Los presos de Corral de Bustos. Vecinos hartos de jueces y fiscales quemaron el edificio de Tribunales. Por los disturbios detuvieron a 41 personas. Las movilizaciones lograron liberarlos hasta que el juicio oral los condenó. Hoy están en prisión un abogado, un periodista y otros cuatro trabajadores por un fallo que le pone límites a la libertad de expresión.

Todo empezó el día en que los vecinos decidieron hacer algo para salvar a Ariana Sabache y a Corral de Bustos de la impunidad. Ariana tenía 3 años y todas las tardes iba a tomar la leche a la Horita Feliz, el merendero de la iglesia evangélica que atiende Charo, una señora inquieta que sospechó lo peor. Habló con la abuela de la nena, que presentó una denuncia y el pedido de tenencia de Ariana. “Hasta el médico de la policía sabía qué estaba denunciando, pero no se hizo nada”.
Tic Tac.
En la madrugada del sábado 2 de diciembre de 2006 Ariana ingresó al hospital en grave estado. Los médicos hicieron una denuncia policial. La nena murió pocas horas después. ¿Qué pasó?, preguntó Charo a las hermanitas de Ariana: “Mis tíos la violaron por delante y por atrás. La golpearon y la mataron”.
Tic Tac.
El fiscal Raúl Moll regresó a Corral de Bustos recién a las 6 de la tarde del domingo. Como era habitual había pasado el fin de semana en Carlos Paz. Como era habitual también, había dejado órdenes de detención firmadas en blanco, que la policía usó para esposar a la madre de la nena. El juez Jorge Omar Frías lo consideró suficiente. Los vecinos no: a la tardecita del domingo apedrearon la casa de los violadores.
Tic Tac.
El lunes muy temprano el cortejo fúnebre de Ariana atravesó el centro de la ciudad. A su paso la gente gritaba: “Asesinos, asesinos”. Los gritos no estaban dirigidos a los homicidas sino a los tribunales. Charo: “Desde temprano todo el pueblo llamaba a la radio convocando a despedir los restos de la nena y abuchear al juez”. Los llamados los recibía el periodista Néstor Pasquini, propietario de la FM Radio Show, conductor del programa de la mañana, el más escuchado.
Tic Tac.
La gente se fue amontonando alrededor del edificio de Tribunales, espontáneamente y con un grito: Justicia. La radio de Pasquini está en esa misma cuadra y, por eso, cuando terminó su programa se encontró con una revolución. “Hasta los patrones le dan permiso a la gente para que salga del trabajo y se sume a la manifestación”, transmitió en directo desde su teléfono celular.
Tic Tac.
El abogado Víctor Barbero es quien explicó a las cámaras lo que estaba pasando. “Esto, lamentablemente, es un hecho muy triste, pero es consecuencia de la falta de autoridad en la justicia. Lamentablemente tenemos un juez que no es juez: fue aplazado en el examen para el cargo el 12 de marzo de este año, y está actuando como si nada ocurriera. Yo personalmente tengo 2 causas en las que están comprometidos menores por abuso deshonesto, que ocurrieron el 2 de noviembre, y todavía seguimos peregrinando por tribunales. Es un tema muy triste (se le corta la voz). Discúlpenme si me siento quebrado, pero soy un luchador del Derecho y no hay justicia”.
Un silencio breve congela a la multitud.
Alguien grita: “Por favor, ¿le pueden pedir al señor juez y al fiscal que sean tan amables de recibir a una comisión para que informen qué hicieron por Ariana?”
Tic Tac.
La jefa de la comisaría de Corral de Bustos, Viviana Gramajo, gestionó el ingreso de una comisión que improvisaron 10 vecinos, entre ellos el abogado Barbato. Al salir informaron a la multitud: “Les pedimos al juez y al fiscal que salgan a hablar con nosotros, pero lamentablemente no quieren hablar con la gente”.
¡Bum!
Corral de Bustos estalló.
El incendio de sus tribunales comenzó después del mediodía y sigue ardiendo hasta hoy.
