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Lo que no se vota

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La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida que acampa frente a la planta de Monsanto tiene un reclamo concreto: que se plebiscite la instalación. Darío Aranda revela qué dicen las encuestas sobre un tema clave del modelo extractivo: elecciones.


Malvinas Argentinas, ubicada en el Gran Córdoba, está surcada por dos rutas que dividen el barrio en tres: los vecinos la llaman Primera, Segunda y Tercera Sección. Es una localidad rodeada de soja y fumigaciones. En junio pasado, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la llegada de Monsanto a esa localidad, nació la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Está conformada por estudiantes, amas de casa, docentes y vecinos de oficios variados. Cuentan con el apoyo de asambleas de Córdoba capital, de Traslasierra, partidos políticos de izquierda y de organizaciones campesinas de Córdoba y San Luis.
La Asamblea organizó panfleteadas, charlas debates y cortes de ruta. Y también presentó, en 2012, un proyecto de ordenanza con tres puntos principales:

  • Ampliación de una zona de resguardo ambiental, a 2.500 metros del ejido urbano y a 5.000 metros de instituciones educativas y sanitarias,
  • Creación de un órgano de control de las fumigaciones,
  • Consulta popular como modo de decidir la instalación de Monsanto.

El 27 de noviembre de 2012 debía tratarse el proyecto, pero los concejales no dieron quorum y una patota atacó a los asambleístas que estaban frente al concejo deliberante. El diario La Voz del Interior llamó “disturbios” al ataque a piedrazos y golpes contra los vecinos.
El 18 se septiembre pasado, las asambleas y organizaciones sociales realizaron frente a la planta el festival Primavera sin Monsanto. Música y discursos variados de asambleístas, campesinos, científicos. Y comenzó el acampe, cerrando el paso a los camiones que llevaban el material para construir la planta.
Cuatro días después, un grupo de trabajadores del sindicato de la construcción UOCRA actuaron como fuerza de choque para quebrar el bloqueo.
La UOCRA ya había actuado como patora cuando, en noviembre de 2012, golpeó a asambleístas de Chubut que se manifestaban contra una ley que pretendía habilitar la megaminería en la provincia. Las imágenes eran elocuentes: hombres con palos y cadenas corriendo a mujeres y jóvenes. Una decena de heridos. La sesión de la Legislatura fue suspendida.
Diez meses después, en Córdoba, la UOCRA volvió a actuar como fuerza de choque, pero no pudo con los asambleístas. El bloqueo siguió.
Represión y victoria
En la última semana de septiembre, el bloqueo permanecía, y cada vez había más policías. El lunes 30, el operativo incluyó Infantería y el Grupo ETER, con escudos y cascos que avanzaron sobre el acampe. La treintena de vecinos activó el plan B: se acostaron en el asfalto frente al camión que pretendía ingresar materiales.
Una filmación registra el momento en que dos policías agarran de pies y manos a Sofía Gatica, una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, barrio del Gran Córdoba que durante una década denunció las fumigaciones con agroquímicos. La arrojaron a un costado, sobre el asfalto, de cabeza. Gatica sufrió traumatismo de cráneo y debió ser internada.
Otras dos militantes –Eugenia Zuleta y Candelaria Lacour– fueron detenidas por “resistencia a la autoridad”, según la versión policial.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) repudió la represión, afirmó que “el modelo agrícola de alianza entre las patronales del campo, los gobiernos y las multinacionales está en crisis” y remarcó que no quiere “este modelo de muerte”. El Consejo Plurinacional Indígena denunció la represión, rechazó la instalación de Monsanto y reclamó: “Basta de violencia estatal para proteger a las multinacionales”.
Monsanto cuenta con el apoyo de tres niveles políticos. El gobierno nacional (la Presidenta dio la bienvenida a la empresa en junio de 2012, desde Estados Unidos), el gobierno provincial (José Manuel de la Sota) y el intendente de Malvinas Argentina (el radical Daniel Arzani). La planta tendrá 240 silos de semillas transgénicas de maíz dedicado a agrocombustibles, un tipo de producción muy cuestionada a nivel internacional por dedicar amplias porciones de territorio para alimentar a autos y no a personas.
Buenas noticias
El mismo día de la represión, Monsanto emitió un comunicado con el anunció de la suspensión temporaria de la obra y explicitó su interpretación de los hechos: “Activistas políticos ajenos a la localidad de Malvinas Argentinas realizan un violento y continuo bloqueo a la planta en construcción”.
El intendente, Daniel Arzani, argumentó en la misma línea: “No llega ni al cinco por ciento el número de manifestantes que son de Malvinas Argentinas. Es toda gente de afuera”.
Le contestó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba y docente de la Universidad de Córdoba:
“¿Y Monsanto de dónde es?”.
Respaldos transgénicos
Monsanto contó con el respaldo del empresariado del agronegocios: Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Casafe (que nuclea a las empresas de agroquímicos) y las cadenas que agrupan a las mayores cultivos (Acsoja, Maizar, Argentrigo y Asagir). Expresaron su «preocupación» por el bloqueo y solicitaron que «en el corto plazo la empresa pueda reanudar las obras”.
¿Cómo informaron la represión del acampe los diarios?

