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El celu que nos parió

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Un negocio millonario y monopólico que, por primer vez desde su privatización, se debate en foros públicos. La caída del sistema por falta de inversiones. El nuevo estatuto que intenta regular los servicios. Cómo creció el poder de Telefónica este año. Qué pasa con los trabajadores que luchan contra la precarización laboral, que es la ley del sector. Por qué Claro es la villana de la organización gremial. Cómo hacen las empresas para evadir responsabilidades. Por qué ahora estamos en un momento de recambio del modelo de negocio: en Argentina existen ya 58 millones de celulares. La venta de líneas tocó su techo. Ahora el negocio pasa por los equipos que permiten conectarse a servicios que son más caros. Los errores de facturación encabezan el ranking de quejas de los usuarios. Cómo nos afecta en las relaciones sociales un aparato que se convirtió hoy en un verdadero medio masivo de comunicación. Claves para sembrar preguntas y advertir un peligro: que el celu no te maneje a vos.


Por primera vez desde su privatización las empresas de telefonía están en la mira. El servicio hace años encabeza los reclamos de usuarios, pero cada vez tiene más clientes y precios más caros. Los empleados –que ponen la cara ante las quejas de los usuarios– están precarizados, tercerizados y son perseguidos si se organizan gremialmente.
Ahora y luego de un año de medidas que sancionaron a las telefónicas pero no exigían mejoras en el servicio, el gobierno propuso un nuevo reglamento de telecomunicaciones, que llamó a discutir en una serie de foros públicos.
¿Cómo llegamos a este límite? ¿Hay tiempo para regular las telefónicas? ¿O ya son monstruos de las telecomunicaciones que, con el auge de Internet en el celular, mutaron y proyectan nuevos negocios?
¿La telefonía ya fue? ¿Estamos frente al nuevo medio masivo de comunicación?
El pecado original
La omnipotencia de las empresas de telefonía en el país se apoya en el diseño privatizador de la estructura del mercado de telecomunicaciones trazada durante el menemismo.
La privatización del servicio se concretó en 1990, en medio de una crisis económica nacional que generó un deterioro en la calidad de la prestación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTeL). El presidente Carlos Menem nombró entonces a María Julia Alsogaray como interventora de la empresa estatal. Fue la encargada de determinar que el servicio se dividiría en Norte y Sur, y que los consorcios adjudicatarios gozarían de un período de exclusividad hasta noviembre del año 2000, plazo renovable mediante prórrogas.
Así se dio lugar a la constitución de dos monopolios: Telecom Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. Ambos gozan de una serie de “ventajas de precedencia” que conforman un mercado monopólico con beneficios tecnológicos, comerciales y financieros.
Precios extranjeros
Un estudio elaborado por las economistas Karina Forcini y Andrea López calcula que la privatización afectó el 95% del mercado argentino de telecomunicaciones y monopolizó el tráfico de llamadas locales y de larga distancia, salvo en cinco provincias donde operaba la empresa CAT.
Dos detalles que ilustran sobre la impronta del pecado original de esta privatización:

  • La determinación del nivel base de los precios fue realizada con anterioridad a la transferencia de los activos al capital privado y dio lugar a un importante incremento, desvinculado de los costos de producción.
  • En el marco de la vigencia del Plan de Convertibilidad, se cotizó el valor del pulso telefónico en dólares estadounidenses, pasando a ajustarse semestralmente, según la evolución del índice de precios al consumidor de Estados Unidos.

Viejos conocidos
Las inconsistencias en las reglas de juego para la formación de precios se agravaron en 1988 cuando por decreto:

  • Se volvió a extender por dos años el período de exclusividad de Telecom y Telefónica.
  • Se otorgaron las licencias mediante adjudicación directa a dos nuevos conglomerados que ya tenían redes de telefonía móvil y televisión por cable: CTI Móvil y Movicom-Bell South.
  • Se licitaron 12 habilitaciones para la prestación de telefonía que fueron adjudicadas a cuatro grandes firmas también preestablecidas en el sector.