Libertad de expresión
La cárcel de Villa María tiene capacidad para alojar a 400 presos. Hay más de 600. En sus celdas de 2 por 4 están cumpliendo condena 6 de los acusados por el incendio de los tribunales de Corral de Bustos: el abogado Barbato, el periodista Pasquini, el maestro confitero Rubén Astudillo, el repartidor de bebidas Juan José Farías, el jornalero Marcelo Farías y el albañil Horacio Guayanes. Nos reciben en el peor día: el Tribunal Superior cordobés acaba de confirmar la sentencia que condena al abogado y al periodista a 7 años de prisión efectiva y al resto, a 5. Como náufragos que arrojan una botella en el océano de la injusticia, nos abrazan: “Alguien nos escuchó”. Se refieren a hoy, cuando necesitan una oreja donde descargar la impotencia de un fallo escandaloso que, sin embargo, no logra despeinar a esa prensa que se muestra hipersensible a su exclusiva y excluyente libertad de expresión.
El fallo del Tribunal Superior cordobés es un misil dirigido exactamente ahí, al centro de la cuestión: “El derecho a expresarse e informar libremente no es absoluto”, sentencia. Cita jurisprudencia para justificar los límites: la propaganda de guerra, la incitación directa y pública al genocidio, la apología del odio y la pornografía infantil. Con estos argumentos el fallo considera que el abogado Barbero y el periodista Pasquini “instigaron a los manifestantes a la comisión de un delito contra la seguridad pública”, conducta que “claramente desborda el ámbito del derecho a la expresión”. ¿Las pruebas? Las declaraciones del abogado Barbato a la televisión criticando el funcionamiento del Poder Judicial y las respuestas del periodista Pasquini a una entrevista televisiva que le hicieron la noche del incendio y que el fallo reproduce en forma completa. Allí Pasquini dice cosas como la siguiente: “La muerte de Ariana Sabache fue una bisagra que rompió el silencio y dijo: Corral de Bustos no se calla más. No a la corrupción, no a la impunidad, no a los jueces que tenemos en Corral de Bustos. Yo no culpo a la comunidad. No quiero ser caótico en lo que digo, pero el viernes cumplí veinticinco años como periodista y he visto muchas cosas, he visto cómo se desnaturaliza la justicia, la policía. No hay orden. A 330 kilómetros de la capital de la provincia parece ser que no existimos”. Los jueces concluyen que de estas palabras “surge claramente cuál era el pensamiento de Pasquini” y que “esto es demostrativo de la intención de Pasquini de exaltar a la gente”.
Otra prueba condenatoria: las declaraciones de testigos formuladas en la etapa sumarial. El detalle es que esos mismos testigos denunciaron en el juicio oral haber sido obligados por el fiscal Moll a firmar esas declaraciones sin leerlas. Y más: algunos denunciaron que lo hicieron bajo torturas, delito que la procuradora general Alejandra Gils Garbó acaba de dictaminar que debe investigarse. El Tribunal Oral, en cambio, consideró que esas denuncias no eran ciertas: apenas terminó de escucharlas ordenó la encarcelación de los testigos, a los que acusó de falso testimonio. El Tribunal Superior cordobés también se pronunció sobre estas denuncias: considera que no son “sólidas” ya que los abogados defensores estaban presentes durante la indagatoria y valida el criterio de incorporar como prueba las recogidas por la policía y el fiscal Moll en la etapa sumarial. Un detalle: el fiscal Moll fue encontrado culpable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el jury que lo destituyó en noviembre de 2008. Ese jury probó qué incendió la hoguera en Corral de Bustos:

• El fiscal Moll, encargado de procesar, acusar y encarcelar delincuentes, era visto por los vecinos en un bar, pero poco en tribunales.
• Se comprobó que en 2006 de 114 actuaciones sólo 24 habían sido procesadas. Se probó que la actividad fiscal era particularmente “escasa” cuando se trataba de denuncias que involucraban torturas por parte de personal policial o delitos sexuales.

