Porque siempre pagan los más humildes, los chicos de los barrios. Y nos meten miedo. Pero con nosotros se equivocaron. Vamos a estar siempre, en todas la marchas, en todos lados, para que a nadie más le pase esto”.
Otro final
Noticia: el adolescente protagonista del Caso A ya tiene 17 años. Va saliendo lentamente del infierno, me dicen sus padres. Trabaja, hace deporte, dio otro paso con su novia, la misma que lo acompañaba aquel día, y han tenido una beba. “Le quisieron robar los sueños y la vida, pero ahora tiene que pensar en esa hijita, mi nieta” sonríe Estela, como preguntándose si será posible.
Antillanca dice que no es un asunto de fe o esperanza, sino de confianza en el trabajo colectivo. Fernando: “Es cierto. Yo apuesto a que podemos dar vuelta todo”.