En el año 2000, durante el gobierno de De La Rúa, se sancionó el Decreto N° 764 que tendió a generar condiciones más democráticas en la competencia del servicio: entre otras medidas planteó la eliminación de los requerimientos de capital y patrimonio para acceder a una licencia nacional, por ejemplo. Pero la crisis económica de 2001 produjo un achicamiento en el mercado doméstico de telecomunicaciones que anuló de hecho estas normas, favoreciendo la concentración de la oferta.
Luego se sancionó la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que intentó redefinir las relaciones contractuales entre las empresas privatizadas y el Estado, a partir de nuevos y mejores criterios: ”Considerar el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión, (…) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas”.
La renegociación de esos contratos no se concretó en el gobierno de De La Rúa ni en el de Duhalde, y fue transferida al gobierno de Néstor Kirchner. “Con la asunción del presidente Kirchner se inicia una segunda etapa del proceso de renegociación contractual, actualmente inconclusa, que estuvo fuertemente signada por los avatares de la renegociación de la deuda externa pública argentina”, dice el informe de 2005.
Menos competencia
La gestión del presidente Kirchner impidió los incrementos tarifarios, pero no modificó de fondo los contratos, tal como estaba previsto por ley. Alentó, en cambio, otras medidas provisorias, como el desarrollo de los servicios de telefonía para los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de hogar y los jubilados sin línea, en 2004.
En agosto de ese año el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Régimen Nacional de Servicios Públicos que contribuía a subsanar numerosos vacíos regulatorios “dándole previsibilidad y seguridad jurídica a las empresas y contribuyendo a preservar los derechos de los usuarios”, dice el informe.
El 2005, el gobierno “paralizó de hecho la aplicación de los mecanismos de asistencia a la entrada de nuevos operadores previstos en la normativa vigente, anulando la competencia”.
En ese marco se concretó la compra de la firma Movicom por parte de Unifón (empresa de telefonía móvil de Telefónica), que dio lugar al surgimiento de Movistar. Esta adquisición implicó una mayor concentración de la oferta: Telefónica de Argentina pasó a controlar el 45% del mercado de teléfonos móviles del país.
En septiembre de este 2013 se concretó la ampliación de la participación de Telefónica en Telecom Italia, que aumentaría del 46 al 66% su capital accionario en esa empresa y tendría repercusiones monopólicas en el país. A tal punto que el Ministerio de Planificación Federal lanzó un comunicado advirtiendo: “el Estado Nacional debería revisar su participació, ante la posibilidad de que se afecten sus intereses y en pos de evitar una posible integración monopólica en nuestro país”.
Quiénes perdieron
Desde la privatización hasta 2005, el estudio económico hace un balance que permite ver quiénes ganaron y quiénes perdieron, según los dictados de las políticas públicas durante 15 años: Mientras el índice de precios del servicio telefónico se incrementó en un 311%, el índice de precios al consumidor lo hizo en un 275%”. Es decir que la canasta de consumo telefónico se incrementó en un 35,7% en términos reales durante ese período. “A pesar de que la productividad del sector creció fuertemente, como producto de la modernización y la política de despidos que afectó a la ex empresa estatal y continuó luego, los usuarios no se beneficiaron con reducciones en los precios”.
La primera vez
La primera gran medida que tomó el actual gobierno respecto a las telefónicas fue la de establecer la portabilidad numérica. Si bien fue reglamentada en agosto de 2010, luego de una serie de prórrogas solicitadas por las empresas, recién se empezó a aplicar entrado el 2012. La medida favorece la libre elección del usuario al mantener su número cambiando de compañía, pero según el cumplimiento de los detalles firmados en cada contrato.
En mayo de 2012 se anunció, en un acto público, una norma que prohibía cobrar las llamadas cuando el usuario no lograra establecer la comunicación con la otra parte. Que eso estuviese tarifado habla del poder de las telefonicas y también de lo que hay que desandar.