  • El 1 de octubre, Clarín tituló: “Enfrentamiento”.
  • Página/12 señaló: “Dos militantes ambientalistas detenidas tras un choque con la policía”.

El 6 de octubre, en la Voz del Interior, el periodista especializado en agro, Adrián Simioni, insistió en la teoría de “los incidentes en la manifestación de ambientalistas”. Escribió que el maíz que procesará Monsanto es para “preservar la calidad de la tierra” y que tendrá como fin transformarlo en agrocombustibles. Apuntó al “lobby ambientalista” y cuestionó a los líderes políticos por no tener “valentía” (para desbloquear el ingreso al predio de Monsanto) y “dejarse extorsionar moralmente por gente que quiere prohibir los herbicidas, pero que difícilmente iría a desyuyar con azadas un lote”.
La posición académica
La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país: en 2013 cumplió 400 años de historia. Sobre la planta de Monsanto expresó:

  • “El Consejo Superior de la Universidad advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
  • Exhorta a “efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.
  • Impulsada por la agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada, la resolución recuerda la “responsabilidad (de Monsanto) en el prejuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero”.

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se expidió también por resolución en diciembre de 2012: “El actual modelo de agronegocios, basado en la producción comercial de semillas transgénicas, agrotóxicos y fertilizantes industriales, se ha impuesto de manera excluyente en la región como modo de producción agrícola, con un avance tan sostenido que pone en peligro de desaparición los métodos orgánicos naturales, tradicionales y originarios, con implicancias ambientales y sociales de consecuencias a futuro imprevisibles”, afirma la Universidad, emplazada en el corazón sojero de Córdoba.
La UNRC detalla trabajos científicos que confirman la “erosión y pérdida de materia orgánica” que provoca el modelo agropecuario, la contaminación del agua y el desmonte, punto clave ya que en Córdoba solo queda el tres por ciento de la superficie original de bosques. “La dinámica del agronegocio de los transgénicos ha producido un desbalance de la relación entre los sistemas naturales de biodiversidad y los ecosistemas antrópicos (zonas de producción agrícolas y ganaderas, ciudades) y por ello se considera a Argentina un país ambientalmente en rojo, donde se ha perdido el 80 por ciento de los bosques nativos”.
También aborda los impactos en las personas. “Los estudios han probado efectos agudos y crónicos en la salud en relación directa con el grado de exposición a los agrotóxicos”.
La Universidad de Río Cuarto afirma que el actual modelo agropecuario constituye una “agricultura sin agricultores” y apunta a la inserción geopolítica de Argentina en el mundo: “El paquete tecnológico de los transgénicos y plaguicidas impuesto masivamente en la región, particularmente en Argentina y Brasil, expresa un nuevo avance del capitalismo tardío, en cuanto a la lógica colonial de exportación de materias primas e importación de productos tecnológicos, que está hoy en discusión en América Latina”.
Elecciones
En los últimos diez años hubo dos votaciones sobre el modelo extractivo: Esquel (2003) y la neuquina Loncopué (2012). Ambos sobre megaminería. En ambos casos, 8 de cada 10 habitantes rechazaron la actividad extractiva.
En otros dos lugares se suspendieron por decisión de gobernadores:

  • Calingasta (San Juan) llamó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007) y la tres veces fue suspendida por el Poder Judicial local y el gobernador José Luis Gioja.
  • El 25 de mayo de 2010 se votaría en Andalgalá (corazón minero de Catamarca) sobre un nuevo proyecto minero llamado Agua Rica. Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral.

En Misiones, por ley provincial, el gobernador debe llamar a elecciones si quiere llevar adelante los nuevos emprendimientos hidroeléctricos. La última semana de septiembre, cientos de misioneros marcharon durante una semana, desde la localidad de Garabí (este provincial) hasta Posadas, y exigieron que se convoque a votación para que el pueblo misionero decida si acepta o rechaza una nueva represa, que inundará 40.000 mil hectáreas y desalojará 13 mil personas. El gobernador, Maurice Closs, se resiste a llamar a votación.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet encuestaron 352 domicilios entre marzo y abril de 2013. Los resultados:

  • El 55,3 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con el gobierno municipal.
  • El 48,4 en expresó en contra del accionar del gobierno provincial.
  • El 50,2 se expresó en desacuerdo con el accionar del gobierno nacional.
  • Monsanto obtuvo el rechazo del 49,3 de los consultados.

La encuesta realizada en Malvinas Argentinas afirma que 9 de cada 10 habitantes solicita una votación para determinar si Monsanto debe instalarse y señala que el 58 por ciento de la población no quiere a la empresa en su localidad.
La Asamblea local impulsa una votación. Pero, curiosidades de la democracia actual, los tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) rechazan que la población vote para decidir su futuro.

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