“Este caldo de cultivo ha motivado la reacción violenta de la sociedad”, aseguró en su alegato el fiscal Darío Vezzaro, encargado de argumentar la destitución de Moll.
Otro detalle: el juez Jorge Omar Frías ya no es juez. Ahora se desempeña como secretario del tribunal de la localidad cordobesa de Oliva.
Su carrera judicial es claramente excepcional: descendió.
Despropósitos
Al día siguiente del incendio de los tribunales de Corral de Bustos se reunió en la plaza 25 de Mayo una asamblea vecinal presidida por el párroco Carlos Arce. Allí elaboraron una carta dirigida a las autoridades municipales y provinciales para solicitar “la rápida intervención para investigar el crimen de Ariana, realizar un seguimiento de las causas que duermen en los cajones de la justicia y designar jueces y fiscales probos”. El párrafo final declaraba a los vecinos de Corral de Bustos en asamblea permanente y solicitaban no ser perseguidos.
La cacería comenzó 3 días después. Charo fue una de las 41 personas detenidas y acusadas del incendio. Pasó 90 días en la cárcel. Raúl Ruggieri, hermano del ex futbolista, 50. Un camionero que ni siquiera estuvo en esa ciudad el día del incendio, 12. Los últimos en salir estuvieron encerrados más de un año, entre ellos el abogado Barbato y el periodista Pasquini. “A todos nos fue sacando la gente”, dice Charo. Todos los lunes los vecinos de Corral de Bustos organizaban una marcha para reclamar “Justicia para los culpables y justicia para los inocentes”.
También proclamaban con carteles: “Estuvimos presente, pero somos inocentes”.
La CTA local fue la encargada de acompañar a los presos, familiares y vecinos y tejer solidaridades. “La primera que nos escuchó fue Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo cordobesa”, cuenta Jesús Chirino, secretario de Derechos Humanos de esa central obrera y una de las presencias más firmes en esta causa. Fue a través de ella que les llegó el apoyo y la presencia de la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto. También sumaron la del sindicato de prensa cordobés, la del escritor Osvaldo Bayer y la del futbolista Oscar Ruggeri, que desfiló con los vecinos clamando por la libertad de su hermano. Chirino registró con su cámara doméstica todas estas manifestaciones y las declaraciones de los vecinos procesados y se las entregó al documentalista Sergio Stocchero, periodista del recuperado El Diario de Villa María. El resultado es la película Se me perdió una niña, que hilvana esta historia desde su comienzo hasta la llegada del juicio oral. La imagen final es un cartel que anuncia “continuará” y así fue: el juicio culminó con la colocación de esposas que devolvieron a prisión a 6 vecinos, entre ellos el abogado Barbato y el periodista Pasquini. “Eso sí que no se lo esperaban”, me dice ahora el juez de ejecución que nos lleva en su camioneta hasta la cárcel. No sé si es por ironía o por jactancia, pero sonríe.
El mensaje
Chirino interpreta que la sentencia es una advertencia: “Quemen la comisaría o la intendencia, pero no se atrevan a incendiar tribunales”, sintetiza. También fue una lección: aprendieron duramente la compleja trama judicial, pero también la sólida red que teje una comunidad. “Los que salieron se sumaron al reclamo por la libertad de los que seguían presos”. Conmueven las imágenes que Chirino registró cuando los primeros en salir marchan junto a sus vecinos. Se los puede identificar porque llevan un cartel que dice “liberado”. Y es una muestra del sentido que tuvo cada marcha: lograr que estén allí los que faltaban.
Otra lección la comparte la enfermera Karina Ripoll, condenada a 2 años de prisión condicional. Nos dijo, nos dice, nos reclama Karina que escuchemos el mensaje que hizo arder este caso y mantiene encendida la injusticia hasta hoy: “La pedofilia es el fracaso social de Corral de Bustos. Expresa que el más débil es violado por el más fuerte. Así, los valores sociales mínimos de convivencia se quiebran. Y se quiebran desde las cúpulas. En Corral de Bustos esas cúpulas son los juzgados”.