El turno de las PyMES
En diciembre de 2012 el gobierno anunció la creación de una nueva empresa estatal de telefonía móvil: Libre.ar. Esta compañía, que forma parte de AR-SAT, sería operada por cooperativas telefónicas y PyMES y gestionaría el 25% del espectro radiofónico, antes en manos de Movistar, que tuvo que desprenderse de estas frecuencias cuando se fusionó con Movicom. Sin embargo, AR-SAT todavía no logró posicionarse en el mercado, dadas las altas inversiones que demanda el espectro de telecomunicaciones y las condiciones favorables de las empresas monopólicas.
Hace pocos meses, el gobierno anunció una inversión de 2.600 millones de dólares para el tendido de una red de fibra óptica en todo el país.
El tema de fondo
Desde la Comisión Nacional de Comunicaciones se multó económicamente a todas las empresas de telefonía celular por deficiencias en el servicio, incluso obligándolas a resarcir a los usuarios. Sin embargo, nunca determinó los niveles de inversión necesarios para mejorar el servicio, que es en realidad uno de los problemas de fondo.
Las multas a las empresas que incumplieron servicios sumaron más de 6 millones de pesos, de los que solo se cobraron cerca de 900.000. El resto de las multas son apeladas y los juicios tardan entre dos y tres años en resolverse.
Así las cosas, en el proceso de debate público que se ha iniciado sobre este servicio hay aspectos que deben tenerse en cuenta para desarmar el modelo que consagró la privatización menemista: maximización de ganancias con la mínima estructura posible.
1) La inexistencia de inversiones para mejorar la red. “Se está manejando la comunicación celular con la misma estructura de hace 10 años”, afirma el secretario adjunto del gremio telefónico, Claudio Marín. Detalla: las inversiones se concentraron en los primeros 5 años para sentar la estructura de la red de telefonía, en tiempos en que todavía el celular era un juguete incipiente. “Ni siquiera las empresas pensaron que se podía multiplicar la cantidad de celulares de la manera que se hizo: somos uno de los países del mundo con más celulares per cápita”.
2) “Hay un problema de limitación de espectro que produce la caída del servicio”. ¿Por qué se cae? No solamente por la cantidad de celulares. “El problema es que los equipos cada vez son más sofisticados: el software te permite tener una cantidad de servicios que ocupan mucho lugar en el espectro. Y las empresas no invierten para desarrollar la red”, explica Marín.
La pregunta del millón: ¿por qué no invierten? “Tienen una ganancia exorbitante desde hace muchos años, y se la llevaron toda. Pero ahora que no pueden sacar la guita dudan si invertir o no, porque tienen un dilema mayor: si se quedan o se van”.
Usuario 
La telefonía móvil encabeza el ranking de reclamos en todas las jurisdicciones del país. Entre 2010 y 2011, las denuncias recibidas por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña crecieron un 7%: 12.500 denuncias.
Más denuncias: en 2012 la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación recibió 918 llamados por servicio de telefonía móvil prepaga y 24.059 por telefonía móvil con abono.
Las quejas son por facturaciones erróneas, falta de información sobre servicios de roaming y la incorporación en la facturación de servicios de mensajes de texto.
En síntesis: no se sabe ni qué se contrata ni qué se paga.
La otra cara de esta moneda la representa una cifra récord: ya suman 58 millones los abonados.
Nuevo reglamento 
El gobierno apostó a elaborar un nuevo reglamento, que está obligado a poner en debate en foros participativos, convocando a asociaciones de usuarios, trabajadores, gremios y usuarios comunes. Los foros ya realizados tuvieron como sede las ciudades capitales de Córdoba y Tucumán y Mar del Plata y Avellaneda. Los próximos se desconocen: la Secretaría de Comunicaciones aun no difundió ni fecha ni lugar.
En la propuesta inicial, este nuevo reglamento apunta a mejorar la calidad del servicio y las garantías del usuario, pero no impone un plan de inversiones ni regula el control tarifario, los puntos más resistidos por las empresas.
Este nuevo reglamento, que está ahora mismo en debate, anula toda una serie de abusos que ya están naturalizados.
Por ejemplo:

  • Prohibe la “suministración de productos o servicios que no tengan la expresa aceptación del usuario”.
  • Establece que la empresa debe atender al usuario en sus oficinas comerciales, virtuales y mediante líneas telefónicas las 24 horas, «con opción a ser atendidos por un operador humano».
  • Determina que el prestador debe informar los precios y el procedimiento de activación y desactivación del Servicio de Itinerancia Internacional (roaming).
  • Señala como organismo de contralor y garante de esta política a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que deberá hacer un seguimiento de los reclamos y analizará la respuesta de los operadores.
  • En cuanto a Internet, impone que en el contrato figure la velocidad de conexión.
  • Declara la “neutralidad de la red” que prohíbe a los operadores priorizar contenidos de Internet y los obliga a garantizar que los usuarios puedan ingresar a cualquier sitio con la misma velocidad.

Otras posibilidades
Las asociaciones de usuarios celebran la iniciativa del reglamento y, fundamentalmente, la participación que implica. Sus críticas van más allá de la propia norma, escalando hasta el telón de fondo: la Ley de Telecomunicaciones N° 22.489, sancionada en agosto de 1972 y aún vigente. ¿Qué tan a tono con la realidad puede estar una ley de telecomunicaciones sancionada en tiempos del teléfono a disco y de un servicio brindado por una compañía estatal? ¿Son suficientes los decretos y este reglamento para actualizarla?
Las nuevas propuestas hablan de declarar la telefonía como servicio público (hay tres proyectos trabados en el Congreso) y las más radicales, de una estatización. Lógicamente, las empresas no están dispuestas a ceder. Osvaldo Bassano, de la asociación ADDUC, cuenta: “En una reunión el presidente de Telefónica de España nos dijo que si declaraban servicio público a la telefonía, la empresa se iba del país”.
Bassano señala qué quedó afuera de la discusión: el nuevo reglamento no toca la regulación de tarifas ni el control tarifario, ni obliga a trazar un plan de inversiones significativo, lo cual sigue favoreciendo la monopolización. También cuestiona la efectividad del control: como no hay organismo del Estado que pueda controlar sin pedir información a la empresa, ella misma es quien aporta las pruebas.
Trabajador
Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA, sintetiza en cuatro puntos el manual de la tercerización de las telefónicas, corroborado y ejemplificado a través de Luciano y Guido, trabajadores de Claro y Personal respectivamente:
1) Marín: “La precarización del empleo es algo común a todas las empresas, sobre todo las grandes. Hay un eufemismo que se llama ‘fuera de convenio’, una figura que permite tener a los gerentes, a los directores, a sus secretarias y personal de Recursos Humanos sin afiliación ni aportes. Las empresas usan esta figura para tener a la mitad de sus empleados con este ré- gimen”. Luciano, de Claro: “Todos los trabajadores de Claro están fuera de convenio. Esto significa que no tenés ni sindicato ni aportes”. Guido, de Personal: “Las negociaciones las tenés que hacer cara a cara con la empresa. Es una desprotección total del trabajador”.
2) Marín: “También usan la figura del régimen de trabajo eventual, que representa otro tipo de fraude: hacen pasar por eventual a un empleado que desde hace 3 años trabaja en el mismo lugar. Con esa maniobra se abaratan el despido”. Luciano, de Claro: “Hoy en día en la empresa hay gente con 10 años de antigüedad que figura como contratada, mientras que la ley dice que a los seis meses tienen que pasarte a planta”.
3) Marín: “También hay tercerismo: contratar empleados a través de una agencia”.
Luciano, de Claro: “Mi entrevista laboral fue en un edificio de Claro, con personal de Claro. Trabajo en un edificio de Claro, mis jefes son de Claro, cualquier problema que tengo lo resuelvo con la gente de Claro. Pero la empresa que me liquida el sueldo es Market Line, una consultora con sede en la provincia de Córdoba”.
Luciano y Guido agregan otro dato al manual de la precarización: “En Claro se formó una comisión de mujeres que tenía como objeto acabar con el acoso de jefes, que buscaban conseguir citas con sus subordinadas a cambio de un franco”.
Test de insalubridad
Marín, de FOETRA, explica: “hay una falta de comprensión del mundo sindical” por parte de estas empresas extranjeras. ¿En qué se no ta? “Tardan mucho en poner gerentes con capacidad de cuadros dirigenciales, capaces de interpretar los tiempos políticos y sociales que corren. Cuando vos pasaste los 200 ó 300 trabajadores estás frente a un fenómeno de carácter social: las empresas ya son organismos sociales vivos. No podés manejar una compañía de 12 mil tipos sin saber historia, política, sin tener una noción básica de sociología. ¿Cuántos sociólogos tienen trabajando? Ninguno. ¿Qué hay? Abogados y contadores”.
Guido, de Personal, propone un test de precarización: “Yo quisiera que se hiciera una investigación en una oficina comercial: que se sienten ahí un sociólogo, un psiquiatra y un trabajador social para que determinen si hay o no un grado de insalubridad en el trabajo. La gente te viene a putear en la cara; son nueve horas recibiendo hostilidad”.
Por cosas como éstas, el último año FOETRA recibió un caudal de quejas de trabajadores descontentos con empresas, gremios y ministerios. “Decidimos mandar tres delegados normalizadores a las fuentes trabajo. La gente se empezó a afiliar. En la medida que empezamos a hacer pie, les empezó a cambiar la realidad: la empresa comenzó a cuidarse”, asegura. Concretamente y junto a los trabajadores lograron algo: que les paguen las horas extra: “Eso sólo parecía la revolución de Octubre”.
En estos últimos meses FOETRA completó la afiliación de 800 trabajadores provenientes de la empresa Personal. “Ahora hay que ir por Movistar”, dice Marín, dejando por ahora fuera de plano a la terrible Claro.
Claroscuro
Luciano fue despedido de Claro junto a cuatro compañeros, por intentar organizar a sus colegas sindicalmente y reclamar por mejores condiciones de trabajo. Los reclamos que generaron los despidos eran tres y urgentes:

  • “Que nos paguen la jornada completa, ya que con las horas extra superábamos las 32 horas semanales. En algunos casos establecimos que nos debí- an hasta 20 mil pesos”.
  • “El cese del maltrato y el abuso por parte de los jefes a las mujeres”.
  • “Un bono de fin de año de mil pesos”.

Sus interlocutores se pasaban la pelota: “Claro decía que no tenía relación con nosotros, y las empresas tercerizadas decían que no podían respondernos porque no tenían autorización de Claro”.
Sigue la secuencia: “Decidimos mandar un mail con los tres reclamos a todas las listas de trabajadores de Argentina, Uruguay y Paraguay, para difundir la situación. La respuesta a eso fue la censura”. A Luciano, Mariela Negrete (candidata a delegada), Florencia Ibañez (también candidata y con licencia de maternidad en ese momento), Ezequiel Martínez (delegado) y María Soledad Fernández los dejaron “sin función laboral”.
Finalmente, “La empresa tercerizada MarketLine llamó a mis compañeros para comunicarles que se iba de Buenos Aires: la cerraban y estaban todos despedidos. Pero en la oficina de al lado, de a uno, fueron llamando a la mayoría. Ahí les avisaban que, al día siguiente, iban a firmar otro contrato de trabajo para seguir haciendo lo mismo, pero para la empresa Sessa Internacional”.
De 27, llamaron a 22.
Adivinen: ¿quiénes fueron los cinco despedidos?
El último eslabón
El último eslabón en la cadena de la precarización son los operarios encargados de sostener la estructura física de la red (antenas, radio-bases, transmisores), que realizan tareas de altura y en contacto con mecanismos eléctricos.
Una serie de accidentes fatales ha puesto de relieve estas condiciones: el gremio joven UETTEL cuenta 10 operarios muertos en 2 años. “Las empresas sólo se encargan de pagar a la ART (un seguro), pero se desligan de las condiciones laborales y de seguridad. No invierten en hidro elevadores, obligando a trabajadores tercerizados a tener que subir a postes, que no se encuentran bajo normas que ellos mismos han firmado», sostiene.
UETTEL denuncia lo mismo que el resto de los trabajadores de distintas áreas: el fraude sindical. Ellos están encuadrados en el sindicato de la construcción UOCRA, cuyo convenio permite el despido sin justificación: “Si el trabajador se enferma o tiene algún accidente laboral, automáticamente la empresa lo despide”.
Alejandro Tolosa es un referente de este gremio, en parte como reconocimiento por una lucha que empezó en 2006 y terminó en 2012 con su despido, no sin lograr antes que el Ministerio de Trabajo le diese la razón a sus reclamos por pagos adeudados e irregularidades en las condiciones de trabajo: “Yo trabajaba para Elecnet. Reclamé por el cobro del medio aguinaldo y me despidieron. Mis compañeros hicieron un paro para exigir mi reincorporación. Finalmente, hicieron desaparecer a la empresa para sacarme del medio”. Describe así una estrategia ya típica entre las telefónicas y sus contratistas satélites.
Tendencias
¿Tienen política los artefactos? preguntó el teórico norteamericano Langdon Winner y respondió dos veces que sí. Una, observando cómo funcionan en relación al orden social. Es decir, los artefactos tienen una política de clase. Otra, observando cómo funcionan en relación al poder. Es decir, los artefactos crean orden y jerarquía. Este doctor en Ciencias Políticas puso así el pulgar sobre los artefactos para señalar una deuda: no hay investigaciones que desde el punto de vista social analicen lo que las cosas hacen con y a los humanos.
Esta misma deuda señaló la mexicana Ana Luz Ruelas en su trabajo El teléfono celular: aproximaciones para su estudio cuando señala algo ahora obvio: desde su invención el teléfono fue el Patito Feo de las Ciencias Sociales. Nunca fue considerado un medio de comunicación y, mucho menos, un mass media. Apenas un electrodoméstico.
Ahora, ya convertido en el cisne que sobrevuela todas las relaciones humanas de la actualidad, han comenzado a estudiarlo para comprender el impacto de esa transformación. “En un contexto de pobreza persistente y creciente se impone aún más analizarlo porque sus implicancias tienen hoy categoría de fetiche y joya de consumo, impuesta desde arriba por el mercado”, señala Ruelas.
El recambio 
En Argentina hay una empresa dedicada a realizar estudios sobre este aparato: la consultora Carrier y Asociados. Sus informes, encuestas y análi sis son para empresas y sólo difunden a la prensa breves y seleccionadas partes. En su última reseña informa que la venta de celulares registró una caída del 14% en el primer semestre de este año. Los más baratos y con menos aplicaciones cayeron casi el doble: el 24%. En cambio, los smatphones aumentaron un 2%. ¿La explicación? Estamos en un momento de recambio del modelo de negocio. Es difícil para las empresas vender nuevas líneas, ya que el mercado en ese rubro está saturado. El negocio ahora pasa por todo lo que logren facturar a través del aparato. Decidieron, entonces, lanzar a precio más bajo equipos que permiten acceder a aquellos servicios que se facturan más caro. Los números son evidentes:

  • El gasto en telefonía celular asciende a cerca de 40.000 millones de pesos. De ese total, el acceso a Internet generó ingresos por 2.433 millones, un 50,97% más que en 2012.
  • Las vedettes son la mensajería instantánea y los mensajes multimedia, que representan el 58,6% de los gastos, equivalentes a 5.841 millones de pesos.
  • A menor nivel económico, mayor es el acceso a Facebook a través del celu. Es exactamente al revés en el caso de la mensajería instantánea. Twiter, WhatsApp, bajada de videos y contenidos multimedia es cosa de celulares caros y de bolsillos holgados. 

Positivo y negativo
En el año 2005 el sociólogo suizo Hanz Geser fue el primero en sistematizar cuatro características de la comunicación celular:

  • Incrementa los lazos sociales primarios: más que abrir nuevos, cierra el círculo de amigos y familiares. Es su opinión se trata de un “efecto regresivo” . 2
  • Reduce la necesidad de coordinar horarios: la interacción social y familiar es más fluida, admite los cambios de “último minuto”, la improvisación y el salir sin avisar a dónde se va, porque siempre se está ubicable. Ese es el efecto más positivo.
  • Debilita el control territorial a cambio de control temporal: podés no estar en la oficina, pero es más difícil no atender una llamada del trabajo en cualquier horario. Ídem con tu madre.
  • Ayuda a mantener los roles dominantes: facilita la perpetuación (más que eliminación) de la tradicional división del trabajo por sexo. Madres que tienen que seguir al pendiente de sus hijos aunque estén trabajando, padres remotos que cumplen su rol con un llamado o mensaje de texto que incluye un tierno emoticón.

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